Revista del Derecho de las Telecomunicaciones e Infraestructuras en Red - Nbr. 1, June 1998
Mariano Navas Gutiérrez - Miembro del Comité Ejecutivo de la Organización de Puertos Marítimos Europeos
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Es muy frecuente atribuir a los diferentes niveles de internalización de costes infraestructurales entre puertos, la responsabilidad casi exclusiva en la distorsión de competencia existente, que dificulta e incluso impide la consecución del objetivo esencial de la racionalización de la distribución de tráficos en la Unión.
Ciertamente, la creación de un marco de libre y leal competencia en materia de política de precios, que permita trasladar al usuario el coste de la reposición de la infraestructura y de la inversión en obra nueva, aliviaría enormemente la situación actual y tendría, sin duda, unos primeros efectos sobre la aludida racionalización de los tráficos.
Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
LEY 62/1997, de 26 de Diciembre, de Modificacion de la Ley 27/1992, de 24 de Noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina mercante. de 26 de Diciembre, de Modificacion de la Ley 27/1992, de 24 de Noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina mercante.
Real Decreto-Ley 2/1986, de 23 de Mayo, sobre el Servicio publico de Estiba y desestiba de Buques. de 23 de Mayo, sobre el Servicio publico de Estiba y desestiba de Buques.
Servicios públicos
Derecho administrativo especial
Obras publicas
Derecho de la navegación
Derecho marítimo
Navegación marítima
Puertos
Autorizaciones, concesiones y licencias
Concesiones administrativas
Puertos
La infraestructura portuaria y la distorsión de competencia
Es muy frecuente atribuir a los diferentes niveles de internalización de costes infraestructurales entre puertos, la responsabilidad casi exclusiva en la distorsión de competencia existente, que dificulta e incluso impide la consecución del objetivo esencial de la racionalización de la distribución de tráficos en la Unión. Ciertamente, la creación de un marco de libre y leal competencia en materia de política de precios, que permita trasladar al usuario el coste de la reposición de la infraestructura y de la inversión en obra nueva, aliviaría enormemente la situación actual y tendría, sin duda, unos primeros efectos sobre la aludida racionalización de los tráficos. Ahora bien, si nos permitimos el ejercicio intelectual, como hipótesis de trabajo, de imaginar que todos los puertos europeos aplicasen de forma generalizada el principio del «user pays» preconizado por la Comisión en su documento «Libro Verde de Puertos e Infraestructura Marítima» y, por tanto, que las Autoridades Portuarias generasen unos recursos con los que cubriesen sus costes de explotación, los de reposición y el cash flow suficiente para acometer las inversiones en obra nueva, cabría pregu...
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