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La gestión del patrimonio público y de los servicios públicos. La concesión como sistema (i). Planteamiento general

La gestión del patrimonio público y de los servicios públicos. La concesión como sistema (i). Planteamiento general

I.- Concesión de patrimonio versus concesión de servicios

1.- La concesión como instrumento de gestión de la administración.

La concesión tiene un contenido irregular, lo que ha supuesto una enorme discusión doctrinal respecto de la condición de la misma, para determinar si se trata de un contrato o de un acto administativo.

Mas abajo determinaremos la condición de la misma, en lo que se refiere al lado patrimonial, pero en cuanto al contrato de servicio público, estamos ante un claro contrato sometido a las prerrogativas de la Administración.

2.- Distinción entre la concesión del patrimonio respecto de la concesión de servicios públicos

En el maremagnun legislativo en el que nos encontramos, descubrimos que el concepto de concesión se utiliza en los más diversos aspectos. Así, resumidamente, podemos hablar de:

2.1.- Concesión como instrumento de gestión del dominio público.

2.2.- Concesión como remuneración de la realización de una obra pública que se convierte en dominio público.

2.3.- Concesión de un servicio público.

3.- El concepto de dominio público

Las diferentes Administraciones Públicas existentes en nuestro país necesitan de unos medios materiales para la consecución de los objetivos que la sociedad demanda de ellas y para que el ejercicio de las competencias que el ordenamiento jurídico les otorga como supremas representantes del interés general. Por consiguiente, como cualquier otro actor jurídico que se desenvuelve en el escenario del ordenamiento, las Administraciones Públicas están dotadas de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Esta capacidad de obrar alcanza la adquisición, utilización, protección y enajenación de los medios materiales necesarios para el desarrollo de su actividad como elemento esencial que favorece y facilita su actuación1.

La CE impone a la Administración pública una serie de deberes, como son la obligación de actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho con objetividad e imparcialidad en toda acción administrativa (art.103 CE). Estos deberes no son más que una concreción de determinados principios y derechos fundamentales plasmados constitucionalmente en diversos artículos.

Así, encontramos el deber de la Administración de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivos, el de no actuar arbitrariamente (art. 9 CE); el principio de igualdad (arts. 14 y 23); el respeto a los derechos y libertades (art. 53 CE); y el control judicial de la legalidad y del fin de la actuación administrativa (art. 106 CE)2. Así las cosas, las Administraciones Públicas en general, y la Administración General del Estado en particular, no son instituciones privadas y, por consiguiente, su actuación general no puede explicarse en meros términos de eficiencia económica[3].

El concepto de patrimonio, en su tradicional significado en el ámbito civil, posee una doble funcionalidad designativa, en primer lugar, como vocablo que alude sintéticamente al conjunto de las titularidades ...

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