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La configuración legal de la ejecución de bienes inmuebles hipotecados

I. La ejecución hipotecaria y la filosofía de la Lec

Una de las principales obsesiones1 del legislador de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, se centraba en el espíritu simplificador y compilador de los diferentes cauces procesales de los que disponía el ciudadano para acudir al auxilio judicial en el ámbito del orden jurisdiccional civil. La competitiva sociedad globalizada en la que vivimos conlleva un desenfrenado nacimiento de cambiantes problemas jurídicos, especialmente en el ámbito empresarial, de circunstancias difícilmente encardinables en los procedimientos encorsetados regulados en la decimonónica Ley procesal de 1881, que no concedían la necesaria satisfacción requerida por las nuevas realidades jurídicas2, o cuanto menos, no con la agilidad demandada por los ciudadanos a la Administración de justicia. Problema que tradicionalmente había sido denunciado por los diferentes ámbitos del tejido social afectados por la actividad de nuestros órganos judiciales, desde los propios operadores jurídicos que desempeñan diariamente su actividad profesional ante los Tribunales, hasta sus abnegables usuarios.

Ante esta desilusionante realidad, durante años la respuesta procesal a las nuevas demandas jurídicas se había centrado en la más simplista de las soluciones posibles, limitándose a crear nuevos procesos judiciales respecto a los ya existentes, con el objetivo de conceder cobertura legal a las nuevas peticiones jurídicas, originándose una proliferación laberíntica e interminable de procesos en la interinidad del propio Código procesal a los que se pretende dar fin con la vigencia de la nueva Ley procesal3.

A mayor abundamiento, tal criticada reproducción procedimental a base de reformas parciales, originándose una política legislativa parcheadora ciertamente criticable, no se centraba única y exclusivamente en la proliferación de nuevas modalidades procedimentales en la Ley procesal, sino que la misma trasciende de los ámbitos normativos estrictamente procesales, ampliándose a otros sectores jurídicos, concretándose en la creación y regulación de diferentes cauces procesales en textos normativos de carácter sustantivo, que de forma directa regulaban normas procesales que concediesen la pretendida respuesta a los conflictos jurídicos de carácter material en ellos regulados4, usurpando, en cierta medida, la función natural de los textos pro-cesales, que no es otra, que regular las vías idóneas a través de las cuales hacer efectivo el derecho sustantivo controvertido5, circunstancia a la que no se encontraba ajena la materia hipotecaria objeto de estudio en este trabajo6.

El objetivo del legislador procesal era evidente, establecer una nueva tipología procesal clara que concediese respuesta a las nuevas realidades jurídicas, suprimiendo la diversidad procedimental existente en una doble dirección, tanto interna, en referencia a la pluralidad de procesos especiales regulados en la interinidad del texto procesal, como externa, respecto de las normas procesales consignadas y desarrolladas en diferentes textos normativos de carácter sustantivo, filosofía anunciada en la Exposición de Motivos de la LEC, al establecer que «lo exigible y deseable no es unificar a ultranza, sino suprimir lo que resulta innecesario y, sobre todo, poner término a una dispersión normativa a todas luces excesiva»7. La nueva regulación de la ejecución hipotecaria es, como veremos a continuación, un ejemplo de cumplimiento de la declaración de intenciones de la Exposición de Motivos de la nueva Ley procesal, circunstancia que queda especialment...

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