La fractura social de la inmigración es una manifestación del proceso de globalización. En el auge del fenómeno migratorio convergen factores detonantes como el fin del orden mundial bipolar, las integraciones regionales supranacionales, las liberalizaciones de los mercados del transporte y el abaratamiento del transporte de pasajeros, el atraso socioeconómico estructural y la inestabilidad política de bastas regiones del planeta, las señales de demanda de mano de obra de los países desarrollados, la consolidación de organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico ilegal de seres humanos, etc. En la Unión Europea de los Veintisiete Estados Miembros, y por tanto, en España, los flujos migratorios intracomunitarios y extracomunitarios exigen la superación de los enfoques restrictivos de integración de los nuevos ciudadanos. La implementación de políticas horizontales de integración de amplio espectro en el nivel comunitario y en las esferas nacionales, constituye una garantía para la vigencia efectiva de un proceso de cohesión económica, social y territorial europeo, adaptado a las exigencias del fenómeno migratorio, en las dimensiones política, normativa y material. El impacto de los flujos migratorios en las sociedades receptoras, exige que la cohesión europea incluya expresamente el calificativo de cultural como un concepto estratégico y operativo de gran utilidad en la concesión del objetivo de una integración plena de los nuevos ciudadanos.

El presente ensayo aborda el fenómeno de la inmigración como una oportunidad de adecuación y perfeccionamiento de los sistemas del bienestar español y europeo, a la vez que, como una fractura social emergente, debe ser superada a través de un proceso objetivado. El artículo versa sobre asuntos como la integración mutua entre los nuevos ciudadanos y las sociedades receptoras, la relación entre inmigración y cohesión social en el contexto español y europeo, la evolución normativa española, la visión reaccionaria y la visión real progresista del fenómeno migratorio, los rasgos del flujo migratorio en el escenario español, la percepción y la actitud social ante la inmigración en España y la necesidad de implementar un proceso de integración de doble dirección.

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Introducción
Integración mutua entre los nuevos ciudadanos y las sociedades receptoras
Inmigración y cohesión social: España en la Unión Europea
La evolución normativa Española
La visión reaccionaria del fenómeno migratorio
La visión real progresista del fenómeno migratorio
Algunos rasgos del fenómeno de la inmigración en el escenario español
La percepción y actitud social ante la inmigración en España
Proceso de integración bidireccional
Bibliografía

 

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Introducción

La integración efectiva de los nuevos ciudadanos procedentes de los flujos migratorios en curso, necesita la implementación de una nueva ciudadanía, que es un concepto sociológico, a la vez que politológico, y que asume en su significación más plena, la realidad emergente de una demografía cosmopolita.

El incremento geométrico de los flujos migratorios es una dimensión de la globalización y tiene entre sus manifestaciones desestabilizadoras, la irrupción de una nueva fractura social en la Unión Europea que se impone con fuerza: la fractura social de etnia.

El proceso de integración de los nuevos ciudadanos, exige la superación de una visión política restrictiva, que confía la integración de los inmigrantes a instrumentos de intervención financiado, casi exclusivamente con el Fondo Social Europeo (un instrumento financiero de la cohesión económica, social y territorial europea) y las políticas sociales de los Estados miembros de la Unión Europea.

La dimensión actual del flujo de inmigrantes en la Unión constituye una oportunidad objetiva para:

* Superar las visiones políticas restrictivas que confían el proceso de integración exclusivamente a los planes y programas financiados por el Fondo Social Europeo y por las políticas sociales de los respectivos Estados miembros de la UE.

* Descartar las visiones políticas integradoras de carácter social y educativo, que confunden los conceptos de integración con el de asimilación cultural.

* Evitar el riesgo de petrificación del güeto identitario autoexcluido en los colectivos de inmigrantes.

* Establecer una estrategia de integración de doble dirección, entendida como la preparación y participación activa de las sociedades receptoras y de los nuevos ciudadanos.

* Controlar y reducir los riesgos que supone la implementación de la Teoría del desarrollo autónomo de las culturas. En las etiquetas denominadas IDENTIDAD, subyace el riesgo de generar percepciones y actitudes colectivas de repulsión hacia el otro y lo diferente.

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* Controlar, reducir y evitar las consecuencias que puede tener una sociedad demográfica cosmopolita, estructurada en comunidades o guetos. El riesgo objetivo son las tendencias de las sociedades receptoras de convertirse en guetos eurocentristas excluyentes; y de los colectivos de nuevos ciudadanos de transformarse en comunidades o guetos culturales autoexcluidos.

* Impedir las oportunidades de expansión social de visiones políticas basadas en una racionalidad populista, que oculta o disimula sus fundamentos verdaderos de etnocentrismo europeísta excluyente, o xenofobia.

* Demostrar que el narcisismo civilizador del pensamiento reaccionario con respecto a los nuevos ciudadanos, carece de fundamento científico y esconde un déficit democrático.

* Asumir que las dinámicas migratorias actuales, tienen una elevada probabilidad de desembocar en procesos de transformación, cuyo resultados sean la vigencia predominante de identidades culturales hibridas, o al menos mestizas, que conjuguen con normalidad y estabilidad, los ingredientes culturales de origen endógeno y exógeno, como una manifestación de la cultura emergente global-local europea.

* Expandir una conciencia cívica a través de los constructores de opinión pública, favorable a los flujos migratorios, entre muchos motivos, por su impacto compensatorio en la envejecida e invertida estructura demográfica europea, de la cual España forma parte.

Una estrategia de integración, debe estructurarse en un enfoque doble dirección, e implica el reconocimiento real y efectivo del poder de la vida social. El enfoque impone como requisito, un proceso de adaptación recíproca de la sociedad receptora y de los nuevos ciudadanos.

Integración mutua entre los nuevos ciudadanos y las sociedades receptoras

Una estrategia de integración de doble vía aspira a ser sistémica, horizontal, efectiva y tiende a generar un empoderamiento de los nuevos ciudadanos, objeto de la intervención social, económica y política.

Las jerarquías, la distribución del poder dentro los colectivos de inmigrantes constituyen un requisito ineludible de la arquitectura de esta estrategia. La pretensión es que los inmigrantes sean a la vez sujeto y objeto de la intervención destinada a la plena integración.

La implementación y vigencia exitosa de la estrategia de integración de los nuevos ciudadanos, también se dirige a ganar la adhesión y movilización social de la comunidad no inmigrante o sociedad receptora.

Aunque no hay una definición de cultura universalmente aceptada, podemos destacar que la estrategia de integración de las minorías, y por tanto de los nuevos ciudadanos, asume que las culturas pueden ser descritas como mecanismos de adaptación garantes de la proyección vital de un grupo. Sin una integración efectiva de los nuevos ciudadanos, se condena al fracaso las perspectivas de progreso económico, social y territorial de la Unión Europea y por tanto, de España.

Una de las metas sociales de esta estrategia, es romper la bipolarización dialéctica de las actitudes, comportamientos, hechos y lenguajes que se traduce en una manifestación cotidiana de Nosotros y el otro.

La diversidad cultural derivada de los flujos migratorios, compuesta por valores, creencias, costumbres, tradiciones y maneras

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propias de hacer las cosas, en ocasiones constituye un obstáculo para la integración. Sin embargo, no se puede concluir como sugiere el pensamiento reaccionario excluyente, que la diversidad cultural es siempre un obstáculo insalvable, y que la responsabilidad exclusiva de la integración depende del propio inmigrante.

