Los inicios de la revolución industrial en España: La fábrica de algodón de Sevilla(1833-1836)
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - Nbr. 46, October 2003
Universidad Miguel Hernández de Elche y Universidad de Salamanca
Permanent Link:
http://vlex.com/vid/inicios-revolucion-fabrica-algodon-sevilla-230030
Id. vLex: VLEX-230030
Click here to download this article in graphic format (Acrobat Reader)
Document language
Search in this document
Document options
1. PLANTEAMIENTO
De todos es sabido cómo en la Inglaterra
de la segunda mitad del siglo
XVIII se inicia una profunda transformación
del sistema de trabajo y de la estructura
de la sociedad. La industrialización
se centra en varios sectores: tejidos en primer
lugar, siderurgia a continuación, ferrocarriles
después. En la revolución industrial
se pasa del taller con pocos operarios a la fábrica
con muchos obreros. Se producen una
serie de invenciones de máquinas de hilar
que transforman la industria textil y, en concreto,
la del algodón: Hargreaves contruye la
spinning-jenny; Arkwright la water-frame;
Crompton la mule; Cartwright el telar metálico
y el uso de la lanzadera volante (fly-shuttle),
creada por Kay en 1733, se generaliza en
la década de los cincuenta1. Kemp ha señalado,
acertadamente, que el «clima competitivo
y no-intervencionista bajo el que la industrialización
había dado en Inglaterra sus primeros
pasos, era en realidad excepcional. En
los países europeos recién incorporados a dicho
proceso, se esperaba del Estado ?en diversos
grados? que jugara un papel más positivo
en la creación de condiciones
favorables para las empresas»2. En efecto,
aquí intentaremos demostrar cómo en los
años treinta en España, que es un país eminentemente
agrario3, el Estado protegerá e
impulsará la industria, adjudicando cantidades
a fondo perdido a los empresarios que adquieran,
construyan y difundan telares mecánicos
y las nuevas máquinas. El presente
trabajo trata de poner de manifiesto ciertos
aspectos desconocidos por la historiografía,
como que la primera fábrica de algodón que
en España utilizó el vapor, la Bonaplata de
Barcelona4, recibió una financiación del Gobierno
de 65.000 duros (1.300.000 reales),
que la segunda fábrica de este tipo se implantó
en Sevillla, trabajando en ella 250
185 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
* Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones.
Universidad Miguel Hernández de Elche.
** Catedrático de Derecho del Trabajo. Universidad
de Salamanca.
1 P. MANTOUX, La revolución industrial en el siglo
XVIII, Madrid, 1962, 191-231, donde se pormenoriza la
descripción y funcionamiento de esas máquinas.
2 T. KEMP, La revolución industrial en la Europa del
siglo XIX, Barcelona, 1979, 49-50.
3 M. TUÑON DELARA, El movimiento obrero en la historia
de España, Madrid, 1985, I, 44.
4 J. NADAL, El fracaso de la Revolución industrial en
España, 1814-1913, Ariel, Barcelona, 1975, 1988. FERNANDEZGARCIAy
F. SÁNCHEZPÉREZ, La sociedad (2): las formas
de conflictividad social, en Los fundamentos de la
España liberal (1834-1900). La sociedad, la economía y
las formas de vida. Historia de España Menéndez Pidal,T.
XXXIII, Madrid, 1997, 227.
Los inicios de la revolución industrial
en España:la fábrica de algodón
de Sevilla (1833-1836)
RICARDO GÓMEZ RIVERO*
MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ**
personas y cuando en el verano de 1835 se
incendien los locales de Bonaplata, quedará
como la única del género. La fábrica sevillana
fue la segunda que en la industria textil
española utilizaría la máquina de vapor. Este
trabajo se enmarca en los primeros años
de la etapa que Vicens Vives denominó
arranque de la nueva industria5.
Analizaremos también que el Gobierno,
mediante escritura pública, se comprometió
en los primeros meses de la regencia de María
Cristina a entregar a los propietarios de la
fábrica de Sevilla 1.300.000 reales cuando
construyeran su fábrica de hilados y tejidos
de algodón, incorporando las máquinas más
recientes y una vez que funcionara a pleno
rendimiento. Cuando aquéllos habían cumplido
diez de las doce condiciones, solicitaron
un anticipo de 800.000 reales, iniciándose un
expediente en el que dictaminarán el asistente
de Sevilla, el director general de aduanas y
dos secciones del Consejo Real de España e
Indias, para resolver finalmente el ministro
de Interior. Antes de ello nos detendremos en
la exposición de la cuestión obrera bajo el reinado
de Isabel II.
2.CUESTION SOCIAL Y CONFLICTO DE
CLASES EN LA ESPAÑA DE LA
MONARQUIA ISABELINA (1833-1868)
La experiencia de la Fábrica de Tejidos e
Hilados de Algodón de Sevilla (1833-1836), de
que se da cuenta en las páginas de este trabajo,
se sitúa históricamente dentro del período
político de la revolución liberal, a comienzos
de la monarquía de Isabel II, todavía bajo la
regencia de su madre María Cristina de Borbón
y la vigencia del Estatuto Real, cuando la
industrialización capitalista alcanzaba sus
primeras bases de sustentación, de la mano
de la aplicación de la energía de vapor a los
procesos de producción del momento [la
industria textil, de modo señalado], y cuando
el conflicto resultante de la consolidación del
proletariado industrial dentro de la nueva
estructura de clases de la sociedad liberal
reclamaba ya con urgencia la intervención
normativa de los poderes públicos en las relaciones
de producción.
De este modo, las alarmantes proporciones
que habría de adquirir en el inmediato futuro
la llamada cuestión social o cuestión obrera
[el «problema de los problemas»6], en realidad
la dulcificada nomenclatura que iba a
servir para designar la explotación sistemática
de las clases trabajadoras por obra de la
utilización capitalista de la industrialización
y el maquinismo, justificaban, desde luego, la
intervención del Estado en las relaciones de
trabajo asalariado. Lo veía con acierto, sin
duda, José Canalejas, cuando escribía que,
«si el que trabaja ha dejado de ser esclavo o
siervo, transformándose en persona libre, lo
cual implica un progreso innegable, todavía
sigue siendo proletario, asalariado, es decir,
vive en condiciones de inferioridad más acusadas
que nunca por el contraste de los enormes
bienes acumulados por unos cuantos
hombres o entes colectivos, privilegiados de
la fortuna»7.
Acerca de las miserables condiciones de
vida y de trabajo que el proletariado llegaría
a alcanzar a lo largo de nuestro siglo XIX no
puede ser más descarnado, por cierto, de
entre las numerosas fuentes disponibles, el
testimonio que ofrecía la Institución Libre de
Enseñanza en el seno de la información escrita
sobre la materia promovida en 1883 por la
INFORMES Y ESTUDIOS
186 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
5 J. VICENS VIVES, La Industrialización y el desarrollo
económico de España de 1800 a 1836, en Coyuntura
económica y reformismo burgués y otros estudios de historia
de España,Ariel, Barcelona, 4ª ed., 1974, 146 y ss.
J. L GARCIADELGADO y J.C. JIMENEZ, «Industria y energía»,
en Los fundamentos de la España liberal (1834-1900). La
sociedad, la economía y las formas de vida, 319-320.
6 P. DORADO MONTERO, Del problema obrero,
Imprenta y Librería de F. Núñez, Salamanca, 1901, 10.
7 J. CANALEJAS YMENDEZ, «La cuestión obrera», Revista
General de Legislación y Jurisprudencia, 1903, tomo
103, 509.
Comisión de Reformas Sociales8: «[..] Nuestras
clases obreras, tanto fabriles como agrícolas,
carecen en efecto, en casi todas las
comarcas del país, de lo más necesario y hasta
de medios materiales de subsistencia. Si
existen éstos, son tan exiguos a veces que
modifican desventajosamente el estado de
aniquilación en que dichas clases de hallan,
organismo el suyo que se desarrolla penosamente
en medio de la estrechez y la miseria,
corre gran riesgo, sin duda, y pierde fuerzas
en vez de ganarlas, si la casualidad le depara
mayor o más suculenta alimentación. ¿Quién
no ha notado la serie de enfermedades que se
producen en los trabajadores del campo de
nuestras comarcas agrícolas del mediodía,
cuando, después de la miseria en que han
vivido durante, v. gr., el invierno y la primavera,
vienen de repente, faltos de fuerzas, a
sufrir los rigores del calor en medio de las
duras faenas del campo en el verano y bajo la
influencia de un régimen alimenticio relativamente
opíparo? Si de la alimentación venimos
a la morada que dichas clases habitan, el
espectáculo es más conmovedor: hacinadas
en estrechas y lóbregas viviendas faltas de
ventilación en las grandes poblaciones y en
inmundas e insalubres barracas en las poblaciones
rurales o en el campo, mil dolencias las
diezman continuamente. Con la habitación
corre parejas el vestido harapiento y sucio. Su
ilustración y esparcimiento son tan deficientes
como lo acreditan los desconsoladores
datos que suministra la estadística criminal
y la de instrucción pública. La ignorancia casi
absoluta es su patrimonio [..]. Y no hay que
añadir que las desgraciadas generaciones
que en tales condiciones se forman han de
tener por herencia, o un sistema nervioso dispuesto
a todo exceso, o un semiidiotismo que
les incapacite para todas las relaciones individuales
y sociales».
Tal era, sin el recurso a tintas negras, la
situación de los trabajadores asalariados a
comienzos de la industrialización capitalista
y, en particular, la del nuevo proletariado
industrial, «gentes desarraigadas, que dependían
por completo de su ocupación en la
industria, a la que sólo aportaban sus brazos,
puesto que trabajaban en locales propiedad
de un empresario y con instrumentos de producción
pertenecientes a éste»9. El largo período
de gestación del fenómeno industrial
arrancaba en España, por cierto, de la década
de 1830, coincidiendo con la obra desamortizadora
del suelo [origen de un considerable
incremento de la producción agraria y de
fuertes tensiones demográficas], la mecanización
de la industria algodonera, el encendido
de los primeros altos hornos y el comienzo
de las construcciones mecánicas, aun cuando
la industrialización efectiva del país llegase a
ser un fenómeno notablemente posterior10. Si
bien, a finales del siglo XVIII se percibían,
con todo, las primeras manifestaciones de
una primitiva industria, que poseía en realidad
una incidencia económica muy limitada,
además de permanecer estancada a lo largo
de las tres primeras décadas del diecinueve
como consecuencia de la guerra de la independencia
y del comienzo de la desmembración
del imperio colonial americano.
Así pues, el proceso de industrialización en
el país, impulsado en el orden científico por
inventos y nuevas aplicaciones de los agentes
físicos, cuya rápida sucesión hacía que «los
asombros de hoy sean vulgaridades mañana
y que todo prodigioso descubrimiento sea
RICARDO GÓMEZ RIVERO Y MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ
187 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
8 REFORMAS SOCIALES, Información escrita practicada
en virtud de la Real Orden de 5 de diciembre de 1883.
Publicación oficial,Manuel Minuesa de los Ríos, Madrid,
1890, tomo II, 273 y ss. Sobre la condición general de la
clase obrera del momento, M. MELITON, El trabajo en
España. Apuntes para una memoria, Establecimiento
Tipográfico de Segundo Martínez, Madrid, 1879.
9 J. FONTANA, «Nacimiento del proletariado industrial
y primeras etapas del movimiento obrero», en Cambio
económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX,
Ariel, Barcelona, 1973, 71.
10 Vid. NADAL, El fracaso de la revolución industrial en
España, 1814-1913, 23. También, A. JUTGLAR, La era
industrial en España. Aproximación a la historia social de
la España contemporánea, Nova Terra, Barcelona, 1963.
pronto oscurecido por nuevas maravillas de
la mecánica y de la industria»11, se acomodaba
históricamente a las siguientes etapas iniciales12:
1) el arranque de la nueva industria
(1830-1854), que partía de la introducción de
la máquina de vapor en 1832 y de la maquinaria
moderna en la industria textil algodonera,
en Cataluña de modo principal, pudiéndose
observar ya la presencia de una auténtica
«mentalidad industrial»; 2) el equipamiento
industrial (1855-1881), en que la favorable
coyuntura económica internacional, la política
librecambista seguida a partir de 1868 y
otros factores adicionales contribuían a sentar
las bases de la industrialización de la economía
hasta 191413; 3) la construcción de la
gran industria periférica (1881-1914), en
cuyo período las inversiones extranjeras se
dirigieron hacia sociedades de banca y crédito,
empresas de servicios públicos o de producción
de energía eléctrica, preparándose el
desarrollo de la industria pesada en Vizcaya
y de la moderna industrialización de Cataluña14;
y 4) el desarrollo y la industrialización
(1914-1935), en que la producción industrial
española se vería incrementada como consecuencia
de la primera guerra mundial y la
neutralidad de nuestro país en la misma, lo
que habría de favorecer, sin duda, la actividad
económica15. Las consecuencias de la
gran depresión de 1929 y, sobre todo, de la
guerra civil de 1936 a 1939 detenían, sin
embargo, el desarrollo de la industria, sólo
recuperado con posterioridad a finales de la
década de 1950, con arreglo a patrones de crecimiento
descuidado y anárquico propios de
un capitalismo inmaduro.
La estructura económica de la España del
siglo XIX seguía siendo, no obstante, eminentemente
agrícola16, en la que destacaba,
sobre todas las cosas, la fuerte concentración
de la propiedad rural. El fenómeno del latifundismo17
y de sus secuelas anejas, el caciquismo
en particular, caracterizaba la propiedad
agraria en la España meridional del
momento. El suelo se encontraba concentrado
en las manos de un restringido número de
grandes propietarios, de modo que, todavía a
finales de siglo, once mil personas poseían en
la zona seis mil novecientas hectáreas, en
tanto que treinta y cinco mil propietarios
mantenían, por su parte, tres millones quinientas
mil hectáreas, y el resto, nueve
millones trescientas mil hectáreas, estaba
distribuido entre siete millones ochocientos
mil campesinos, de los cuales seis millones
disponían de menos de una hectárea de
terreno18. La consolidación del poder de las
antiguas clases dirigentes traducía así al
plano político una estructura productiva
construida sobre la abrumadora importancia
INFORMES Y ESTUDIOS
188 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
15 V. S. ROLDÁN y J. L. GARCÍADELGADO, La formación
de la sociedad capitalista en España, 1914-1920, Confederación
Española de Cajas de Ahorro, Madrid, 1973,
2 vols.
16 Vid. M. TUÑÓN DE LARA, La España del siglo XIX,
Laia, Barcelona, 1974, 262 y ss. y nota 3 de este estudio.
17 Para el estudio del latifundismo y de su problemática
social es insustituible P. CARRIÓN, Los latifundios
en España. Su importancia, origen, consecuencias y
solución, 1932, reeditado por Ariel, Barcelona, 1975.
También AA.VV., El latifundio. Propiedad y explotación,
ss. XVIII-XX, Ministerio de Agricultura, Madrid, 1978.
18 J. VICENSVIVES, «España 1868-1917», en Coyuntura
económica y reformismo burgués y otros estudios de
historia de España, 176.
11 B. PÉREZ GALDÓS, «La sociedad presente como
materia novelable», en Discursos leídos ante la Real
Academia Española en la recepción pública del Sr. D.
Benito Pérez Galdós el domingo 7 de febrero de 1897,
Establecimiento tipográfico de la viuda e hijos de Tello,
1897, 13. Reedición, La sociedad como materia novelable.
Discurso leído ante la Real Academia Española el 7
de febrero de 1897, en su recepción pública, por el
Excmo. Sr. D. Benito Pérez Galdós y contestación del
Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo, Civitas,
Madrid, 2002, prólogo de M. Alonso Olea.
12 VIVENS VIVES, «La industrialización y el desarrollo
económico de España de 1800 a 1936», 146 y ss.
13 Vid. G. TORTELLACASARES, Los orígenes del capitalismo
en España. Banca, industria y ferrocarriles en el
siglo XIX, Tecnos, Madrid, 1973, 201 y ss.
14 Vid.M. GONZÁLEZPORTILLA, «La industria siderúrgica
en el País Vasco: del ?Verlangssystem? al capitalismo
industrial», en AA.VV.,Crisis del antiguo régimen e industrialización
en la España del siglo XIX, Editorial Cuadernos
para el Diálogo, Madrid, 1977, 117 y ss.
del sector primario en la economía y en la
población y la gran propiedad agraria como
su singular base económica. En el último
cuarto del siglo XIX, los grandes propietarios
agrarios constituían el grupo social dominante,
concentrando en grandes propiedades
más de la mitad de las tierras, lo que no
dejaba de alimentar, paralelamente, la formación
de los movimientos campesinos
actuantes a lo largo del diecinueve en la
mitad sur del país.
La burguesía española decimonónica distaba,
por su parte, verdaderamente, de constituir
un conjunto social uniforme. Antes al
contrario, el carácter plural de las clases burguesas,
asentado sobre causas históricas precisas
[la formación de la gran industria en
torno a las empresas ferroviarias, navieras y
bancarias y, por otra parte, el fracaso de la
revolución burguesa de 1868], mueve a distinguir,
desde luego, diferentes capas y fracciones
en su seno. Lo que seguramente definía
a la clase alta u oligarquía, integrada por
la nobleza o grandeza de España y por los
nuevos propietarios procedentes de la desamortización,
no es tanto su carácter estamental,
cuanto el hecho de representar a la
gran propiedad agraria. La alta burguesía, de
las finanzas y de los negocios [banca, crédito,
etc], de la gran industria emergente [siderurgia,
minería, construcción naval, etc], conectaba
muy pronto con los antiguos privilegiados
de la aristocracia para componer, desde
un principio, una importante fuerza conservadora.
Ambos grupos sociales, de origen y
procedencia diversos por cierto, formarán, sin
embargo, a través de ennoblecimientos, enlaces
familiares y demás procedimientos de
integración, una estructura unitaria que desembocaba,
durante el último cuarto del siglo
XIX, en un verdadero bloque de poder. «Lentamente,
un complicado proceso de integración
va a soldar a las capas superiores de la
sociedad; lentamente, el poder va a expresar
y encarnar esas clases ?o fracciones de clase,
que algunos llaman oligarquía?, cristalizando
en élites de gobierno entrelazadas con la
totalidad del bloque»19. El carácter plural y
heterogéneo de los elementos integrantes de
la burguesía española es, a fin de cuentas, un
hecho históricamente comprobado. La burguesía,
que había protagonizado durante el
diecinueve la gran aventura liberal, «queda
escindida en una serie de grupos con intereses
y ambiciones políticas muchas veces distintos
y con frecuencia contradictorios»20.
Por otra parte, la formación de una conciencia
obrera dentro de las clases trabajadoras
data en España, con seguridad, del período
comprendido entre 1868 y 1875, en verdad «la
última oportunidad que vivió el conjunto español
del siglo XIX para realizar plenamente la
revolución burguesa»21. Entre estos años y el
final del siglo, las fuentes permiten comprobar
la emergencia de una «conciencia obrera reducible
a esquema»22. Hasta 1868, y a partir de la
guerra de la Independencia, cabe hablar, tan
sólo, de «prehistoria del movimiento obrero
español», período en el que, a su vez, es posible
distinguir dos momentos de muy difícil separación
cronológica, cuyo límite simbólico debe ser
situado de modo convencional en 1848.
Entre los años 1808 y 1848, la intervención
de las clases populares en la vida política
tenía [«en el alzamiento, en el motín, en la
partida»], un carácter espontáneo y pasional,
acorde con el ciclo romántico en que se producía
[la «revolución de los románticos»]. De
1848 a 1868, por el contrario, extensos sectores
de las clases trabajadoras asimilaban las
RICARDO GÓMEZ RIVERO Y MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ
189 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
19 M. TUÑÓN DE LARA, «La burguesía y la formación
del bloque de poder oligárquico: 1875-1914», enEstudios
sobre el siglo XIX español, Editorial Siglo XXI,
Madrid, 3ª ed. 1973, 188.
