Revista de Contratación Electrónica - Nbr. 82, May 2007
Diego Cruz Rivero - Profesor Ayudante de Derecho Mercantil - Universidad de Sevilla
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Tanto los usos del comercio, como la regulación mercantil y fiscal, hacen de la factura, como documento en el que se plasma, entre otros, el objeto del contrato, uno de los elementos documentales del contrato más importantes. La actual regulación española de la factura electrónica se enmarca en el Derecho tributario, donde la Orden EHA/962/2007 desarrolla el Real Decreto 1496/2003, incorporando a nuestro Ordenamiento las Directivas 2001/115/CE y 2006/112/CE.

Directiva 2001/115/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE con objeto de simplificar, modernizar y armonizar las condiciones impuestas a la facturación en relación con el impuesto sobre el valor añadido. de 20 de diciembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE con objeto de simplificar, modernizar y armonizar las condiciones impuestas a la facturación en relación con el impuesto sobre el valor añadido.
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil - Artículo 812
Código Civil. - Artículo 1225
Ley 37/1992, del 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido del 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido - Artículo 88
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
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La factura electrónica
La factura electrónica1
PALABRAS CLAVE: Sociedad de la información, factura electrónica, documento electrónico, derecho tributario. I. Significación de la factura en el Ordenamiento español Tanto los usos del comercio, como la regulación mercantil y fiscal, hacen de la factura, como documento en el que se plasma, entre otros, el objeto del contrato, uno de los elementos documentales del contrato más importantes2. Así, aun no siendo elemento constitutivo de la obligación, la emisión de facturas constituye una de las obligaciones legales derivadas del contrato3. De una parte, es éste un deber cuyo cumplimiento es acto de ejecución del contrato respecto del adquirente de los productos o servicios del empresario, según establece el art. 11 LOCM, que dispone que, cuando la perfección del contrato no sea simultánea con la entrega del objeto o cuando el comprador tenga la facultad de desistir del contrato, el comerciante debe expedir factura, recibo u otro documento análogo. Además, en todo caso, el comprador podrá exigir al empresario la entrega de un documento en el que, al menos, conste el objeto, el precio y la fecha del contrato4. Y de otra parte, la expedición de factura o documento sustitutivo es un deber de los empresarios según los arts. 1 y 2 RD 1.496/20035, necesario para la repercusión y deducción de las cuotas soportadas del IVA. Nuestra doctrina y jurisprudencia ha entendido además que la factura puede considerarse un documento privado, aunque, si es aceptado y reconocido por su destinatario, adquiere la fuerza y valor de una escritura pública ("teoría confesoria")6. Tal idea proviene de lo dispuesto en los arts. 1.225 y ss. C.C. y de los usos del comercio y tiene su antecedente en el art. 262 C. de C. de 18297. Más recientemente, el valor probatorio de la factura se ha reconocido expresamente en el art. 812 LEC. En principio, se trata la factura de un documento unilateral que, conteniendo el recibí del vendedor puede servir para probar la entrega del precio. Además, el comprador puede también devolver al vendedor un ejemplar de la factura con su conforme, lo que implica la aceptación de su contenido. Incluso, hay quien ha visto en la factura similitudes con los títulos de legitimación, cuya posesión legitima la reivindicación de las cos...Try vLex for FREE for 3 days
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