La cultura europea secularizada mayoritaria, ha presumido de estar protagonizada por sociedades abiertas, sin embargo, el adjetivo de abiertas debe ser cuestionado cuando empíricamente se comprueba que la supuesta apertura tiene una capacidad reducida de aceptar la diferencia cultural. El discurso reaccionario disfraza la asimilación cultural con un eufemismo que denomina como política de integración pluralista del inmigrante.

La estrategia de doble dirección debe aspirar a transformar y superar las realidades del gueto identitario inmigrante autoexcluido y del etnocentrismo o eurocentrismo cultural mayoritario.

La preocupación por la escolarización de los niños inmigrantes es un elemento clave de la estrategia de integración. Los problemas de integración con los que se encuentran los niños inmigrantes son comparables a los de los hijos de padres que ejercen profesiones itinerantes, como consecuencia de inserciones laborales temporalmente limitadas o cíclicas.

El nomadismo laboral conlleva el nomadismo geográfico de una parte significativa de las familias inmigrantes y engendra una forma de vida específica que forma parte de la herencia cultural europea, constituyendo con sus particularidades, un componente innegable de la diversidad cultural actual.

Los problemas inherentes a la integración socioeducativa, sociolaboral y socioeconómica de los inmigrantes siguen sin resolverse. En la mayor parte de los países con una larga experiencia en este campo, como Francia, Alemania, Dinamarca, Holanda, etc., la situación de fracciones importantes de la población inmigrante se caracteriza todavía por una tasa desproporcionadamente alta de fracaso escolar, y procesos de inserción sociolaborales complejos y lentos.

La posibilidad de una convivencia recíprocamente enriquecedora de personas de distintos origen, culturas y lenguas, se convierte necesariamente en un objetivo primordial europeo, y por consiguiente, español.

La estrategia actual de integración de los nuevos ciudadanos aspira a propiciar un proceso de adaptación reciproca entre minorías y mayorías. Las sociedades europeas deben asumir el desafío de concretar nuevas formas de integración, capaces de enfrentarse al futuro y que garanticen los valores fundamentales de la democracia y los derechos humanos.

La dimensión social de una estrategia de integración de doble dirección, apuesta por una ciudadanía intercultural, como concepto superador de la asimilación cultural enajenadora.

La estrategia de integración de doble dirección impone de modo difuso, pero continuo, un conjunto de prácticas cívicas y sociales destinadas:

* Fortalecer, implantar y extender los derechos de las minorías.

* Despertar la comprensión y aceptación social de la multiplicidad cultural y lingüística y fomentar la tolerancia.

* Combatir los prejuicios, eliminar las discriminaciones y desarrollar el respeto a los demás independientemente de cuál sea su procedencia cultural, lingüística, étnica o religiosa.

* Dotar de un significado pleno y concreto a la idea de una ciudadanía europea y pluricultural.

La estrategia de integración de los nuevos ciudadanos se puede sintetizar en los siguientes objetivos:

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* Garantizar la igualdad de oportunidades para todos en una Europa competitiva y abierta al mundo.

* Acelerar los procesos de inserción educativa, sociolaboral y socioeconómica de los nuevos ciudadanos.

* Combatir la exclusión cultural para garantizar el futuro democrático de la Unión.

* Promover la diversidad cultural y lingüística.

* Mejorar y diversificar la oferta educativa y flexibilizar los sistemas de enseñanza de modo que sean capaces de integrar a todos los alumnos.

* Promover la cooperación entre las instituciones: centros escolares, servicios sociales, asociaciones, empresarios, etc.

* Formar y adaptar al profesorado a las nuevas y específicas exigencias de la educación intercultural.

* Frenar el avance del racismo y la xenofobia.

La puesta en práctica de la estrategia de integración de doble dirección exige una traducción en forma de políticas específicas, planes y programas que requieren unos niveles de liderazgo y movilización de recursos que no siempre se consiguen conforme a la dimensión del fenómeno.

La cohesión social impone un proceso de empoderamiento de los nuevos ciudadanos y de sus líderes, mientras que esto no suceda la efectividad de la estrategia de integración se verá limitada en exceso en su plano operativo.

Inmigración y cohesión social: España en la Unión Europea

Una de la manifestaciones de la globalización es el crecimiento de los flujos migratorios hacía la Unión Europea, y por consiguiente, hacia España. El fenómeno tiene consecuencias muy positivas para la economía y para completar suficientemente la deficitaria tasa de reposición de la población activa. Sin embargo, ha dado lugar a una nueva problemática social, que se manifiesta en una fractura social de etnia.

La cultura política europea es socialmente inclusiva, y se manifiesta en instrumentos de intervención concebidos para lograr una integración plena de los inmigrantes. La realidad social configurada por los nuevos ciudadanos, residentes regularizados, y otros inmigrantes en situación administrativa irregular, afecta en mayor o menor medida todos los Estados miembros de la Unión Europea.

La realidad social resultante de la recepción de flujos migratorios y del envejecimiento de la población europea, y por tanto, española, exige la aplicación efectiva y la evolución del acervo jurídico; a la vez, que la adaptación de los instrumentos de intervención institucionales y presupuestarios. Todo ello, dirigido a una ineludible construcción de la cohesión, económica, social y territorial que contemple la reducción y superación de la fractura social derivada de la situación demográfica modificada.

La cohesión económica, social y territorial española y europea, han visto compensar el déficit de capital humano autóctono con los inmigrantes, sin embargo, la citada compensación no tiene un correlato simétrico en el alcance de la estrategia de integración de los nuevos ciudadanos y residentes.

En los primeros años del fenómeno migratorio hacia España se sostenía que nuestro país era una vía hacía otros Estados de la Unión Europea, o que la inmigración era un fenómeno transitorio vinculado a problemas económicos, sociales o políticos en los países emisores de los flujos migratorios.

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La realidad actual indica que España en un país de inmigración, un país de destino preferente en el escenario migratorio internacional. En el imaginario del sueño europeo de los inmigrantes, España ocupa una posición privilegiada, lo cual constituye un indicador cualitativo fiable de que nos encontramos ante un fenómeno de largo alcance temporal.

La política española de integración de los inmigrantes del gobierno Zapatero, ha logrado avances significativos y ha revelado un compromiso genuino en la hora de abordar la dimensión de una fractura social, simbolizada en aquellos subgrupos de inmigrantes pendientes de una integración socioeconómica plena. El paso decisivo en esta dirección fue regularizar administrativamente a miles de personas que llevaban años viviendo condenadas a perpetuidad al gueto del mercado negro laboral y a otro tipo de explotaciones.

Las políticas comunitarias de la Unión Europea y las políticas nacionales de los Estados miembros, incluyendo la española, están obligadas a contribuir a la construcción de la cohesión, y por tanto, a la superación de la fractura social de los colectivos de inmigrantes en situación de riesgo de exclusión social.

No todas las políticas sectoriales de la Unión Europea y las políticas domésticas desplegadas por los Estados miembros contribuyen de modo efectivo a la construcción del objetivo de la integración de los inmigrantes, como según se desprende de diversos informes procedentes de las instituciones comunitarias.

