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Decreto 91/2002, de 5 de julio, de regulación y desarrollo del Plan Autonómico Balear de ayudas a la promoción y acceso a la vivienda

La Constitución Española reconoce en su artículo 47 el derecho de todos los ciudadanos a disponer de una vivienda digna y adecuada, precepto que constituye un mandato o directriz constitucional que ha de informar la actuación de todos los poderes públicos. De este modo, el ejercicio de dicho derecho requiere que las Administraciones públicas establezcan los mecanismos necesarios para alcanzar dicho fin, a través de una política de vivienda que debe tener un señalado acento social. Velar por la consecución de este fin es una indiscutible competencia del Gobierno de esta Comunidad Autónoma que, en materia de vivienda, y en el contexto social y económico en que vivimos, debe ser especialmente activo y protagonista, contrarrestando los efectos negativos de un mercado laboral marcado por una flexibilidad que proyecta una inseguridad que dificulta el acceso a una vivienda, y una realidad social significada por un importante aumento del precio de la vivienda provocado por la demanda generada por una coyuntura económica favorable y también, en nuestra Comunidad Autónoma, por un no menos destacado incremento del interés de ciudadanos nacionales y comunitarios no residentes de establecerse en nuestras islas. En los últimos años, se ha producido en las Illes Balears, un aumento espectacular del precio de la vivienda. En el mismo período de tiempo, los precios máximos de venta legales que se fijan por la Administración Estatal para el sector de la vivienda protegida, no han experimentado una subida proporcional, lo que ha motivado, junto con otras premisas del mercado, un vertiginoso descenso en la construcción de éste tipo de viviendas. Así, mientras la construcción de vivienda a precio libre ha suf...

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