Las madres que no puedan firmarla por no contar con estas características, deberán presentar una identificación con fotografía y se les tomarán las huellas digitales; tendrían que dar su dirección de residencia, pagar una cuota de 50 dólares y dejar una copia de la factura de los servicios médicos por el nacimiento si ésta se financió con recursos públicos.

Si uno de los padres proporciona información falsa, podría recibir una multa de 5,000 dólares, una sanción de hasta cuatro años en prisión, o ambas. Toda esta información tendría que ser puesta a disposición del Departamento de Seguridad Interna (DHS) si éste así lo dispone.

[Tony Dolz] también explicó que con esta propuesta se eliminaría el acceso a servicios públicos gratuitos, como educación o salud para los menores de 18 años en general; de ser llevada a la boleta electoral y aprobada, la iniciativa crearía programas específicos para este propósito, a los cuales se podría acceder sólo comprobando la residencia permanente de los padres del menor en el estado.

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