En ningún caso se trata de brindar un esteriotipo negativo de las políticas sectoriales de la Unión Europea, de las políticas domésticas de los Estados miembros, incluyendo la española, sino de señalar, que las citadas políticas no han asumido, o lo han hecho parcialmente, los artículos 158 y 159 del Tratado de la Unión Europea. Los citados preceptos imponen una aplicación sistémica y horizontal de todas las políticas comunitarias y nacionales orientadas a la superación de las brechas estructurales, entre las que destaca la fractura social de los inmigrantes, que también se traduce como una fractura social de etnia.

En los últimos veinte años, España ha pasado a ser un país receptor de flujos de inmigración. Desde principios de los noventa el número de personas inmigradas que residen en España es superior al número de españoles que viven en el exterior.

La aceleración de los flujos migratorios registrada en el último lustro incrementó la proporción de extranjeros residentes en España, a un nivel caracterizado como elevado, incluso dentro del escenario demográfico de la Unión Europea.

La realidad de la inmigración en España ocupa un lugar destacado en la agenda política, a la vez que constituye, una oportunidad y un reto para los mecanismos de intervención destinados a la integración plena de los nuevos ciudadanos y residentes.

Los flujos de la inmigración en el escenario español tienen rasgos compartidos con los flujos migratorios que llegan a los países del entorno europeo. Sin embargo, en el caso español el fenómeno se ha producido con mucha más rapidez que en nuestros vecinos, y con elementos singulares que exigen un análisis y un tratamiento parcialmente diferenciados.

La evolución del fenómeno migratorio en España, revela que ciudadanos y ciudadanas inmigrantes han venido a establecerse a nuestro país, fundamentalmente, porque han encontrado oportunidades de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. El progreso económico y social español, ha tenido entre sus consecuencias que el mercado de trabajo demande capital humano. Los procesos de reagrupación cierran el ciclo migrato-

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rio con inusitada rapidez, consolidando núcleos familiares indispensables para la plena integración.

Las aportaciones de los inmigrantes a España son considerables e imprescindibles en distintos ámbitos, a la vez, que una integración plena de los inmigrantes produce oportunidades de desarrollo para ellos mismos y sus familias.

La evolución del fenómeno migratorio en España ha supuesto un continuo cambio legislativo que se ha acelerado en los últimos años

La evolución normativa Española

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948 asegura el derecho a la emigración. La libertad de movilidad en el interior de un país es un derecho consolidado casi a nivel planetario. Sin embargo, el debate se establece sobre la regulación y el gobierno del fenómeno migratorio entre países, y sobre las causas estructurales del mismo.

La realidad de los flujos migratorios en curso, revela que el fenómeno tiene una fisonomía inequívocamente internacional, y por tanto, las medidas destinadas a su regulación y gestión deben tener un carácter supranacional.

La democracia española consagrada con la Constitución de 1978, implicó que nuestro país ratificara tratados internacionales, como el de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950). Las ratificaciones fortalecieron los cimientos de los derechos civiles de españoles y de extranjeros, sólo por ser seres humanos.

La protección efectiva de los derechos de nacionales y extranjeros, cobró una musculatura institucional supranacional, especialmente por la vinculación de las instituciones españolas con las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La adhesión de España a la Europa comunitaria en 1986, exigió formular una normativa específica sobre inmigración, que otorgase garantías fiables a los Estados miembros de la entonces denominada Comunidad Europea. El 1 de julio de 1985, el gobierno de Felipe González promulgó la primera Ley de Extranjería, que tenía en cuenta por primera vez la inmigración que llegaba a España.

La Ley se centró en los aspectos administrativos, en sintonía con las leyes entonces vigentes en los países de CE. El acento normativo estaba puesto en aspectos tales como la vigilancia, el cruce de fronteras, la entrada, la documentación necesaria para residir y trabajar y la expulsión. La ley de extranjería de 1985 estuvo motivada por dos razones principales:

* Necesidad de dar respuesta a un fenómeno en fase de expansión.

* La adecuación de la legislación a las normas comunitarias.

La Ley Orgánica de Extranjería de 1985 pretendía establecer un control riguroso de las entradas de los extranjeros, mediante la solicitud de visado en el país de origen, previa oferta de trabajo para España. La norma estableció un régimen de sanciones para los inmigrantes que se encontraran en situación irregular. Una de las pretensiones teóricas de la ley era ofrecer garantías a los Estados de la CE de que España no se convertiría en una puerta de entrada descontrolada a la casa común europea.

La consecuencia inmediata de la Ley Orgánica de Extranjería de 1985, fue la revisión de las prerrogativas con los países suramericanos y con Filipinas en materia de migración. A partir de la vigencia de la norma, se estableció el requisito del permiso de trabajo y

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permiso de residencia para los extranjeros que pretendían instalarse en nuestro país. España pretendió cumplir con los requerimientos y exigencias del espacio Schengen (1985), que propicia el reforzamiento las fronteras exteriores y el desmantelamiento de las fronteras interiores.

La norma produjo efectos no deseados. Entre las disfunciones de la Ley de Extranjería de 1985 se puede destacar el efecto barrera que impedía la entrada legal, dificultaba el establecimiento y la permanencia de los extranjeros con un grado razonable de seguridad, a la vez que obstaculizaba su integración. La concesión de los visados paso a ser de carácter restrictivo, criterio que obstaculizó las vías de acceso legal. Los permisos se otorgaban con una validez igual a la del contrato de trabajo.

Otras disfunciones de la norma tenían que ver con aspectos relativos a:

* El difícil cumplimiento de requisitos exigidos para la concesión de permisos.

* El procedimiento de expulsión regido por un excesivo margen de discrecionalidad administrativa.

En 1986, el documento titulado Bases y Objetivos de la Política Migratoria, durante el período transitorio, tenía como uno de sus objetivos diseñar una política inmigratoria que tuviera en cuenta aspectos tales como:

* Conocer los perfiles cualitativos y cuantitativos de la población inmigrante.

* Regularizar y fomentar la integración de los inmigrantes en la sociedad española.

* Colaboración con los Estados de origen para evitar los flujos clandestinos y el empleo ilegal.

La pretensión fue diseñar pautas claras de actuación vigentes para el periodo 1986-1990, y producir un ajuste adecuado de las nuevas admisiones de inmigrantes al mercado de trabajo, a través del sistema de cupos, del control de los flujos inmigratorios clandestinos, y por el procedimiento de tratamiento selectivo a determinados colectivos.

La Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Extranjería supuso la oportunidad objetiva de regularizar a los extranjeros que se encontraran trabajando en España, con las debidas precisiones de fecha de entrada.

El reconocimiento público de la existencia de una importante proporción de inmigrantes ilegales, fue en paralelo al comienzo de una nueva fase de la política migratoria, cuyos resultados y eficacia no fueron tan positivos como se pretendía.

El flujo de inmigración ilegal se fue incrementando desde 1988. El segundo gobierno de Felipe González, en 1990, diseñó una política activa de inmigración, dirigida a conseguir dos objetivos:

* Controlar la entrada de los flujos migratorios.

* Integrar socialmente a los nuevos residentes y ciudadanos.

La iniciativa se basó en dos estudios que en el año 1989 promovió y financió la Dirección General de Migraciones, estudios que proporcionaron a la Administración datos específicos del número, ubicación y características de los extranjeros en situación irregular.

