Protección de propiedades en contra de acciones del estado bajo los procedimientos del Acta de Delitos de Canadá
| Author | Dr. Andrew C. Dekany |
| Pages | 152-154 |
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En Enero de 1989 Canadá enmendó la ley contra el delito creando una nueva ofensa llamada Lavado de Bienes Procedentes del Delito. Cualquiera puede cometer este delito. Este tiene que ver con cualquier propiedad, incluido dinero en efectivo, con el propósito de ocultar o convertir esa propiedad, sabiendo que la misma fue obtenida por cualquiera de los 25 tipos de delitos agrupados bajo la clasificación de delito de empresa. Todas estas ofensas tienen en común el potencial de crear ganancias a partir del delito. Ello incluye los delitos de personas que trabajan de cuello y corbata como: soborno, falsificación y confección de dinero falso. También incluye delitos relacionados con el sexo, como por ejemplo: la pornografía infantil, la solicitud de servicios de una prostituta, o mantener una casa de prostitución. Además de estos también incluye delitos por juegos ilícitos, casas de juegos o apuestas. Algunos delitos con violencia hacia las propiedades también están incluidos, tales como: asesinatos, robo con fuerza en las cosas, robo sin violencia, extorsión e incendio intencional.
La mayoría de los casos reportados ante la Corte hasta la fecha han incluido algunos delitos relacionados con la droga como por ejemplo el tráfico de drogas. Las transacciones por concepto de droga generan gran cantidad de ganancias en efectivo y crean la posibilidad de volver entrar esas ganancias en las cuentas legítimas sin dejar rastros. La expresión lavado de dinero procedente del delito se refiere a operaciones que se pagan con dinero en efectivo que a la vez es dinero proveniente del delito (llamado sucio), y a través de inversiones tales como cuentas bancarias seguridades o bienes raíces, eliminando todo rastro de delito (lavándolo).
Canadá hasta cierto punto ha sido favorecida y aceptada entre aquellos que están involucrados en el lavado de dinero como un lugar de opción Para lavado de éste. En parte esto se debe a la frontera tan grande que tiene Page 153 con EE. UU. y el resquebrajamiento del control que tienen sobre los individuos que cruzan de un lado al otro. Para fortalecer la ley canadiense en contra del lavado internacional de dinero el delito incluye no sólo la ganancia que se obtiene o se deriva de la comisión de éste en Canadá, sino los resultados de un delito que se cometa en cualquier lugar, que habiéndose cometido en Canadá, hubiese cometido un delito de empresa o delito según la designación de delitos relacionado con las drogas.
La enmienda de Enero de 1989 fue más allá de crear un nuevo tipo de delito llamado Lavado de Bienes Procedentes del Delito. Esta ofensa es parte de un esquema comprensivo establecido en la Parte XII. 2 del Código Penal titulado Frutos del Delito. Bajo esta Parte el Fiscal General de Canadá puede aplicar ante un Juez para solicitar una orden especial de captura para la búsqueda y confiscación de una propiedad que es fruto de un delito, así como solicitar una orden de restricción para prohibir de forma temporal, para que cualquier persona haga negocio con tal propiedad. También el Fiscal General puede solicitar ante un Juez para que la propiedad sea confiscada por el Estado en caso que el acusado sea condenado por un delito de empresa o delito de droga, aún si el delito no ha sido en relación con la propiedad. Cuando el acusado haya fallecido o se haya desaparecido antes de ser condenado, el Fiscal General también puede solicitar una orden para confiscar una propiedad si se ha comenzado los procedimientos por causa de un delito de empresa o droga y éste tiene relación con la propiedad.
Puede haber discreción legal bajo el esquema de estatutos, pero si la Corte está satisfecha de que la propiedad es el fruto de un delito, la ley requiere que la Corte ordene la confiscación de la propiedad por parte del Estado. Si la orden de confiscación no se puede llevar a cabo, por ejemplo si la propiedad está fuera de Canadá, la Corte puede ordenar una multa equivalente al valor de la propiedad. Si el acusado no puede pagar la multa la Corte puede ordenar un término obligatorio de prisión de hasta 6 meses (si la multa es de $ 10, 000. 00 o menos), de 5 a 10 años si la multa sobrepasa $ 1000, 000. 00. Tales condenas de prisión tienen que ser cumplidas por encima de la condena que ya ha sido impuesta y ya el condenado ha estado cumpliendo.
Los derechos de dos categorías de personas están afectadas por esta nueva ley criminal. La primera es aquella que tiene que ver con personas que no han sido acusadas a quienes se les han confiscado propiedades o tienen un interés en la propiedad confiscada. Debido a que el propósito del lavado del dinero procedente del delito es colocar esas ganancias en el sistema monetario legítimo, las personas pueden haber obtenido un interés en la propiedad que es fruto de un delito, aunque esas personas sean inocentes de cualquier complicidad en la comisión del delito de empresa o droga. Page 154 La segunda categoría las personas acusadas que son inocentes que deben legitimar la propiedad obtenida de forma legal. La definición de bienes procedentes del delito es amplia y se refiere a cualquier propiedad, beneficio o ventaja derivada directa o indirectamente de la comisión de un delito de empresa o droga.
Este esquema de estatutos que es aplicado por las cortes contiene un número de salvaguardias para balancear los derechos del acusado u otras personas en contra de los intereses del Estado. Este incluye el derecho a solicitar ante la Corte la despenalización de parte de la propiedad confiscada para cubrir los gastos legales, de negocios y de vida. Sin embargo, en la práctica hay una gran tentación entre los fiscales para oponerse a estos procedimientos porque ven estas propiedades como derivadas de ganancias ilegales y se resisten a que estas propiedades sean despenalizadas. Con frecuencia es un problema para la persona acusada y otros para legitimar una propiedad adquirida de forma honesta. Ellos enfrentan el problema de la balanza de probabilidades que ellos son inocentes ante cualquier mal habido en relación con la propiedad, algo que es más difícil de superar que los parámetros promedios que tiene el fiscal para probar que va más allá de una duda lógica.
Montreal. Canadá