20 F. LAPORTA SAN MIGUEL, Adolfo Posada: Política y
sociología en la crisis del liberalismo español, Editorial
Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1974, 148.
21 A. JUTGLAR, prólogo a la reedición de F. Pi i Margall,
El reinado de Amadeo de Saboya y la República de
1873, Seminarios y Ediciones, Madrid, 1970, 11 y 12.
22 J. Mª. JOVER ZAMORA, Conciencia burguesa y conciencia
obrera en la España contemporánea, Ateneo,
Madrid, 1952, 13.
ideas y los mitos revolucionarios predicados
por la burguesía de agitación [«la revolución
de los agitadores en el pueblo»23]. Es, en
general, una larga etapa de dependencia del
proletariado, en que éste marchaba «a remolque
de la burguesía, compartiendo sus formulaciones
ideológicas y auxiliándola en su
lucha contra el antiguo régimen« [fase o etapa
de «consenso»]24. Los cauces reivindicativos
seguidos por las clases trabajadoras, hasta
1868, serán, así pues, los propios de la burguesía
progresista y de sus organizaciones
políticas, en suyo seno habrá de ser el Partido
Demócrata la organización que polarice,
durante la segunda mitad del siglo XIX, las
nuevas fuerzas motrices de la revolución.
Este período preparatorio del nacimiento
del movimiento obrero español conocía, ciertamente,
el desarrollo de un triple fenómeno de
trascendental importancia para la posterior
gestación de la conciencia proletaria, cual es,
la difusión del «culturalismo» obrero25, la aparición
de las primeras manifestaciones de la
lucha obrera y, por fin, la iniciación del asociacionismo
de los trabajadores. A partir de 1835,
se introdujeron en el país, con el regreso de los
liberales desterrados durante el reinado de
Fernando VII, las doctrinas de los socialistas
utópicos franceses [Saint-Simon, Fourier,
Cabet], que se propagaron en Cataluña, Andalucía
y Madrid de la mano de personalidades
como Joaquín de Abreu, Manuel Sagrario, Sixto
Cámara, Fernando Garrido, Ordax Avecilla,
Abdón Terradas, Ceferino Treserra o Narciso
Monturiol26. Por otra parte, diversas instituciones
burguesas, como el Ateneo Catalán
de la Clase Obrera o el Fomento de las Artes
de Madrid [«punto de reunión de los elementos
liberales e ilustrados de Madrid»27], entre
otras, coincidieron en la difusión de la cultura
y del problema obrero, que llegaban así por
primera vez a los medios de comunicación, a
través de la publicación de abundantes artículos
sobre temas sociales en periódicos como
La Discusión, La Democracia y otras publicaciones
liberales y republicanas. El propio
Francisco Pi y Margall llegaba a publicar precisamente
en La Discusión, entre los meses
de octubre y diciembre de 1857, una serie de
catorce artículos sobre la condición de las
«clases jornaleras»28.
La primera manifestación de la lucha
obrera es, propiamente, el antimaquinismo o
luddismo, que define una conducta de determinados
sectores laborales en la etapa de
transición del sistema de producción artesanal
al fabril, que «manifiesta el rechazo de la
máquina aplicada tanto a usos específicamente
industriales como agrarios»29. Los
actos de destrucción de máquinas y, en ocasiones,
de fábricas enteras, constituyeron en
realidad una forma de acción popular preindustrial,
siendo la mayoría de los casos de
destrucción de medios de producción conocidos
en España no otra cosa que la reacción de
artesanos y de trabajadores a domicilio contra
la introducción de métodos de mecanización
que les privaban del empleo. La supera-
INFORMES Y ESTUDIOS
190 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
23 JOVER ZAMORA, Conciencia burguesa y conciencia
obrera en la España contemporánea, 13 y 14, para
ambas citas, también 25 y ss.
24 FONTANA, «Nacimiento del proletariado industrial
y primeras etapas del movimiento obrero», 77.
25 M. TUÑÓN DELARA, Medio siglo de cultura española
(1885-1936), Tecnos, Madrid, 3ª ed. 1973, 80.
26 Vid. A. ELORZA, Socialismo utópico español: introducción
y antología, Alianza Editorial, Madrid, 1970; del
mismo autor, El fourierismo en España. Selección de textos
y estudio preliminar, Ediciones de la Revista de Trabajo,
Madrid, 1975.
27 A. LORENZO, El proletariado militante. Memorias
de un internacional. Primer período de la Asociación
Internacional de los Trabajadores en España,Imprenta La
Campana, Barcelona, 1901, 31-37 [de la reedición
completa en uno solo de los dos volúmenes de la obra,
Alianza Editorial, Madrid], en que realiza una entrañable
descripción del funcionamiento de esta institución cultural
madrileña.
28 F. PI Y MARGALL, «Las clases jornaleras», La Discusión,
1857, varios números. Estos artículos están
recogidos en J. TRIASBEJARANO, Pi i Margall. Pensamiento
social, Ciencia Nueva, Madrid, 1968, 113-191.
29 D. RUIZ, «Luddismo y burguesía en España (1821-
1855)», en AA.VV.,Crisis del antiguo régimen e industrialización
en la España del siglo XIX, 183.
ción del antimaquinismo vendría impuesta, a
la postre, por la formación de una auténtica
conciencia obrera y la gestación de las primeras
organizaciones de clase. «Hubo de pasar
tiempo y acumularse experiencia [escribía
Marx en el primer libro de El Capital] antes
de que el obrero supiese distinguir entre la
maquinaria y su empleo capitalista, acostumbrándose,
por tanto, a desviar sus ataques de
los medios materiales de producción, para
dirigirlos contra su forma social de explotación
»30. Tal es, ciertamente, el esquema del
que participaron los principales movimientos
antimaquinistas ocurridos en España, tales
como, los sucesos de Alcoy (1821), el asalto a
la manufactura de Lacot en Camprodón
(1823), el incendio de la fábrica El Vapor de
Bonaplata y Cia en Barcelona (1835), o, en
fin, los levantamientos populares de Barcelona
(1854-1855).
A partir de 1839, el naciente asociacionismo
obrero se articulaba, principalmente, en
torno a una triple dirección complementaria,
compuesta por el mutualismo [sociedades de
socorros mutuos], el cooperativismo [sociedades
cooperativas de consumo y de producción]
y, en fin, el sindicalismo propiamente dicho
[sociedades de resistencia]. «La primera de
estas direcciones responde a la idea de aliviar
la nada envidiable situación del obrero sin
atacar a la raíz de la misma; la segunda iba
un poco más lejos: se alimentaba del mito de
la posibilidad de construir un sistema de producción
más justo, paralelo al existente, y que
acabaría imponiéndose por su mayor rendimiento
económico y superior calidad ética; la
tercera, en fin, se proponía como objetivo la
lucha de clases contra el sistema capitalista
y, dentro de él, para conseguir que el trabajador
vendiera su piel lo más cara posible»31.
Así, en 1840 nacía en Barcelona la Sociedad
Mutua de Protección de Tejedores de Algodón,
verdadero protagonista de la etapa de
arranque del asociacionismo obrero32. Y en
1854 aparecía, asimismo en Barcelona, la
Unión de Clases, lisa y llanamente la primera
confederación de sociedades obreras de
España33.
De la formación de una conciencia obrera
de clase, base de sustentación por cierto del
concepto de movimiento obrero, no cabe
hablar, sin embargo, hasta 1868. El asociacionismo
obrero, a duras penas desarrollado
entre 1840 y 1868, no había alcanzado todavía,
verdaderamente, una fase de elaboración
teórica y la praxis del conflicto social «no
había cristalizado a nivel de una comprensión
total de la sociedad»34. Sólo durante los
años que transcurren entre la Revolución de
septiembre (1868) y los primeros pasos de la
Restauración (1875), y al hilo de la consolidación
de la sección española de la Internacional
de Trabajadores, es posible asistir ciertamente
al nacimiento del movimiento obrero
español sobre una conciencia de clase diferenciada.
«Una manifestación pública y un té
fraternal en el teatro de Novedades para la
despedida de los delegados puso término a
aquel Congreso en que quedó constituido de
modo indestructible el Proletariado Militante
español». Con estas emotivas palabras,
Anselmo Lorenzo, verdadero protagonista de
excepción del acontecimiento, daba fe del
nacimiento de la Federación Regional Española
de la Asociación Internacional de Trabajadores
(AIT) y, con ella, del movimiento
obrero organizado en España en su primer
RICARDO GÓMEZ RIVERO Y MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ
191 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
30 K. MARX, El Capital. Crítica de la economía política,
trad. cast. Fondo de Cultura Económica, México,
1973, vol. I, 355.
31 M. R. ALARCÓNCARACUEL, El derecho de asociación
obrera en España (1839-1900), Ediciones de la Revista
de Trabajo, Madrid, 1975, 79.
32 Vid. A. ELORZA, «Los orígenes del asociacionismo
obrero en España (datos sobre la Sociedad de Protección
Mutua de Tejedores de Algodón de Barcelona,
1840-1855)», Revista de Trabajo, 1972, núm. 37, 125-
345.
33 Vid. M. IZARD, Industrialización y obrerismo. Las
Tres Clases de Vapor, 1869-1913, Editorial Ariel,
Barcelona, 1973, 93 y ss.
34 TUÑÓN DE LARA, Medio siglo de cultura española
(1885-1936), 80.
congreso celebrado en Barcelona en el mes de
junio de 187035.
La Internacional en España, cuyos núcleos
originarios en Madrid y Barcelona se formaban
a finales de 1868, a raíz de la entrada en
el país de José Fanelli, internacionalista italiano
y hombre de confianza de Bakunin,
pronto había de soportar en su seno, más allá
de una declaración de ilegalidad por el
Gobierno de Sagasta en 1872, tras largos
debates parlamentarios, la polémica entre
autoritarios y ácratas [reflejo, por lo demás,
de la general entre Marx y Bakunin en que se
sumía la Internacional a escala europea] y,
sin remedio, la escisión autoritaria o marxista
que protagonizaba el grupo de redactores
del periódico internacionalista madrileño La
Emancipación [Francisco Mora, Pablo Iglesias,
José Mesa, etc]. Los disidentes, expulsados
en 1872 de la sección madrileña de la
Internacional, constituían la Nueva Federación
Madrileña, que sentaba las bases del primer
grupo organizado del marxismo español,
germen del futuro partido socialista. La etapa
de «conexión política e ideológica» del
socialismo español36 se desarrollaba, así
pues, entre 1879, en que se fundaba el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE)37, y
1888, en que hacía lo propio la central obrera
socialista Unión General de Trabajadores
(UGT)38. El socialismo español y su partido
habían de conocer, sin embargo, durante los
años 1919 a 1921, el proceso de escisión
comunista, después del triunfo de la revolución
bolchevique de 1917 y de la constitución,
dos años más tarde, de la Internacional
Comunista [Tercera Internacional o Komintern].
El Partido Comunista de España (PCE)
comenzaba de este modo su andadura a partir
de 1921. El movimiento obrero español se
dotaba, asimismo, de poderosos instrumentos
sindicales para el conjunto del territorio
nacional, como la mencionada Unión General
de Trabajadores y la Confederación Nacional
del Trabajo (CNT), anarcosindicalista, creada
en 191039, sin perjuicio de la existencia de
otras importantes organizaciones sindicales
de carácter nacionalista40.
Todas las manifestaciones normativas de
la intervención del Estado en favor de las clases
trabajadoras que se produjeron en el país
con anterioridad a la primera experiencia
republicana (1873-1874) revisten verdaderamente,
cuando no se consumen en su condición
de meros proyectos, una significación
aislada y puramente excepcional. De este
modo, el «patrón social» que iba a inspirar,
décadas después, un cuerpo unitario de legislación
obrera no estaba presente, por cierto,
en el conjunto de normas que, a partir de
1812, se proponían garantizar la libertad en
el establecimiento de industrias o el libre
ejercicio de la profesión u oficio. Ni siquiera,
es claro, en disposiciones como el Real Decreto
de 25 de febrero de 1834 que, reiterando la
doctrina de la Novísima Recopilación, declaraba
«dignos de honra y estimación todos los
oficios mecánicos»41. Una preocupación social
diversa, más acorde con la que habría de inspirar
la legislación posterior es visible, por
otra parte, en normas como la Real Orden de
7 de septiembre de 1853, por la que se recomendaba
a los Ayuntamientos de Madrid y
Barcelona la construcción en barrios extre-
INFORMES Y ESTUDIOS
192 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
35 LORENZO, El proletariado militante. Memorias de
un internacional, 123.
36 A. JUTGLAR, «Notas para la historia del socialismo
en España», Revista de Trabajo, 1964, núm. 7, 30 y ss.
37 Vid. R. LAMBERET, Mouvements ouvriers et socialistes.
L'Espagne (1750-1936), Les Editions Ouvrières,
Paris, 1953.
38 Vid.S. CASTILLO, Historia de la Unión General de
Trabajadores. Hacia la mayoría de edad (1888-1914),
Publicaciones de la Unión y Centro de Estudios Históricos,
Madrid, 1998.
39 Vid. J. PEIRATS, La CNT en la revolución española,
Ruedo Ibérico, Paris, 1971, 3 vols.
40 Vid. M. OTAEGUI, «Organización obrera y
nacionalismo: Solidaridad de Obreros Vascos (1911-
1923)», Estudios de Historia Social, 1981, núm. 18-19, 7
y ss.
41 Vid. P. ZANCADA, El obrero en España. Notas para
su historia política y social, Casa Editorial Mancá,
Barcelona, 1902, 125 y 126.
mos de «casas para obreros en condiciones de
salubridad y baratura»42 o las dedicadas a la
emigración a ultramar43.
Una legislación social protectora de las
clases trabajadoras se intentaba tímidamente,
al fin, durante el llamado Bienio Progresista
(1854-1856), período en que se afianzaba
el desarrollo material del país al tiempo
que la acción reivindicativa obrera adquiría,
por primera vez en España, perfiles colectivos
de gravedad [la huelga general de 1855 en
Barcelona es el acontecimiento de mayor
notoriedad], lo que le ha permitido ser considerado
con razón como el «apéndice hispánico
» de la revolución europea de 184844.
Un proyecto de Real Decreto, debido en enero
de 1855 a la iniciativa de Francisco Luxán
Miguel Romero (Ministro de Fomento)45y del
progresista navarro Pascual Madoz46 (Presidente
del Congreso de los Diputados), disponía
la creación de una Comisión para «reconocer
y apreciar en su justo valor las causas
de las dificultades suscitadas entre los fabricantes
y los trabajadores de nuestras provincias
manufactureras y proponer al Gobierno
los medios más oportunos de terminarlas
felizmente»47. El intento no pasaría, sin
embargo, de este nivel. A partir de una concepción
armónica de las relaciones entre
obreros y fabricantes y con el propósito decidido
de garantizar el orden público, elementos
ideológicos que habrán de acompañar de
modo inseparable, como se verá, la gestación
y el desarrollo de la legislación obrera, la
Comisión proyectada debía asumir el estudio
de los pormenores del conflicto industrial y la
preparación de la operación jurídica reformadora
de las relaciones de trabajo.
La Comisión tenía el encargo, así pues, de
«primero, reunir todos los datos y antecedentes
relativos al estado y condición de las clases
obreras y de las industriales; a la organización
actual del trabajo, sus ventajas y sus
inconvenientes; al espíritu de asociación, su
carácter y sus tendencias; a las quejas recíprocas
de los obreros y de los dueños de los
establecimientos fabriles y manufactureros;
RICARDO GÓMEZ RIVERO Y MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ
193 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
42 Vid. en L. CURIEL,Indice histórico de disposiciones
sociales (desde el Fuero Juzgo hasta el año 1900), Escuela
Social, Madrid, 1946, referencia 4.369.
43 Es el caso, así pues, de la Real Orden de 27 de
marzo de 1848, sobre condiciones de transporte, en
cuanto a personal médico y religioso de asistencia, que
debía reunir todo buque mercante que «se despache
para cualquier punto de Ultramar»; de la Real Orden
Circular de 16 de septiembre de 1853, regularizando la
emigración para las colonias españolas y para los Estados
de América del Sur y México; de la Real Orden de 30 de
abril de 1856, sobre personal sanitario y religioso en
buques de transporte; o, en fin, dentro de la larga serie
de disposiciones semejantes adoptadas en los años
sucesivos, de la Real Orden Circular de 31 de diciembre
de 1857, por la que se dictan normas reguladoras de la
emigración a Cuba y Puerto Rico. Vid. L. CURIEL, Indice
histórico de disposiciones sociales, op. cit., referencias
4.355, 4.370, 4.377 y 4.383, respectivamente.
44 J. VICENS VIVES, Historia social y económica de
España y América, vol. V, Editorial Vicens Vives,
Barcelona, 1972, 307.
45 Sería Ministro de Fomento en cuatro ocasiones:
30-VII-1854/29-XI-1854; 29-XI-1854/6-VI-1855; 15-I-
1856/14-VII-1856 y 17-I-1863/2-III-1863 [J. R. URQUIJO
GOITIA, Gobiernos y Ministros españoles (1808-2000),
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid,
2001, 55-56, 59 y 253].
46 F. CÁNOVASSÁNCHEZ, «Los partidos políticos», en La
era isabelina y el sexenio democrático (1834-1874). Historia
de España Ramón Menéndez Pidal, Espasa-Calpe, T.
XXXIV, 3ª edición, Madrid, 1991, 414-415.
47 De este importante documento existen referencias
aisladas en la literatura jurídica de la época. Así, en
el libro de A. ALVAREZ BUYLLA, A. GONZÁLEZ POSADA y L.
MOROTE, El Instituto del Trabajo. Datos para la reforma
social en España, Establecimiento Tipográfico de Ricardo
Fe, Madrid, 1902, 37 y 38, se alude al proyecto normativo
y a la comisión que pretendía establecer, como
antecedente de la Comisión de Reformas Sociales y del
también proyectado Instituto del Trabajo. El documento
permanecía inédito, sin embargo, hasta su reproducción
por A. ALVAREZBUYLLA en el texto escrito de su discurso
de recepción en la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas sobre «La reforma social en España», pronunciado
el 25 de marzo de 1917, vid. en AA.VV., Discursos
de recepción y contestación leídos ante la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas, tomo XI, 1914-1917,
Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratés, 1917 [la
transcripción del proyecto de Luxán y Madoz en 750-
756].
segundo, oír de los comisionados de las partes
interesadas, y tener presentes sus razones en
el juicio que emita, sobre la manera más justa
y prudente de conciliar sus respectivos
intereses; tercero, manifestar al Gobierno su
opinión sobre cada una de estas importantes
cuestiones, formulando una memoria en la
cual se proponga el medio de resolver, del
modo más ventajoso, estas dificultades, y el
progreso y desarrollo de la industria fabril y
manufacturera, a la estabilidad y conservación
del orden público» (art. 2 del proyecto de
Real Decreto)48.
Se pretendía por vez primera, ciertamente,
la preparación sistemática de una legislación
reformadora de las relaciones de trabajo,
apoyada en la comprobación y en el estudio de
los «datos de hecho demostrativos del estado
de las relaciones entre patronos y obreros»49.
Si bien, el proyecto de Luxán y Madoz, excepcional
antecedente de lo que con posterioridad
habría de conocerse como «intervencionismo
científico» del Estado en las relaciones
de trabajo50, tendría que esperar hasta 1883
para alcanzar su efectiva viabilidad bajo
ropaje jurídico semejante.