De 1990 a 1993 el gobierno español llevó a cabo una política en consonancia con los planteamientos propuestos por la Unión Europea, concretamente, con lo establecido por la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento Europeo sobre inmigración.

El control era el objetivo principal de esta política y el concepto de política activa de inmigración se fundamentó en tres principios:

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* Control de flujos, mediante la adopción de medidas que atajasen las prácticas fraudulentas de entrada o permanencia, y de otras dirigidas a encaminar y canalizar los flujos necesarios o inevitables, denominados a partir de ahora, contingentes.

* Integración social de los inmigrantes radicados en España.

* Cooperación al desarrollo de los países emisores de inmigrantes, con la finalidad de atajar las causas de la inmigración en su origen.

En julio de 1993 fueron transferidas al Ministerio de Asuntos Sociales las competencias en materia migratoria, a través de la adscripción de la Dirección General de Migraciones, con lo que se pretendía impulsar los aspectos sociales relacionados con la promoción e integración de los inmigrantes. Paralelamente, se fijaron las orientaciones estratégicas y la definición de los objetivos referentes el proceso de integración. Todo ello se tradujo en el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes de 1994, diseñado e implementado conforme las orientaciones de la Comisión Europea.

En el periodo señalado nace el Observatorio Permanente de la Inmigración, concebido como instrumento de diagnóstico y de pronóstico de la realidad inmigratoria. En 1995, se constituye el Foro para la Inmigración, un ámbito de debate y reflexión entre las administraciones, los colectivos de inmigrantes y la sociedad de acogida.

Durante el Gobierno de José María Aznar se promulgó un segundo Reglamento, recogido en el Real Decreto 155/1996, que atenuó la dureza de la Ley Orgánica de Extranjería, lo cual constituyó, una pasarela previa a la aprobación de la Ley Orgánica 4/2000.

La L.O. 4/2000 nació del consenso entre las fuerzas políticas y sociales que participaron en su concepción y aprobación. Sin embargo, tuvo un efecto de irregularidad sobrevenida y el gobierno, se dispuso a reformar la Ley Orgánica 4/2000, y promovió una nueva regularización de inmigrantes ilegales. A mediados de 1998 se establecieron nuevas directrices para el periodo 1999-2000.

La Ley Orgánica 4/2000 fue reformada por la Ley Orgánica 8/2000 de fecha 22 de diciembre. En el preámbulo del Balance 2000, se resalta que la nueva Ley de Extranjería responde al compromiso del Gobierno de modificar la Ley Orgánica de 11 de enero de 2000.

El objetivo era armonizar la normativa española en una sintonía concordante con las leyes vigentes en los Estados de la Unión Europea, relativos a los ámbitos de extranjería e inmigración. La reforma se caracterizó por fijar sus prioridades en cuestiones tales como los aspectos de control en base a sanciones:

* Sanciones para las compañías de transporte que trasladen a extranjeros ilegales a España.

* Reactivación de la expulsión de todos aquellos extranjeros que se encuentren ilegalmente en territorio español.

* Enumeración de las consecuencias que conlleva para los empresarios el emplear mano de obra ilegal.

* Disposiciones dirigidas a proteger la inmigración legal y a controlar, evitar y luchar contra la inmigración irregular.

Durante el periodo referido, nace el Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España, que fue conocido popularmente como Programa GRECO, la iniciativa se estructuró en cuatro ejes estratégicos:

* Diseño global y coordinado de la inmigración como fenómeno deseable para España en el marco de la Unión Europea.

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* Integración de los residentes extranjeros y sus familias que contribuyen activamente al crecimiento de nuestro país.

* Regulación de los flujos migratorios para garantizar la convivencia en la sociedad española.

* Mantenimiento del sistema de protección para los refugiados y desplazados.

El Programa Greco fue producto de un proceso de elaboración interministerial: Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Justicia, Ministerio de Ministerio Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Administraciones Públicas, Ministerio de Sanidad y Consumo y el Ministerio de Economía y Hacienda.

El programa contaba con el respaldo financiero de los Presupuestos Generales del Estado, y tenía carácter de ejecución plurianual para el período 2000-2004. La iniciativa quedó petrificada en el plano del papel, y en la praxis tuvo efectos simbólicos. Las dificultades administrativas, la lentitud de las resoluciones, el déficit de impulso político, obstaculizaron su implementación y convirtieron a la iniciativa en retórica o literatura mediática, sin efectos sobre la realidad social que pretendía modificar.

El impulso político y la acción institucional firme, resurgieron con el gobierno socialista del presidente de José Luis Rodríguez Zapatero. Un foco principal de su política está en relación con la inmigración y su integración sociolaboral, que está considerada como el primer paso para una integración social satisfactoria. Otra de las cuestiones que pretende atajar es la de los flujos de inmigración ilegal.

La aprobación del Reglamento de la Ley de Extranjería (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre) fijó los mecanismos y requisitos para que los extranjeros puedan residir y trabajar en España legalmente.

La norma supuso un proceso de regularización especial de tres meses, comprendido entre el 7 de febrero y el 7 de mayo de 2005, dirigido a los trabajadores irregulares que se encontraban en el país, que tenían un contrato por un mínimo de seis meses, llevaban al menos medio año viviendo en España y carecían de antecedentes penales.

La información procedente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 30 de diciembre de 2005, indica que el proceso de regularización:

* Resolvió un total de 688.419 expedientes, de los que el 83, 3% fueron autorizaciones positivas y el 16,6 %, denegadas y archivadas. El 0,47% permanecían en trámite todavía en esa fecha.

* Las altas de la Seguridad Social fueron 550.136 y, en 2006, ascendían a 1.885.56140.

La política migratoria en materia laboral cuenta con otro instrumento para facilitar el acceso al mercado laboral:

* El contingente de trabajadores extranjeros de régimen no comunitario.

Para el año 2007 el Gobierno ha dado luz verde a un contingente provisional de 27.034 puestos de trabajo de carácter estable, 92.000 de contratación individual nominativa, y 61.000 contrataciones de duración determinada.

Otro de los puntos fuertes y también conflictivos de la política migratoria española son los controles. En la actualidad el Ejecutivo sigue la pauta marcada por la Unión Europea, desde la creación en 2005, de la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros (Frontex).

La lucha contra la inmigración clandestina es uno de los objetivos del gobierno actual, porque sin legalidad no hay integración posible. La inmigración clandestina se con-

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vierte en un elemento que juega siempre en contra de la integración del individuo en la comunidad.

Para completar el control sobre los flujos masivos de inmigración ilegal, el Gobierno español ha puesto en marcha el denominado Plan África, un plan de acción para el África subsahariana. El plan se articula en torno a siete objetivos:

* Contribución al afianzamiento de la democracia.

* Lucha contra la pobreza.

* Fomento de la cooperación para regular los flujos migratorios.

* Participar en el desarrollo de la estrategia de la Unión Europea hacia África.

* Reforzar los intercambios económicos y fomentar las inversiones, especialmente en lo relacionado con la seguridad energética y los hidrocarburos.

* Fortalecimiento de la cooperación cultural.

* Incrementar la presencia institucional de España.

