Diez años de experiencia regulatoria. La CMT

El proceso de la efectiva liberalización del sector de las telecomunicaciones, largamente gestado desde los primeros años 90 y definitivamente puesto en marcha en España hace ahora exactamente diez años, ofrece al análisis atento un conjunto de elementos que trascienden su ámbito específico para extenderse sobre el sentido general, y las herramientas más apropiadas, para garantizar que una regulación predecible, neutral y bien adaptada a las características de cada momento y sector, dote a la actividades económicas de la seguridad jurídica que requieren para su sano desarrollo.

El hecho de encontrarnos, además, a las puertas de una nueva etapa caracterizada por un fuerte proceso de renovación tecnológica que ha de afectar a las redes de acceso, hace que esa reflexión general resulte de primera utilidad

Dos serán los elementos que, a modo de balance y desde la perspectiva del proceso español, abordaré en estas páginas: el papel de las Autoridades Nacionales de Regulación y sus perspectivas de evolución, y los resultados observables en el mercado y la adaptación de las herramientas regulatorias a los nuevos retos.

I. El papel de las autoridades nacionales de regulación. La CMT

«Los Estados Miembros velarán por que cada una de las misiones asignadas a las autoridades nacionales de reglamentación en la presente Directiva y en las directivas específicas sea desempeñada por un organismo competente». Artículo 3.1 de la Directiva marco1.

Desde que en los años 80 la Comisión Europea iniciara, con los primeros Libros Verdes, el largo recorrido que culminaría con la despublicatio de las actividades de telecomunicaciones, la necesidad de la existencia en cada Estado Miembro de una Autoridad Nacional de Regulación ha sido considerada pieza clave de todo el armazón regulatorio que había de dar cuerpo al proceso.

Y desde ese momento, quedaban definidos los atributos de que habían de quedar revestidos en orden al cumplimiento de la importante función que se les asignaba.

La independencia, ordenada a garantizar la imparcialidad y objetividad de sus decisiones, y ella misma asegurada a través de la necesaria suficiencia competencial y de recursos y de la autonomía de organización, y el carácter sectorial, derivado de la especificidad del marco regulatorio diseñado cuyos objetivos, como veremos más ade...

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