Del propio Bienio procede, asimismo, un
singular proyecto de legislación social protectora,
cual es el que el Ministro de Fomento
unionista Manuel Alonso Martínez51 presentaba
a las Cortes, el día 8 de octubre de 1855,
sobre «ejercicio, policía, sociedades, jurisdicción
e inspección de la industria manufacturera
»52. La promesa de adopción por las Cortes
de una ley dirigida a mejorar «la suerte de
los obreros» fue realmente cuanto recibieron
de los poderes públicos, como contrapartida
de su vuelta a la normalidad social, los huelguistas
catalanes de julio de 1855. Y la proyectada
norma, que no había de superar el
proceso de gestación parlamentaria, respondía
sin ambages a la preocupación sustancial
de eliminar el conflicto de clases o, en los propios
términos del proyecto, «las disidencias
entre el fabricante y el operario», encaminándose
de modo decidido, así pues, a «evitar
estos riesgos, harto frecuentes por desgracia,
y a menudo provocados por el espíritu de subversión
y de intriga; a poner en armonía las
miras e intereses del fabricante y del obrero;
a fundar en su unión nuevas garantías de
estabilidad y reposo para los pueblos, de
orden y concierto para los establecimientos
industriales, de moralidad y bienestar para
las familias, de mejora y progreso para el trabajo
[..])» [«preámbulo» del proyecto de ley]53.
Sin embargo, las esperanzas populares
depositadas en la ley prometida pronto habían
de verse defraudadas. Así, burgueses demócratas
y obreros replicaban ante las Cortes
con una Impugnación al proyecto de ley, documento
probablemente redactado por Pi y
Margall, en que se traslucía un enérgico y no
exento de amargura rechazo del intento reformista54:
«(..) ¿Qué revela esta ley [se preguntaban
los firmantes del escrito] mas que una
completa ignorancia de la cuestión del trabajo,
un odio mal encubierto a la clase proleta-
INFORMES Y ESTUDIOS
194 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
48 Vid. A. ÁLVAREZ BUYLLA, «La reforma social en
España», 750.
49 ÁLVAREZ BUYLLA, «La reforma social en España»,
750.
50 L. E. DELAVILLAGIL, «La elaboración científica del
Derecho del Trabajo», Anuario de Ciencia Jurídica,
1971, núm.1, 154.
51 Ocuparía el Ministerio de Fomento por vez
primera desde el 6-VI-1855 al 15-I-1856 (URQUIJO
GOITIA, Gobiernos y Ministros españoles,56 y 151).
52 Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes,
1854-1856, 6 de octubre de 1855, apéndice 1º al núm.
214.
53 Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes,
cit.
54 Impugnación al proyecto de ley presentado por el
Ministro de Fomento a las Cortes sobre ejercicio, policía,
sociedades, jurisdicción e inspección de la industria
manufacturera, en A. ELORZA, «El proyecto de ley de
Alonso Martínez sobre el trabajo en la industria (1855).
Derecho de asociación y conflicto social en el Bienio
Progresista (selección y nota introductoria)», Revista de
Trabajo, 1969, núms. 27-28, 360-371. Vid. en general,
C. MARTI, «El movimiento obrero en Barcelona durante
el Bienio Progresista (1854-1856), Estudios de Historia
Social, 1977, núms. 2-3, 5 y ss.
ria, un deseo ostensible de sacrificarla ante
las aras del capital y hacerle pagar en humillaciones
sus primeros triunfos? La igualdad
ante la ley y la libertad están aquí torpemente
violadas. No se armoniza, se divide; no se
cubre siquiera de ceniza el fuego; se echa
combustible a la hoguera».
Tras analizar críticamente el contenido
del proyecto, el documento concluía con una
dramática llamada a los parlamentarios que
habían de votar la ley55: «(..) ¡Señores diputados
delas Cortes Constituyentes! va a presentársenos,
envuelta en un malísimo proyecto,
la cuestión más trascendental de la legislatura.
No precipitéis vuestros juicios. Examinadla
con calma. Discutidla ampliamente. Del
modo como la resolváis depende la paz o la
guerra interior, la suerte de toda una clase, el
porvenir de la industria; de la industria
manufacturera y de la industria agrícola».
Sin embargo, el debate parlamentario dificilmente
podría atender a tan graves recomendaciones.
La «restauración del orden» de
la mano de O'Donnell, con la que se ponía fin
al Bienio Progresista, rebajaba de nuevo
sobre el papel las aspiraciones de reforma
social. Ni los liberales de 1854, ni los unionistas
que les siguieron en el mando, hicieron
nada más que planear reformas, que «fueron
a perderse en el tumulto de las pasiones políticas
»56.
Puede decirse, por último, que la cuestión
social no estuvo ausente del debate parlamentario
desde principios del siglo XIX. A
partir de la legislatura de 1810 a 1813 y hasta
la republicana de 1873, las Cortes se ocuparon
de temas sociales [materias relacionadas
con la cuestión agraria o industrial, la
educación popular o la emigración, los pósitos,
la previsión y el descanso en el trabajo,
etc] y en forma parlamentaria diversa [consultas
y dictámenes, exposiciones e informes,
memorias, observaciones, peticiones, preguntas,
proposiciones, proyectos legislativos, etc]
en ciento setenta y ocho ocasiones57. Es preciso
recordar entre ellas, por su trascendencia,
los intentos de llevar a cabo una información
parlamentaria acerca del estado de las clases
obreras y medios de mejorarlo.El 9 de julio de
1869, Fernando Garrido y otros diputados
suscribían una proposición en que pedían a
las Cortes «tengan a bien decretar una información
parlamentaria sobre el estado material,
intelectual y moral de las clases trabajadoras,
así agrícolas como industriales, nombrando
al efecto una comisión de su seno que
durante el interregno parlamentario adquiera
todos los documentos, datos y noticias
necesarios para presentar en la próxima
legislatura un informe que sirva de base para
que las Cortes acuerden cuanto pueda conducir
a elevar la condición social de esas clases,
mejorando su suerte por los medios directos o
indirectos que están en las atribuciones de
las Cortes»58. Una vez más, el intento no se
vería coronado por el éxito en cuantas ocasiones
pudo ser reproducido59.
RICARDO GÓMEZ RIVERO Y MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ
195 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
55 Impugnación al proyecto de ley presentado por el
Ministro de Fomento a las Cortes sobre ejercicio, policía,
sociedades, jurisdicción e inspección de la industria manufacturera,
371.
56 P. ZANCADA, El obrero en España. Notas para su historia
política y social, 150.
57 INSTITUTO DEREFORMASSOCIALES, Catálogo de documentos
y resumen de debates parlamentarios sobre cuestiones
sociales. Primera parte: documentos parlamentarios
(1810-1907). Segunda parte: resumen de debates
(1903-1907), Imprenta de la Sucesora de M. Minuesa
de los Ríos, Madrid, 1910, 17-18.
58 Diario de sesiones del Congreso de los Diputados,
12 de julio de 1869, núm. 124, p. 3.655. La proposición
quedaba pendiente de dictamen de la comisión correspondiente,
Diario de sesiones del Congreso de los
Diputados, 10 de noviembre de 1869, núm. 155, p.
4.167. Vid. F. GARRIDO, «Imposibilidad de no ocuparse
de política en una sociedad en que todo es política», La
Igualdad, 17 de julio de 1870.
59 Vid. así las legislaturas de 1871-1872, Diario de
sesiones del Congreso de los Diputados,15 y 21 de junio
de 1871, núms. 62 y 71 respectivamente; y de 1872-
1873, Diario de sesiones del Congreso de los Diputados,
1 de octubre de 1872, núm. 15, 245, y 1 de febrero
1873, 2.899.
Con todo, la intervención del Estado en las
relaciones de trabajo asalariado a través de
una normativa protectora para las clases trabajadoras
no se habría de iniciar propiamente
en España hasta 1873, con la regulación
legislativa del trabajo de los menores. Tal
fue, a la sazón, la Ley de 24 de julio de 1873,
de regulación «del trabajo en los talleres y la
instrucción en las escuelas de los niños obreros
de ambos sexos»60. La recordada como ley
Benot, por haber sido precisamente el político
republicano federal Eduardo Benot, entonces
Ministro de Fomento61, el artífice del correspondiente
proyecto legislativo, que el Gobierno
remitía a las Cortes Constituyentes de la
Primera República el día 25 de junio de dicho
año. Es esta norma legal, sin duda, la primera
disposición «protectora» del trabajo de rango
superior y la llave maestra de la historia
española de la «legislación obrera» y, con ella,
de nuestro ordenamiento jurídico laboral62. Y
es que, hasta 1873, tan sólo puede hablarse,
desde luego, de precedentes aislados de relevancia
escasa y, en cualquier caso, de preparativos
y de proyectos normativos.
3. EL PUNTO DE PARTIDA: LA JUNTA
DE ARANCELES DE FERNANDO VII
Conviene señalar en primer lugar, algo
conocido por todos, y es que tanto la exportación
como la importación de productos devengaban
unos derechos arancelarios y que en
1782 ?sin necesidad de retrotraerse más allá?
se publicaron los aranceles que se cobrarían
por la entrada de frutos, géneros y efectos
extranjeros y, dos décadas después, los exigidos
al salir esos productos del reino. Fernando
VII, entre las dos primeras etapas constitucionales,
creará una Junta integrada por individuos
especialistas en materias hacendística y
mercantil, con el objeto de formar un nuevo
arancel. La Junta concluirá sus trabajos a
comienzos del segundo período liberal, encargándose
las Cortes de publicar esos aranceles
en el bienio 1820-1821. Acabado el trienio
liberal, se vuelve a poner en vigor el arancel
absolutista de 1782. No obstante, ante la
necesidad de elaborar un nuevo arancel, el
decreto de 16 de febrero de 1824 restablecerá
la Junta de Aranceles. La parte expositiva del
decreto incide en el desorden y fraude que
experimenta la renta de aduanas, herencia de
la segunda etapa constitucional: «La renta de
Aduanas ?se dirá en el decreto? es una de las
que han quedado mas desorganizadas de
resultas de los desórdenes anteriores, de forma
que la facilidad y frecuencia con que se
comete el fraude la priva de los considerables
rendimientos que puede dar, y daba efectivamente
en otros tiempos; y así es que las relaciones
mercantiles del Reino han venido a
paralizarse. Es pues preciso restablecerlas,
introduciendo en ellas por medio de reglamentos
y aranceles bien combinados un orden
económico y administrativo, que sea capaz de
asegurar los intereses del comercio y navegación
». A la Junta de Aranceles se le confían,
además de la formación de los aranceles mercantiles,
los siguientes extremos: la ordenación
de los derechos de navegación; la redacción
del reglamento de aduanas, de los aranceles
aduaneros y de unas ordenanzas para
los consulados de España en puertos extranjeros;
la revisión del reglamento de los depósitos
de comercio; la preparación de una memoria
sobre tratados comerciales con naciones
extranjeros; la indicación de los mecanismos
para colocar los productos españoles en mer-
INFORMES Y ESTUDIOS
196 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
60 Gaceta de Madrid, 28-VII-1873.
61 Benot permaneció en ese Ministerio únicamente
17 días, desde el 11 de junio de 1873 al 28 del mismo
mes [Estadística del personal y vicisitudes de las Cortes y
de los Ministerios de España. Desde el 29 de setiembre
de 1833, en que falleció en rey don Fernando VII, hasta
el 24 de diciembre de 1879, en que se suspendieron las
sesiones, Imprenta y fundición de la viuda e hijos de J. A.
García, Madrid, 1880, 675. En el mismo sentido, URQUIJO
GOITIA, Gobiernos y ministros españoles, 70 y 168.
También, J.M. CUENCA TORIBIO y S. MIRANDA GARCÍA, El
poder y sus hombres. ¿Por quiénes hemos sido gobernados
los españoles? (1705-1998), Actas, Madrid, 1998,
388-389].
62 Así, L E. DELAVILLAGIL, «La elaboración científica
en el Derecho del trabajo», 154; también, A. MONTOYA
MELGAR, Ideología y lenguaje en las leyes laborales de
España (1873-1978), Editorial Civitas, Madrid, 1992, 29.
cados extranjeros y la propuesta de una ley
para el comercio de granos63. El decreto cometía
al ministro de Hacienda la propuesta del
presidente y vocales de la Junta de Aranceles.
A comienzos de abril de 1824, Fernando VII
nombrará a los integrantes de esa Junta. La
presidencia recayó en Francisco López de
Alcaraz, ministro de capa y espada del Consejo
de Hacienda y Director general de Rentas64.
Los vocales designados fueron: por la parte
económica, Juan López Peñalver, intendente
de provincia honorario y ex Director de las
Reales fábricas de Guadalajara y Manuel
Antonio Rodríguez, oficial segundo de la
Secretaría de Estado y del Despacho de
Hacienda; por el ramo de marina, Antonio
Pilón, brigadier de la real armada y mayor
general interino de ella; por el ramo de aduanas,
Antonio María de Seijas, contador de la
Real Aduana de Cádiz y Juan Luis de Garay,
vista de la de Valencia; por el ramo de comercio,
Julián Aquilino Pérez y Manuel de Ochoa
y Paulín; Juan Francisco de Rada, del comercio
de Méjico, y José Pinillos, intendente interino
de La Habana, por los conocimientos
mercantiles que tenían de América. Además,
el rey se reservaba el nombramiento de otros
dos vocales por lo respectivo a la América
Meridional. Ignacio Echevarría y Francisco
Bartolomé Colombo, oficiales agregados de la
secretaría de la Dirección General de Rentas,
serían los secretarios de la Junta de Aranceles65.
Con el tiempo la Junta se convierte en una
oficina de dirección, administración, recaudación
y distribución. En efecto, a petición suya,
obtendrá tres nuevas competencias, recaudatorias
al propio tiempo que distributivas: la
recaudación del recién creado derecho de
balanza cuyo producto además de atender a
ciertos gastos y a abonar los sueldos de algunos
empleados se destinaría a financiar un
depósito comercial y una biblioteca; la recaudación
del arbitrio de medio maravedí por
ciento de balanza para el conservatorio de
Artes y, en fin, la recaudación de cuatro
RICARDO GÓMEZ RIVERO Y MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ
197 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
63 El articulado del decreto era: 1º. Formar los
aranceles mercantiles para las Aduanas de España y para
las de Indias, calculando sus derechos de modo que se
concilie el consumo de géneros extranjeros con el
fomento de la industria y artes españolas, y cuidando
también de establecer la unidad de derechos, compuesta
de los muchos y distintos que con varios nombres y
aplicaciones se exigen hoy en los adeudos de los géneros
a su introducción y extracción por ellas.
2º. Arreglar los derechos de toneladas y demás de
navegación, teniendo presente para ello los que se les
hace pagar a nuestros buques en los puertos extranjeros,
y lo que exige el fomento de la Marina mercante del
Reino; cuidando de que tales derechos sean uniformes
en su cuota en los puertos de España de ambos hemisferios,
esto es, que los que se fijen para los de la Península
sean iguales en todos sus puertos, y que lo sean en los de
Ultramar los señalados para ellos.
3º. Formar el código o reglamento administrativo de
las Aduanas de España y de Indias.
3º. Formar las ordenanzas para los Consulados de
España en puertos extranjeros.
4º. Rectificar el reglamento de los depósitos de comercio
en los puertos de la Península : examinar si los
debe haber, y el modo de establecerlos en los de Ultramar;
y proponer lo que convenga acerca de suprimir o
ampliar el número de las Aduanas de primera entrada
en una y otra parte.
6º. Formar una memoria sobre algunas convenciones
de comercio con las Potencias extranjeras, particularmente
desde el Tratado de Utrech de 1713.
7º. Proponer los medios de facilitar a los frutos y
géneros del Reino algunos mercados exteriores donde
hallen despacho ventajoso.
8º. Proponer una ley para el comercio de granos.
Decreto, Palacio, 16-II-1824, dirigido al ministro de
Hacienda Luis López Ballesteros, en Gaceta de Madrid,
24-II-1824.
64 El último día del año 1823 habían sido designados
Directores generales de Rentas, junto a Francisco López
Alcaraz, Francisco Antonio Góngora y Joaquín María de
Peralta, ambos intendentes del Ejército (Documentos del
reinado de Fernando VII. VI. L. López Ballesteros y la
Hacienda entre 1823-1832, Vol. I, Ediciones Universidad
de Navarra, s.a., Pamplona, 1970, Estudio preliminar
de F. SUÁREZ, 97-98).
65 Real orden, Madrid, 6-IV-1824, despachada por
el ministro de Hacienda, en Gaceta de Madrid, 17-IV-
1824. En esta disposición se mandaba que ninguno de
los nombrados percibiera por este encargo sueldo ni
gratificación y también fijaba el sitio de la reunión de la
Junta que sería en la Real casa Aduana.
maravedís en vara de lienzo para la adquisición
de máquinas y el fomento de algunas
fábricas66. En éste último aspecto nos detenemos.
La Junta de Aranceles, teniendo en cuenta
el atraso que padecía el país en la implantación
de las nuevas máquinas de vapor a la
industria fabril, quiso premiar a los empresarios
que introdujeran este tipo de maquinaria.
Para conseguir este fin proponía tres
medidas:
1.ª Que además del derecho de arancel
que satisfacían los lienzos importados,
pagasen en adelante indistintamente
cuatro maravedís en vara todos los
tejidos de lino y cáñamo blanco, crudo,
teñido, listado o de colores.
2.ª Que el arbitrio se recaudase independientemente
del derecho de rentas
generales.
3.ª Que las cantidades recaudadas ingresaran
como arbitrio de fomento en el
banco de S. Fernando, invirtiéndose
exclusivamente en la adquisición,
construcción y difusión de telares
mecánicos y otras máquinas necesarias
para fomentar este ramo de industria
nacional.
Luis López Ballesteros, un «terrateniente
gallego de poca monta» ?en opinión de Carr67?,
a la sazón ministro de Hacienda68, influyó en
la voluntad del rey para que éste aprobara
esas medidas. Medidas que, una real orden
despachada por aquél Ministerio el 31 de
agosto de 1831, daría a conocer al público en
general. A los dos meses de publicada la
orden comenzaría a recaudarse el arbitrio de
cuatro maravedís. En la Gaceta de Madrid de
29 de octubre apareció la orden, por lo que en
la práctica la exacción del impuesto tendría
lugar a partir de enero de 183269.
Algunos empresarios vieron que si conseguían
obtener la ayuda gubernativa que estipulaba
la orden les facilitaría, sin duda alguna,
la puesta en funcionamiento de las fábricas
que proyectaban. La fábrica llamada El
Vapor, cuyos socios eran Bonaplata, Vilaregut,
Rull, fundada el 30 de septiembre de
1831, comenzaría su actividad en abril del
año siguiente, siendo la primera en España
que utilizaría la fuerza motriz del vapor70.
José Bonaplata construyó su fábrica con posterioridad
a la orden de 31 de agosto, lo que
induce a suponer que si el catalán no hubiera
contado y recibido del Gobierno 65.000 pesos
fuertes, probablemente no habría acometido
tamaña empresa, o por lo menos, no la habría
realizado con las dimensiones que tuvo; otro
tanto cabría decir de Juan Marrot, fabricante
de tejidos de lienzo y papeles pintados, que
percibió del Ministerio de Hacienda 15.000
duros. Otro de los fabricantes que acudió a
reclamar ayuda económica del gobierno fue el
sevillano Antonio González de la Rasilla,
«comerciante de fondos y crédito, y de una
probidad universalmente reconocida», como
reconocía el intendente de Sevilla.
La historia de Rasilla principia en el último
trimestre de 183271. Ideaba construir una
INFORMES Y ESTUDIOS
198 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
66 En Exposición dirigida a S.M. por el Secretario de
Estado y del Despacho de Hacienda, Madrid, 7-I-1835
(Gaceta de Madrid, 11-I-1835).