La visión reaccionaria del fenómeno migratorio

El discurso reaccionario en España lleva implícito el mensaje de que el Estado y la sociedad actual del bienestar, dotados de recursos para infraestructuras, sanidad y servicios públicos, se ven afectados por la llegada masiva de inmigrantes, y los ciudadanos españoles deben compartir los recursos del bienestar con los otros.

El pensamiento reaccionario sostiene que el fenómeno de la inmigración afectada a la identidad española y europea, y que la cultura autóctona se expone a riesgos o peligros por la llegada de otras personas con lengua, valores y comportamientos diferentes.

La perspectiva reaccionaria propugna la defensa de la propia cultura frente al otro, lo cual supone una oposición fáctica, no declarada expresamente, a la distribución igualitaria de los recursos del bienestar.

Los currículos declarados y ocultos del discurso reaccionario español contribuyen a una percepción social que genera actitudes colectivas de ambigüedad, confusión, temor, incertidumbre o rechazo al otro.

La visión reaccionaria no es patrimonio exclusivo de nuestro país, gobiernos europeos adoptaron políticas excluyentes y contrarias a la inmigración. El caso de Austria y los referendums de Suiza y Bélgica, constituyen una evidencia empírica de la efectividad reaccionaria para modular la opinión pública y las actitudes sociales.

La probabilidad de éxito de la visión reaccionaria se convierte en real, cuando se reviste de un manto de racionalidad, justificando la inmigración solo cuando beneficia a la economía, a los propios ciudadanos de un país y cuando se regula en función exclusiva de las propias necesidades, económicas y sociales.

El discurso reaccionario es el discurso del miedo, cuando sugiere que la cultura propia está expuesta al riesgo o al peligro por la llegada de otras personas con lengua, valores y comportamientos diferentes. Constituye una visión de rechazo a la diversificación cultural y oculta los factores estructurales detonantes que desatan la fiebre migratoria actual.

La perspectiva reaccionaria sobredimensiona el riesgo que supone el relativismo lingüístico y la coexistencia de cosmovisiones no coincidentes, al tiempo de ampararse en un narcisismo histérico social de la civilización europea. Todo ello, camuflado bajo el manto de ardides retóricos opuestos a las actitudes sociales de empatía con la diversificación cultural consecuencia de la inmigración.

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La lógica reaccionaria no resiste la comprobación científica, cuando desconoce o rechaza que los individuos se forman en un proceso de relación, y la cultura se desarrolla en una dinámica social de interacción entre personas. Esta visión sostiene como obstáculo insalvable, la dificultad de establecer relaciones estables y cooperativas interculturales, generando actitudes sociales de incertidumbre y temor, al retratar al proceso de transformación cultural vigente como un debilitamiento traumático de los vínculos culturales tradicionales.

Al hilo de lo anterior, cabe afirmar que el pensamiento reaccionario, es contrario a la cultura europea que dice defender, cuando se opone a la aceptación fáctica del otro. El acervo cultural europeo hereda de las cunas griega y romana una amplitud y empatía contraria a la dialéctica polarizada del nosotros y el otro. Heródoto 2500 años atrás, nombra en su obra cientos de tribus, lenguas y confesiones que constituían un rico panorama cultural que causaban asombro, admiración y aceptación, a sus contemporáneos.

Se debe recordar que el discurso reaccionario, encierra el germen de la cultura del exterminio y de la falsa legitimidad de las masas alienadas y enemigas de un civismo que en la actualidad acrecienta su vertiente cosmopolita.

Los que creen estar llamados a la defensa numantina de la cultura autóctona como un bien inmutable, disimulan o esconden su predilección por una sociedad de masas alienadas, y su desprecio por una sociedad basada en un civismo cosmopolita. La visión reaccionaria contiene el átomo del totalitarismo, estudiado profundamente por pensadores como Ortega y Gasset, Erich Fromm, Hannah Arendt, Tehodor Adorno y muchos otros.

En definitiva, la perspectiva reaccionaria de la inmigración es enemiga de las culturas europeas que dice defender y proteger, como pone en evidencia en su Filosofía del drama Józef Tischner: -.Ya en el origen de la conciencia del yo está la presencia del tú, o tal vez del nosotros. Sólo en el dialogo, en la discusión y la contraposición, así como en la aspiración a crear una nueva comunidad, surge la conciencia de mi yo como ser autónomo, diferente del otro. Sé que existo porque existe ese otro.

La cultura europea está fundada en una filosofía del encuentro y del diálogo, para desgracia de la ortodoxia reaccionaria. En la actualidad el legado cultural europeo del encuentro dialoguista de Heródoto, transformado por Ortega y Gasset, Erich Fromm, Hannah Arendt, Tehodor Adorno, Rysazard Kapusinski y Józef Tischner, es asumido y renovado por Martin Buber y Gabriel Marcel, y se impone en las sociedades abiertas europeas, entre las que se encuentra la española.

La visión real progresista del fenómeno migratorio

El discurso real progresista en la Unión Europea, y por tanto en España, implica el mensaje explícito de que el Estado y la sociedad actual del bienestar, dotados de recursos para infraestructuras, sanidad y servicios públicos, se garantiza en su sostenimiento con los flujos de inmigrantes, a la vez que reconoce la necesidad de una adecuación de los sistemas de bienestar a la llegada de los nuevos ciudadanos.

La perspectiva progresista pone en valor las aportaciones de los nuevos ciudadanos al Estado y sociedad del Bienestar: pagan impuestos, aumentan las cotizaciones a la seguridad social; muchos llegan ya en edad de trabajar con formación, rejuvenecen la población, aumentan la fertilidad y la diversidad genética, facilitan la exogamia frente a los peligros de la endogamia, aumenta la diversidad cultural, son emprendedores y contribuyen a la innovación.

La visión progresista acepta que los nuevos ciudadanos favorecen a los países de origen

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con las remesas de dinero, el conocimiento adquirido y la adquisición de nuevas destrezas. España es un país que tiene experiencia, ya que en parte se desarrolló durante los años 1960 debido precisamente a la emigración a Europa y a las remesas de emigrantes.

El enfoque progresista reconoce de un modo desdramatizado, los problemas planteados por la inmigración, admitiendo que no existen soluciones o recetas fáciles. Paralelamente, asume las dimensiones morales, políticas, económicas, sociales, culturales y educativas sobre las que se necesita un consenso social, que a su vez, implica la valoración de opciones diferentes, y la aceptación del derecho al disentimiento.

La lógica progresista deshace los estereotipos y creencias colectivas negativas respecto a los inmigrantes, a través de un análisis ponderado que se fundamenta en un conocimiento real y desmitificado del movimiento migratorio. El conocimiento basado en la composición demográfica y profesional de los nuevos ciudadanos, los rasgos de las cadenas migratorias, la configuración de los campos migratorios, las tendencias de las migraciones de retorno y las reconstrucciones longitudinales de grupos de inmigrantes, a lo largo de un periodo largo de tiempo y de las áreas recorridas.

En las antípodas de la demagogia populista reaccionaria, el pensamiento progresista identifica los factores vinculados al auge de los flujos migratorios, tales como: el coste del transporte, su financiación a través de préstamos en el origen, o por medio de hipotecas sobre las propiedades familiares, o mediante la concentración de recursos familiares para pagar el viaje al varón que emigra.

