Establecimiento y Ley Aplicable al Prestador de Servicios de Certificación en España.
REDI Revista Electrónica de Derecho Informático - Nbr. 26, September 2000
María Perez Pereira - Abogado. Profesora de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid. Socio fundador de ASOCIE.
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Conocer determinados aspectos del Derecho Internacional Privado puede resultar importante para poder determinar, en caso de litigio, cuál será el régimen de responsabilidad aplicable en virtud de la normativa que deba cumplir. Así pues, se trazará un breve esbozo de los dos aspectos principales internacional-privatistas que inciden directamente en el régimen jurídico del Prestador de Servicios de Certificación español: el establecimiento y la ley aplicable.
Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, que modifica la Directiva 98/34/CE por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas de 20 de julio de 1998, que modifica la Directiva 98/34/CE por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas
REAL DECRETO 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información. de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información.
REAL DECRETO-LEY 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica. de 17 de septiembre, sobre firma electrónica.
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Contratos informáticos
Empresa mercantil
Contratos mercantiles
Contratos electrónicos
Establecimiento y Ley Aplicable al Prestador de Servicios de Certificación en España.
1 ESTABLECIMIENTO.
Antes de analizar qué es lo que ocurre cuando un prestador de servicios de certificación se haya establecido en España, es importante conocer el régimen general al que se deben de someter los PSC cuando desean acceder al mercado para desarrollar su actividad. En principio, el derecho de establecimiento, genéricamente, se recoge en el Tratado de Amsterdam, así como el derecho a la libre prestación de servicios, estableciéndose como criterio de delimitación entre ambos, que los beneficiarios de la libre prestación de servicios serán los nacionales de los Estados Miembros establecidos en alguno de los países de la Unión siempre y cuando no sea el del destinatario de la prestación. Así, se entenderá que se produce prestación de servicios ...Try vLex for FREE for 3 days
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