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Medios telemáticos y derecho de representación

El presente trabajo se inscribe dentro del Proyecto de Investigación "Derecho de Sociedades y Tecnologías de la Información y Comunicación" UV-AE-20060720.

PALABRAS CLAVE: Gobierno corporativo. Transparencia empresarial. Derecho de representación. Tecnologías de la Información y Comunicación.

I. Antecedentes

El ejercicio de los derechos políticos de los socios sufrió un importante cambio con la promulgación de la Ley 26/2003 de transparencia de las sociedades cotizadas en la que incorporó el ejercicio de los mismos a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.

Actualmente, la novedad ya no la encontramos en esta regulación, que además venía impuesta por las directrices comunitarias, sino, en la efectiva utilización de los medios tecnológicos. Por otra parte, tras cuatro años de vigencia de esta norma, debe valorarse si se ha incrementado de modo efectivo la transparencia de las sociedades y por ende el control sobre los órganos de administración de las diferentes sociedades o no1.

Para ello habrá que evaluar en qué medida han sido utilizadas las tecnologías de la información y de la comunicación en el ejercicio del derecho de delegación para asistir y votar en Junta.

El incremento de los escándalos financieros protagonizados por las sociedades de auditoría y por los miembros de los consejos de administración motivó la elaboración de normativa de control considerando las TICs como herramientas necesarias para fomentar el activismo accionarial procediendo a su incorporación a la estructura orgánica e institucional de las sociedades mercantiles2.

Materializada esta prescripción en la Ley 26/2003 de transparencia en España y en la Directiva 2004/109/EC, de 15 de diciembre de 2004 , sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE y en la actualidad en la Directiva del Parlamento y del consejo sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de las sociedades cotizadas, de 1 de junio de 2007. En estos momentos la llamada Ley de igualdad también pretende, entre otras medidas, promover la participación de la mujer en los Consejos de administración, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

La regulación de la Ley 26/2003 pretendía revitalizar3 las Juntas generales, potenciar la asistencia de los socios y por ende, controlar al órgano de administración en aras de conseguir una mayor transparencia, a imagen y semejanza de EEUU y con el fin de lograr evitar los grandes escándalos financieros como ENRON, Parmalat, AOL, etc.

En Europa, las medidas legislativas de los Estados miembros y de la propia Unión Europea han venido precedidas de la elaboración de informes y Códigos de buen gobierno para las sociedades mercantiles4.

En nuestro país, el Círculo de empresarios se adelantó publicando en 1996 una propuesta de normas para un mejor funcionamiento de los Consejos de Administración. En 1998 se presentó el Informe Olivencia5, dirigido a ofrecer unos parámetros que permitieran reflexionar a los destinatarios sobre una de las cuestiones fundamentales, el gobierno de las sociedades cotizadas. El 8 de enero de 2003 se publicó el Informe Aldama en nuestro país.

La separación entre propiedad y gestión fue otro de los pilares sobre los que se basó el Informe Aldama, apuntando las ventajas como las relativas a la especialización de las funciones financieras y gerenciales, aunque podía conllevar riesgos por la existencia de conflictos de intereses y por otra parte como desventaja, al incrementar el grado de separación entre propiedad y gestión así como la importancia relativa de los pequeños inversores e institucionales, se incrementaba ta...

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