La lucha contra el delito y la indisciplina social
| Author | Dr. Antonio Rodríguez Gavira |
| Position | Profesor Titular Adjunto de Derecho Penal de la Universidad de La Habana |
| Pages | 41-46 |
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En el segundo día de sesiones del IV Congreso del Partido, cuando se discutía la resolución sobre el Programa del PCC, se manifestaron diferentes criterios y preocupaciones en torno a la problemática del delito, que coincidieron en una enérgica condena de ese fenómeno, que gravita sobre el desarrollo de la sociedad como un pesado lastre y se le encargó al nuevo Comité Central el análisis de sus causas, así como la elaboración de una política para enfrentarlo.
Es evidente que esa tarea reviste una extraordinaria importancia en momentos como los que vivimos, inmersos ya en pleno Período Especial, en el que es de esperar que la agudización de las dificultades, pueda asociarse con el incremento del delito y las actitudes antisociales. Por ello, en espera de que se produzca la correspondiente respuesta del Comité Central y en el entendimiento de que para trazar una política de enfrentamiento al delito, no es posible esperar a contar con el conocimiento de sus causas y de las condiciones que lo propician, porque ello requiere la realización de múltiples estudios criminológicos en los que no solamente es necesario invertir recursos, sino el tiempo imprescindible para llevarlos a cabo; en tanto se cuenta con el resultado de esos estudios, nos aventuramos a incursionar en él problema, en la búsqueda de ideas que puedan ser útiles al logro de los objetivos propuestos.
La enorme importancia de la lucha contra el delito se deriva por una parte, del absoluto costo de ese fenómeno, si atendemos al daño que le ocasiona al objeto protegido por la norma penal un amplísimo conjunto de relaciones sociales que van desde la Seguridad del Estado; la administración y la jurisdicción; la seguridad colectiva; el orden público; la economía nacional; el patrimonio cultural; la fe pública; la vida y la integridad corporal; los derechos individuales ; los derechos Page 42 laborales; el normal desarrollo de las relaciones sexuales; la familia, la infancia y la juventud y el honor hasta los derechos patrimoniales. Pero hay que considerar también el costo que conlleva el propio enfrentamiento del delito (gastos de Policía, Fiscalía, Abogados, Tribunales, aparatos de ejecución de sanciones como son las prisiones y oficinas de cobro de multas; el costo político-social -difícil de evaluar- que el delito trae consigo para el propio delincuente y su familia; sin contar los gastos que ocasiona la propia prevención de ese fenómeno.
Todo esto convierte este problema en algo de suma importancia para cada país e incluso la propia Organización de Naciones Unidas, no puede desentenderse del problema y periódicamente celebra congresos en los que se intercambian experiencias y se toman acuerdos, que propenden a la utilización de las mejores ideas en el enfrentamiento del delito y tratamiento del delincuente.
Refiriéndose a la lucha contra el delito, dijo certeramente Fidel, en la sesión diferida de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 18 de septiembre de 1987, que:
"... empieza en el círculo infantil, con la creación de determinados hábitos y valores y continúa en la escuela. En la medida en que se perfeccione nuestro sistema de educación primaria, así disminuirán los delitos; en la medida en que logremos el tratamiento correcto a todos los muchachos que presenten problemas de retraso mental, y luego desertan y se convierten en un potencial delictivo, en la medida en que hagamos todas las escuelas especiales para miles de jóvenes que no reciben el tratamiento adecuado en la escuela, en la medida en que la doble sesión se aplique de manera generalizada, en la medida en que las escuelas sean adecuadas y tengan áreas deportivas y de recreación; en la medida en que liquidemos las cuarterías, ciudadelas y barrios insalubres, los albergues; en la medida en que sepamos utilizar mejor la prevención, en la medida en que las comisiones de prevención trabajen, en la medida en que el médico de la familia realice su medicina social, en esa misma medida van a reducirse las conductas antisociales y el delito".
Con lo que trazó toda una estrategia a corto y largo plazos de prevención del delito, en momentos en que aún no estábamos ante la realidad del Período Especial en Tiempo de Paz, que por las limitaciones que nos impone, hace mucho más difícil la ejecución de medidas vinculadas a la erradicación de problemas sociales y hace más necesaria que nunca la prevención del delito,- lo que requiere darle prioridad a esta lucha e incorporar en ella a todo el pueblo, como premisa indispensable para lograr el éxito.
