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Disciplina urbanística

Capítulo I. Protección de la legalidad urbanística

Comentario

Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia de 5 de julio de 2006, rec. 1998/2003.

Este motivo de casación no puede prosperar porque arranca de una premisa errónea, cual es confundir la prescripción de las infracciones urbanísticas graves con el plazo para ejercitar una acción a fin de restablecer la legalidad urbanística. Aun en el supuesto de que el uso fijado por el planeamiento urbanístico, asignado a la parcela, fuese el cívico comercial y hotelero, como sostiene la representación procesal del recurrente, y no el residencial amparado por la licencia municipal impugnada, no estamos en presencia de una infracción con el significado previsto en el Capítulo Segundo del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, cuyas infracciones pueden ser cometidas por las personas físicas o jurídicas a que se refiere la Sección Segunda de dicho Capítulo, o en Título III del Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, y antes en el Capítulo Segundo del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, sino que lo que la entidad recurrente ha pretendido, mediante el ejercicio de la acción pública contemplada en el artículo 304 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, es el restablecimiento de la legalidad urbanística que considera conculcado con el acto de concesión de la licencia municipal para edificar sobre la parcela, destinada por el planeamiento a uso cívico-comercial y hotelero, un edificio para viviendas.

No estamos, pues, ante el plazo de prescripción de una infracción continuada, que no prescribe hasta la finalización de la actividad, a lo que se refiere la jurisprudencia citada de esta Sala, sino ante el plazo para ejercitar válidamente dicha acción pública, que, como correctamente lo ha entendido la Sala de instancia, es de cuatro años a partir de la terminación de la obra en virtud de la remisión que el apartado segundo del artículo 304 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 hace a los preceptos relativos al trans-curso de los plazos para la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística, fijado en cuatro años por el artículo 249 del mismo Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, de manera que, como el edificio cuyo ajuste a la legalidad urbanística pretendió la entidad demandante y ahora recurrente en casación, se había terminado seis años antes de que aquélla ejercitase la acción pública, la Sala de instancia declaró caducada dicha acción por haber transcurrido con exceso el plazo de cuatro años, desestimando, por tanto, el recurso contencioso-administrativo interpuesto.

Cuestión distinta hubiese sido que, otorgada la licencia para construir un centro cívico comercial o un hotel, se hubiese levantado un edificio de viviendas, en cuyo caso, mientras no finalizase la actividad ilegal, podría perseguirse la infracción grave cometida, pero éste no es el supuesto planteado por la entidad recurrente, quien alega que, en contra de lo permitido por el planeamiento, la licencia se otorgó para construir un edificio de viviendas.

La doctrina jurisprudencial recogida en las Sentencias citadas por la recurrente se elaboró en contemplación del primer supuesto y no del segundo, pues todas ellas aluden a las alteraciones del uso para el que se concedieron las licencias, y por ello en la de 15 de septiembre de 1989 se declara que «si la Administración puede impedir el uso del suelo ilegal en tanto que éste dure, será razonable que el plazo de prescripción no empiece a correr mientras se mantenga el uso», y en la de 22 de enero de 1992, siguiendo idéntico criterio a la de 21 de mayo de 1985, se alude a que «la Administración con los medios legales oportunos y adecuados puede impedir la alteración del uso del desván a la propietaria del ático que, desde luego, no ha adquirido por prescripción».

La Resolución 2 de junio de 2006, DGRN, publicada en el BOE de 17 de julio de 2006, recoge el siguiente supuesto: por sentencia se declara la nulidad de una licencia de edificación y se ordena su inscripción en el registro de la propiedad, constando inscrito un conjunto urbanístico en régimen de propiedad horizontal, adquisiciones...

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