67 R. CARR, España 1808-1939, Ediciones Ariel,
Barcelona, 2ª ed., 1970, 154.
68 Había sido ministro de ese ramo seis días durante
el trienio liberal y casi nueve años en la década ominosa
(URQUIJO GOITIA, Gobiernos y Ministros españoles, 31,
34-35 y 248).
69 Gaceta de Madrid, 29-X-1831. Incomprensiblemente,
José María de Nieva, en Decretos del Rey Nuestro
Señor Don Fernando VII, y Reales Ordenes, Resoluciones
y Reglamentos Generales expedidos por las Secretarías
del Despacho Universal y Consejos de S. M. desde
1º de enero hasta fin de diciembre de 1831, Madrid,
1832, no da noticia de esta disposición.
70 TUÑóN DE LARA, El movimiento obrero en la historia
de España, I, 47-48; sigue a J. VICENSVIVES, Industrials
i Politics del segle XIX, Barcelona, 1961, 49-50. NADAL, El
fracaso de la Revolución industrial en España.
71 Para este relato hemos utilizado un extracto elaborado
en 1835 en la secretaría de la Sección de Hacienda
fábrica, pero para ello necesitaba la subvención
gubernativa y que éste se comprometiera
a concederle una serie de exenciones. El 15 de
octubre de aquél año acudiría al rey exponiendo
que proyectaba establecer en las cercanías
de Sevilla una fábrica de tejidos de
algodón, con el objeto, de un lado, de desterrar
el contrabando y, de otro, facilitar ocupación
a la mayor cantidad posible de gente.
Poner en funcionamiento esta industria textil
requeriría traer obreros extranjeros con sus
equipajes respectivos, cuyo permiso recababa;
además, éstos enseñarían a los naturales
los diferentes procesos productivos, para lo
que se necesitaría cuando menos un año, por
lo que era preciso que a los obreros que contratara
se les eximiera de quintas por espacio
de diez años.
González de la Rasilla solicitaba que se
prohibiese durante diez años en un radio de
30 leguas la construcción de otra fábrica de la
misma clase, cuyo agente principal sea el
vapor, sin perjuicio de obligarse a vender a
los tres años al coste y costas los telares
mecánicos de lanzadera volante que se usen
en la misma, para expander este tipo de
industria; opinaba nuestro comerciante que
los sacrificios pecuniarios que debería hacer
para adquirir las máquinas, según los métodos
más ventajosos, exigían también una
ayuda del Gobierno, consistente en la absoluta
libertad de derechos a las máquinas y útiles
que adquiriese en los cinco primeros años
de funcionamiento de la fábrica. A continuación,
el sevillano explicaba que no era válido
el algodón de Motril para todas las telas que
se fabricaran72, que se le permitiera la libre
introducción de algodón en rama durante un
lustro, sin exceder de mil quintales cada año;
que requiriéndose el uso de drogas «tintorias»
extranjeras para teñir los algodones, se le
concediera igualmente franquicia por el mismo
tiempo; que para compensar las pérdidas
de las primeras producciones, «ya porque el
capital invertido queda en clase de amortizado,
mientras no estén instruidos todos los
operarios, ya porque al principio no es posible
introducir todas las economías, ni disfrutar
todas las ventajas»73, necesitaba de la subvención
del Gobierno, pero que éste no arriesgaría
nada al concederlo, porque el exponente
se comprometía a asegurar su percepción,
con sus correspondientes premios, en el caso
de que el proyecto no prosperara, asumiendo
la pérdida; que la subvención fuera de mil
pesos fuertes por cada telar (no excediendo de
40 los premiados), a percibir a los dos años de
creada la fábrica, cuando llevara diez meses
de trabajo ininterrumpido, y produjera telas
de todo tipo capaces de competir con las
extranjeras; «que no prosperando ?decía el
empresario? aquella fábrica a costa de la
industria que ejerzan los vecinos del pueblo
donde se establezca, no deberá contribuir con
ellos en las contribuciones que satisfagan,
exceptuando la de consumos, sea directa, o
indirectamente».
Seguidamente Rasilla manifestaba que si
se le dispensaba la protección, se extendiese
igualmente a los tejidos de hilo de lino y de
cáñamo en crudo, trayendo los primeros
años la hilaza del extranjero, pagando los
derechos señalados por el arancel de Aduanas,
y ocupando de este modo un número
bastante considerable de trabajadores, y
RICARDO GÓMEZ RIVERO Y MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ
199 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
del Consejo Real de España e Indias, custodiado en
Archivo General de Simancas(en adelante AGS), Sección
Consejo Real de España e Indias (citamos CREI), leg. 7-1.
72 En 1829 la Guía mercantil de España alertaba
sobre la mediocridad del algodón de Motril: «Esta ciudad
ha enviado a la Exposición (Industrial de Madrid de
1827) algunas muestras de su algodón, que no se han
considerado dignas de premio, pero que prueban que,
de cogerse y despepitarse bien, podría por lo suave y
sedoso tener igual estimación al» brasileño de Pernanbuco
(J. B. y M.J. VILAR, La primera Revolución industrial
española, 1812-1875, Barcelona, 1998, 129). Sin
embargo, la Comisión de Fabricantes de Hilados, Tejidos
y Estampaciones del Principado de Cataluña aseveraba
que la fábrica de Bonaplata se valía del algodón en rama
de Motril, cuyos vestidos competían con los extranjeros
(M. TUÑóN DE LARA, La España del siglo XIX, Librería
Española, París, 3ª ed., 71).
73 Se decía en el extracto citado en nota 71.
enseñándoles el uso de los telares mecánicos
de lanzadera volante; y que al mismo tiempo
procuraría extender el hilado de ambas
especies a los pueblos de la comarca, y el cultivo
del algodón en los terrenos a propósito,
en las cercanías de aquella ciudad; que como
su intención no era plantear al Gobierno un
proyecto falaz y capcioso, aseguraría, de una
parte, los derechos de los algodones y drogas
«tintorias» adquiridas para la fábrica y que
no fueran utilizados, y, de otra, la devolución
de la retribución pecuniaria que pedía al
Gobierno.
En resumen, en su escrito el sevillano se
comprometía al cumplimiento de varias obligaciones,
tales como que los maestros extranjeros
enseñaran a los jóvenes del país las operaciones
de la fabricación, a asegurar el pago
de los derechos del algodón que no se invirtiera
en la fábrica, a que si el proyecto no prosperaba,
afianzaría la devolución del auxilio
gubernativo y a vender a los tres años del
establecimiento de la fábrica y a precio de
coste telares mecánicos similares a los utilizados
en la fábrica. Como contrapartida solicitaba
los privilegios siguientes: exención de
quintas a los trabajadores; que durante diez
años no se estableciera en las cercanías otra
fábrica de la misma clase de tejidos; libertad
absoluta de pagar derechos las máquinas,
cinco mil quintales de algodón en rama y los
productos químicos importados; la entrega
por parte del gobierno a los dos años de la
puesta en funcionamiento de la fábrica de mil
pesos fuertes por cada telar empleado y el
acceso a la libertad contributiva, salvo la de
consumos.
4. INFORMES DEL INTENDENTE DE
SEVILLA, DE LA CONTADURIA
GENERAL DE VALORES, DE LA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y
DE LA JUNTA DE ARANCELES
El expediente se iniciaría en el Ministerio
de Fomento, creado el 5 de noviembre de
183274, de donde se trasladaría para su instrucción
al Ministerio de Hacienda. Éste solicitaría
informe sobre la viabilidad del proyecto
de Rasilla al intendente de Sevilla, a la
Contaduría General de Valores, a la Dirección
General de Renta y a la Junta de Aranceles.
Por real orden de 4 de enero de 1833 se
pidió dictamen al intendente de Sevilla José
de Heredia75. El intendente, que emitió su
informe el 16 del propio mes, comenzaba
valorando positivamente el proyecto:
«era bien sabido ?decía? que la industria
constituía la riqueza pública, sea rural,
fabril o mercantil; pero principalmente la
fabril por el considerable aumento de valor
que daba a las materias elaboradas; que
bajo de este concepto, el proyecto de D.
Antonio González de la Rasilla merecía la
protección del Gobierno, y más particularmente
por su especie; que extendiéndose y
perfeccionándose la manufacturación de
algodones, se sustraería la nación de ser
tributaria a otras de un ramo de tanta
importancia y evitaría el contrabando que
no pueden cortar las medidas coercitivas
más acertadas; que sobre todo, en aquella
fértil provincia estaba muy atrasada la
industria fabril, y serían mayores las ventajas,
dando ejecución del proyecto ocupación
a muchos brazos ociosos, y promoviendo
la enseñanza artística».
A continuación Heredia enunciaba las
obligaciones que proponía Rasilla, manifestando
que eran muy útiles para fomentar la
industria. Más tarde realizaba el estudio de
INFORMES Y ESTUDIOS
200 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
74 A. GUAITA, El Ministerio de Fomento, 1832-1931,
Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid,
1984, 17-18. Sobre este Ministerio véase el reciente trabajo
M. SANTANA MOLINA, Orígenes, antecedentes y
evolución del Ministerio de Fomento, Publicaciones Universidad
de Alicante, 2002.
75 El Consejo de Ministros de 22 de septiembre de
1833 aceptaría la renuncia al cargo que presentó Heredia
(Actas del Consejo de Ministros. Fernando VII,T. VIII
(1833), Ministerio de la Presidencia, Madrid, 1995, 261-
262).
cada uno de los privilegios. Sobre el primero,
esto es, la exención de quintas durante diez
años a los alumnos y trabajadores, opinaba el
intendente «que es una gracia que no carece
de ejemplar, y se limita a tiempo preciso,
siendo digno de consideración el gran quebranto
que sufriría la fábrica si se la extrajesen
sus operarios, particularmente cuando no
se hallase consolidada»; en cuanto a la prohibición
de establecer también por espacio de
diez años una fábrica de este tipo en un radio
de 30 leguas, era acorde con «los privilegios
temporales o patentes que en todas partes se
conceden a los inventores o introductores de
nuevos métodos de fabricación». Respecto de
la libertad absoluta de derechos durante cinco
años a la maquinaria, herramientas y
utensilios, expresaba Heredia que era un permiso
que apenas gravaría a la hacienda real y
que generalmente se concedía a las fábricas
«nacientes». En cuanto al cuarto y quinto privilegios
referentes a idéntica libertad y por el
mismo tiempo, de 5.000 quintales de algodón
en rama y de los productos químicos necesarios
era también un auxilio que se acostumbraba
conceder a las nuevas fábricas cuando
introducían «las primeras materias», por el
beneficio que reportaba a la industria nacional
y siendo por tiempo limitado no contravenía
la real orden de 20 de diciembre de 1832.
Del sexto, esto es, la entrega de mil pesos
fuertes por cada telar, sin exceder el número
de cuarenta, siempre que a los dos años de su
establecimiento, llevase diez meses de continuo
trabajo, otorgándose diez mil cuando se
acreditara que se hilaba y tejía en la fábrica,
y el resto en los años siguientes, informaba el
intendente «que podrá concederse, teniendo
cabimento en las cantidades que se destinen
para el fomento general del Reyno, y que no
será gravosa a la Real Hacienda; porque si la
fábrica prosperase, producirá al estado con
los derechos de sus consumos y de sus géneros,
mayor suma, además de evitar el contrabando
de los géneros de algodón; y que además
asegura el empresario la devolución del
auxilio facilitado con sus premios«. Sobre el
séptimo, consistente en la libertad de toda
contribución, excepto la de consumos, por cinco
años, según el intendente no debería aplicarse
a los productos de la fábrica, sino únicamente
la exención de impuestos al establecimiento,
como se hacía con los demás de su clase.
Después de esta valoración altamente
positiva, Heredia formulaba una única objeción
al proyecto: «que a su sombra se hiciesen
introducciones de géneros de algodón extranjero
«; para responder a continuación que era
un punto fácilmente subsanable por la colocación
de la aduana en el puerto de Bonanza
además de los resguardos, lo que sin duda
impedirá que «se hagan introducciones fraudulentas
por los márgenes del Guadalquivir«.
Acababa el informe el intendente ponderando
la idoneidad del lugar de Sevilla donde se iba
a construir la fábrica («una hermosa llanura
junto al río Guadaira, en Tablada, término de
aquella ciudad, cuya localidad puede ser
fácilmente observada») y la bondad del proyecto
que proponía Rasilla, útil y ventajoso y
«que el temor del contrabando no debía arredrar
para que dejara de adoptar».
La Contaduría General de Valores dictaminaría
el 11 de marzo de 1833. Para ello
tuvo en cuenta tanto la exposición de González
de la Rasilla como el informe del intendente
de Sevilla. Según el parecer de la Contaduría
de Valores, tres tipos de ventajas
reportaría al Estado y a la industria nacional
el establecimiento de la fábrica: promocionaría
la industria fabril, desterraría el
contrabando y proporcionaría trabajo y ocupación
a muchas familias, «que en día gimen
en la indigencia». También estimaba la Contaduría
«que no era posible en ningún tiempo
promover y proteger la industria de los
que se muestran aplicados y laboriosos como
Rasilla, sin algún dispendio de parte del
Erario». A continuación examinaba las gracias
y auxilios que se exigían a la hacienda
real. En cuanto a eximir a los trabajadores
del servicio de quintas, decía que su decisión
correspondía al ministerio de la Guerra. Respecto
de los puntos 2º, 3º, 4º, 5º y 7º coincidía
RICARDO GÓMEZ RIVERO Y MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ
201 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
básicamente con lo expuesto por el intendente
de Sevilla76. La Contaduría era muy crítica
con el apartado sexto que trataba de la
entrega por parte del gobierno de 1000 pesos
fuertes por cada telar que se estableciera,
sin superar nunca los 40, porque, de un lado,
presentaba la dificultad de cumplirse, atendiendo
las perentorias necesidades de la real
hacienda y crédito del Estado, y, de otro, el
fondo que producía el recargo de cuatro
maravedís en vara de lienzo extranjero que
se introduce en el reino, «está empeñado en
la satisfacción de sesenta y cinco mil pesos
fuertes a favor de D. José de Bonaplata, de
Barcelona, habiéndose también concedido
últimamente por S. M. quince mil duros a D.
Juan Marrot, fabricante de tejidos de lienzo,
papeles pintados y otros efectos en esta Corte;
cuyas circunstancias tienen forzosamente
disminuido el fondo». No obstante, la Contaduría
consideraba que cuando Rasilla
implantara los telares, habría más fondos
del arbitrio y entonces el gobierno podría
auxiliar con la cantidad que estimare necesaria.
Ahora bien, esa cantidad que aportara
el gobierno, y aquí se encuentra la novedad
del dictamen de la Contaduría, era un anticipo
que posteriormente debería reintegrar
Rasilla.
La Dirección General de Rentas se conformaría
con lo propuesto por la Contaduría
General de Valores y, únicamente el director
Antonio Alonso77, en relación con la medida
6ª, manifestaba que el auxilio pecuniario que
se otorgase a Rasilla tendría que reintegrarse
en caso de no prosperar la fábrica. Sin embargo,
la mayoría de la Dirección «combatió este
voto particular, fundándose en que si tales
auxilios no llevasen la calidad de devolución,
no habría nunca suficientes fondos para atender
a los objetos que S. M. se propuso cuando
por real orden de 31 de agosto de 1831 se sirvió
imponer el derecho adicional de 4 mrs. en
vara de lienzo para invertirle en adquisición,
construcción y propagación de los telares
mecánicos».
Finalmente, por una real orden de 14 de
mayo de 1833 el ministerio de Hacienda
remitiría el expediente a informe de la Junta
de Aranceles. Seis días después, la Junta
había ultimado su dictamen. En él demostraba
ampliamente los beneficios de establecimientos
de esta especie, pero trayendo a colación
lo sucedido en Francia con los hermanos
holandeses Wan-Robbais, dueños de una
fábrica de paños, advertía de la necesidad de
actuar con cautela al otorgar gracias. A continuación
justificaba su negativa a la concesión
INFORMES Y ESTUDIOS
202 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
76 A este respecto consta en el extracto lo siguiente:
«Que el segundo, de que no se pueda establecer en el
término de 10 años y en radio de 30 leguas, otra fábrica
de igual especie; estaba conforme con los privilegios
temporales que se concedían a todo introductor o
inventor de nuevos métodos de fabricación.
Que el 3º acerca de la absoluta libertad de derechos
por cinco años a las máquinas, herramientas y utensilios
que se necesitaran, era cierto que se había solido conceder
a las fábricas nacientes, cuando no podían
adquirirse en España y que con esta precisa condición
parecía que no sería sumamente gravoso; aunque siempre
debería llevarse cuenta de su importe.
Que el 4º y 5º relativos a igual gracia de libertad de
derechos de introducción, por el mismo tiempo de cinco
años, a cinco mil quintales de algodón en rama,
como así también las drogas y productos químicos que
se necesiten para tintes; podían ofrecer alguna dificultad
en su concesión, por los abusos que suelen cometerse a
la sombra de semejantes gracias; pero que esto podría
precaverse, previniendo que las introducciones de
dichos géneros se hiciesen por aduanas de puntos determinados,
y que se custodiasen en almacenes sobrellevados
por la real Hacienda, sacándose sólo las cantidades
precisas para la elaboración de un corto tiempo, sin
haber segundas entregas hasta estar elaboradas las
primeras; que esto se entiende en cuanto al algodón en
rama, pues por lo respectivo a drogas y productos químicos
para tintes, debiera limitarse la gracia a aquellos que
no se elaboran en el reino, y sujetarse en su uso, a las
mismas precauciones establecidas para los algodones.
Que con respecto a la 7ª y última gracia de exención
de contribuciones por tiempo de cinco años, menos de
consumos; tampoco se ofrecía reparo en los términos y
por las razones expresadas por el Sr. Intendente» (AGS,
CREI, leg. 7-1).
77 Vid. un breve apunte de su carrera administrativa
más adelante.
de las siete gracias o privilegios que solicitaba
Rasilla78.
En suma, la Junta opinaba que la solicitud
de Rasilla no era atendible en cuanto a la
exención de quintas; ni respecto a la prohibición
de establecimientos iguales en un radio
de 30 leguas; ni a la libertad absoluta de derechos
a la maquinaria, útiles y herramientas;
ni a los cinco mil quintales de algodón extranjero,
drogas de tintes y productos químicos.
Tampoco era partidaria del auxilio de mil
pesos fuertes por cada telar, eso sí, se mostraba
a favor de que el gobierno otorgase un
donativo en proporción al servicio que se
hiciere y previo el reconocimiento que el rey
mandare. También proponía la Junta la
libertad de extracción de los productos de la
fábrica, sin pagar ningún tipo de derecho.
5. EL CONTRATO Y ESCRITURA
PÚBLICA
De parte de González de la Rasilla, su apoderado,
Manuel Díaz Ymbrechs, accedió al
donativo y pidió una conferencia con una
comisión de la Junta de Aranceles. La comisión
la integraban Justo Banqueri, que había
accedido a la presidencia de la Junta de Aranceles
a finales de 1826, y Antonio Gutierrez,
secretario de la misma Junta. La conferencia
se celebró y en ella Díaz Ymbrechs presentaría
los pliegos de condiciones, en los que constaba
las obligaciones que se imponía Rasilla,
tiempo y forma de cumplimiento, así como el
premio a que aspiraba. Una vez debatidos y
discutidos entre la comisión y el apoderado
todos los extremos, la Junta de Aranceles fijaría
en el mes de julio de 1833 las cláusulas
que aceptaron el apoderado y la comisión79.
