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Ley 38/1988, de 28 de diciembre de Demarcación y Planta Judicial.

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LEY 2/1999, de 11 de enero, de modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.
LEY ORGÁNICA 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo.
LEY ORGÁNICA 9/2000, de 22 de diciembre, sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

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LEY 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.
LEY 8/1997, de 14 de Abril, por la que se modifica la Ley 38/1988, de 28 de Diciembre, de demarcacion y de Planta judicial.
LEY 13/1996, de 30 de Diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del Orden social.
REAL DECRETO 600/2003, de 23 de mayo, por el que se establece la separación de juzgados de primera instancia y juzgados de instrucción en los partidos judiciales de Cádiz y Salamanca.
LEY ORGÁNICA 5/2003, de 27 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.
LEY 37/1999, de 28 de octubre, por la que se modifica la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta
ORDEN JUS/1735/2003, de 27 de junio, por la que se dispone que los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial de Torrevieja (Alicante) sean servidos por Magistrados.
REAL DECRETO 1230/2003, de 26 de septiembre, por el que se regula el desarrollo de la planta judicial correspondiente a la programación del año 2003.
LEY ORGÁNICA 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
REAL DECRETO 46/2004, de 19 de enero, por el que se establece la separación de juzgados de primera instancia y juzgados de instrucción en los partidos judiciales de Jerez de la Frontera, Jaén, Torremolinos, Eivissa, San Cristóbal de la Laguna, Terrassa y Lleida.
LEY 26/1998, de 13 de julio, por la que se modifica la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.
REAL DECRETO 420/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la separación de juzgados de primera instancia y juzgados de instrucción en el partido judicial de Fuenlabrada.
ORDEN JUS/1421/2004, de 17 de mayo, por la que se dispone que los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de los Partidos Judiciales de Arrecife (Las Palmas) y Arenys de Mar (Barcelona) sean servidos por Magistrados.
REAL DECRETO 2126/2004, de 2 de noviembre, por el que se dispone la creación y constitución de determinados juzgados dentro del desarrollo de la programación del año 2004.
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Orden JUS/4259/2004, de 13 de diciembre, por la que se dispone que los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial de El Vendrell (Tarragona) sean servidos por Magistrados.
Real Decreto 233/2005, de 4 de marzo, por el que se dispone la creación y constitución de juzgados de violencia sobre la mujer correspondientes a la programación del año 2005.
Orden JUS/659/2005, de 14 de marzo, por la que se dispone que los juzgados de primera instancia e instrucción del partido judicial de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) sean servidos por Magistrados.
Real Decreto 481/2005, de 4 de mayo, por el que se dispone la dotación de plazas de magistrado en órganos colegiados y la creación y constitución de juzgados dentro de la programación correspondiente al año 2005.
Real Decreto 1197/2005, de 10 de octubre, por el que se dispone la dotación de plazas de magistrado en órganos colegiados y la creación y constitución de juzgados para completar la programación correspondiente al año 2005.
Sentencia número 62/1990, de 30 de marzo, del pleno del tribunal constitucional, en los recursos de inconstitucionalidad acumulados números 505, 548, 583 y 588/1989, contra determinados artículos de La Ley 38/1988, de 28 de diciembre.
Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del estado para 1992.
Ley 3/1992, de 20 de marzo, sobre medidas de corrección de La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y de planta judicial.
Ley 10/1992, de 30 de Abril, de medidas urgentes de reforma procesal.
Real Decreto 708/2006, de 9 de junio, por el que se dispone la creación de veinte unidades judiciales dentro de la programación de desarrollo de la planta judicial para el año 2006.
Real Decreto 963/2006, de 1 de septiembre, por el que se dispone la dotación de plazas de magistrado en órganos colegiados y la creación y constitución de juzgados para completar la programación correspondiente al año 2006.
Orden JUS/2479/2007, de 27 de julio, por la que se dispone que los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de los partidos judiciales de Martorell (Barcelona) y Lliria (Valencia) sean servidos por Magistrados.
Real Decreto 1682/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece la transformación del Juzgado de lo Penal número 3 de Ceuta en Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta.
Real Decreto 2/2008, de 11 de enero, por el que se establece la transformación del juzgado de primera instancia n.º 4 de Vigo en Registro Civil exclusivo de Vigo.
Real Decreto 3/2008, de 11 de enero, por el que se dispone la creación de cuatro unidades judiciales en el partido judicial de Zaragoza y se crea una nueva sección en la Audiencia Provincial de Zaragoza dentro de la programación correspondiente al año 2008.
Real Decreto 159/2008, de 8 de febrero, por el se dispone la creación y constitución de 10 juzgados de primera instancia dentro de la programación para el año 2008.
Orden JUS/505/2008, de 26 de febrero, por la que se dispone que los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de los partidos judiciales de Manacor (Illes Balears), Vila-real (Castellón), Sueca (Valencia) y Valdemoro (Madrid) sean servidos por Magistrados.
Real Decreto 321/2008, de 29 de febrero, por el que se dispone la modificación de la denominación del Juzgado de Primera Instancia n.º 14 de Vigo, en Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Vigo.
Real Decreto 953/2008, de 6 de junio, por el que se crean 126 Juzgados y 20 plazas de Magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales correspondientes a la programación de 2008.
Real Decreto 1577/2008, de 26 de septiembre, por el que se establece la separación de Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Instrucción en el partido judicial de Alcobendas, Madrid.
Real Decreto 167/2009, de 13 de febrero, por el que se dispone la creación y constitución de 15 juzgados para la mejora de la jurisdicción mercantil, dentro de la programación del año 2009.

