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Organización y papel de la administración pública en la nueva ley general de telecomunicaciones

La reciente Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones (en adelante LGTeL)1, establece una nueva regulación de la Administración de las telecomunicaciones, con novedades añadidas a las producidas entre 1996 y 1998, período a lo largo del cual tuvo lugar, como es sabido, la liberalización de las telecomunicaciones en nuestro país.

Esa regulación de la Administración del sector resulta paralela a la reforma de la regulación substantiva de las telecomunicaciones (explotación de las redes, prestación de servicios) que, abordada en dicho período bajo la clave de su liberalización y desarrollo en libre competencia, y con un alcance determinante en cuanto al papel a cumplir por la Administración, es también objeto ahora de un nuevo impulso.

I. LOS ANTECEDENTES

Es oportuno por ello, como necesario contexto del análisis de las previsiones de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, hacer una referencia previa a sus antecedentes normativos, en los que -como también en la nueva Ley- regulación substantiva y papel y modo de organización de la Administración del sector van de la mano.

1. LA ADMINISTRACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL MODELO PUBLIFICADO ANTERIOR A 1996

Hasta la Ley General de Telecomunicaciones de 1998, antecedente inmediato de la recientemente promulgada con ese mismo nombre y ya vigente, nuestro ordenamiento configuró las telecomunicaciones -sin solución de continuidad desde finales del siglo XIX- como un sector de actividad reservado en monopolio «de iure» al sector público estatal, cualquiera que fuera el modo de su gestión, directa por la propia Administración o indirecta concesional (en este caso también con su explotación en monopolio).

Este modelo tradicional fue el que suscribió la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones de 1987 (LOT) a partir de dos títulos clásicos de intervención pública: el «servicio público» en sentido estricto (es decir, la reserva de la actividad al Estado conforme a lo previsto por el art. 128.2 CE), calificación aplicada, en efecto, por la LOT al conjunto de las telecomunicaciones; y el dominio público radioeléctrico (el espacio por donde pueden propagarse las ondas radioeléctricas), atribuído de suyo a la titularidad estatal junto con toda decisión sobre su utilización (y al cabo sobre la radiocomunicación como variante de la telecomunicación).

No puede extrañar que por ello mismo la Administración del sector se configurara a partir de una completa centralización en la Administración territorial del Estado, con el Gobierno (al que competía la aprobación del Plan Nacional de Telecomunicaciones, como instrumento fundamental de coordinación) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (luego, de Fomento) como órganos competentes. A este último atribuía la LOT, en su totalidad, las competencias de reglamentación, desarrollo y ejecución de los servicios de telecomunicación y sus redes, el otorgamiento de las correspondientes concesiones y autorizaciones, y las generales de fomento, inspección y sancionadoras sobre el sector. Completaba la LOT este diseño con el Consejo Asesor de Telecomunicaciones, órgano consultivo de carácter representativo (de la propia Administración, los usuarios, los proveedores de servicios y las industrias fabricantes de equipos), presidido por el propio Ministro.

2. LA LIBERALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES ENTRE 1996 Y 1997 Y LAS REFORMAS ORGÁNICAS: LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Pero recién aprobada la LOT en 1987 empezó a tomar cuerpo en la Unión Europea un...

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