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Sociedad de gananciales, patrimonios separados y concurso

Este trabajo se ha realizado en el marco de los proyectos de investigación «Derecho Mercantil y Análisis Económico del Derecho IV» (SEJ 2005-07030/JURI) y «Análisis Económico del Derecho de Sociedades» (CCG-06-UA/HUM 0578), dirigidos por el profesor Cándido Paz-Ares.

Debo agradecer, en primer lugar, las consideraciones realizadas por los miembros de la comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional para el cuerpo de profesores titulares de universidad, los profesores Gómez Segade, Font Galán, Martínez Sanz, Mercadal, Piloñeta, Portellano y Muñoz Paredes, y que, sin duda, han contribuido a enriquecer este trabajo. Tengo contraída una especial deuda de gratitud con el profesor Antonio Manuel Morales, cuya generosidad y paciencia han hecho posible la publicación de este artículo en el Anuario de Derecho Civil. Por fin, debo agradecer a los profesores Máximo Juan Pérez, Elena Rodríguez Pineau y Lis Paula San Miguel Pradera su disponibilidad para discutir sobre los papeles, así como sus valiosas reflexiones. Por descontado, sólo yo soy responsable de los errores. Estando este trabajo en imprenta se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, que modifica la Ley concursal.

I.Introducción

1.Planteamiento de la cuestión

Al derecho concursal siempre le han preocupado los efectos que proyecta la insolvencia de unos de los cónyuges sobre el patrimonio ganancial. Ya en el Código de Comercio de 1885 seestableció la necesidad de reintegrar a la mujer casada los bienes dotales, esto es, los bienes que la mujer aportaba al matrimonio para soportar las cargas de éste, así como los parafernales, es decir, los bienes propiedad de la mujer adquiridos por legado, herencia o donación y que sólo se entregaban al marido para que los administrara y percibiera sus frutos. A tales efectos, se consagraba a su favor un derecho de separación ex iure dominii (v. arts. 909.1 y 2 CCO 1885, que reproducían el contenido de los arts. 1114.1 y 2 CCO 1829) 1

Como en otras muchas materias, también en ésta la Ley Concursal pone a disposición de los operadores jurídicos una regulación que pretende ser exhaustiva. Es innegable que estamos ante unas reglas que se ajustan mejor al régimen vigente de la sociedad de gananciales que las derogadas. Pero lo que tampoco nadie discute es que esta regulación suscita importantes problemas. En esencia, son tres las cuestiones que se plantean tras la lectura de las reglas que la componen. La primera tiene que ver con la llamada preferencia del cónyuge no concursado o cónyuge in bonis, que le legitima para satisfacerse por delante de los acreedores privativos del cónyuge concursado. Parece que el legislador habría tratado de eliminar ese «mejor derecho» del cónyuge no concursado frente a los acreedores del deudor insolvente. Y para ello habría sometido la liquidación del patrimonio ganancial al procedimiento, integrándolo en la masa activa del concurso en los términos previstos en el artículo 77.2 LC. Se obligaría así al cónyuge in bonis a percibir su cuota en concurrencia con el resto de los acreedores concursales del insolvente. En las siguientes páginas trataremos de explicar que ese mejor derecho no tiene su origen en una preferencia que pueda desconocerse en sede concursal. En rigor, es el resultado de reconocer al cónyuge in bonis su derecho a recibir la cuota de liquidación cuando la organización en la que participa –esto es, la sociedad de gananciales–, se disuelve. Se explica así que en la liquidación de la sociedad de gananciales, el cónyuge in bonis, miembro de dicha organización, tenga un mejor derecho sobre el valor que reste tras satisfacer las obligaciones gananciales que los acreedores privativos del cónyuge insolvente.

La segunda cuestión es la que atañe propiamente a la integración del patrimonio ganancial en la masa activa del concurso.

Como acabamos de señalar, en la solución diseñada por el legislador el patrimonio ganancial queda integrado en la masa activa del concurso ex artículo 77.2 LC. Por lo tanto, este conjunto de bienes quedaría a disposición de cualquier acreedor del cónyuge concursado, privativo o ganancial, para dar satisfacción a sus derechos de crédito. El problema que plantea esta solución es que desconoce una idea esencial, esto es, que el patrimonio ganancial constituye un patrimonio separado del patrimonio privativo de cada uno de los cónyuges. Precisamente, esta separación limita la capacidad de agresión de los acreedores privativos sobre el patrimonio común. En concreto, tal y como veremos, las deudas privativas del cónyuge insolvente sólo podrán realizarse sobre el patrimonio ganancial cuando se hayan satisfecho las obligaciones gananciales y, en los casos de liquidación, cuando, además, se haya entregado al cónyuge in bonis la cuota correspondiente....

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