El desarrollo normativo de la ley general de telecomunicaciones de 2003. Nuevas técnicas y nuevos problemas

1. PRESENTACIÓN

Una charla dedicada al desarrollo normativo de una Ley no debería plantear mayores dificultades. Se trata de recorrer el texto de la ley y ver qué extremos están necesitados de desarrollo reglamentario; a ello hay que añadir un vistazo al sector para determinar algunos otros desarrollos posibles no mencionados por el legislador, y ¡listo!, la charla está montada. Los asistentes esperan una cómoda sesión informativa y todo tendría que rodar por caminos perfectamente conocidos.

Mi intervención esta mañana se va salir de la pista marcada. En vez de hablar de los esperados Decretos y Ordenes Ministeriales, y en vez de establecer las líneas competenciales del Estado y las Comunidades Autónomas como es habitual para otras leyes, en el caso de las telecomunicaciones debo dirigir la atención de quienes me escuchan hacia un confuso mundo de normas, directrices, recomendaciones, decisiones y acuerdos de todo tipo, que son las que, de verdad, están dando forma al desarrollo español de la LGTel. Hay también Decretos en preparación, y ocasión habrá de mencionarlos, pero ni son todo, ni siquiera la parte más importante del complejo normativo que nos interesa.

Obsérvese la referencia que he utilizado: «complejo normativo». No me atrevo a calificar lo que observo en Telecomunicaciones como «grupo normativo» (con el término acuñado hace unos años por VILLAR PALASÍ), porque este concepto implica una jerarquía y coherencia interna que no se aprecia en lo que estamos haciendo en telecomunicaciones. Como verán seguidamente, las cosas están muy complicadas en este sector.

Para que tengan un elemento fiable de contraste, permítanme recordarles el texto del art. 9,3 de nuestra Constitución:

La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Según este artículo, en el que encontramos una concepción sabia y profunda de los fundamentos del Estado de Derecho, la legalidad, la jerarquía normativa y la publicidad de las normas conducen a la seguridad jurídica y a la interdicción de la arbitrariedad. En una palabra, y es esa expresión tan certera de hace doscientos años, conducen al «gobierno de las leyes, no de los hombres».

Pues bien, lo que vengo a decirles e...

If you are already a vLex customer, Access Here