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La ley 3/2001, de 26 de marzo, de pesca marítima del Estado: análisis y evaluación

Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de investigación núm. PB98-1461 sobre «Evolución de la normativa internacional y europea en materia de medio ambiente» del Ministerio de Educación y Cultura.

I. Antecedentes y gestación.

Puede parecer sorprendente que un país con la tradición e intereses marítimos que tiene España no haya dispuesto de una Ley de Pesca Marítima hasta el tercer milenio de la era cristiana. La carencia venía sin duda de lejos, ya que, como ha subrayado un especialista en la materia, hasta bien entrados los años setenta «nuestra normativa (pesquera) era insuficiente, dispersa, heterogénea y obedecía a razones que no eran estratégicas, sino meramente coyunturales» 1. Este vacío normativo se fue colmando por medio de disposiciones legislativas relativas a los espacios marinos españoles y su regulación jurídica 2, a los aspectos económicos y comerciales vinculados a la actividad pesquera y, en particular, a las empresas pesqueras conjuntas 3. Pero el procedimiento de adopción de una verdadera ley general en la materia no se inició hasta el 16 de junio del año 2000, cuando las Cortes Generales comenzaron el examen del Proyecto de Ley de pesca marítima, de bases de ordenación del sector y de comercialización de los productos pesqueros, presentado por el Gobierno.

Algunas razones que aconsejaban la adopción de una Ley de pesca marítima se recogieron ya en la propia exposición de motivos del Proyecto y tenían que ver con el establecimiento de un marco legislativo enunciador de los principios generales orientadores del régimen jurídico del sector económico y productivo de la pesca 4, así como con el deseo de delimitar claramente la potestad normativa del Estado, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 5. También evoca la exposición de motivos otra razón sustancial que posee una «importancia preponderante», a saber, la necesidad de asegurar que el aprovechamiento de los recursos vivos marinos se realice bajo cánones que aseguren la sostenibilidad de la actividad, como único medio para lograr un aprovechamiento óptimo y duradero. El párrafo séptimo de esta exposición de motivos resume la situación con claridad:

La Política Pesquera Común, y la gestión de la pesca marítima, se basan en la protección de los recursos, y tienden a lograr el desarrollo sostenible del sector pesquero, mediante un régimen basado en el equilibrio de las disponibilidades existentes y su explotación racional y responsable, de modo que se consiga el empleo óptimo de los factores de producción, favoreciendo así la rentabilidad y las condiciones socioeconómicas del sector pesquero a medio y largo plazo, especialmente la de las poblaciones locales dependientes de la pesca.

El «Proyecto de Ley de pesca marítima, de bases de ordenación del sector y de comercialización de los productos pesqueros» tuvo una tramitación legislativa relativamente azarosa, en la que debió superar varias enmiendas a la totalidad e incorporar numerosas enmiendas parciales que, a la postre, no modificaron sustancialmente la fisonomía general del texto. El propio título de la Ley fue aligerado en su redacción final, pasando a denominarse sucintamente «Ley de pesca marítima del Estado», pero los restantes elementos evocados en el enunciado inicial (las bases de la ordenación del sector y de la comercialización de los productos pesqueros), junto con otros que no habí...

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