RICARDO GÓMEZ RIVERO Y MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ
203 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
78 El extracto del dictamen realizado en la Sección
de Hacienda del Consejo Real de España e Indias decía
así: «Que si se tratase de un maestro o director que difícilmente
pudiera ser reemplazado, en buen hora se le
eximiese del servicio de las quintas, pero no hay motivo
para conceder la exención a los alumnos o aprendices; y
que esta causa ocasiona graves perjuicios.
Con respecto a la exclusiva de que se plantee otra
fábrica de la misma especie por tiempo de 10 años y en
el radio de 30 leguas; advierte con sunt que este es el
espíritu de todo fabricante: que este privilegio
envolvería una notable injusticia, cual sería la de un
labrador que por haber introducido arados y trillos
nuevos para facilitar con economía sus operaciones,
tratara de que se prohibiese a su vecino cultivar la tierra
por su método, sin más razón que el de haberle introducido.
Que es una equivocación del Intendente,
Dirección de Rentas y Contaduría de Valores, el comparar
este privilegio con el de privilegios temporales o
patentes de invención e introducción, porque estos sólo
llevan la exclusiva con que se recompensa un ramo de
industria nuevo o desconocido en el país, o algún descubrimiento
útil e importante a la sociedad.
Sobre la libertad absoluta de derechos a las
máquinas, herramientas, y demás útiles por tiempo de
cinco años. Dice que es verdad que este derecho es de
poco valor, como que no adeuda más que el 1%, pero
que siendo común este derecho a todos los fabricantes e
introductores, como sucede a D. José Bonaplata, es constante
que Rasilla debe pagar el módico derecho, cuyo
destino es en beneficio de la misma industria en general.
Libre introducción de cinco mil quintales de algodón
en rama, y de drogas tintorias y productos químicos que
necesite el establecimiento. Después de hacerse cargo la
Junta de los expuesto por la Contaduría de Valores, y
apoyado por la Dirección de Rentas, y las medidas de
precaución que apuntaron en su informe, dice, que ni el
Intendente ni las expresadas oficinas generales han
entendido bien la cuestión; por que si se tratase de proteger
una fábrica, cuyos productos hubiesen se servir
para el consumo extranjero, no dudaría en admitir la
modificación del derecho en las primeras materias de la
aleboración; pero que siendo el género elaborado para
el consumo interior, sólo se autorizaría el monopolio en
su venta, por el privilegio o ventaja concedida al fabricante.
Un auxilio de 1000 pesos fuertes por cada telar, no
pasando del número de cuarenta. Desaprueba la Junta
este auxilio, fundándose en que creado el fondo llamado
de fomento, su objeto no es el de hacer anticipaciones
reintegrables, pero tampoco llevarlo a una cantidad
indefinida, sino remunerar a nombre del Estado a
los que en su beneficio hiciesen grandes e importantes
servicios industriales, aventurando sus capitales, y corriendo
los riesgos de las primeras tentativas.
Libertad de toda contribución, excepto la de consumos,
por espacio de cinco años. La Junta dice que no
está por gracia ninguna que preceda a los resultados; y
que no se oponga la fuerza de la costumbre, porque esta
está fundada o no lo está; y sino lo está, como parece,
ninguna influencia debe tener para juzgar de su importancia
» (AGS, CREI, leg. 7-1).
Se acordaron las seis bases siguientes:
Primera.?González de la Rasilla «construirá
un edificio-fábrica en el sitio de La Tablada,
a inmediaciones de la ciudad de Sevilla,
con sujeción al croquis de él que tiene presentado;
y montará en ella la fábrica que ofrece
para tejidos de algodón, con la fuerza motriz
de la bomba de vapor más perfeccionada;
introducirá telares también de vapor, en
número por lo menos de 40, los mecánicos de
lanzadera volante, y las máquinas más
modernas y de última perfección, para abrir
el algodón y limpiarlo; unirlo y pasarlo en
nata por el cilindro de las cardas; avivar las
puntas de estas, laminarlo, prepararlo, e
hilarlo con el auxilio de doce máquinas, de las
cuales hile cada una 240 hilos de dos varas de
largo, cuatro veces por minuto 1º, o de 200 a
350 libras al día : devanaderas para preparar
el hilo; dos máquinas para urdirlo; cinco telares
mecánicos, dos llamados de Winding, uno
de Waping, y dos Dreping, para preparar y
urdir el hilo en los 40 telares mecánicos, o
Coms; una máquina para tejer cintas, y
varias para devanar el algodón en ovillos»80.
Segunda.?Se obligaba Rasilla a introducir
también la maquinaria accesoria para dar a
la fabricación el grado de perfección conveniente.
En concreto, tres máquinas que se
encargarían de tornear todo tipo de piezas
que la fábrica necesitare; más dos obradores
de carpintería, con sus herramientas, una
máquina para renovar las nueces de las canillas
de las máquinas de hilar, y otras tres,
una pliumatica para humedecer la trama,
otra para blanquear por el vapor, llamada a
la minute, y la tercera para fabricar peines o
tiras para los telares.
Tercera.?También se obligaba con estos
telares o máquinas a hilar, tejer y blanquear
toda clase de tejidos de algodón, semejantes a
las quince muestras presentadas, como elefante
o estopilla, percales, llines, piqués, piel
de diablo, linones, muselinas y, además,
cáñamos, crudos y platillas crudas de hilo de
lino y cáñamo crudo, y todos los productos de
semejantes materias.
Cuarta.?Tejerá además mantelería adamascada
de superior calidad, y más ordinaria
de distintas clases, con el dibujo y las dimensiones
que el gobierno quiera.
Quinta.?Teñirá las telas, estableciendo un
laboratorio de tintes, con tintoreros y químicos
que enseñen este arte públicamente, «sin
misterios ni ocultaciones» a los naturales del
país; todavía no acometería un taller de
estampados, hasta que lo pidiese el surtido de
telas blancas hiladas, tejidas y blanqueadas
en la misma fábrica.
Sexta.?Este establecimiento, que deberá
ser un gran taller para ocupar y dar trabajo a
una población «industriosa» del país, será
también una escuela normal para lo que quisiesen
aprender en él.
En cuanto al tiempo necesario para cumplir
las condiciones anteriores, Rasilla ofrecía
hilar, a los seis meses de establecida la fábrica,
toda clase de hilos de algodón, desde el
número 16 al 180, y tejidos lisos, desde el elefante
que cuenta 1800 hilos en vara castellana
hasta el percal fino que cuenta 4000 de la
misma medida, y todo tipo de crudos ordinarios
de lino y cáñamo. Respecto del tisaje, a
los diez y ocho meses se comprometía el
empresario a elaborar los tejidos finos hasta
la muselina más delgada, y los labrados como
mantelerías, cotonías, piqués, acolchados,
sobrecamas; y para pañuelos y corbatines y
también para pantalones, como llines, pieles
de diablo, y la mantelería adamascada,
exceptuando sólo los tejidos calados, por pertenecer
a otro ramo de industria. No obstante,
para realizar las operaciones anteriores le
concedía el gobierno «todo el tiempo que se
necesitase para elevarse a toda su perfección,
y para que los maestros, obreros, y aprendices
adquieran la agilidad y soltura precisas,
INFORMES Y ESTUDIOS
204 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
79 Madrid, 17-VII-1833 (AGS, CREI, leg. 7-1).
80 AGS, CREI, leg. 7, expte. 1.
para una economía y perfecta producción».
También la Junta de Aranceles fijaba el
premio que se concedería a González de la
Rasilla una vez que hubiera cumplido sus
promesas, establecido el laboratorio químico
y la fundición para máquinas, independientemente
del tiempo que necesitare para lograrlo,
consistente en 75.000 pesos fuertes
(10.000 más que a Bonaplata), al que se aplicaría
un interés del 6% desde que se elevase
el contrato a escritura pública hasta que cumpliera
sus objetivos. Se entendía que se habían
colmado las promesas cuando Rasilla presentare
piezas semejantes a las muestras que
había aportado, y otras que se le pidieren,
cuando se observare que trabajan en su fábrica
y aprenden en ella los naturales del país,
cuando se vendieren las piezas a un precio
inferior en un 15% al que tuviere en manos
del contrabando, y siempre que la calidad de
los productos les permitiera competir, incluso
ventajosamente, con otros idénticos de manufactura
extranjera.
Una vez que Rasilla recibiera el premio,
«otorgará una fianza, a satisfacción del
Gobierno, de aquéllos (75.000 pesos fuertes) y
de éstos (intereses); y si pasados dos años, no
continuase la fábrica trabajando e instruyendo
y educando a la juventud, los restituirá sin
exigir cosa alguna, a no ser que contratiempos
forzados e independientes absolutamente
de la voluntad del fabricante, le hayan obligado
a suspender sus trabajos». Una de las
cláusulas del contrato estipulaba que montada
la fábrica, la mayor parte de las operaciones
manuales deberían ser ejecutadas por
naturales del país, «en inteligencia que antes
de recibir el premio, deba ya estar trabajando
esta población seis meses, por lo menos, pues
que si la extirpación del contrabando es un
bien muy precioso, no es lo menos la ocupación
de la clase obrera».
En el contrato se expresaba que si Rasilla
decidiera ampliar la fabricación a los tejidos
estampados de algodón, «el gobierno le ofrece
una nueva y amplia remuneración, que podrá
fijarse en vista de las proposiciones que hiciere
».
Conviene precisar que a comienzos del mes
de septiembre de 1833, pocos días antes del
fallecimiento de Fernando VII, sin haberse
todavía formalizado la escritura pública, ya
se había construido el edificio de la fábrica,
«en la cual había invertido Rasilla gruesas
sumas». Una real orden despachada por el
Ministerio de Fomento el 11 de septiembre de
1833, instaba a la Junta de Aranceles a que
rebajase convenientemente la recompensa de
75.000 pesos fuertes con que se había graduado
a Rasilla81. La Junta contestó el 4 de octubre
al Ministerio diciendo que, cuando propuso
dicha remuneración conocía perfectamente
que el producto del fondo industrial, esto
es, el obtenido del arbitrio de cuatro maravedís
por vara de lienzo, no sobrepasaba anualmente
la cantidad de 1.120.000 reales de
vellón y que estaba gravado con los premios
ofrecidos a José Bonaplata y a Juan Marrot.
A continuación la Junta justificaba las causas
para conceder aquélla cantidad, cantidad
que consideraba justa y proporcionada a la
empresa que pretendía acometer Rasilla,
teniendo en cuenta que la instalación de la
fábrica reduciría o acabaría con el contrabando,
pero no obstante, deseando cumplir lo prevenido
en la orden real, reducía el premio
200.000 reales (10.000 duros)82.
RICARDO GÓMEZ RIVERO Y MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ
205 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
81 Esta real orden está inserta en la escritura pública
de 23 de noviembre de 1833.
82 El informe extractado en la secretaría de la Sección
de Hacienda del Consejo Real de España e Indias
decía: «que el juicio que entonces formó (la Junta de
Aranceles), y que no rectificaría ahora, sino se la mandase
expresamente, fue el resultado de muchas y
poderosas consideraciones; la importancia de una
empresa gigantesca, que llevada a cabo nos libertaria del
tributo más pesado que se paga al extranjero, abriéndonos
una mina de unapurable riqueza; los inmensos
capitales que hasta este caso debería devorar; las pérdidas
y quebrantos comunes y extraordinarios que
debería sufrir, como en efecto ha sucedido con el maestro
director de tintes traído de Berlín a grandes expensas,
que murió del cólera morbo; las víctimas que haría este
El 23 de noviembre, durante el primer mes
de la regencia de María Cristina, se otorgaría
la escritura pública, en la que se incluían las
obligaciones y su cumplimiento por parte de
los contratantes83. Representando al gobierno
actuaba la Junta de Aranceles, institución
netamente absolutista, que llevaba diez años
funcionando y a la que apenas quedaba un
año de vida. Para entonces González de la
Rasilla se había asociado a los hermanos Guirouls
y a Juan Escribano, Manuel de Liria y
Matías Ramos Calonge84. Según las cláusulas
de la escritura los dueños de la compañía
se comprometían a la construcción de un edificio
según el plano que presentaban y a montar
la fábrica con la fuerza motriz de la bomba
de vapor; a la adquisición de telares tanto
de vapor como de lanzadera volante y de todo
tipo de máquinas que intervinieran en las
diferentes fases del proceso de elaboración
del algodón; a hilar, tejer, teñir y blanquear
toda clase de telas de algodón y a establecer
un laboratorio que sirviese de escuela de
aprendizaje.
Una vez que la compañía empresaria
hubiera cumplido todas sus promesas y además
presentare piezas semejantes a las
muestras que había entregado, constare que
trabajaban en la fábrica naturales del país, se
demostrara que sus productos competían
ventajosamente con los manufacturados en el
extranjero y que el precio de venta fuese un
15% inferior al de contrabando, entonces el
gobierno le concedería un premio de 65.000
duros más un 6% de intereses desde la fecha
de la escritura. Ahora bien, recibido el premio
otorgaría la compañía una fianza, obligándose
a devolver el premio si a los dos años no
continuara la fabrica instruyendo a la juventud,
salvo que mediara fuerza mayor.
A finales de 1834, Fernando de la Sierra,
Antonio González de la Rasilla y otros propietarios
de establecimientos industriales en la
provincia de Sevilla recurrieron a la reina
gobernadora exponiendo que consumían carbón
de piedra fuera de los muros de la ciudad
y solicitaban que se les eximiera del pago de
ciertos derechos (diezmo, el que cobraba la
Real compañía del Guadalquivir, tonelaje y
otros) que gravaban ese carbón. La reina,
sabiendo que esos recargos impedían «los
adelantos» de la industria fabril, dispuso su
reducción85. Cuando llevaba la fábrica funcionando
año y medio, sus propietarios elevaron
una exposición a la reina gobernadora
manifestando que ya habían invertido mas de
200.000 duros (cuatro millones de reales),
que se hacían hilados desde el número 10
hasta el 100 y se fabricaban percales tan buenos
como los de San Fernando; que «para la
perfección» faltaba el molino de blanqueo,
que a pesar de las gestiones realizadas no
pudieron adquirir el que les habían ofrecido y
que era muy costoso construirle; también faltaba
el edificio del tinte, pero tenían en Sevi-
INFORMES Y ESTUDIOS
206 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
azote con la colonia belga (se advierte que el informe
era en octubre de 1833), cuya conducción y establecimiento,
con las máquinas que ha traído consigo, cuesta
ya un tesoro; las estrechas y rígidas condiciones con
que el contrato la ligaba; las pruebas y demostraciones
inequívocas que le exigía el largo tiempo, que debería
transcurrir hasta poder usar del derecho de reclamar; la
clase de estos acreedores que no serían inexorables
para exigir el cumplimiento de todo lo estipulado,
gozando del interés del capital: que en su concepto, el
Gobierno de aquel pueblo, que dependiente del
extranjero en un ramo de industria que le defrauda de
cien millones, y que alimenta y sostiene el contrabando,
daría con gusto diez millones por verlo libre de esta plaga,
que este, y no otro, es el problema; que si Rasilla
cumple lo ofrecido, Rasilla es el que así habla al Gobierno;
y sino lo cumple, nada retribuye el Gobierno por
su ruina; porque el premio supone un bien seguro; y si
el bien no se hace, nada cuenta: y si se disminuye la
recompensa, aflojará Rasilla proporcionalmente las severas
condiciones que se le han impuesto; pero, pues
que se ha decidido, que la remuneración es excesiva, y
se manda moderarla, la Junta obediente y sumisa a la
voluntad soberana, la fijaba en la cantidad de 65.000
pesos fuertes» (AGS, CREI, leg. 7-1. El subrayado figura
en el documento).
83 23-XI-1833, AGS, CREI, leg. 7, expte. 1.
84 AGS, CREI, leg. 7, expte. 1.
85 Vid. la real orden en la Gaceta de Madrid, 5-I-
1835.
lla todas las máquinas dispuestas para colocarlas
cuando tuviesen el local; que habían
invertido todos sus recursos propios y necesitando
dinero a préstamo no podían encontrarlo
a un interés inferior al 15%; que
habiendo cumplido la mayoría de las obligaciones,
suplicaban que a cuenta de los 65.000
duros ofrecidos, se les anticipara 40.000, bajo
la condición de que la fábrica, sus enseres y
existencias se considerasen hipotecados para
responder de su devolución, si a los dos años
de recibidos no estuvieran completamente
cumplidas todas las obligaciones estipuladas
en la escritura86.
En otra exposición de 24 de mayo de 1835,
Manuel Díez Ymbrechs recurrió a la reina
gobernadora, expresando que sus poderdantes
Guirouls hermanos, Rasilla y compañía
no habían recibido del Gobierno ningún auxilio,
redundaba en lo expuesto el 20 de marzo
y concluía solicitando que, en caso de no existir
fondo en el Ministerio de Interior de los
destinados a estos fines de industria, «y de no
tenerse por conveniente echar mano de los
depositados en el banco de San Fernando, y
corresponden a los de dicha especie, se pase el
asunto al Ministerio de Hacienda, para que
por él se den las ordenes oportunas para el
pago de la cantidad ofrecida a los dichos
fabricantes»87.
El Ministerio de Interior remitiría la exposición
anterior y el expediente a informe del
Consejo Real de España e Indias. De ello tratamos
a continuación.
6. REGENCIA DE MARIA CRISTINA: EL
CONSEJO REAL DE ESPAÑA E INDIAS
Fernando VII fallece el 29 de septiembre
de 1833. En ese momento existen los Consejos
de Estado, Castilla e Indias con sus respectivas
Cámaras, Ordenes, Hacienda y Guerra88.
A esa relación de Consejos señalados se
añadirá bien pronto el Consejo de Gobierno,
creado en virtud de disposición testamentaria
del propio monarca. En efecto, el testamento
otorgado por Fernando VII el 12 de
junio de 1830 ?hecho público el 3 de octubre
de 1833? había dispuesto que a su muerte un
Consejo de Gobierno auxiliaría a la reina
gobernadora a resolver los asuntos arduos de
política y administración durante la minoría
de edad de su hija Isabel II 89. El propio testamento
había fijado la composición del Consejo
de Gobierno, del que formarían parte,
entre otros, los magistrados Puig y Caro y los
militares Francisco Javier Castaños, el héroe
de Bailén, y su sobrino el marqués de las
Amarillas90. El Consejo de Gobierno se instala
el 5 de octubre y ese mismo día comienza
sus sesiones91.
El 1 de octubre de 1832, Fernando VII
había nombrado a Francisco Cea Bermúdez
titular de la cartera de Estado92, que sería
ratificado por la reina gobernadora93. A
mediados de enero de 1834, Francisco Martí-
RICARDO GÓMEZ RIVERO Y MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ
207 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
86 Exposición de 20-III-1835 (AGS, CREI, leg. 7-1).
87 AGS, CREI, leg. 7-1. El subrayado figura en el documento.
88 I. SÁNCHEZBELLA, «La reforma de la Administración
Central en 1834», en Actas del III Symposium Historia de
la Administración, Instituto de Estudios Administrativos,
Madrid, 1974.
89 J. TOMÁSVILLARROYA, El sistema político del Estatuto
Real (1834-1836), Instituto de Estudios Políticos,
Madrid, 1968, 20 y 193-5. También J. R. CORONAS
GONZÁLEZ, «El Consejo de Gobierno de la monarquía
española (1833-1836)», en De la Res Publica a los Estados
Modernos, Universidad del País Vasco, Bilbao,
1992, 343-364 y E. MONTANOS FERRIN, «El Consejo de
Gobierno (1833-1836)», en Homenaje al profesor Alfonso
García-Gallo, Editorial Complutense, Madrid, 1996,
T. II, volumen*, 267-317.
90 Para los componentes y su retrato vid. J. DE BURGOS,
Anales del reinado de Dª Isabel II, Establecimiento
tipográfico de Mellado, Madrid, 1850, T. I, 148-149 y
182 y ss.
