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Denegación de medida cautelar: Suspensión de la ejecución del acto administratvio (obras del AVE Madrid-Barcelona)

Informe elaborado el 15 de noviembre de 2007 por don Federico J. Ramos de Armas, Abogado del Estado ante la Audiencia Nacional

Alegaciones

I. Objeto del recurso y fundamento de la medida cautelar solicitada

La parte actora interpone un recurso contra la resolución de 6 de junio de 2007, del Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación, del Ministerio de Fomento, por la que se aprueba el expediente de información pública y el «Estudio Informativo Complementario sobre las modificaciones del trazado en el tramo Sants-Sagrera (Barcelona) de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa», solicitando la suspensión del acto recurrido.

La recurrente fundamenta su pretensión cautelar en una serie de motivos, que a continuación se exponen de forma sintética, y que pueden resumirse en uno, el riesgo inminente de un perjuicio irreparable que puede causar la ejecución del acto recurrido en el Templo de la Sagrada Familia.

Frente a esto, haciendo hincapié en que no estamos contestando el fondo del asunto sino simplemente oponiéndonos en la pieza separada de medidas cautelares, hay que señalar con rotundidad que la ejecución del acto recurrido no implica en sí misma ningún riesgo inminente porque por su propia naturaleza un Estudio Informativo requiere de un pos-terior desarrollo para poder ser ejecutado. La propia Sala y Sección a la que tenemos el honor de dirigirnos lo ha señalado en numerosas ocasiones anteriores, por todas ellas citaremos el auto de fecha 18 de septiembre de 2006, recaído en el recurso 781/2005, en el que señaló con gran claridad que «dado que la aprobación del estudio informativo que se recurre no implica la inmediata ejecución de la obra, precisada para posteriores proyectos para su ejecución, no se advierte perjuicios irreparables que puedan derivar de la ejecución del acto recurrido, existiendo además una razón implícita de interés general en la aprobación del Estudio Informativo».

La doctrina de la Sala es congruente con lo que el Tribunal Constitucional ha señalado en distintas ocasiones, así en sus Autos 303/2006, de 12 de septiembre, y 283/2006, de 18 de julio, el TC reiteró su conocida doctrina sobre que para ponderar los intereses en conflicto y el riesgo concurrente hay que atender al supuesto fáctico concreto, señalando en este último que «las dos Resoluciones impugnadas convocan concursos para la adjudicación de contratos de consultoría y asistencia t&...

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