La problemática del pluralismo competencial en materia de sociedades cooperativas

I. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL PLURALISMO

A. Las causas de la diversidad

La realidad constitucional del régimen jurídico de las cooperativas es, en España, de pluralidad de ordenamientos, estatal y autonómicos.

La situación arranca del hecho de que entre tantas y tantas menciones expresas, los arts. 148 y 149 de la Constitución guardan un silencio absoluto sobre las sociedades cooperativas; omisión tanto más extraña cuanto que su art. 129,2 ordena a los Poderes Públicos que fomenten el cooperativismo mediante una legislación adecuada.

Ese silencio hizo posible a algunas Comunidades Autónomas aprovechar el enunciado residual del art. 149,3 de la Constitución según el cual «las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución, podrán corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos». Así, cinco Comunidades entre las más vocacionales de la autonomía legislativa (Cataluña, Euskadi, Andalucía, Valencia y Navarra) asumieron sucesivamente en sus Estatutos la competencia legislativa exclusiva sobre cooperativas y en efecto, a poco tardar, promulgaron leyes propias para su regulación, de las cuales ya se han reformado las de Valencia y Andalucía y está en trance de reforma la de Euskadi.

Entre las restantes, inicialmente, algunas (Galicia y Baleares) asumieron sólo competencias de desarrollo y ejecución; y otra (Canarias) únicamente de ejecución; otras más (Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Madrid) simplemente se reservaron en sus Estatutos la posibilidad de incluir en ellos la competencia sobre este tema; y las restantes (Asturias, Cantabria, La Rioja y la Región de Murcia) por falta de toda previsión al respecto, quedaron inicialmente descolgadas de esta posibilidad.

Ahora bien: como tal situación generaba entre las Comunidades Autónomas dotadas de Parlamento un clima de agravio comparativo por desigualdad, a fin de repararla, varias leyes orgánicas de transferencias, entre 1992 y 1996, proveyeron a legitimar que esas Comunidades incorporaran a sus Estatutos la competencia exclusiva -lo cual han hecho todas ellas- y dictaran sus leyes reguladoras propias. Y aunque esto último sólo lo han hecho hasta hoy Extremadura, Aragón y Madrid, pueden también hacerlo las demás Autonomías Parlamentarias en cualquier momento.

De esas restantes, al día de hoy, Castilla-León tan sólo ha legislado sobre una parte de la materia (Registro y Cooperativas de Crédito); y salvo Baleares -que aunque no ha legislado todavía sobre la materia, ya está sin embargo, según mis noticias, trabajando en su Proyecto- las restantes Comunidades de Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, La Rioja y Canarias aún no han promulgado una Ley propia ni elaborado un Proyecto para la misma; y Murcia, que tampoco ha promulgado ni proyectado ley autóctona, ha adoptado en cambio l...

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