91 TOMÁSVILLARROYA, El sistema político del Estatuto
Real,193.
92 M. ARTOLA, La España de Fernando VII, Espasa,
Madrid, 1999, 745.
93 URQUIJO GOITIA, Gobiernos y Ministros españoles,
35-36 y 191.
nez de la Rosa, que ya había ocupado en el
trienio liberal el Ministerio de Estado, sucede
al frente de la cartera de Estado a Cea Bermúdez,
lo que supondrá una apertura al
moderantismo94. En los primeros meses de su
Gobierno Martínez de la Rosa impulsará del
Estatuto Real, inspirando la doctrina política
contenida en el mismo95. Paralelamente a la
gestación del Estatuto, el secretario de Estado
Martínez de la Rosa llevará a cabo una
importante reforma de la Administración
Central. En una exposición elevada a la reina
gobernadora el 27 de febrero de 1834, Martínez
de la Rosa se mostraba partidario de
separar las funciones judiciales y administrativas
que desempeñan las diversas instituciones,
la única manera de acabar con un sistema
administrativo confuso y desarreglado96.
La exposición junto con seis proyectos de
decreto se sometieron a informe del Consejo
de Gobierno. Una vez emitido por éste el
correspondiente dictamen se despacharían,
el 24 de marzo de aquél año, seis decretos,
que supondrán, en palabras de Nieto, «el
quiebro entre la organización estatal del
Antiguo Régimen y su transición al Estado
liberal constitucional»97. Los decretos suprimirán
los Consejos existentes, salvo el de
Ordenes cuya reforma es diferida y el de
Estado que queda en suspenso durante la
menor edad de Isabel II, creando, de un lado,
los Tribunales Supremos de España e Indias,
de Guerra y Marina y de Hacienda y, de otro,
el Consejo Real de España e Indias98. A continuación
dedicamos unas líneas a éste último
Consejo.
Se dividía en siete secciones, una de Indias
y las restantes se correspondían con cada uno
de los actuales ministerios (Negocios Extranjeros,
Gracia y Justicia, Guerra, Marina,
Hacienda y Fomento). El ministro de Gracia y
Justicia pediría dictamen a la Sección de ese
ramo en los asuntos relativos a aclaración o
dispensa de ley, reformas, códigos y otras
análogas; además esta Sección propondría a
la reina gobernadora ternas para los empleos
de judicatura y prebendas eclesiásticas. Con
la Sección de Indias consultarían todos los
secretarios del Despacho los asuntos graves
de sus respectivos ministerios, que tuvieran
relación con las provincias españolas de América
y Asia. Los ministros de Estado, Guerra,
Marina, Hacienda y Fomento se asesorarían
en los asuntos graves de su ramo de la Sección
respectiva. Sin funciones jurisdiccionales99,
la actividad del Consejo era rogada, esto es,
sólo informaba ?sin carácter vinculante? a
petición de los secretarios del Despacho100.
Todas las Secciones constarían de cinco
consejeros, salvo la de Marina que tendría
tres consejeros. Un reglamento regularía el
modo y la forma de deliberar el Consejo. Los
ministros propondrían a los consejeros de su
Sección respectiva. En cuanto a la Sección de
Indias, cada uno de los secretarios del Despacho,
salvo Martínez de la Rosa, propondría un
consejero. Los candidatos se seleccionarían
entre los que hubieran sobresalido en su
carrera, y se demostrara además de probidad
una aptitud para el empleo y una adhesión
inquebrantable al trono. A los consejeros de
Indias se les exigía además haber residido en
Ultramar o tener conocimientos específicos
de ese lugar. El decano de cada Sección se
INFORMES Y ESTUDIOS
208 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
94 J. TOMÁS VILLARROYA, «El proceso constitucional
(1834-1843)», en La era isabelina y el sexenio democrático
(1834-1874). Historia de España Menéndez Pidal, T.
XXXIV, Espasa-Calpe, Madrid, 1991, 6.
95 VILLARROYA, «El proceso constitucional», 8.
96 I. SÁNCHEZBELLA, «La reforma de la Administración
Central en 1834», 663-664.
97 A. NIETO, Los primeros pasos del Estado constitucional,
Ariel, Barcelona, 1996, 207.
98 Los decretos en J. Mª. NIEVA, Decretos de la Reina
Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre
por su Augusta Madre la Reina Gobernadora, t. 19,
Madrid, 1835, 158-166. También en Suplemento a la
Gaceta de Madrid, 25-III-1834.
99 F. ARVIZU YGALARRAGA, «El Consejo Real de España
e Indias (1834-1836), en Actas del III Symposium Historia
de la Administración, Instituto de Estudios Administrativos,
Madrid, 1974, 387-388.
100 NIETO, Los primeros pasos del Estado constitucional,
209.
encargaba de presidirla, salvo cuando acudiere
a alguna Sección el presidente del Consejo,
«quien disfrutará siempre de esta prerrogativa
»101.
Cuando a partir de junio de 1834 acceda al
ministerio de Hacienda José María Queipo de
Llano, conde de Toreno102, acabaría con las
exorbitantes atribuciones de la Junta de
Aranceles, que funcionaba de forma independiente
y autónoma respecto de ese ministerio.
El ministro suprimió la Junta de Aranceles,
confiando sus competencias a la Dirección
General de Aduanas. Para conseguir en
lo sucesivo un régimen económico unitario,
ésta Dirección se encargaría de recaudar los
arbitrios que hasta ese momento corrían a
cargo de la Junta, ingresando su producto en
el Real Tesoro. También se crea ahora una
junta consultiva integrada por el propio
Director de Aduanas y tres personas teóricoprácticas
en la ciencia económica, que analizarán
las materias «arduas de aduanas y de
comercio»103.
6.1. Informe de la Sección de Hacienda
Con Real orden de 24 de mayo de 1835, el
Ministerio de Interior remitía al Consejo
Real el expediente promovido por Manuel
Díaz Imbrechs, como apoderado de Guirouls,
Rasilla y compañía, solicitando que se le adelantaran
40.000 pesos fuertes para el establecimiento
de una fábrica de hilados y tejidos
de algodón, a fin de que reunidas las Secciones
de Hacienda e Interior informaran
sobre ello104. El Secretario General del Consejo
Real enviaría el 4 de junio el expediente
a informe de las Secciones de Hacienda y de
Interior105. ¿Quiénes serán los cinco consejeros
que integren la Sección de Hacienda?
Primeramente, a finales de marzo de 1835,
será designado el decano: Felipe de Córdoba106.
Cuando apenas han transcurrido dos semanas
desde su nombramiento fallece Córdoba.
Para sucederle es elegido el consejero de
Estado honorario Antonio Martínez107. Martínez
era buen conocedor de los asuntos
hacendísticos. Había desempeñado la Dirección
General de Distribución a partir de 1826
y en marzo de 1833 ocuparía la cartera de
Hacienda108. Tres días más tarde se nombrarían
los restantes cuatro consejeros: :Francisco
López de Alcaraz, Jacobo María de Parga,
Niceto de Larreta y José López Juana Pinilla
109. Todos ellos, igual que Martínez, habían
colaborado con el ministro de Hacienda López
Ballesteros (1823-1832): Alcaraz, presidente
de la Junta de Aranceles y Director general
de Rentas; Parga, vocal de la Junta de
RICARDO GÓMEZ RIVERO Y MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ
209 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
101 Decreto, Aranjuez, 24-III-1834, original en
AHN, Estado, leg. 2827.
102 URQUIJOGOITIA, Gobiernos y Ministros españoles,
36.
103 Decreto, 9-I-1835, en Gaceta de Madrid, 11-I-
1835.
104 Acta de la Sección de Hacienda, 10-VI-1835, en
AGS, CREI, leg. 10-2.
105 El escrito manifestaba: «El Excmo. Sr. Secretario
de Estado y del Despacho de lo Interior, con fecha de 29
de mayo último me comunica la Real orden siguiente.
Remito a V. S. de Real orden la adjunta exposición en
que D. Manuel díez Ymbrechts, como apoderado de
Guirouls, Rasilla y Compañía de Sevilla, pide se le adelanten
cuarenta mil pesos fuertes para el establecimiento
de una fábrica de hilados y tejidos de algodón, y se
acompaña el expediente instruido sobre el particular, a
fin de que con presencia de todo, el Consejo en Secciones
reunidas de hacienda y de lo Interior informe
sobre dicha solicitud, lo que se le ofrezca y parezca.
Y la traslado a V.S.S. con remisión de la exposición y
expediente citados para los efectos prevenidos.
Dios guarde a V.S.S. muchos años. Madrid 4 de junio
de 1835. Mariano Milla (rubricado). (Al pie) Sres. Srios.
de las Secciones de Hacienda y de lo Interior del Consejo
Real» (AGS, CREI, leg. 7-1).
106 Decreto, 30-III-1834, en Gaceta de Madrid.
107 Decreto, 16-IV-1834 (Archivo Histórico
Nacional -en adelante AHN-, Estado, leg. 6404, 1/62).
108 Documentos del reinado de Fernando VII. VI. L.
López Ballesteros y la Hacienda entre 1823-1833, vol. I,
Est. Preliminar de F. SUAREZ, Ediciones Universidad de
Navarra, Pamplona, 1970, 234-236.
109 Al propio tiempo se designó a Francisco de
Gárate secretario de la Sección de Hacienda (Decreto,
19-IV-1834, AHN, Estado, leg. 6404, 1/61).
Fomento; Pinilla, Contador general de Valores
y Larreta, Director general de Propios y
Arbitrios110.
El secretario de la Sección Gárate, para
facilitar el trabajo de los consejeros de la misma,
se encargó de extractar el expediente de la
fábrica sevillana de algodón y de añadir una
nota en la que indicaba la conveniencia de averiguar
el estado de cumplimiento de las obligaciones
acreedoras al premio y que éste, en su
caso, se abonara del fondo de industria111. El
10 de junio de 1835 se reunieron los miembros
de la Sección de Hacienda y en vista del
expediente acordaron que se oficiara al Director
General de Aduanas, a fin de que lo más
brevemente posible informara sobre la solicitud
de Imbrechs y observaciones señaladas
por el secretario Gárate, al propio tiempo se le
requería que enviase copia de la escritura112.
En cumplimiento del acuerdo anterior, el día
siguiente el secretario enviaba al Director
General de Aduanas el oficio que sigue:
«Enterada esta Sección de la adjunta instancia
remitida de real orden a informe de
la misma, en la que D. Manuel Díez
Ymbrechts como apoderado de Guirouls
hermanos, Rasilla y Compañía, dueños de
la fábrica de tejidos establecida en La
Tablada, término de la ciudad de Sevilla,
solicita se facilite a dichos sus principales,
la cantidad de cuarenta mil pesos fuertes
como parte de la estipulada por vía de premio
en la escritura que se celebró, entre
aquéllos y una comisión de la Junta de
INFORMES Y ESTUDIOS
210 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
110 Documentos del reinado de Fernando VII. VI. L.
López Ballesteros y la Hacienda entre 1823-1833, vol. I,
Est. Preliminar de F. SUÁREZ, 97-98 y 105.
111 La nota del secretario decía: «A esta Secretaría,
antes que a la de la Sección de lo interior, se ha remitido
este expediente, y en su vista se ha extractado. Esta privilegiada
remisión nada tendría de extraña, si hubiese
sido al principio del negocio, es decir, cuando se discutía
la base del premio, auxilio, o recompensa que se había
de dar a Rasilla; cuando las autoridades de Hacienda se
fijaban en los puntos de libertad de derechos, de contribuciones,
excepto la de consumos, y en proponer
medidas para evitar el fraude. Se ha visto que la Junta de
Aranceles echó por tierra todo lo propuesto por el Intendente
de Sevilla, por la Dirección de Rentas, y por la
Contaduría de Valores. Se ha visto también que este
expediente, después de creado el Ministerio de Fomento,
ha estado en juego entre él y la Junta de Aranceles:
que ésta propuso un premio por los fondos destinados a
la industria; que al principio se propusieron 75.000
duros; que después se rebajaron a 65.000, que se otorgó
escritura entre la Junta de Aranceles y el apoderado de
Rasilla, lo que prueba que el Ministerio de lo Interior
convino en dicha cantidad. Se piden ahora a cuenta de la
misma, 40.000 duros; y para negarse o concederse se
pregunta a la Sección de Hacienda y también a la de lo
Interior. La Secretaría para poder dar una idea, debería
saber si se cuenta con fondos de Hacienda; porque
según lo que arroja el expediente, no se puede contar
con ellos, sino con los de industria. No se puede contar
con fondos de Hacienda, porque no tiene más que los
de obligaciones presupuestas, y no lo es la de que se trata
: y también porque según el convenio admitido por la
Comisión de dicha Junta y el apoderado Ymbrechs, el
fondo señalado fue el de industria, o sea el producto de
los 4 mrs. en vara de lienzo extranjero, designado para
estos objetos. Por otra parte, sean y fuesen los fondos lo
que se quiera, no está en el expediente demostrado con
la debida solidez, que los fabricantes hayan llenado las
obligaciones que estipularon.
Por lo tanto, la Secretaría a su modo de ver, entiende,
que respecto a haberse elevado a escritura pública el
contrato particular celebrado entre la Junta de Aranceles
y el apoderado de Rasilla, según expresaba éste en su
exposición de marzo último, podrían tomar las noticias
convenientes, para saber, si por su parte se habían llenado
las obligaciones que le pusieron en el caso de obtener
el premio estipulado, o cuando menos la anticipación
a que aspiraba; la cual debería ser siempre del fondo
creado para proteger la industria; en cuyo sentido se
explicó siempre en sus informes la Real Junta de Aranceles.
Y en el caso de estar satisfechas las obligaciones
pactadas por los fabricantes, parece de justicia que la
Junta, o más bien el Gobierno debía de cumplir su oferta;
como obligado por un instrumento público, de tanto
valor para una, como para la otra parte contratante,
respectivamente. Y de no estar plenamente cumplidos
los compromisos del fabricante, lo que resultaría de las
noticias que se tomaran, se trataría de si este era o no
acreedor al accesit de la anticipación que pretendía.
Es de advertir que en el expediente no obra testimonio
de la escritura ni aún una miserable copia, para
venir en cabal conocimiento de sus términos» (AGS,
CREI, leg. 7-1).
112 Acta de la Sección de Hacienda, 10-VI-1835, en
AGS, CREI, leg. 10-2.
Aranceles, en noviembre de 1833; ha acordado
esta Sección, que al remitir a V.S. la
indicada exposición, como lo ejecuto, se
propone el que se sirva informarla en contestación
y a la mayor brevedad posible, si
consta, o en otro caso se tomen las noticias
conducentes, que por parte de los fabricantes
enunciados se hayan llenado las obligaciones
a que se comprometieron, en términos
que les pongan en el caso de obtener el
premio estipulado; si éste deberá ser
exclusivamente del fondo asignado para
proteger la industria por la real orden de
31 de agosto de 1831, por la cual se impuso
un derecho adicional al lienzo extranjero;
en cuyo sentido están los informes de la
Real Junta de Aranceles, sobre este negocio;
si el gobierno está ligado por la precitada
escritura, a dar a los referidos fabricantes
el auxilio o premio a que hacen alusión;
y si las circunstancias de estos en el
día los colocan cuando menos, a merecer ya
la anticipación de los cuarenta mil pesos
fuertes, ampliando V. S. su informe a
cuanto se le ofrezca sobre el particular.
Finalmente, me ha encargado la Sección
diga a V.S., que mediante a no obrar en el
expediente, testimonio, ni aún copia simple
de la escritura de noviembre de 1833,
se sirva V.S. acompañármela, porque
deberá obrar entre los papeles de la suprimida
Junta de Aranceles, incorporada en
la actualidad a esa Dirección general»113.
Unos días después, el 21 de junio, era nombrado
Director General de Aduanas José
María Sánchez Chaves, hasta entonces
intendente de Murcia114. A mediados de julio
son jubilados el decano y los consejeros
Larreta y Alcaraz. Antonio Barata, Director
de la Real Caja de Amortización, ocupará el
puesto de decano, el ex Director general de
Aduanas Antonio Alonso y el intendente de
Barcelona Manuel Fidalgo desempeñarán,
respectivamente, las plazas de Alcaraz y de
Larreta115.
Una vez producidos los cambios anteriores
se solicitaría nuevamente, el 22 de julio,
informe al Director General de Aduanas116.
Sin embargo Chaves, que hacía poco que
había recalado en la Dirección, se puso inmediatamente
a trabajar en el expediente de los
propietarios de la fábrica de tejidos e hilados
de algodón de Sevilla. Para poder dictaminar
consecuentemente en la materia solicitaría a
su vez informe, el 30 de junio, sobre el grado
de cumplimiento de las obligaciones, al intendente
de Sevilla. Desempeñaba la intendencia
interinamente Eugenio de la Torre. El
intendente, un hombre serio, laborioso y
escrupuloso en el desempeño de sus funciones,
para emitir el informe con conocimiento
de causa realizaría una visita a la fábrica
para conocer el estado actual de la misma. Le
acompañaron Juan Manuel de la Cuesta,
administrador provincial, y el duque de
Rivas, uno de los próceres del reino, ambos
conocedores del sistema industrial de Inglaterra,
donde habían residido algunos años117.
En su informe, evacuado el 15 de julio de
1835, el intendente ensalzaba la importancia
de una fábrica de este tipo para Sevilla, porque
acabaría con el contrabando y el desem-
RICARDO GÓMEZ RIVERO Y MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ
211 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
113 Minuta del oficio rubricada por el secretario
Gárate, en AGS, CREI, leg. 7-1.
114 Gaceta de Madrid, 22-VI-1835.
115 AHN, Estado, leg. 6404, 1/63, 64 y 66.
116 El nuevo oficio decía : «Con fecha 11 de junio
último remití a V. S. de acuerdo de esta Sección, para
que sirviera informar lo que tuviere por conveniente, la
exposición en que D. Manuel Díez Imbrechts, como
apoderado de Guirouls, hermanos, Rasilla y Compañía,
dueños de la fábrica de tejidos establecida en La Tablada,
término de la ciudad de Sevilla, solicita se facilite a
dichos sus principales la cantidad de cincuenta (sic) mil
pesos fuertes, como parte de la estipulada por vía de
premio, en la escritura que se celebró, entre aquéllos y
una comisión de la Junta de Aranceles, en noviembre de
1833; de cuyo contrato pedí también una copia, por no
existir en el expediente.
No habiéndose evacuado el preindicado informe, ha
dispuesto esta Sección que lo recuerde a V.S., como lo
ejecuto, para los efectos correspondientes». (AGS, CREI,
leg. 7-1).
117 Esto lo relata el intendente en su informe.
pleo, y que en menos de dos años estimaba
trabajarían en ella 500 personas «de aquellas
?indicaba Alvaro de la Torre? que no recibieron
ninguna educación, y criándose bajo los
auspicios de la mendicidad, eran el semillero
de los presidios y patíbulos y casas de corrección
tan pronto como llegaban a la edad provecta,
sin capacidad de adquirir la subsistencia
por otros medios que los de el contrabando,
robos y otras criminales ocupaciones, que
al paso que corrompen la sana moral y buenas
costumbres, únicamente contribuyen al
fomento de toda clase de vicios tan perjudiciales
a la misma sociedad»118. El intendente
se congratulaba del decidido apoyo del
gobierno a esta fábrica y de que hubieran en
ese momento trabajando 241 personas (61
hombres, 45 mujeres, 76 muchachos y 59
muchachas), que con anterioridad se dedicaban
a la mendicidad. En cuanto al grado de
cumplimiento de las obligaciones a que se
había comprometido Rasilla, informaba
Alvaro de la Torre que faltaba el laboratorio
de química para todo tipo de tintes así como
ampliar el establecimiento de blanqueo. El
propio intendente estimaba que los propietarios
de la fábrica habían invertido 150.000
duros (3.000.000 reales), esto es, 50.000
duros menos que los aquéllos aducían. Finalmente,
adjuntaba una nota en la que describía
todas las máquinas que se encontraban
en la fábrica, las funciones de las mismas, el
número de obreros de ambos sexos, la faena
en que se ocupaban y otros aspectos relevantes
del trabajo en aquélla. Por ser un documento
que aporta un testimonio muy valioso
sobre organización laboral, distribución de
tareas, clases de talleres, número y tipo de
máquinas, obreros y sus puestos de trabajo,
jornales, etc., lo incorporo íntegramente a
continuación:
«El edificio es de una construcción sencilla,
cómoda y elegante: entrando en él por la
puerta del S. O. se halla colocada la máquina
de vapor de la fuerza de diez y seis caballos y
de suma sencillez, pues no tiene más ruedas
que el volante y la que mueve el regulador; se
alimenta con carbón de piedra de esta provincia
y la cuidan dos españoles.
