Modelos y protocolos de intervención propuestos para la evaluación de custodias

Antes de pasar a comentar los diversos procedimientos que se han propuesto para la evaluación de la guarda y custodia de menores inmersos en procesos de separación y divorcio de sus progenitores, resulta de interés analizar los trabajos de Marafiote (1985) y Kluck (1992), los cuales han servido para establecer las bases para la elaboración y el diseño de la mayoría de los protocolos.

Marafiote (1985) trata de determinar las áreas más importantes que se deben analizar para decidir, de manera exitosa, la guarda/custodia y el régimen de visitas de los niños después de la separación de sus padres. Para ello, desarrolla un modelo de evaluación desde una perspectiva estrictamente conductual, tomando en consideración un amplio repertorio de investigación, teórica y empírica, contrastada de manera consistente. Parte de la premisa de que para indicar el mejor interés del menor hay que averiguar cuál es, para él, el ambiente más adecuado y el que mayor ajuste le genera. La detección de este "ambiente" incluye la evaluación de personas, lugares y objetos relacionados con el niño; y la identificación del "nivel de ajuste" se consigue evaluando factores físicos, psicológicos e intelectuales.

El autor propone la evaluación de cinco áreas que exponemos a continuación: 1. Competencia parental. Esto es, la capacidad de todas aquellas personas que puedan ser potenciales cuidadores del niño. Se basa en la perspectiva teórica apuntada por Goldfried y D'Zurilla (1969), quienes entienden por "padre competente" aquella persona capaz de responder eficazmente ante situaciones parentales problemáticas maximizando las consecuencias positivas y minimizando las negativas. Cualquier situación que se plantee puede tener más de una respuesta válida, ya que la efectividad consiste en un continuo que va desde la efectividad extrema hasta la extrema ineficacia. Parten de la necesidad de desarrollar un instrumento de evaluación para determinar la habilidad del progenitor para responder a una variedad de situaciones parentales problemáticas, que permitirá identificar: a) la capacidad de respuesta de cada cuidador potencial, b) el contexto más adecuado para el niño, y c) las áreas específicas en las que cada individuo es competente o incompetente.

Marafíote (1985) especifica cautelosamente todos los pasos a seguir para la construcción de un instrumento de este tipo: 1) llevar a cabo un análisis situacional, 2) enumerar las respuestas, 3) evaluar las respuestas. El primer paso requiere una gran comprensión de las situaciones relevantes, dado que hay que elaborar una lista con todas las posibles áreas en las que los padres podrían ser evaluados (por ejemplo, disciplina, higiene, relaciones interpersonales, ingesta de alcohol y otras sustancias, manejo de dinero). Una vez que están definidas, se procede a un filtrado y a una depuración de las mismas, y las seleccionadas se replantean más operativamente. Este paso ayuda a eliminar aquellas situaciones que originalmente eran demasiado vagas, generales, cortas, con detalles irrelevantes o con poca información. Finalmente, se evalúa la representatividad de las cuestiones planteadas. Para ello se interroga a una muestra de padres, solicitando que indiquen de la lista, aquellas con las que suelen encontrarse y con qué frecuencia. De esta forma se precisan cuáles hay que mantener y cuáles eliminar. Todo este proceso permite reducir a un 30% las situaciones planteadas en un principio.

El segundo paso tiene el propósito de establecer en qué medida discrimina cada una de las situaciones planteadas. Así, en primer lugar, se encuesta a un nuevo grupo de padres sobre una submuestra del total de las situaciones. Éstos deben apuntar todas las posibles reacciones que puedan imaginar. Los ítems que eliciten pocas respuestas diferentes se consideran no discriminantes, mientras que los que continúan siendo ambiguos se clarifican. Luego, se aplica a una nueva muestra de padres, quienes deben categorizar las respuestas para cada situación desde la más a la menos efectiva. Finalmente, se pasa el instrumento a otra muestra de padres, solicitándoles que clasifiquen las respuestas en función de lo que ellos esperan que los otros progenitores van a responder.

El tercer paso consiste en establecer las respuestas que son efectivas y las que no lo son. Para ello serán evaluadas por profesionales, tales como psicólogos, trabajadores sociales, jueces y especialistas del desarrollo infantil quienes son instruidos adecuadamente, debiendo elegir para cada situación las respuestas más eficaces, o incluso añadir otras que consideren oportunas. La fase final requiere que exista consenso entre varios profesionales en la valoración de una respuesta como efectiva o no. Con este motivo, se clasifican las respuestas en tres niveles generales de efectividad, a saber: bajo (1,2), medio (3,4,5) y superior (6, 7). En función del número de veces que aparece la respuesta se sitúa en una de las tres...

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