Las políticas de prevención de la inmigración ilegal

Situación del conflicto en 2006. La inmigración irregular en la Unión Europea.

El incremento de los flujos migratorios en dirección a Europa procedentes del Este, pero principalmente del continente africano, han causado en los países del sur de la Unión y, por extensión, en todos los Estados miembros de la UE, un movimiento reactivo a fin de frenar la inmigración clandestina. Europa es consciente de la necesidad de mano de obra procedente de la inmigración, pero también ha tomado conciencia que si no se canaliza debidamente y, por tanto, se impide la inmigración ilegal, con total seguridad se convertirá en problemas.

Se han ido poniendo en marcha una serie de medidas dirigidas a combatir las causas y a proteger las fronteras y las costas para frenar los flujos irregulares que han dado, hasta el momento, un resultado poco esperanzador. Tanto en los órganos de la Unión como en los gobiernos de sus Estados miembros, sobre todo en los del sur, se han producido sobresaltos políticos, conflictos sociales, críticas ante las medidas adoptadas, etc., cuyo resultado ha sido la toma de conciencia de que la inmigración es un problema de la Unión, cuyos órganos de dirección deben establecer una política común de inmigración y llevar a cabo acciones de manera coordinada. Los ministros del Interior de la UE señalaron en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior que se celebró el 24 de julio de 2006, que los 25 Estados miembros tienen que trabajar de forma conjunta para luchar contra la inmigración irregular.

En este sentido, la UE ha realizado acciones de ayuda al desarrollo de los países emisores, de comunicación y, también, de vigilancia de las costas de estos países, de lucha contra el tráfico de los seres humanos, implementando políticas de retorno y evaluando las políticas. La Comisión también ha dictado acciones a desarrollar en los Estados miembros como perseguir a los empresarios que contratan ilegalmente a los inmigrantes sin papeles, les explotan y refuerzan el efecto llamada. Ha advertido a Italia que podría ser objeto de sanción su intención de regularizar a 350.000 inmigrantes. Es un secreto a voces el reproche de la UE a España por las regularizaciones masivas que realiza.

Los líderes de la Unión acordaron que es preciso encontrar principios comunes en relación a cómo afrontar la inmigración y que los inmigrantes deben aceptar algunos valores europeos si se quieren establecer en el continente. Pero también ha habido crí-ticas en el seno de la Unión a la tendencia a endurecer las políticas de inmigración. El Comité para las Migraciones y los Refugiados de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa emitió un comunicado criticando la "política de fortaleza" en que se estaba convirtiendo la política de inmigración.

En los diferentes países de la Unión, principalmente en los sureños, se han generado conflictos, problemas y revisiones de la legislación sobre la inmigración y el asilo durante el año 2006.

Francia.

El ex-ministro del Interior, Nicolás Sarkozy, prometió el 24 de junio que regularizaría a 6.000 inmigrantes, pero que más del doble de esa cifra serían expulsados. Se ha aprobado una nueva ley de inmigración que hace más difícil que los inmigrantes no cualificados se asienten en Francia y elimina los derechos, de los que carecen de papeles, a permanecer en el país pasados 10 años. La actitud de Sarkozy es que Francia debe controlar la inmigración en lugar de ser un receptor pasivo.

La ley ha sido fuertemente criticada, el 1 de julio se declaró el día nacional de protesta contra dicha ley y se produjeron numerosas manifestaciones en las principales ciudades del país. En Potiers, 359 inmigrantes procedentes de Senegal, Guinea y Sierra Leona, iniciaron una huelga de hambre, a finales de mayo 2006, en demanda de papeles. La organización Erasmus Internacional solicitó que el Gobierno francés ratificara la Convención de la ONU de los Derechos Humanos de los trabajadores inmigrantes.

El Gobierno se vio forzado a dar marcha atrás en su previsión de expulsar del país a 25.000 familias inmigrantes en situación irregular una vez que sus hijos hubieran acabado el curso escolar. La movilización popular en contra de esta medida hizo desistir al Ejecutivo. En cualquier caso, se generó entre los inmigrantes sin papeles un clima de miedo y desconfianza, que algunos han comparado con los tiempos d...

If you are already a vLex customer, Access Here