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Iniciativa legislativa del gobierno

1. REFLEXIÓN INICIAL SOBRE EL PROCEDIMIENTO

LEGISLATIVO

La formación y la manifestación de la voluntad de los sujetos de Derecho público se ha de producir, para que puedan desplegarse sus efectos jurídicos, por el procedimiento legalmente establecido.

Y no es excepción, sino ejemplo, el desempeño de la función legislativa por el hacedor de las leyes, por el Parlamento, por las Cortes Generales según la denominación con que nuestra Constitución identifica al Parlamento bicameral titular de la potestad legislativa. Las leyes llegan a ser tales y acceden al ordenamiento jurídico tras seguirse un procedimiento cuyos rasgos cardinales figuran en la propia Constitución (en el capítulo segundo del Título III, bajo la rúbrica «de la elaboración de las leyes») y aparecen desarrollados en los respectivos Reglamentos que, para su funcionamiento, establecen —y sólo ellas pueden hacerlo— cada una de las Cámaras, esto es, el Congreso de los Diputados y el Senado.

El procedimiento legislativo es un procedimiento reglado, sin que a esa característica dominante puedan oponerse —aunque, en verdad, la maticen— los márgenes de flexibilidad y las opciones discrecionales que las mismas normas reguladoras del procedimiento defieren a los correspondientes órganos parlamentarios. En última instancia y como es propio de todo procedimiento de Derecho público, el que rige la elaboración de las leyes cumple una función esencial de garantía del inter&eacut...

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