El realismo progresista deshace mitos generadores de actitudes sociales de rechazo propugnadas y defendidas por el discurso exaltado reaccionario. Ejemplos como el mito que sostiene que los que emigran quieran irse para siempre de sus lugares de origen, es desmentido por la diversidad de estrategias de integración temporales de los propios inmigrantes; el mito de la saturación del mercado de trabajo se desvanece, cuando en realidad, los inmigrantes y nativos no compiten, en general, por el mismo mercado de trabajo; el mito del inmigrante varón sólo y desarraigado carece de veracidad, cuando la realidad demuestra que los inmigrantes llegan con sistemas familiares y culturales muy sólidos y diferenciados.

El discurso real progresista asume que una nueva Europa se está forjando con la integración de la inmigración, y pretende prevenir la aparición y consolidación de guetos comunitarios, así como también, la prevención del conflicto religioso a través del fortalecimiento de la sociedad laica.

La efectividad de la estrategia progresista de integración de los nuevos ciudadanos se basa en unos valores subyacentes que conforman una filosofía del dialogo, que surge en la idea de que el otro es un ente único e irrepetible, una idea más que milenaria que se remonta en la afirmación homérica de que los griegos no necesitaban conocer al último de entre los hombres para aceptarlo, debido a que el hombre siempre fue lo primero, es decir, lo divino.

Algunos rasgos del fenómeno de la inmigración en el escenario español

Los inmigrantes que llegan a España son personas muy activas en el ámbito profesional, insertándose en numerosas labores de gran utilidad social y económica. Los sectores productivos de la agricultura y la construcción, así como los sectores de servicios de la hostelería, el trabajo doméstico y el trabajo asistencial, han sido los más beneficiados.

El mercado de trabajo se ha beneficiado cubriendo un déficit de mano de obra autóctona con este capital humano, al tiempo que

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la Seguridad Social ha incrementado su recaudación.

El proceso de inserción laboral de los inmigrantes ha sido compatible y complementario con la elevación del nivel del empleo de los españoles. El análisis de la tendencia del mercado de trabajo español revela, que la tasa de paro es inferior a la media europea, alcanzando los niveles más bajos en los últimos veinte años. En 2005 el diez por ciento de los trabajadores que cotizaron a la Seguridad Social eran inmigrantes.

El empleo constituye uno de los aspectos claves para la inclusión social de las personas inmigradas, por un lado, y, por otro, su participación en el mercado de trabajo refleja la aportación que estas personas contribuyen al desarrollo económico y social en España.

La clave para entender la importancia que ha adquirido la población activa compuesta por los nuevos ciudadanos en España, especialmente la no comunitaria, hay que buscarla, además que en el crecimiento del volumen de inmigrantes que se ha producido en los últimos años, en sus elevadas tasas de actividad que reflejan una incorporación al mercado de trabajo notablemente mayor que la de los españoles en ambos sexos.

Los datos oficiales permiten demostrar que si el 55 % de los españoles de más de 16 años son activos, esta proporción alcanza al 80 % en el caso de los inmigrantes no comunitarios. Esta mayor proporción de activos es consecuencia, por una parte, de una estructura de edades más joven y concentrada en los grupos de edad más activos y, por otra, de una mayor incorporación al mercado de trabajo en todos los grupos de edad, con la excepción del de 25-34 años donde las tasas de actividad son similares entre españoles e inmigrantes.

El contraste es muy relevante entre los jóvenes de 16-24 años por el peso que este grupo tiene en el conjunto de activos no comunitarios y que es consecuencia de una temprana incorporación a la vida activa por parte de los jóvenes inmigrantes en España, como ha mostrado el Informe Juventud en España 2004.

Las mayores tasas de actividad de los inmigrantes, especialmente de los no comunitarios, se producen tanto en varones como en mujeres. Si entre los varones la diferencia es de algo más de 20 puntos, en el caso de las mujeres supera los 25. Estas mayores tasas se producen con los inmigrantes no comunitarios tanto los que provienen de la Europa no comunitaria y América Latina como los del resto del mundo.

Los inmigrantes han contribuido notablemente al crecimiento económico español de los últimos años y el proceso de regularización ha permitido una consolidación de los inmigrantes como contribuyentes fiscales.

Las estimaciones y proyecciones estadísticas indican que la inmigración en la Unión Europea, y por consiguiente, en España, no logrará equilibrar una pirámide de población sometida a un envejecimiento perturbador de la cohesión, económica, social y territorial. Sin embargo, la estructura de sexo y de edades de los inmigrantes que residen en España, permite inferir que el impacto de la inmigración compensa parcialmente el envejecimiento demográfico a través de incrementos de las tasas de natalidad y de fecundidad.

En el ámbito de la configuración sociocultural, la inmigración ha contribuido a la profundización de una diversidad cultural previa y propia de nuestro país. El genoma sociocultural está siendo modificado por los flujos migratorios, y se encuentra en plena evolución. El proceso constituye un escenario de oportunidades, desafíos y retos que pone a prueba, a la vez que enriquece la sociedad abierta y plural española.

La población inmigrada también incrementa la mejora de las condiciones de vida y

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desarrollo económico de los países de origen. La importancia creciente de las remesas económicas y la difusión de ideas y prácticas sociales son elementos de retorno muy relevantes en los procesos migratorios.

España, lo mismo que el conjunto de los países de la Unión Europea, necesita de la inmigración, y debe disponerse a adaptar sus instituciones y sus políticas a los nuevos retos que plantea la presencia de ciudadanos y ciudadanas inmigrantes.

Los nuevos ciudadanos que viven en España tienen una estructura demográfica por sexo y grupos de edad y un movimiento natural de población (natalidad y mortalidad) con algunas características que les diferencian de los españoles.

La estructura demográfica de los inmigrantes ofrece algunos rasgos diferenciales respecto a la composición por sexo y grupos de edad de los españoles. Estas peculiaridades se hacen más evidentes si se diferencian los extranjeros comunitarios y los no comunitarios.

El primer rasgo diferencial se produce por sexo: el 51% de los españoles son mujeres y el 49% varones. Esta relación se invierte en el caso de los extranjeros porque son mayoría los varones; entre los comunitarios los varones representan el 52% del total frente al 48% de mujeres; y entre los no comunitarios alcanzan el 54%, frente al 46% de mujeres.

Las diferencias por grupos de edad tienen mayor relevancia y dimensión. Las pirámides de edad de los tres colectivos: españoles, inmigrantes comunitarios e inmigrantes no comunitarios, muestran perfiles muy diferentes, sobre todo en el caso de los no comunitarios.

El primer aspecto que hay que poner de relieve es el distinto grado de envejecimiento de la población que muestran las tres pirámides. En el caso de los inmigrantes comunitarios, los mayores de 54 años suponen el 31% de la población total y esta proporción es del 29% en el caso de los españoles. Ambas pirámides muestran, por tanto, un elevado nivel de envejecimiento de la población, que en el caso de la población española, se acelerará en los próximos quinquenios porque comenzarán a alcanzar esas edades cohortes cada vez más numerosas hasta la actual de 25-29 años.

Frente a esta situación, entre los inmigrantes no comunitarios el peso de los mayores de 54 años es de solo el 5%. Esta situación es consecuencia de la llegada relativamente reciente a España de la mayor parte de los inmigrantes no comunitarios, que acceden mayoritariamente cuando son jóvenes o jóvenesadultos.

