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La firma electrónica tras la reforma operada por la Ley 24/2001

I. Introducción

La regulación general, en España, de la firma electrónica se encuentra en el Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre[1], que fue convalidado por la Resolución de 21 de octubre de 1999[2], e incorpora la Directiva 1999/93/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco jurídico comunitario para la firma electrónica[3] (si bien se está estudiando una reforma de dicha legislación).

Igualmente, la Ley de Enjuiciamiento Civil, que desarrollando lo prevenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, de un lado, y según el artículo 162, admite la posibilidad de realizar actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares (siempre que se adopten medidas que garanticen su recepción), mientras que, por otro lado, en lo relativo a la presentación de documentos electrónicos, en una regulación un tanto descuidada pese a su ca-rácter novedoso, admite tal posibilidad en los artículos 382 y ss., y en especial en el artículo 384-1 de la nueva LEC, sí bien con unos requisitos adicionales de examen de los mismos tanto por el órgano juzgador como por las partes[4].

Evidentemente, no podemos ocuparnos en este artículo del régimen jurídico de la firma electrónica, máxime ahora que se pretende modificar mediante Ley, y, en ese sentido, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha publicado un Anteproyecto de Ley de firma electrónica.

Sin embargo, creo que es necesario que me ocupe de reseñar y resaltar la utilidad de la firma electrónica, su eficacia y el régimen de responsabilidad de las entidades certificadoras, que serían los aspectos sustantivos más destacados del actual RDLFE, para, con posterioridad, ocuparme de las novedades que introduce la Ley 4/2001, de 27 de diciembre de 2001, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en lo relativo a la eficacia de la firma electrónica en las relaciones con la Administración (E-government) y en la eficacia de la firma electrónica en el Registro de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles.

II. Utilidad y finalidad de la firma electrónica

La regulación y ordenación del comercio electrónico y del resto de actos jurídicos y tramitaciones realizados a través de la Red (como la relación Administración-administrado vía telemática) (dentro del llamado E-government) no supone, ni mucho menos, un gran trauma desde el punto de vista jurídico, que simplemente tiene que adaptar sus tradicionales conceptos a esta nueva realidad y aplicar el Derecho vigente, con ligeras modificaciones. Sí bien el carácter mundial del comercio electrónico y del resto de actos y trámites que se puede efectuar a través de Internet y otras redes de comunicación requiere en algunos sectores, como el del comercio electrónico en cualquiera de sus modalidades (empresa-consumidores, particulares no comerciantes entre sí o empresarios entre sí), de una respuesta a nivel mundial (especialmente en el ámbito de la propiedad intelectual, de los nombres de dominio y de la ordenación y eficacia de la contratación electrónica).

Es en ese nuevo medio creado por las redes de comunicación cuando jurídicamente se plantea la necesidad de que el documento electrónico[5] vaya acompañado de una firma para poder realizar válidamente determinados actos jurídicos, tales como presentar la declaración de impuestos o emitir un documento electrónico con función de giro. Incluso en aquellos supuestos donde la firma no es un requisito de validez para el concreto acto o negocio jurídico, ésta puede ser un medio de prueba útil para demostrar la existencia del consentimiento y la voluntad de adhesión de los sujetos respecto del contenido de documentos electrónicos.

Evidentemente el documento electrónico enviado a través de redes de comunicación no admite la tradicional firma autógrafa. Pero la técnica permite también a través del medio electrónico crear y utilizar determinados signos o combinaciones de signos que añadidos al documento electrónico pueden cumplir la función de la firma autógrafa, y ese es el cometido de la firma electrónica.

Por tanto, la firma electrónica será necesaria en aquellos actos y negocios jurídicos realizados a través de documentos electrónicos y que requieren de firma para su validez, pero no del resto de actos, donde ésta también será útil como un elemento de prueba.

Además, las transacciones y operaciones comerciales, tales como la conclusión de contratos o...

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