Si analizamos el fenómeno del delito en el tiempo, podemos distinguir dos alternativas, la primera de ellas cuando el delito aún no se ha producido está conformada por todos los planes, tareas y medidas encaminadas a prevenir o evitar que el delito se produzca y la segunda, que se desarrolla una vez que el delito se manifiesta y que incluye todo lo que se hace para enfrentar y darle respuesta a ese hecho.
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Consideremos más en detalle cada una de las dos alternativas enunciadas, comenzando por la prevención del delito en nuestro país en la presente coyuntura histórica y en ese sentido nos permitimos considerar los siguientes pasos:
Se hace necesario en las presentes circunstancias introducir algunos ajustes al sistema penal que implican modificaciones legislativas que van desde la Constitución, la Ley de Tribunales y el Código Penal, hasta la Ley de Procedimiento Penal, cambios que dotarán al sistema de las condiciones que se requieren para prevenir y enfrentar adecuadamente el delito. En cuanto a las modificaciones de la Ley de Procedimiento Penal, el objetivo es darle mayor celeridad a la administración de justicia, sin merma de las garantías procesales, porque es premisa indispensable de la eficiencia en este campo, la rapidez de la respuesta al hecho delictivo, ya que la lentitud de esa respuesta, lleva en sí una determinada carga de injusticia.
En todas estas modificaciones ya se trabaja actualmente tanto por la Asamblea Nacional del Poder Popular, como por los Organismos con responsabilidades en el Sistema Penal.
Por supuesto que las modificaciones legislativas esbozadas en el punto anterior deben estar determinadas por la nueva política penal que tracen el Partido y el Estado; lo que puede operar dentro del campo de la prevención general, actuando como un factor de disuasión del delincuente potencial.
Estos planes no son nuevos, en un pasado relativamente cercano eran asumidos por las Comisiones de Enfrentamiento al Delito que existían a distintos niveles y desde la promulgación del Decreto-Ley No. 95 de 29 de agosto de 1986, se responsabilizó con ellos a las Comisiones de Prevención y Atención Social.
Se enumeran a continuación varias ideas que pueden ser útiles en el desarrollo de esos planes, algunas de ellas ya utilizadas y otras no, pero que todas en su conjunto con otras que vayan surgiendo deben contribuir a evitar la comisión de delitos:
a) Reforzamiento del control social sobre los padres. El objetivo de este punto es evitar la desatención de los menores por parte de sus progenitores, lo que permitirá detectar a tiempo el caso de padres que no cumplen adecuadamente sus deberes paterno-filiales y tomar medidas eficaces que van desde la discusión con los interesados, hasta su. Page 44 presentación ante los tribunales, según lo que dispone el Código Penal vigente en sus artículos 315, 1 y 2 y 316 cuando tipifica el delito de Otros Actos Contrarios al Normal Desarrollo del Menor; a fin de que modifiquen su conducta en relación con sus hijos.
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Control de jóvenes que no estudian ni trabajan. Haciendo todo un trabajo con ellos para incorporarlos al estudio o al trabajo, evitando que los mismos caigan en el delito.
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Detección de locos delictivos. Estos posibles focos delictivos pueden ser hogares, barrios, sitios de recreación, etc., y en cada caso se deben desarrollar planes dirigidos a su neutralización o erradicación.
ch) Detección de niños con problemas en la escuela. Esto debe hacerse en coordinación con la escuela y será punto de partida para realizar un trabajo con los padres, en evitación de que estos niños deserten y se conviertan en potencial delictivo.
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Atención especial al delito económico
- Exigir por todas las vías posibles el estricto cumplimiento por parte de las administraciones, de todas las disposiciones del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía y los distintos sub-sistemas que lo integran, apoyándose en las auditorías ramales y compulsar en coordinación con la Policía Económica, que se tomen medidas con los incumplidores en evitación de posibles fraudes y malversaciones.
- Exigir que se cumpla por las administraciones con las medidas sugeridas por la Policía en cuanto al aseguramiento de objetivos económicos, tales como: Cerraduras, rejas, alarmas trampas químicas, guardia obrera, perros guardianes, etc.