Taller de preparación
Esta colocado inmediato a la máquina de
vapor, contiene dos máquinas Dresseing
machine, máquinas de preparar las urdimbres
para hacer tejidos en los telares de
vapor, en las que se ocupan dos hombres.
Cardería
Inmediata a la pieza anterior se halla
situada la cardería, compuesta de un diablo o
abridor del algodón, de un batidor enrrollador
donde se hacen los rollos para las cardas
de seis cardas en grueso, de una máquina de
cilindros, en que después de cardados se forman
otros rollos para cardar en fino, de seis
cardas en fino, de dos tiradores de un banco
de uso, y de un cilindro para amolar las cardas;
en este taller se ocupan quince mujeres y
tres hombres.
Taller de peines
Está contiguo al anterior y en él se encuentran
un cilindro para hacer las planchas de
acero, dos máquinas para matarles las esquinas
y pulirlas y la admirable de hacer peines
cuya descripción no es posible convenza al
entendimiento: su resultado es que colocadas
cuatro varetas de madera paralelas dos a dos
horizontalmente van entrando por la máquina
que al movimiento de un manubrio coloca
la plancha de acero entre ellas atándolas,
pegándolas y dejando perfectamente hecho el
peine del espesor que se quiere, desde treinta
hasta cien púas en una pulgada según la rueda
reguladora que se le coloca: también se
hacen las lisas en este taller y ocupa un hombre,
una mujer y dos muchachos.
Taller de tejidos
Inmediatamente se hallan los telares de
vapor cuya vista sorprende, y más todavía la
INFORMES Y ESTUDIOS
212 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
118 Informe del intendente, Sevilla, 15-VII-1835,
AGS, CREI, leg. 7-1.
gente que los cuida, son en número de cuarenta
y cada uno tiene un muchacho o muchacha,
que ninguno pasa de diez y seis años, y
los más adelantados tienen aprendices que
enseñan para poder aumentar el número de
telares; la rapidez con que pasa la lanzadera
es de ciento a ciento quince veces cada minuto;
el producto regular es de dos piezas de
cuarenta varas cada telar en los seis días de
trabajo de la semana; hay jóvenes que cuidan
dos telares y algunos que dan tres piezas a la
semana. Se ocupan en este oficio un maestro
de carpintero, uno de tejidos, dos oficiales,
cuarenta y seis muchachos y diez y nueve
muchachas. El jornal que sacan regularmente
es de dos y medio a tres reales diarios, trabajando
por su cuenta; y en el aprendizaje
reciben uno y medio a dos reales cada muchacho;
hay también en este taller dos telares
mecánicos de lanzadera volante en que se
tejen mantelería, llines y pieles de diablo.
Contiguo está un escritorio para recibir los
productos de este taller y allí se hallan un
considerable número de piezas tejidas en crudo,
hilazas de lino y cáñamo crudo para tejer
bramantes, cañamazos y platillas crudas, y
como dos mil libras de hilo de algodón torcido
para coser también en crudo : también vi los
Valduques o cintas de Bretaña en crudo y en
blanco que hacen con cinco máquinas y ocupan
doce muchachas y tres hombres.
Subiendo a la parte principal del edificio se
entra al escritorio o almacén para recibir los
hilados; en esta pieza se encuentra multitud
de ruedas cónicas horizontales y verticales
dentadas, para reten y hacer el hilo del número
que se desee en los molinos de hilar : también
está el repuesto de cordones y cuerdas de
algodón para dar movimiento a los mismos,
hechos en la misma fábrica con toda perfección
por un hombre y dos muchachos: la prensa
de empacar la Romana para rectificar el
número del algodón y un peso sumamente
sencillo llamado basse coule donde con la
mayor ligereza se pesan las mayores cantidades
y que acaso pudiera tener buena aplicación
para los usos de la Real hacienda.
Taller de hilados
Está contiguo a la pieza descrita y es un
salón de cincuenta y nueve varas de largo y
diez y seis de ancho, enteramente diáfano, sin
pilar ni columna, consta de doce molinos de
hilar de doscientos cuarenta husos cada molino,
que hilan cada minuto cuatro veces dos
varas cada huso; la complicación de esta
máquina es indescribible consta de más de
mil piezas, y un hombre con tres muchachos
cuida dos molinos, la producción ordinaria en
hilo del número veinte y cuatro al treinta es
de una libra por huso cada semana; tres de
ellos no están en movimiento todavía, tres los
dirigen españoles y ocupan en todos seis hombres,
uno que sirve de contramaestre y veinte
y siete muchachos; sus productos son desde el
número diez hasta el ciento, exactamente
iguales y sin atanquias ni engorritalos.
En esta misma sala hay seis devanaderas
que ocupan doce mujeres y al lado la máquina
de urdir llamada Wapping, y dos de encarretar
llamadas Winding, la primera ocupa un
hombre y las segundas catorce muchachas.
Fuera de este taller y en el desván que
cubre la máquina de vapor tienen un depósito
de todas clases de piezas para sustituir las
que puedan romperse, y multitud de libras de
algodón hilado, asegurándome que el producto
del taller desde fin de junio hasta su establecimiento
es de treinta y cinco mil quinientas
ocho libras, la mayor parte en el presente
año.
Carpintería y torno
Bajando de nuevo por la escalera del S. se
entra al taller de carpintería y tornos, compuesto
de cuatro tornos, uno de ellos admirable
por su mecanismo, pues colocada la pieza
que debe tornearse y la cuchilla que debe tornearla
sin auxilio de ninguna mano llena su
objeto : el segundo es de una fuerza muy considerable
y construido con tal mecanismo que
puede servir para la pieza más fina y delgada
como para la más ordinaria y gruesa; los otros
RICARDO GÓMEZ RIVERO Y MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ
213 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
dos son más comunes, pero todos de doble
fuerza, y movidos por la máquina de vapor.
Tres bancos de carpintería y otro de cerrajería,
ocupándose en él dos torneros, tres carpinteros
y tres cerrajeros o ajustadores.
Fuera de la fábrica al lado del E. aunque
dentro de su cerca está el
Taller de fundición
Lo forman tres cubilotas de distintas cabidas
y una máquina nueva de dar aire; en la
fábrica he visto la plancha sobre que descansa
la máquina de vapor, cuyo peso aseguran
ser de treinta y dos quintales, fundida en este
taller, también he visto ruedas dentadas
horizontales, verticales y cónicas perfectamente
fundidas, y los dueños me aseguraron
que todas las máquinas que se han roto, han
sido rehechas en este taller, lo que no dudo
por las piezas que vi, que han de servir para
sesenta telares que están fundiendo y tendrán
el mérito de ser totalmente españoles:
este taller que nombran el fénix ocupa un
moldeador, un fundidor, ocho peones y un
aprendiz.
Herrería
Muy cerca se halla la herrería que ocupa
tres hombres.
También tienen una bomba de incendios.
Fuera de la fábrica tienen un mezquino
blanqueo compuesto de una cuba para coser
los hilos y las telas por el calor del vapor; las
tinas para la inmersión de ellas en las aguas
acciduladas: un horno de digestión para
extraer el cloro de calcio y en medio del río
Guadaira una máquina de lavar y batanar;
este taller ocupa diez hombres y ocho mujeres.
Sus resultados hasta hoy son blanquear
perfectamente el hilo de algodón para coser y
hacer medias, doblándolo y empaquetándolo
como el inglés y haciendo los ovillos con dos
máquinas que tienen para este objeto.
No teniendo capacidad el edificio, tienen
en el molino de las Aceñas de Dª Urraca, contiguo
al establecimiento otro nuevo almacén,
donde depositan los hilos y géneros blanqueados,
allí los Elefantes y Hamburgo perfectamente
blancos pero sin preparación por tener
almacenadas las máquinas necesarias a este
objeto y son una caldera de vapor, dos batidores
Dashssheets, dos escurridores Sguisses,
una calandria mojadora, Water mangel, una
calandria preparadora, Schirting calander,
una calandria plancheadora, Calander.
También están almacenados por falta de
sitio ocho telares mecánicos y la urdidora y
preparadora para estos telares.
Por la misma falta de sitio y para dar ocupación
a más obreros, tienen en esta ciudad
bajo la dirección del maestro D. Juan de Reyna,
doce telares que tejen cocos asalgados y
ocupan tres hombres, nueve mujeres y doce
muchachas.
También se halla establecida una prensa
hidráulica objeto de curiosidad y asombro a
los propietarios de olivares y cuya vista ha
animado a pedir algunas para esta clase de
industria.
Como necesario a la fábrica por su situación
tienen un portero, un mandadero y dos
guardas» 119.
En resumen, en el establecimiento fabril
trabajaban 241 personas : 61 hombres, 45
mujeres, 76 muchachos y 59 muchachas. De
ellos, eran españoles 233 y los 8 restantes
extranjeros (el contramaestre de hilados, tres
hiladores, un fundidor, el maestro de peines,
el maestro blanqueador y el maestro de carpintero).
En esa relación no iban incluidos los
seis dueños directores que se encargaban de
la parte administrativa y de la vigilancia de
todas las labores. El intendente vaticinaba
que cuando se ampliara el edificio paralelamente
se incrementarían los telares de vapor
INFORMES Y ESTUDIOS
214 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
119 AGS, CREI, leg. 7-1.
y de lanzadera volante, lo que proporcionaría
trabajo a casi medio millar de obreros120.
Como se observa en la descripción del
intendente, en algo más de medio año se
habían hilado en la fábrica sevillana 35.500
libras de algodón. Interesa, a este efecto,
traer a colación que en 1832 Gran Bretaña
hiló 247 millones de libras de algodón121.
El 8 de agosto de 1835, el Director General
de Aduanas emitiría su informe sobre el
expediente promovido por Guirouls hermanos,
Rasilla y compañía, dueños de la fábrica
de tejidos e hilados de algodón establecida en
Sevilla, en el que pedían un anticipo de
40.000 duros a cuenta de los 65.000 ofrecidos
por el Gobierno y pactados en la escritura de
23 de noviembre de 1833122. Comenzaba el
mismo diciendo que había recabado informe
al intendente de Sevilla, cuyo resumen incorporaba.
Chaves, después de tomar en consideración
lo expuesto por el intendente, refería
las cláusulas de la escritura que debían
cumplir los fabricantes. Deteniéndose en el
estudio de cada una de las cláusulas, y del
contexto de la visita, deducía que estaban
cumplidas las obligaciones, a falta del laboratorio
de química para los tintes, y por ello no
debía privarse a los dueños del auxilio que
reclamaban. Si no habían cumplido en su
totalidad todas las obligaciones, pensaba el
director, no era por culpa suya, sino por otros
motivos: encontrarse sin recursos propios, ser
excesivo el interés que se pedía por los préstamos,
no poder adquirir una propiedad por
que el dueño se negaba a enajenarla y por ello
tener que cimentar el establecimiento ex
novo. A continuación decía el Director que el
Gobierno reconoció la utilidad de esta empresa,
de ahí que ofreciera un 6% de interés a
aplicar al premio; y que los fabricantes contando
con este premio y su interés respectivo
darán a la fábrica mayor «ensanche y magnitud
«, pues de otro modo habrían limitado sus
compromisos y obligaciones. Esta última
reflexión aconsejaba a que no se desamparase
a los interesados en el momento de apuro
que atravesaban. Otras consideraciones,
según el Director, habría que tener en cuenta:
que siendo una fábrica de este tipo un
perenne manantial de riqueza desconocida
en el país, convenía eximir de tributación a
las manufacturas extranjeras; que estando
ocupados los trabajadores se evitaría la delincuencia
y holgazanería y que la enseñanza
que recibieran los alumnos en el laboratorio
de química para tintes sería difundida posteriormente
a otras fábricas.
Después pasaba Chaves a tratar de la real
orden de 31 de agosto de 1831, que ?recordémoslo
? impuso un derecho adicional de cuatro
maravedís en vara a todos los tejidos de
lino y cáñamo que se importaran, recaudándose
con total independencia del derecho de
rentas generales, con el fin de que su producto
se invirtiera exclusivamente en la adquisición,
construcción y preparación de telares y
máquinas convenientes al fomento de la
industria nacional, con la cláusula de que ese
fondo ingresaría como arbitrio de fomento en
el Banco español de San Fernando. Que en
este sentido y no otro, se había premiado con
65.000 duros a la compañía barcelonesa de
José Bonaplata y parecía que esta generosidad
del gobierno debía hacerse extensiva a
los que exponían, como aquél, sus fondos bajo
una solemne promesa.
Finalmente, el Director no dudaba que,
considerado el estado actual de la fábrica, los
desembolsos de sus propietarios, y el acopio
de máquinas para el laboratorio y blanqueo,
únicamente la falta de recursos económicos y
la imposibilidad de encontrarlos sin un quebranto
ruinoso, les hacía carecer de estos
RICARDO GÓMEZ RIVERO Y MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ
215 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
120 AGS, CREI, leg. 7-1.
121 «Origen y progresos del comercio y de las manufacturas
de algodón en Inglaterra», en Gaceta de Madrid,
15-V-1835.
122 Lo que sigue está extraído tanto del informe
como del extracto del mismo elaborado en la secretaría
de la Sección de Hacienda del Consejo Real de España
e Indias, que se custodia en AGS, CREI, leg. 7-1. Para no
cansar omitimos la reiteración de notas, remitiéndonos
al apéndice.
establecimientos y que cuando dispusieran
de dinero los construirían sin demora.
En vista de todo, opinaba que se apoyara el
anticipo de los cuarenta mil pesos fuertes que
pretendían los hermanos Guirouls, Rasilla y
compañía, verificándose bajo la hipoteca de la
fábrica, y con la condición de que se estableciera
en el plazo de dos años el laboratorio de
química, bajo pena en caso contrario, de pérdida
del derecho al premio ofrecido, además,
tanto éste como su anticipo se deberían satisfacer
del fondo especial creado por la real
orden de 31 de agosto de 1831.
En la secretaría de la Sección de Hacienda
del Consejo Real se extractaría el informe del
Director general de Aduanas. Como era
común en la forma de trabajar en la misma,
en una nota incorporada al extracto se abstenía
el secretario de valorar la parte legal del
contrato, esto es, la escritura de 23 de
noviembre de 1833 y también « sobre la teoría
sentada por la Dirección de Aduanas, en su
informe, con relación, a si en materias de economía
y administración deben considerarse
los contratos, sin todo aquel rigor restrictivo y
obligatorio, con que fueron estipulados recíprocamente
»123. En la referida nota se mostraba
partidaria de que el gobierno adelantara
una cantidad a los fabricantes y que eligiera
el modo de llevarlo a cabo:
«La Secretaría se limita a manifestar, que
pidiendo los fabricantes la anticipación de
los cuarenta mil duros, del fondo de fomento,
o en otro caso que se ordene que el
Ministerio de Hacienda disponga su pago;
esta orden sería inefectuable, porque en la
Ley de Presupuestos, no hay partida fija,
eventual, ni imprevista, para esta atención.
Ni en dicha Ley consta el fondo de
fomento, o sea el que produce el derecho
adicional creado por la real orden de 31 de
agosto de 1831.
Con presencia de todo, la Secretaría,
según se presenta la cuestión, entiende : 1º
que el contrato de 23 de noviembre de 1833
es recíproco, y obligatorio; 2º que si los
compromisos de los fabricantes, no están
completamente satisfechos, han arribado
muy cerca de su término, y los constituye
acreedores a la consideración del Gobierno
y 3º que no pudiendo el Ministerio de
Hacienda desencaminar los fondos del
Estado a otras atenciones que las presupuestas
en la Ley, al Gobierno toca escoger
los auxilios o medios de consideración, a
favor de los fabricantes»124.
En la sesión de la Sección de Hacienda de
17 de agosto de 1835, estando presentes el
decano, Pinilla, Alonso y Fidalgo, se leería el
informe emitido el 8 del mismo mes por Chaves
en torno al expediente promovido por el
apoderado de los dueños de la fábrica de tejidos
e hilados de algodón de Sevilla, pidiendo
el anticipo de 40.000 reales a cuenta de los
65.000 que les había ofrecido el Gobierno. La
Sección acordaría que se trasladara el expediente
a dictamen de Manuel Hidalgo125.
No tardaría mucho tiempo en tener Fidalgo
listo su dictamen. Para el día 30 ya se encontraba
redactado. El consejero comenzaba relatando
la historia de la fábrica y se detenía en
el estudio de las once cláusulas inclusas en la
escritura pública de 23 de noviembre de 1833;
luego elogiaba que el Gobierno atendiera a
empresas de este tipo, informando sobre dos
puntos, a su juicio, primordiales. De un lado,
si la compañía contratante había cumplido las
obligaciones estipuladas, en cuyo caso la real
hacienda debería abonar la cantidad fijada y,
de otro, no habiendo los propietarios cumplido
todas sus obligaciones si tenían derecho a
reclamar del Gobierno parte de esa cantidad y
no asistiéndoles ese derecho, si «había títulos
o motivos atendibles, que sin quebrantar el
INFORMES Y ESTUDIOS
216 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
123 AGS, CREI, leg. 7-1.
124 AGS, CREI, leg. 7-1.
125 Acta de la Sección de Hacienda, 17-VIII-1835,
en AGS, CREI, leg. 10-2.
pacto, y dentro de la línea legal, autoricen la
reclamación y la presente digna de ser considerada
»126.
Según el informante, la primera cuestión
quedaba resuelta por la propia exposición del
apoderado al solicitar una parte del premio
otorgado por el Gobierno, reconociendo de
esta forma que no habían realizado todas las
condiciones. Además, se apoyaba en la visita
llevada a cabo por el intendente, poniendo de
manifiesto que faltaba el laboratorio químico
y el establecimiento de blanqueo. En cuanto
al segundo aspecto, la compañía fabricante
no tenía derecho legal a reclamar, «más sin
tenerle lo ha hecho ?expresaba Fidalgo?, y el
Gobierno con mano protectora, conducido por
los principios que le distinguen, ha admitido
la reclamación y permitídola llegar al grado
mayor de instrucción en que se halla, con el
objeto sin duda, de alargarle sus generosos
auxilios, si sus altas miras en pro de la industria,
de una Provincia respetable, y de la
Nación entera, le convenciesen que los merece,
cuando la empresa destituida de medios,
habría de renunciar, acaso, a la consumación
de tan recomendable proyecto».
El consejero consideraba que el Gobierno
debería atender la solicitud de los recurrentes,
ayudándoles con 32.500 duros, esto es, la
mitad del premio estipulado y que fuese hipotecada
la fábrica para responder de esa cantidad
si un año después de recibida no hubiera
cumplido las condiciones que faltaban. En
fin, Fidalgo opinaba que para hacer frente a
esos 32.500 duros se acudiera al fondo obtenido
del derecho adicional de cuatro maravedís
en vara de lienzo extranjero, al que hacía
mención la orden de 31 de agosto de 1831.