Con el tiempo esta situación tenderá a cambiar porque las cohortes irán alcanzando mayores edades a medida que transcurra el tiempo de permanencia en España, aunque sigan llegando otros inmigrantes en edades más jóvenes.

El segundo aspecto es el peso de los menores de 20 años. En este grupo de edad los españoles y los inmigrantes no comunitarios concentran un volumen relativo similar de personas: el 20% en el caso de los españoles y el 21% en el de los no comunitarios. Este grupo tiene un peso notablemente menor entre los extranjeros comunitarios, entre los que representa sólo el 13% del total.

Pero el rasgo más relevante de la comparación de las tres pirámides de población es la proporción de personas, varones y mujeres, en edades activas. Si entre 20 y 64 años están el 63% de los españoles, entre los inmigrantes alcanza el 71% en el caso de los comunitarios y el 77% en el de los no comunitarios.

Si se examinan la población entre 20 y 40 años se observan grandes diferencias. Entre los españoles este grupo supone el 31% del total de la población y entre los inmigrantes

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comunitarios el 33%; pero entre los no comunitarios concentra el 57% de la población que mayoritariamente se concentra en estos grupos de edad que son los más activos y los más reproductivos.

El examen más detallado de la pirámide de los inmigrantes no comunitarios en relación a la de los españoles muestra que tienen un mayor peso relativo en todos los grupos quinquenales de edad desde 5 a 44 años, en el caso de las mujeres desde los 0 años, pero que esta diferencia en muy notable entre los grupos de 25-29 años (con un peso nueve puntos más entre los no comunitarios) y de 30-34 años.

Todos estos rasgos diferenciales se producen de modo desigual en colectivos de inmigrantes de distintos continentes y nacionalidades y tienen un reflejo diferente en las distintas Comunidades Autónomas en función del origen de los mismos y del tiempo en que ha comenzado a producirse el fenómeno inmigratorio de modo significativo en cada una de ellas.

La presencia de un número importante de inmigrantes en el territorio español, su estructura de edades y el comportamiento de la fecundidad en esta fase de la inmigración en España son los rasgos que determinan su aportación al movimiento natural de la población en España. Aportación que es muy importante en términos de natalidad.

España ha venido asistiendo a un notable descenso de la natalidad desde 1975. Si en ese año nacieron en España cerca de 670.000 niños y niñas, veinte años después, en 1996, nacieron poco más de la mitad (363.000). A partir de ese año comenzó una recuperación del número de nacimientos que ha hecho que en 2004 hubiera más de 453.000 nacimientos, alcanzando el volumen de mediados de la década de los ochenta.

Esta notable aportación demográfica de los inmigrantes en la última década se debe a que tanto varones como mujeres se concentran en los grupos de edad más fértiles y a que las mujeres inmigrantes mantienen todavía pautas de fecundidad superiores a las de las mujeres españolas de su misma edad, tasas que probablemente con el tiempo se vayan pareciendo a las de las españolas de su misma condición social.

Desde 1996, ligado al aumento del número de inmigrantes que viven en España, se ha producido un notable incremento de los matrimonios en los que ambos cónyuges son extranjeros y también de los matrimonios mixtos, en los que uno de los dos cónyuges es español y el otro inmigrante. Entre 1996 y 2004 se han celebrado 141.050 matrimonios en los que al menos uno de los cónyuges era inmigrante, lo que supone cerca del 8 % del total de matrimonios que han tenido lugar en España.

El peso de los matrimonios en los que al menos uno de los cónyuges es inmigrante ha ido aumentando a lo largo de estos años. Si los 9.198 matrimonios con al menos un cónyuge inmigrante en 1996 suponían algo menos del 5% del total, los 30.637 celebrados en 2004 son más del 14% del total de este año.

Los últimos años no sólo han contemplado un crecimiento notable de la población inmigrante, sino también cambios muy importantes en la composición por zonas y nacionalidades de origen y por zonas de destino de los inmigrantes. Con ello está cambiando notablemente el perfil de la inmigración y su distribución por la geografía española.

La composición de los inmigrantes por grandes zonas de origen ha cambiado radicalmente en los últimos años. En 1992 la mitad de los extranjeros residentes en España provenían de un país de la actual Unión Europea. Hoy representan menos de la cuarta parte y desde el año 2003 no son el grupo mayoritario de extranjeros en España que han pasado a ser los latinoamericanos.

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En 1995, el 50% de los inmigrantes residentes eran algunos de los actuales Estados de la UE y el resto provenían de otras zonas. Estos se podían dividir en tres grandes grupos casi iguales: un 19% provenían de Latinoamérica, otro 19% de África y el 12% restante del resto del mundo. Esa distribución ha cambiado de modo muy significativo diez años después: el primer continente de origen de los inmigrantes es Latinoamérica de donde provienen el 36%, seguidos de África con el 24%; en tercer lugar, la Unión Europea con el 21% y el resto de Europa con el 12%; y Asia, el 7% del total.

Cinco países concentran el 50% de los inmigrantes que viven en España: Marruecos, Ecuador, Colombia, Rumanía y Reino Unido.

La percepción y actitud social ante la inmigración en España

Las encuestas y barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) vienen mostrando que la acogida de la inmigración y de los inmigrantes en España en los últimos años puede considerarse positiva. Aunque la opinión pública mayoritaria conoce poco la situación de la inmigración y muchos españoles no han tenido una relación personal con inmigrantes, hay un estado de opinión favorable a su integración.

Existe una preferencia social a que los inmigrantes accedan al territorio por vías legales pero, la mayoría de los españoles creen que conviene regularizar su situación con algunas condiciones y son muy pocos los que optan por la devolución o expulsión. Una gran mayoría de españoles están a favor de políticas que favorezcan la integración de los inmigrantes en la sociedad española.

La actitud social general también es favorable a que los inmigrantes tengan acceso, en igualdad de condiciones con los españoles, a las prestaciones del Estado de bienestar como la asistencia sanitaria, la educación, la vivienda o cursos de español o de formación profesional.

La percepción social de la inmigración por parte de la opinión pública española ha cambiado desde el año 2000. En torno a ese año diversos indicadores muestran cambios relevantes en distintos aspectos de las opiniones de los españoles respecto a la inmigración que han ido paralelos con un cierto incremento de los valores e indicios de racismo y xenofobia.

La opinión pública española sigue siendo mayoritariamente favorable a la inmigración pero ha crecido la proporción de los que son reacios al fenómeno. Este hecho hay que entenderlo, entre otros aspectos, en el marco de un rápido aumento de la presencia de personas inmigradas en las ciudades y pueblos de España desde el año 2000 y a la novedad que supone para muchos españoles el hecho inmigratorio de ciudadanos prevenientes de países pobres.

La opinión pública esta muy a favor de permitir la entrada de trabajadores inmigrantes que tengan un contrato de trabajo. El 85% se adhieren a esta opción, frente al 7% que les parece que lo mas adecuado sería permitir su entrada en España sin poner ningún obstáculo legal o el 6% que preferirían prohibir por completo la entrada de trabajadores inmigrantes.

Existe una percepción intensa del impacto que supone la inmigración en nuestra sociedad, lo que lleva a considerarla como uno de los asuntos cuya gestión debe figurar como prioridad en la agenda de los poderes públicos, e incluso a sobrevalorar notablemente el número de personas inmigradas realmente presentes en España.