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El Sistema Único de Vigilancia y Protección
Establecer donde aún no lo esté y controlar el funcionamiento en forma sistemática para que funcione adecuadamente, el Sistema Único de Vigilancia y Protección, lo que permitirá cubrir todo el territorio nacional con la mirada atenta y vigilante del pueblo, en defensa de sus propios intereses.
En el análisis de la segunda alternativa que consiste en el enfrentamiento de la conducta delictiva cuando ésta se produce, por haber fracasado la prevención, pueden considerarse los aspectos que a continuación se relacionan:
Esta es una cuestión de gran importancia, porque según investigaciones criminológicas realizadas en varios países, la seguridad de que cada hecho delictivo que se produzca será esclarecido, lo que permitirá reprimirlo; es un factor de disuasión del delincuente potencial de mayor envergadura que la propia severidad de la sanción.
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Una baja operatividad estimula la comisión de hechos delictivos, porque el delincuente tiende a asumir el riesgo, si piensa que existe un buen margen para presumir que no será descubierto.
En este punto es necesario retrotraernos al último aspecto que consideramos en la alternativa de prevención del delito; me refiero al Sistema Único de Vigilancia y Protección, porque éste no solamente es útil en la prevención, sino también en el esclarecimiento de los hechos delictivos que no alcanza a prevenir.
Finalmente si el hecho se produce y se esclarece se pone en marcha todo el sistema penal: Policía, Fiscalía, Abogados, Tribunales y dependencias de ejecución de sanciones; para aplicarle al caso concreto con la mayor celeridad posible, la respuesta prevista por la política penal; lo que opera como prevención especial según el artículo 27 del Código Penal vigente, cuando desdobla la represión del delito en prevención, al señalar entre los fines de la sanción, que "... no tiene sólo por finalidad la de reprimir por el delito cometido, sino también la de reeducar a los sancionados en los principios de actitud honesta hacia el trabajo, de estricto cumplimiento de las leyes y de respeto a las normas de convivencia socialista, así como prevenir la comisión de nuevos delitos, tanto por los propios sancionados como por otras personas".
Desde hace algún tiempo se vienen ensayando distintas ideas que tienden a reforzar el sistema penal, acercar la justicia a la base, y evitar la suspensión de juicios señalados. Estas experiencias cuando son validadas por la práctica se aplican en forma generalizada. Entre esas medidas pueden citarse las siguientes:
- El traslado de las Salas de lo Penal de Tribunales Provinciales Populares a los municipios para celebrar los juicios de ese territorio, con el consiguiente aseguramiento de los actos; acercar la justicia a la base y evitar, con el simple desplazamiento de jueces, abogados y fiscales, que cientos de acusados y testigos se muevan hacia el Tribunal Provincial.
- Elección de jueces legos de Tribunal Provincial Popular a nivel de municipios para que al constituirse allí el tribunal sólo sea necesario trasladar a los jueces profesionales.
- Elección de jueces legos especializados en la materia económica, para que aporten sus conocimientos al tribunal en casos de delitos económicos.
- Creación de Secciones del Tribunal Municipal Popular en las zonas de mayor radicación de asuntos con jueces del propio territorio.
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Otras medidas que están en vías de ser aplicadas en la capital del país son.- División en dos del Tribunal Provincial Popular: un Tribunal del Este y otro del Oeste, asignándole a cada uno la atención de las causas provenientes de determinados municipios; lo que permitirá organizar mejor el trabajo en ambos, así como que éstos puedan dar una mejor atención a los Tribunales Municipales que se les adscriba.
- Creación de Secciones de lo Penal a nivel de Consejos Populares, adscriptas a los Tribunales Municipales Populares correspondientes, lo que sin dudas descongestionará el trabajo a esa instancia.
El resultado de todo lo expuesto no puede ser otro que la disminución de las conductas delictivas, lo que ya se comienza a producir en algunos territorios, sólo como consecuencia de la implantación del Sistema Único de Vigilancia y Protección y algunas de las medidas a que nos hemos referido; por lo que es de esperar que se produzcan resultados más completos con el desarrollo integral de los planes de prevención y de enfrentamiento del delito, batalla que debe ser ganada por nuestro pueblo, porque en ella está comprometido el destino de la Revolución.
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