La exclusión de la subasta en los contratos de concesión de obras públicas
Revista del Derecho de las Telecomunicaciones e Infraestructuras en Red - Nbr. 27, September 2006
Francisco L. Hernández González - Profesor titular de Derecho Administrativo Universidad de La Laguna
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El artículo 235 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (modificado por la Ley 13/2003) establece una prohibición generalizada de la subasta en todo tipo de contrato de concesión de obras públicas. Esta decisión rompe con la tradición legislativa española de los siglos XIX y XX (excepción hecha de la legislación sobre carreteras). Sin embargo, no merecería ningún reproche si no fuera porque se presenta en abierta contradicción con la legislación y jurisprudencia comunitaria, que garantiza la posibilidad de los poderes adjudicadores de elegir, entre los diferentes criterios de adjudicación, el que considere más idóneo para asegurar la libre competencia de acuerdo con la naturaleza y particularidades de cada contrato.
Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios - Artículo 53
Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de Mayo, por el que se modifica la Ley de Contratos del Estado para adaptarla a las Directivas de la Comunidad economica europea. de 2 de Mayo, por el que se modifica la Ley de Contratos del Estado para adaptarla a las Directivas de la Comunidad economica europea. - Artículo 28
LEY 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas. de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
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La exclusión de la subasta en los contratos de concesión de obras públicas
El presente trabajo constituye el texto de la comunicación presentada al XVI Convegno Associazione Amministrativisti Italo-Spagnoli (AAIS), bajo el título de "Le esternalizzazioni", celebrado en Génova, del 25 al 27 de mayo 2006. I. La nueva regulación del contrato de concesión de obra pública en España La concesión de obras públicas cuenta, en nuestro ordenamiento, con siglo y medio de historia, desde que la Instrucción de Obras Públicas de 1845 regulara la ejecución de obras públicas por empresa. Como tal se entendía aquella que la Administración contrataba con particulares cediéndoles en pago los productos o rendimientos de las mismas o, de ser éstos insuficientes, estipulando concesiones en compensación del capital adelantado por el empresario de las que resultaban a su favor un privilegio por tiempo determinado (art. 5). El análisis de la legislación de la segunda mitad del siglo XX permite constatar como el contrato de concesión de obras públicas languidece progresivamente hasta su práctica desaparición (engullida por la concesión de servicio público) para, posteriormente, reaparecer con extraordinario vigor en su fase final. Sin embargo, el punto de inflexión de esta operación de rescate tiene lugar en los inicios del presente siglo, con la aprobación de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas. Los motivos de esta revitalización son, principalmente, de una doble índole: la primera, de orden formal, la necesidad de adaptarse a la normativa comunitaria en materia de contratación pública; y, la segunda, de orden sustantiva, la búsqueda de nuevas fórmulas de financiación privada de las infraestructuras públicas acordes con la política de contención del gasto público que impone el artículo 104 del Tratado de la Unión Europea, que no encontraba una adecuada respuesta en los estrechos cauces del contrato de obra pública o en la concesión de servicio público. La principal aportación de la Ley 13/2003 es la inserción del régimen jurídico singularizado de la concesión de obras p...
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