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Real Decreto 1833/2008, de 8 de noviembre, por el que se establece la transformación del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Las Palmas de Gran Canaria en Registro Civil exclusivo.

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Ley 38/1988, de 28 de Diciembre, de demarcación y de Planta judicial.

Juan Carlos I

Rey de España

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

Preambulo

I

La Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, constituye el Pilar normativo sobre el que se apoya el cumplimiento de los fines constitucionalmente atribuidos al Poder Judicial en el estado social y democratico de derecho.

La Ley Organica ha atribuido contenido cabal a los principios de independencia, plenitud y unidad de la jurisdiccion, garantia e imperio de la Ley; Ha hecho efectivo, asimismo, el Gobierno autonomo del Poder Judicial, destacando el caracter de Organo constitucional del Consejo General del Poder Judicial y ha configurado, sobre unas bases nuevas y sentadas para el logro de la tutela jurisdiccional eficaz, el Estatuto de los Jueces y Magistrados y el de los Secretarios Judiciales y demas Personal al Servicio de la Administracion de Justicia.

La Ley Organica del Poder Judicial, sin embargo, contiene otro conjunto de mandatos cuyo denominador comun radica en la necesidad de un desarrollo normativo, organizativo y financiero complejo, por suponer la creacion de tribunales y de Juzgados de nueva planta, el crecimiento notable de los ya existentes y, en algunas ocasiones, el cambio de su naturaleza, de su competencia, o de la circunscripcion a la que se extiende su jurisdiccion.

Con la presente Ley, dentro de los principios y de las finalidades expuestas, se da cumplimiento, por ende, al mandato de la Disposicion Adicional primera de la Ley Organica del Poder Judicial en lo que se refiere a la regulacion legislativa de la demarcacion y Planta Judicial. La reforma de la regulacion legislativa del proceso en los diversos Ordenes jurisdiccionales, paralelamente emprendida en identico contexto de desarrollo de la Ley Organica, constituye el complemento indispensable de aquella.

La demarcacion se ha elaborado teniendo en cuenta las propuestas de las Comunidades Autonomas y el Proyecto de Ley ha sido sometido a informe del Consejo General del Poder Judicial, Cumpliendo con ello, en ambos casos, las previsiones de la Ley Organica del Poder Judicial. Las observaciones formuladas han tenido un alto valor y han acrecentado notablemente el conocimiento de los datos y circunstancias necesarios para una adecuada decision.

II

El estado social y democratico de derecho, en la busqueda de un contenido efectivo y Real en los derechos de los ciudadanos, insiste en la nota de efectividad de la proteccion judicial de los derechos, que llega a plasmarse como derecho fundamental especifico en el articulo 24 de la constitucion.

El adecuado desarrollo de la Ley Organica del Poder Judicial ha de hacer frente, por lo tanto, en primer termino, al enorme deficit acumulado durante decenios por una organizacion judicial estructurada mas en funcion de la presencia que de la eficacia; Distribuida con criterios geograficos imperfectos y desequilibrados e infradotada en cuanto al numero de sus titulares y sus Organos decisorios, con la consiguiente insuficiencia de los medios personales y economicos puestos a su servicio e inadecuacion de las normas de procedimiento por las que se rige.

En segundo termino, al deficit historico de la Justicia se añade el mayor grado de exigencia social de buen funcionamiento que frente a ella, y en contraste con la pasividad tradicional, conlleva la proclamacion del sistema constitucional del estado social y democratico de derecho. A mayor abundamiento, fenomenos tales como la judicializacion del estado y de la vida social, la mayor conciencia ciudadana de los derechos y de la garantia de su contenido Real, la desaparicion de vinculos sociales y politicos restrictivos de la libertad individual y del derecho de defensa de las personas, el control democratico de los defectos de funcionamiento de todas las instituciones publicas, la mayor conflictividad social derivada de la creciente complejidad demografica y de los episodios de crisis economica, y la culminacion del Estado de Derecho mediante el reconocimiento del valor normativo de la constitucion, han provocado en los ultimos años un considerable incremento de la litigiosidad.

Este incremento afecta especialmente a los Ordenes jurisdicc...

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