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Derechos de ocupación del dominio público y privado en el ámbito de las telecomunicaciones: especial referencia al...

I. INTRODUCCIÓN

A lo largo de las dos últimas décadas hemos asistido al nacimiento de la que se ha denominado sociedad de la información. Fundamentalmente dos son los factores que han dado lugar a este nacimiento: el desarrollo tecnológico y la liberalización de las telecomunicaciones.

Al mismo tiempo hemos asistido a la convergencia de tres sectores diferentes: las telecomunicaciones, la informática, y el audiovisual, cuyas fronteras se hacen cada vez más difusas.

En este escenario, en nuestro país, ha jugado un papel fundamental la Ley General de Telecomunicaciones 11/1998, de 24 de abril, que, impulsada desde Europa, vino a establecer, un nuevo marco regulador en la materia, introduciendo la competencia en los mercados y servicios de telecomunicaciones, y eliminando los derechos especiales y exclusivos que la regulación anterior establecía, sustentados en la figura clásica del servicio público.

El cambio de modelo de regulación de las actividades en este sector, es el elemento más característico de la Ley General de Telecomunicaciones (en adelante LGT) que ya en su exposición de motivos señala que principalmente, lo regulado en ella es un ámbito liberalizado, disminuyendo el control administrativo que sobre él existía.

La Ley parte de un concepto nuevo, al calificar en su artículo 2, las telecomunicaciones como servicios esenciales de interés general que se prestan en régimen de libre competencia y al determinar que sólo tienen la consideración de servicio público o están sometidos a obligaciones de servicio público, los servicios regulados en el artículo 5 y en el Título III de la Ley.

El nuevo concepto, denominado servicio de interés general, se caracteriza, frente al tradicional servicio público, en que se presta en régimen de libre competencia. Junto a esta afirmación se establecen una serie de objetivos públicos que los servicios de interés general han de cumplir y que no tratan simplemente de preservar y garantizar una real y efectiva competencia en el mercado, sino que también persiguen el cumplimiento de objetivos propios del Estado Social.

Como señalan GARCÍA ENTERRÍA y DE LA QUADRA SALCEDO 1 'en el nuevo ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones se condensan buena parte de las técnicas que se ponen en pie al pasar de ordenaciones basadas en el tradicional servicio público a un escenario de liberalización. Se trata de técnicas de carácter general aplicables a muy diversos sectores a parte de las telecomunicaciones 2, técnicas como la del servicio universal y la subsistencia de obligaciones de servicio público en el seno de actividades liberalizadas'.

Como ya señaló la Comisión Europea en su Comunicación de 11 de septiembre de 1996 sobre 'los servicios de interés general en Europa', los poderes públicos asumen un nuevo papel, el de regulador del mercado, pero además de regular el mercado, para que éste exista como tal en competencia, establecen una serie de objetivos de carácter social o de interés general, y una serie de mecanismos que aseguren su consecución en el marco de la libre competencia.

De este modo la propia LGT señala en su exposición de motivos que lo que persigue es promover la plena competencia mediante la aplicación de los principios de no discriminación y de transparen...

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