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Las competencias de protección ambiental de Castilla y León. La reforma estatutaria y claves jurisprudenciales

I. Cuestión previa

Pese a que el Estado Autonómico cuenta con más de un cuarto de siglo de existencia, no resulta estrictamente necesario tener que justificar la oportunidad de analizar el régimen competencial del Estado y, en relación con él, el de una Comunidad Autónoma -Castilla y León- en un ámbito concreto, como es la protección del ambiente. A ello contribuyen, sin duda, los sucesivos cambios normativos habidos, particularmente en el Estatuto de Autonomía de esta Comunidad; el último de los cuales operado recientemente por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, a lo cual ha de añadirse la atención que requiere de continuo la evolución jurisprudencial, señaladamente, pero no solo, la constitucional. Uno y otro fundamento están de forma principal en la base del presente estudio.

II. Marco constitucional

Aunque conocidas, no resulta impertinente recordar las disposiciones constitucionales llamadas a alumbrar el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en lo que hace a la protección del medio ambiente, previsiones que responden a los distintos grados de autonomía a que inicialmente accedieron los territorios integrantes del país. Partiendo de que el artículo 149.1.23ª CE reserva a favor del Estado la competencia para establecer la legislación básica sobre protección del medio ambiente, «sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección», las Comunidades Autónomas históricas (disposición transitoria segunda CE) o las que accedieran a la autonomía según el procedimiento previsto en el artículo 151.2 CE, podían incorporar en sus Estatutos la competencia para dictar normas adicionales de protección ambiental, competencia a la que, respetando la legislación básica del Estado en la materia, aquellas Comunidades Autónomas también pudieron añadir la correspondiente al desarrollo de la legislación básica estatal; consecuentemente, algunas Comunidades Autónomas, inicialmente sólo las de más alto nivel competencial, como es de sobra conocido, asumieron en sus Estatutos de Autonomía el desarrollo de la legislación básica del Estado y la competencia para dictar normas adicionales de protección; no así el resto de Comunidades Autónomas, que tuvieron que limitarse a ejercer simplemente competencias de gestión al amparo del artículo 149.1.9ª de la Constitución.

En efecto, este artículo abre a todas las Comunidades Autónomas la posibilidad de incorporar a sus responsabilidades, incluso en exclusiva, la gestión en materia de medio ambiente, posibilidad que fue aprovechada desde el primer momento por todos los Estatutos de Autonomía para sumar esta competencia al conjunto de funciones autonómicas, tanto por las Comunidades Autónomas de mayor nivel competencial como por aquéllas cuyos límites competenciales se situaron inicialmente en el artículo 148.1 CE, cuyas únicas responsabilidades, por tanto, en materia de protección ambiental fueron, en un principio, de mera gestión (artículo 149.1.9ª CE).

III. El estatuto de autonomía de Castilla y León. Progresiva ampliación competencial

Es un dato bien conocido, pero es importante a nuestros efectos traer a la memoria que Castilla y León accedió a la autonomía mediante la iniciativa correspondiente al procedimie...

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