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Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

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LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

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REAL DECRETO 803/1993, de 28 de Mayo, por el que se modifican determinados procedimientos tributarios.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha introducido importantes reformas en los principios ordenadores de los procedimientos administrativos. La disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, consciente de las peculiaridades de las actuaciones administrativas en materia tributaria, permite que los procedimientos tributarios se rijan por su normativa específica, sin perjuicio de la aplicación subsidiaria de aquélla.

En el momento actual existe un amplio elenco de procedimientos tributarios cuyas disposiciones reguladoras poseen diversos grados de detalle. Así, en algunos casos las disposiciones tributarias llevan a efecto una regulación completa y exhaustiva de los procedimientos, mientras que en otras ocasiones se limitan a concretar algunas especialidades que se derivan de la naturaleza de las actuaciones que se desarrollan, por lo que en estos últimos casos los procedimientos se someten en gran medida a los preceptos generales del procedimiento administrativo, dado su carácter supletorio.

El presente Real Decreto realiza modificaciones en determinados procedimientos tributarios, centrando su atención especialmente en aquéllos que, por carecer de una regulación propia de los plazos para su resolución o de los efectos de la falta de resolución dentro de los plazos correspondientes, se rigen por las disposiciones generales reguladoras del procedimiento administrativo común, dado su carácter supletorio. Los criterios que se han utilizado son los siguientes:

a) Se establecen plazos diferentes del general de tres meses previsto en la Ley 30/1992, en aquellos procedimientos en los que así resulta preciso por la naturaleza de las materias a que los mismos se refieren.

b) Asimismo se relacionan los procedimientos tributarios en los que los efectos de la falta de resolución expresa son desestimatorios.

Tanto en materia de plazos como en lo relativo a los efectos desestimatorios de la falta de resolución expresa, se ha llevado a cabo un esfuerzo al objeto de que las diferencias existentes respecto de los principios generales previstos por la Ley 30/1992 se produzcan únicamente en aquellos casos en que la aplicación de estos últimos pudiera producir perjuicios de entidad a los ...

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