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El comercio de derechos de emisión de dióxido de carbono y su aplicación en el sector de transportes

Este trabajo se enmarca en el Proyecto de investigación «La fiscalidad de los derechos de emisión de dióxido de carbono» (Código SEJ2007-61307), financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia.

I. La necesaria revisión sobre los objetivos de kioto y su aplicación al sector de transportes. Tendencias

Es innegable que la preocupación sobre los efectos devastadores del cambio climático constituye una realidad contemporánea incontestable con reflejo medioambiental y consecuente respuesta política de ámbito internacional. En especial, es constatable entre los países miembros de la Unión Europea y resto de firmantes del Protocolo de Kyoto por diversas razones. En primer lugar, por las evidentes implicaciones que sobre la economía de los referidos países ha tenido y tiene la asunción de los objetivos del Protocolo. En segundo lugar, y fundamentalmente, en relación con los tan cuestionados como novedosos mecanismos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero incorporados por el Protocolo, tales como el de aplicación conjunta, el de desarrollo limpio y, finalmente, el comercio de derechos de emisión de dióxido de carbono.

En el ámbito comunitario, desde la implantación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, la Unión Europea ha impuesto a cada Estado miembro la obligación de reducir sus emisiones de CO2. Esta primera restricción ha operado de forma limitada para determinados sectores, con el evidente y previsible escaso éxito en cuanto al nivel global de reducción de emisiones de este gas de efecto invernadero, a consecuencia, básicamente del considerable crecimiento del sector de transportes.

Para quienes ya sostenían que el actual cambio climático y sus consecuencias sobre la atmósfera y el planeta son causados, casi con toda seguridad, por la actividad humana, las últimas evidencias han venido a refrescar estos antiguos temores, al señalar con el dedo la ineficacia de las actuales medidas y políticas medioambientales al amparo del Protocolo de Kyoto, debido fundamentalmente al crecimiento de determinadas industrias y, en particular, del considerable aumento del sector de los transportes.

En efecto, como ya ha sido puesto de manifiesto por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte constituyen un evidente obstáculo para el cumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kyoto asumidos por la Unión Europea1, toda vez que los costes que para los titulares de instalaciones afectados2 y sometidos a la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, implica el cumplimiento de los objetivos impuestos por aquella, contrasta, sin embargo, con el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del sector de transporte y el aumento del tráfico, encabezado por el aéreo3.

Frente al ambicioso planteamiento de las políticas restrictivas comunitarias, que delatan una escasa eficacia de los propósitos y objetivos impuestos por el Protocolo de Kyoto, resulta obligado afrontar el casi inapreciable impacto que sobre el reto inicial de reducción del volumen global de emisiones han tenido en los Estados miembros las políticas de restricción de gases de efecto invernadero. A esta urgencia, debe añadirse la pretensión comunitaria de seguir controlando los efectos del calentamiento global, para lo que en principio sería necesaria la adopción de políticas medioambientales que garantizaran la reducción global de las emisiones en 2050 en, al menos, un 15 por cien respecto a los niveles de 19904.

A dicha preocupación se suma el carácter limitado de la vigencia del Protocolo, en cuyo anexo I quedan fijados, entre sus objetivos, únicamente la reducción, con respecto a los niveles de 1990, de las emisiones de los Estados firmantes para el período 2008-2012, planteando con ello una evidente laguna para el período posterior en cuanto a medidas similares asumidas internacionalmente por los Estados.

En este marco son tres las cuestiones importantísimas objeto de replanteamiento en el futuro más inmediato de las políticas medioambientales comunitarias, aunque desde luego también internacionales.

La primera es en relación a la propia continuidad de tales políticas en materia de reducción en las emisiones de...

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