En la sesión de la Sección de Hacienda del
día 2 de septiembre de 1835 se leyó el dictamen
emitido por Manuel Fidalgo sobre el
expediente de la fábrica de Sevilla y conformándose
con él acordaría que, con una copia
del mismo, se pasase el expediente a la Sección
de Interior para que emitiera el suyo127.
6.2. Informe de la Sección de Interior
Los miembros de la Sección de Interior
eran Diego de Medrano, en calidad de decano,
José Canga Argüelles, Vicente González
Arnao, Justo José Banqueri y Manuel José
Quintana128. Canga Argüelles, buen conocedor
de la materia hacendística, había desempeñado
el ministerio de ese ramo durante el
trienio liberal129y Banqueri, como vimos, ocuparía
la presidencia de la Junta de Aranceles.
El cargo de secretario de la Sección recayó en
el conde de Torremarín, ministro honorario
del suprimido Consejo de Hacienda130.
El día siguiente el secretario de la Sección
de Hacienda, Francisco de Gárate, enviaba
toda la documentación al secretario de la Sección
de Interior. Reunida ésta en sesión dos
días más tarde, acordaría que el consejero
Vicente González Arnao informara sobre el
expediente de la fábrica de tejidos e hilados de
algodón de Sevilla. En la Sección de Interior
se vería el 17 de octubre el dictamen elaborado
por Arnao, acordando su aprobación131.
¿Qué opinaba éste sobre el anticipo que recla-
RICARDO GÓMEZ RIVERO Y MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ
217 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
126 Informe de Fidalgo, Madrid, 30-VIII-1835. Una
copia del informe, fechado en Madrid el 2 de septiembre
de 1835, se custodia en AGS, CREI, leg. 25, expte.
59. El informe se redacta en nombre de la Sección de
Hacienda.
127 Acta de la Sección de Hacienda, 2-IX-1835. Asisten
el decano, Pinilla, Alonso y Fidalgo. AGS, CREI, leg.
10-2.
128 El primero sería nombrado el 13 de junio de
1835, Quintana ocho días después y Canga, Arnao y
Banqueri lo habían sido el 7 de abril del año anterior
(AHN, Estado, leg. 6404, 1/73, 76 y 77).
129 J. DE CANGA ARGüELLES, Diccionario de Hacienda,
BAE, Madrid, 1968, referencia en Edición y Estudio Preliminar
de A. DEHUARTEJAUREGUI, LXII.
130 Fue designado el 14 de abril de 1834 (AHN, Estado,
leg. 6404, 1/74).
131 «Se acordó la aprobación del parecer de aquél
señor Ministro y que se remita a la Sección de Hacienda
como dictamen de la de lo Interior, devolviendo el expediente
», anotaba el secretario de la Sección de Interior
maban los dueños de la fábrica de Sevilla? El
consejero de Interior, sin dar opción a otra
alternativa, se oponía tajantemente a que el
Gobierno anticipara cantidad alguna a los
fabricantes mientras estos no hubieran cumplido
todas y cada una de las condiciones del
contrato. Veamos como justificaba su postura:
«Sería destruir la esencia del contrato y
ponerse en abierta contradicción con las
justas y prudentísimas miras que tuvo el
Gobierno al exigir el cumplimiento cabal
de las ofertas hechas por la Compañía
antes de exponer un peso duro de la
hacienda nacional, si se accediese a la
actual solicitud de que se la adelanten 40
mil duros a cuenta de los 65 mil ofrecidos.
Porque cabalmente bien escarmentado el
Gobierno de los malos resultados que han
tenido cuantas empresas han presentado
con grande aparato de bienes futuros
muchos proyectistas malos calculadores, o
especuladores sin capitales propios ni
medios de crédito sobre que apoyarse,
tomó en este negocio, con el acertado consejo
de la Junta de Aranceles la sabia precaución
y única que era posible tomarse,
de hacer depender la generosa recompensa
que creyó dar al mérito del emprendedor.
El Gobierno exigió para cortar todo pretexto
de reclamaciones y demandas, no sólo
que las obras, máquinas y demás cosas
ofrecidas estuvieren hechas, y la fabricación
o manufactura corriente, sino seis
meses más de término, después de todo
plantado para ver si los efectos y bienes
anunciados se conseguían, o aparecían
deshechos, como vanamente concebidos y
esperados. Y aún todavía quiso asegurarse
de que este buen suceso no era efímero y
debido sólo a un primer evento casual y
poco sólido en sí mismo, estipulando que si
no se sostenían los beneficios y buen estado
de la empresa por dos años más contados
desde la entrega del premio, se tendría
esta gracia por anulada, y debía restituirse
lo entregado a las cajas públicas de donde
había salido. Todo este prudentísimo
plan se vería frustrado, si se accediese ahora
a la referida solicitud.
Si los empresarios se equivocaron en el cálculo
de los costos de la empresa, si la dieron
en su propuesta o después un plan
gigantesco, superior a sus fuerzas y a las
reglas de discreta economía que deban
presidir a todos los establecimientos
industriales, suya será la culpa, y no pueden
cargarse sus desventajas sobre los fondos
con que contribuyen los pueblos o el
comercio (a cual más cuantioso) para las
necesidades del Estado. Y si por el contrario
están satisfechos de su obra, y la creen
productiva de grandes ganancias para
ellos, al mismo tiempo que la baratura de
sus manufacturas hará un bien a los consumidores,
y si por otra parte ya es poco lo
que falta para poner en este bello estado su
empresa, es imposible les falten accionistas
o prestamistas que atraidos de un interés
que vean próximo a tocar, les auxilien
para lo poco que dicen les falta. Su crédito
personal, lo que ya tienen obrado y reunido
en edificios, máquinas, &, las existencias
que también dicen tener ya de manufacturas
hechas, y los 65 mil duros que con intereses
del 6% les están ofrecidos con hipotecas
de tal tamaño que no pueden dejar que
desear a la seguridad de los prestamistas.
Y aún cuando estos sean tan codiciosos,
que (como alega la Compañía) exigiesen
un 11%, todavía este interés por 40 mil
duros está casi cubierto con el de 6% que
ha de pagar a su tiempo el Gobierno por la
mayor suma de 65 mil»132.
INFORMES Y ESTUDIOS
218 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
(AGS, CREI, leg. 25, expte. 59). El 23 de octubre, el
conde de Torremarín enviaba al secretario de la Sección
de Hacienda el expediente de la fábrica de Sevilla y el
dictamen de la Sección de Interior. El oficio de remisión
y su minuta se custodian respectivamente en AGS, CREI,
leg. 7, expediente 1 y leg. 25, expediente 59.
132 Original en AGS, CREI, leg. 7, expte. 1. Copia en
misma sección, leg. 25, expte. 59
Finalmente, en el informe se consideraba
la posibilidad de que el Gobierno finalizara el
contrato a cambio de entregar a los fabricantes
una pequeña cantidad:
«Más bien acaso, atendido el tiempo que va
pasando (ya han transcurrido dos años) y
el que puede temerse tarde en concluirse
la empresa, durante lo cual va corriendo el
citado interés de 6% (son 3.600 duros
anuales) podría merecer la atención del
Gobierno el calcular si no le tendría más
cuenta dar desde luego a la Compañía una
moderada cantidad en cambio de deshacer
lo contratado, y librarse de la contingencia
de haber de pagar algún día la total cantidad
de la recompensa. Y enhorabuena que
se la dispensase de la necesidad de hacer
tan magnífico su establecimiento y de
tener en él una escuela pública; ni pedirles
entrar a la parte en la más mínima de las
utilidades que se prometen».
6.3. Nuevo informe de la Sección de
Hacienda
La Secretaría de la Sección de Hacienda,
una vez recibido el informe de la Sección de
Interior, se encargó de extractarlo y realizar
las observaciones pertinentes. Una vez analizado
no se resistió a emitir su opinión al respecto.
En un tono duro e intransigente, sin
concesiones, expuso que el atraso que padecía
nuestra industria era suficiente motivo para
que el Gobierno apostara por apoyar económicamente
a una empresa de este tipo133. En
la sesión de 26 de octubre de 1835 se vería el
dictamen de la Sección de Interior. Los miembros
asistentes a la reunión, el decano, Pinilla
e Fidalgo, acordaron que éste último
manifestara «si se le ofrece hacer alguna
observación» al informe134. Fidalgo emitiría
un nuevo dictamen el 3 de noviembre135. Su
parecer era que no encontraba en el informe
de la Sección de Interior fundamentos para
variar el suyo anterior. El consejero reiteraba
los motivos alegados anteriormente para conceder
el anticipo a los propietarios de la fábrica
de Sevilla. Además, debía protegerse este
establecimiento con más ahínco «después de
la destrucción dolorosa de la fábrica de Bonaplata
en Cataluña» ?incendiada el 5 de agosto
de 1835136?, si se quiere que algún día
«nuestra industria nos liberte de ser tributarios
de la extranjera».
Fidalgo obviaba discutir sobre la ruptura
del contrato sugerida por la Sección de Interior,
ya que probablemente además de ofender
a la «dignidad del Gobierno», anularía
«los resultados en que la ilustrada Junta de
Aranceles pesaría el sacrificio con las ventajas
de una empresa tan enlazada con el bien
público». El dictamen final incorporaba textualmente
frases de la nota elaborada en la
secretaría de la Sección, como que el primer
informe de 2 de septiembre «da honor al
Gobierno, concilia el interés público con el
particular, despeja los inconvenientes que
atrasan la realización del contrato, mejora los
fondos industriales con acelerar el término
del premio, aproxima el complemento de una
fábrica de mérito y de una escuela de química
», añadiendo ahora «tan necesaria en España
para el fomento y prosperidad de las
artes».
El día siguiente se trató en la Sección de
Hacienda sobre el último dictamen emitido
por Manuel Fidalgo referente al expediente
promovido por los dueños de la fabrica de tejidos
e hilados de algodón, solicitando un anticipo
de 40.000 duros a cuenta de la cantidad
RICARDO GÓMEZ RIVERO Y MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ
219 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
133 AGS, CREI, leg. 7-1.
134 AGS, CREI, leg. 10-2.
135 AGS, CREI, leg. 7-1.
136 TUÑÓN DELARA,El movimiento obrero en la historia
de España, I, 55-56. El incendio fue causado, como
apuntamos al comienzo de este estudio, por un
movimiento antimaquinista o «luddita». Vid., a este
efecto, M.-C. PALOMEQUE LÓPEZ, Derecho del Trabajo e
Ideología. Medio siglo de formación ideológica del Derecho
del Trabajo en España (1873-1923),Tecnos, 6ª ed.,
Madrid, 57-58.
estipulada en su día con la extinguida Junta
de Aranceles. La Sección, conformándose
con el referido dictamen, y por ser diverso al
de la Sección de Interior, acordaría que se
oficiara al presidente del Consejo Real, a fin
de que fijase día para la reunión de ambas
Secciones con objeto de consensuar el informe
que debería evacuarse al Ministerio de
Interior137.
6.4. Informe conjunto de las Secciones
de Hacienda e Interior
El duque de Bailén señaló el día 9 para la
celebración de la reunión conjunta. Juntadas
ambas Secciones acordaron que, por las razones
de equidad, economía y utilidad general,
expresadas en los dos informes de la Sección
de Hacienda, se propusiera al Ministerio de
Interior anticipar a los propietarios de la
fábrica de Sevilla 20.000 duros (400.000 reales),
a cuenta del premio ofrecido en la escritura
de 23 de noviembre de 1833; que el interés
del 6% que les estaba asignado, se aplicara
en el futuro a los 45.000 duros restantes y
que en este sentido se evacuase el informe al
mencionado Ministerio138. Se observa perfectamente
que ha triunfado la opinión de la
Sección de Hacienda. Es lógico pensar que
ésta Sección se impuso a la de Interior por los
motivos poderosos que alegaba para la concesión
del anticipo. Ésta última Sección, yendo
contra su dictamen, accedería a que se entregara
una cantidad a los propietarios de la
fábrica de Sevilla, eso sí, a cambio de que fuera
rebajada sustancialmente, hasta un tercio
del total del premio estipulado.
¿Qué decía el dictamen último? Después
de referir los antecedentes del expediente, las
dos Secciones consideraban que el Gobierno
debería interesarse por la situación de los
fabricantes, porque al auxiliarles económicamente
antes finalizaría el contrato, reportando
indudables beneficios tanto materiales
como morales. Otras dos consideraciones
aducían las Secciones a favor del auxilio: de
un lado, que Andalucía carecía de empresas
industriales de este tipo y, de otro, el negativo
comportamiento de sus gentes. Sobre este
último aspecto, el dictamen expresaba gráficamente:
«Sus hábitos ?de los sevillanos?,
hace muchos siglos, son los del contrabando, o
los de la vagancia. El clima influye en su
método de vida. No miran el riesgo, las contingencias,
ni los resultados; y al propio tiempo
odian la ocupación en trabajos honestos,
en que hay que poner de su parte el sudor del
rostro. La facilidad de adquirirse alimentos
rústicos, sin necesidad de condimentos ni
preparaciones, contribuye al mismo desorden
que causa la pereza».
Las Secciones afirmaban que cuando funcionara
la fábrica a pleno rendimiento, sus
productos serían más baratos que los obtenidos
a través del contrabando, amén de lo ventajoso
que sería la enseñanza en el laboratorio
de tintes y de que el Gobierno ?que buscaba
la felicidad de los pueblos?, «se encontraba
con un colaborador que materialmente la ejecuta
en un distrito, que tanto la necesita en
sus costumbres». El informe, además, señalaba
cuan importante era ayudar a una empresa
nacional, valiéndose para ello de los productos
de la industria extranjera, esto es, del
importe recaudado por el recargo de cuatro
maravedís por cada vara de todos los tejidos
de lino y cáñamo que se importaran. Para terminar,
ambas Secciones opinaban que se
otorgase a los propietarios de la fábrica un
anticipo de 20.000 duros, al que no se aplicaría
el 6% de interés desde el momento que se
recibiera la cantidad, con el consiguiente ahorro
del Gobierno.
El Consejo Real de España e Indias remitiría
al Ministerio de Interior su dictamen. Desconocemos
si resolvió ese Ministerio. Ni en las
INFORMES Y ESTUDIOS
220 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
137 AGS, CREI, leg. 10-2. Minuta del oficio remitido
al duque de Bailén en el leg. 7, expte 1 de la misma Sección.
138 Acta de la Sección de Hacienda, 9-XI-1835. Asisten
de esta Sección : el decano, Pinilla, Alonso e Hidalgo.
AGS, CREI, leg. 10-2.
actas del Consejo de Ministros ni en la Gaceta
de Madrid aparece rastro sobre este asunto. Lo
que sí sabemos es que esta fábrica de algodón
de Sevilla no duró muchos años. Madoz, en su
Diccionario publicado a finales de la década de
los cuarenta, no menciona la fábrica de Rasilla,
la cual, sin duda, para entonces ya no funcionaba.
Madoz, futuro ministro de Hacienda,
señala la existencia de la fábrica de hilados de
algodón de Calzada, Munilla y De-storp, en la
que había montada una máquina con la fuerza
de vapor de 30 caballos, que daba movimiento
a 12 cardas, 3720 husos de hilar y 2648 de torcer;
también contaba con 17 telares mecánicos
así como de algunos talleres de blanqueo y trabajaban
en ella 292 personas139. El propio
Madoz habla de fábricas de hilados de lana, de
seda y de hilo en Sevilla140.
El Consejo Real de España e Indias fue
suprimido, por incompatible con la restaurada
Constitución de 1812, el 28 de septiembre
de 1836141. Entre los expedientes que estaban
pendientes de resolución en la Sección de
Gobernación del Reino (antes de Interior) se
encontraba uno «sobre indemnización de las
pérdidas que sufrieron D. José Bonaplata y
otros de Barcelona en la asonada de 5 de
agosto último (1835)». El 5 de octubre de
aquél año, el secretario de la Sección, conde
de Torremarín, lo devolvió a la Secretaría
General del Consejo Real para su remisión al
respectivo Ministerio 142. También aquí,
lamentablemente, desconocemos, sí es que la
hubo, la resolución.
RICARDO GÓMEZ RIVERO Y MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ
221 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
139 P. MADOZ, Diccionario geográfico-estadísticohistórico
de España y sus posesiones de Ultramar, T. XIV,
Madrid, 1849, 406.
140 La fábrica de hilados de lana, titulada Los Amigos,
«se encuentra -expresa Madoz- en la calle del Amor
de Dios, con fachada también a las de Trajano y San
Miguel, ocupando parte del convento que fue de monjas
de la Concepción, junto a San Miguel. El edificio
tiene tres pisos; el primero está ocupado con las
máquinas de peinar y sus preparatorias, lavadero de
lanas, tinte, almacén de drogas, escritorio, despacho,
almacén de efectos para distribuir en los talleres,
máquina de vapor de fuerza de 8 caballos, depósito de
carbón, estanque para las aguas, taller de encarretar y
hacer madejas, fragua y máquina de tornear y otros
objetos. En el segundo piso están las habitaciones particulares
de los encargados de la fábrica, el taller de hilados
y el sitio en que se depositan las lanas después de
teñidas para que se sequen. En el tercer piso, por último,
se encuentra ocupado por el depósito de lanas, taller de
apartado, de desmotado, depósito de lanas torcidas
para hacer la distribución a los distintos talleres u oficinas.
La sociedad anónima a que pertenece esta fábrica,
se constituyó el año de 1847 con el capital social de
1.200.000 representados en 60 acciones de 20.000
reales cada una. Cuenta 7 molinos de los denominados
mull-jennycon 1260 husos, susceptibles de dar en combinación
con las demás máquinas de peinar, etc., 200
libras diarias de lana hilada, torcida, teñida y preparada
para la venta. Para todas las operaciones hay 150 trabajadores,
la mayor parte mujeres : los jornales son de 2 rs.
hasta 10 diarios, habiendo además el tintorero, maquinista
y otros dependientes, que ganan mayores sueldos,
según sus clases».
De otro lado, siempre según Madoz, se encontraba
la fábrica de tejidos de seda de Manuel del Castillo y
Povea, creada en 1828 y la fábrica de tejidos de hilo,
denominada la Alianza, creada por Francisco Mañero,
constaba de una máquina de vapor de presión de fuerza
de 16 caballos, y de 40 telares mecánicos con sus
máquinas correspondientes (MADOZ, Diccionario
geográfico-estadístico-histórico, T. XIV, 406-407).
141 SÁNCHEZBELLA, «La reforma de la Administración
Central en 1834», 675.
142 AHN, Estado, leg. 6404, 1, 23.
INFORMES Y ESTUDIOS
222 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46
RESUMEN: Se estudia la creación y puesta en funcionamiento de la segunda fábrica de algodón que, después
de la de Bonaplata de Barcelona, instaló la máquina de vapor. Radicó en Sevilla y trabajaban
en ella 250 personas. En los primeros meses de la regencia de María Cristina, el Gobierno
se comprometió ?mediante escritura pública? a entregar a los propietarios de la fábrica
algo más de un millón de reales cuando funcionara a pleno rendimiento. Los fabricantes, sin
haber cumplido todavía todas las cláusulas del contrato, solicitarán un anticipo a cuenta al
Gobierno. Se analiza el expediente que con tal motivo se incoa en el Ministerio de interior. En
el trabajo también se estudia la cuestión obrera durante el reinado de Isabel II.
Try vLex for FREE for 3 days
Access legal information from Spain including:
- Forms and Contracts
- Collective Agreements
- Case Law
- Legislation
- Books and Journals
- Legal News
Try vLex without any commitment for 3 days and see why you need it.
3
days of Free Access
