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La Supresión del gravamen del impuesto sobre el patrimonio en relación con el poder tributario de las comunidades autónomas

I. Planteamiento del tema

El Impuesto sobre el Patrimonio se estableció en el año 1977 con un carácter extraordinario y transitorio y se aplicó hasta que la Ley 19/1991, de 6 de junio, supuso la incorporación definitiva del Impuesto sobre el Patrimonio al sistema tributario español.

Desde sus orígenes el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas motivó ciertas críticas, todas ellas fundamentadas en la incapacidad del citado Impuesto de atender las funciones que inspiraron su aprobación. Se trataba en realidad de un Impuesto de escasa potencia recaudatoria y con una incidencia más aparente que real en el logro de sus objetivos de redistribución de la riqueza. Es por ello que su única función imprescindible quedó reservada a servir de instrumento informativo para una mejor gestión de otros impuestos del sistema y principalmente del Impuesto sobre la Renta1.

Con un carácter estable e idénticos objetivos surge el Impuesto sobre el Patrimonio que pasa a integrar el bloque de la imposición directa en nuestro país y que asume el compromiso "de mejorar la equidad del sistema, gravando la capacidad de pago adicional que la posesión del patrimonio supone; de utilización más productiva de los recursos; de una mejor distribución de la renta y la riqueza y de actuación complementaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones"2.

Lo cierto es que la propia regulación del Impuesto sobre el Patrimonio, que establece unos criterios de valoración que impiden mantener actualizado el valor de determinados bienes y derechos, que introduce la exención total o parcial de ciertos bienes y que eleva cada día más los mínimos exentos de acuerdo con la normativa aprobada por las Comunidades Autónomas, impide el cumplimiento de los objetivos propuestos, en la medida en que progresivamente son menos los sujetos que presentan su autoliquidación del Impuesto; situación que anula en gran medida la conveniencia de mantener un Impuesto de estas características3.

Pero el Impuesto sobre el Patrimonio no sólo no cumple la función censal encomendada porque no declara "casi nadie" -sólo una pequeña parte de las declaraciones presentadas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas van acompañadas de la correspondiente declaración de Patrimonio-, sino que esta falta de generalidad del Impuesto pone de manifiesto el incumplimiento de la universalidad del Impuesto sobre el Patrimonio respecto a los elementos patrimoniales en manos de las personas físicas.

La composición del patrimonio neto de la mayoría de los sujetos pasivos que tributan en el Impuesto se limita de hecho a la titularidad de bienes inmuebles -excluida la vivienda habitual que goza de una exención importante- y depósitos o valores negociables o no en mercados organizados, quedando fuera del ámbito del Impuesto otros elementos patrimoniales, principalmente bienes improductivos, que a pesar de integrar el patrimonio neto de las personas físicas no son declarados por éstas.

Fue la Ley 19/1991, de 6 de junio, la que excluyó definitivamente el ajuar domestico del ámbito de aplicación del Impuesto, de manera que desaparece la presunción, existente en el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio, de que todo contribuyente es titular de ajuar doméstico4 y ha de valorarlo de acuerdo con las reglas establecidas legalmente. La desaparición de esta presunción iuris tantum y la carencia de la Administración tributaria de medios suficientes para conocer de la titularidad de ciertos bienes ha llevado en la práctica a que sean muy pocos los sujetos que cumplen con su obligación de autoliquidar este tributo5, poniendo además en conocimiento de la Administr...

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