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El gestor de la empresa ante la Inspección.

1. RESUMEN

En este trabajo se pretende exponer, de manera sucinta y clara, las competencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y su procedimiento de actuación, a la luz de las dos disposiciones más recientes que las regulan, cuales son su Ley Ordenadora, Ley 42/1997, de 14 de noviembre (BOE del 15), que entró en vigor el 15 de febrero de 1998, y el Reglamento General para la Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los expedientes liquidatorios de las cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio) que entró en vigor el 1 de julio de 1998.

Asimismo, se analiza la importancia que la actuación inspectora tiene en la consecución de una relación laboral ajustada a derecho y la influencia de dicha acción en la obtención de un mercado transparente, fundamentado en la competencia leal entre las empresas y sus equipos directivos y, derivado de ello, la conveniencia de establecer unas relaciones fluidas y de colaboración mutua y recíproca entre los gestores de la empresa y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

2. INTRODUCCIÓN

Se ha dicho, con mucho acierto, que el Derecho del Trabajo nació con la promulgación de la primera Ley que reguló la relación laboral, pero su verdadera existencia se inició junto con la creación de la Inspección de Trabajo.

Esta afirmación es totalmente cierta, puesto que una cosa es la voluntad del legislador de regular el bien común, mediante el análisis y estudio de las necesidades que en cada momento tenga la sociedad, y dar las pautas necesarias para que todos podamos convivir en un marco de libertades y de respeto mutuo, y otra cosa, muy distinta, es conseguir que estas leyes se cumplan y produzcan el efecto beneficioso deseado.

Sin una tutela del cumplimiento de las leyes y de sus reglamentos, así como de los Convenios colectivos de trabajo, todos los esfuerzos que los distintos estamentos hayan puesto en ordenar las relaciones entre los empresarios y los trabajadores y entre las instituciones de protección social y sus beneficiarios, quedarían en papel mojado y su efectividad sería nula.

Por otra parte, la existencia de unas relaciones laborales y de pro...

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