Esa percepción social del impacto y el desajuste constatado entre la realidad de la inmigración y la percepción que de ella se tiene, hace necesario impulsar, por un lado, medidas de refuerzo de los servicios públicos que suavicen el impacto de la inmigración sobre la

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vida cotidiana percibido por los ciudadanos; y por otra, medidas que incrementen el conocimiento y la comprensión por parte de la población española de los hechos, datos y contribuciones más relevantes de la inmigración.

La percepción y la actitud social general de la población española presenta un grado de aceptación muy elevado respecto de la inmigración en la medida en que vaya ligada a un contrato de trabajo; y, por otra parte, respalda mayoritariamente el reconocimiento de derechos a la población inmigrada en igualdad de condiciones con los españoles.

La incorporación a nuestra sociedad de un número considerable de inmigrantes, producida en un plazo muy breve de tiempo, plantea un análisis continuo del fenómeno para afinar la estrategia de integración de los nuevos ciudadanos.

Las dimensiones y características específicas de los retos que aparecen ligados a la inmigración dependen de los contextos sociales, económicos y políticos en los que se asientan las personas inmigradas. Además, los beneficios y costes de la inmigración aparecen desigualmente repartidos entre distintos grupos sociales, porque, aunque la inmigración sea un factor positivo para el conjunto de la sociedad española, unos grupos sociales se benefician más de ella, mientras que otros comparten problemas e insuficiencias en el funcionamiento de servicios públicos con la propia población inmigrada.

En algunos campos la llegada de inmigrantes ha actuado como un reactivo que ha hecho emerger las insuficiencias cuantitativas y cualitativas de los servicios de nuestro Estado de bienestar, como ocurre en el sistema educativo o en el sanitario, en la vivienda o en los servicios sociales. La presencia de ciudadanos y ciudadanas inmigrantes plantea, básicamente, la necesidad de adaptar estos sistemas a la nueva realidad que se va configurando en España, con una población más numerosa y más diversa y plural, y de dotarlos de los recursos suficientes para hacer frente a las necesidades de estos nuevos ciudadanos.

En otros aspectos, la inmigración plantea problemáticas específicas que es preciso abordar, como la de contar con dispositivos de acogida adecuados, o la de promover mejoras en el conocimiento de las lenguas oficiales y de las normas sociales en España por parte de la población inmigrada, pues este conocimiento es imprescindible para lograr una sociedad cohesionada y para la propia integración social de las personas inmigradas.

La presencia de un número importante de personas inmigradas ha hecho surgir una fractura social de etnia, en distintos campos de la vida social, como el empleo, la educación, la vivienda, y problemas de discriminación por el origen racial o étnico. La fractura social de etnia debe ser combatida como un primer paso para garantizar la igualdad de oportunidades y la plena integración.

La feminización de la inmigración plantea retos específicos a las políticas de integración de los inmigrantes que deben abordarse desde la perspectiva de género, tanto por los problemas específicos que sufren las mujeres inmigrantes como por el importante papel que están llamadas a desempeñar en los procesos de integración social.

Proceso de integración bidireccional

El objetivo de la política de integración plena de los inmigrantes debe ser horizontal, y en su consecución deben estar implicados activamente todo el tejido administrativo, los actores de la sociedad receptora y los nuevos ciudadanos, a través del tejido asociativo.

El gobierno del proceso de integración ha de ser uno de los ejes de la construcción de una sociedad más justa y cohesionada, capaz de generar un sentimiento de pertenencia común entre todos los ciudadanos y ciudada-

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nas, rompiendo con la dialéctica sociológica perversa de nosotros y el otro, bipolaridad alentada por el pensamiento reaccionario.

Los principios básicos comunes para las políticas de integración de los inmigrantes en la Unión Europea, aprobados por el Consejo de la Unión Europea y los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros el 19 de noviembre de 2004, definen la integración como un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de todos los inmigrantes y residentes de los Estados miembros, para continuar afirmando que la integración implica el respeto de los valores básicos de la Unión Europea.

Esta formulación encierra tres ideas clave:

* La integración, más que un estado de cosas en un momento determinado, es un proceso social dinámico, prolongado en el tiempo, que tiene que ser continuamente reproducido y renovado.

* La integración requiere un esfuerzo mutuo o bidireccional de adaptación a la nueva realidad, tanto por parte de la población inmigrada, como de la sociedad receptora.

* El marco dentro del cual ha de producirse este esfuerzo mutuo está delimitado por los valores básicos de la Unión Europea.

En el caso de España, es el artículo primero de nuestra Constitución el que define dicho marco, al señalar que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Este precepto hay que leerlo en conjunción con lo dispuesto por el artículo 10.1, conforme al cual la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Estos son los elementos que configuran el marco de valores y normas básicas dentro del cual debe articularse ese proceso de mutua adaptación que es la integración.

Los principios políticos que orientan el proceso de integración bidireccional son:

* El principio de igualdad y no discriminación, que implica la equiparación de derechos y obligaciones de la población inmigrada y autóctona, dentro del marco de los valores constitucionales básicos.

* El principio de ciudadanía, que implica el reconocimiento de la plena participación cívica, social, económica, cultural y política de los ciudadanos y ciudadanas inmigrantes.

* El principio de interculturalidad, como mecanismo de interacción entre las personas de distintos orígenes y culturas, dentro de la valoración y el respeto de la diversidad cultural.

Los objetivos de un proceso bidireccional de integración son:

* Garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles, sociales, económicos, culturales y políticos de los inmigrantes.

* Adecuar las políticas públicas, especialmente la educación, el empleo, los servicios sociales, la salud y la vivienda, a las nuevas necesidades que origina la presencia de inmigrantes. Esta adecuación ha de ser tanto cuantitativa, para responder al incremento de los nuevos ciudadanos y usuarios a los que han de atender los servicios públicos, como cualitativa, para gestionar adecuadamente la diversidad de las nuevas demandas e incorporar las competencias interculturales necesarias.

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* Garantizar el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos- especialmente la educación, el empleo, los servicios sociales, la salud y la vivienda, en igualdad de condiciones con la población autóctona.

* Establecer un sistema de acogida a los nuevos inmigrantes y a los que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, hasta que se hallen en condiciones de acceder a los servicios públicos generales.

* Fomentar entre los inmigrantes el conocimiento y el respeto de los valores comunes de la Unión Europea, de los derechos y las obligaciones de los residentes en España, de las lenguas oficiales en los diversos territorios del Estado y de las normas sociales de convivencia de la sociedad española. Luchar contra las diversas manifestaciones de la discriminación, el racismo y la xenofobia en todos los campos de la vida social, tanto en el ámbito público como en el privado.

* Introducir la perspectiva de género tanto en lo relativo a la elaboración de políticas de integración, como a su aplicación.

* Fomentar políticas y experiencias de codesarrollo con los países de origen de la inmigración.

* Favorecer la comprensión por parte de la sociedad española del fenómeno migratorio, mejorar la convivencia intercultural, valorando la diversidad y fomentando valores de tolerancia, y apoyar el mantenimiento y conocimiento de las culturas de origen de los inmigrantes.

* Impulsar la adopción de políticas públicas y medidas por parte de las distintas Administraciones Públicas y de la sociedad civil que fomenten la integración de los inmigrantes y la cooperación en este campo.

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