Justicia social y liberalización del comercio internacional

#x201c;En el sentido moderno del término, civilizar significa enseñar a la gente a trabajar para poder comprar, intercambiar y gastar#x201d;: esta fuerte declaración del presidente de la Cámara de Comercio de Lyon data de finales del siglo XIX y, aunque se inscribía dentro del contexto del proyecto colonial2, hoy podría servir como lema al proyecto de liberalización del comercio internacional en el que se encuentran involucrados, queriéndolo o no, prácticamente todos los Estados del planeta. Esta definición de la civilización hubiera a buen seguro inspirado el humor incisivo de Antonio Marzal. No porque dudara de las bondades del trabajo, del comercio y del intercambio, sino porque percibía claramente la deriva mesiánica de la pretensión moderna, que conduce a someter el mundo a una pura y universal racionalidad económica. Según él, la civilización industrial ha impuesto a la cultura un proceso de racionalización #x201c;en el que la cultura ha sido vaciada (secularizada) de todo elemento no formalizable ni directamente racionalizable, al tiempo que (#x2026;) ha sido sustituida (resacralizada) por el mito omnipresente y omnipotente de la ciencia, en aquellos de los elementos fuertes de la cultura que más se resisten a desaparecer sin protestar#x201d;3. Hoy la globalización ha ocupadoel lugar de la colonización como horizonte del mesianismo occidental, pero tanto hoy como ayer este mesianismo se topa con resistencias que invocan un principio que buscaríamos en vano entre las normas que han instituido y posibilitado la liberalización del comercio internacional: el principio de justicia social.

El contraste entre las respectivas evoluciones del derecho mercantil y del derecho del trabajo es revelador de estas resistencias. Mientras que el primero se internacionaliza, el segundo se mantiene como una cuestión esencialmente nacional. Ello no significa, sin embargo, que la liberalización del comercio no le afecte. Al contrario, es el lugar de disputa entre dos tendencias opuestas: por un lado el derecho del trabajo limita la presión a la baja de las condiciones de trabajo que ejerce dicha liberalización, pero por otro lado resulta erosionado bajo esta presión, y ya no consigue garantizar un estatuto satisfactorio para todos aquellos que viven de su trabajo. Como es bien sabido, en términos macroeconómicos esto se traduce en una ruptura de la relación entre la productividad del trabajo y su remuneración, y por la atribución a los rentistas de lo esencial de los beneficios4. En el seno del mundo del trabajo, esta erosión se ve reflejada en el aumento de las desigualdades de ingresos y de estatutos jurídicos, y sobre todo en la espectacular alza del trabajo de miseria, que despliega sus diferentes facetas por todos los ámbitos: la subida en los países ricos del número de working poors, los que no ganan lo suficiente en su trabajo para vivir dignamente; el recurso a la precariedad como modo estructural de gestión del #x201c;recurso humano#x201d;; crecimiento del sector informal en los países pobres, donde sectores enteros de la población se esfuerzan por sobrevivir en la más absoluta miseria y sin ninguna seguridad, ni física ni económica. De acuerdo con las conclusiones que la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización publicó en 2004 bajo el patrocinio de la OIT, #x201c;para una gran mayoría de mujeres y hombres, la globalización no ha sido capaz de satisfacer sus aspiraciones sencillas y l...

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