Extracto


La remisión a arbitraje de inversiones

1. Introducción: arbitraje de inversiones versus jurisdicción estatal

[177] Importancia de la regulación procesal en los APPRIs. Los Tratados internacionales de inversión constituyen un factor de importancia vital para la vigencia y operatividad del arbitraje transnacional en materia de inversiones extranjeras. Tal opinión descansa en el hecho cierto de que la practica arbitral contemporánea en la materia nace del consentimiento de cada Estado, plasmado previamente en un Tratado internacional de inversiones, sea de carácter bilateral o plurilateral1049. De esta capacidad de acudir a un procedimiento de resolución de conflictos, que escapa así del dominio del Estado receptor, se ha dicho que constituye la principal ventaja de los Tratados internacionales de inversión; más significativa, incluso, que la aplicabilidad de los estándares sustantivos del Derecho internacional, examinadas en el capítulo anterior1050. Existen, además, sobradas evidencias de que el más relevante aporte a la operatividad y eficacia del mecanismo de arbitraje de inversiones está constituido, precisamente, por el sistema que

integran actualmente los APPRIs1051; estando ligada a su vigencia la operatividad actual del sistema, pues son éstos los principales instrumentos legales en que se basan las reclamaciones arbitrales (aproximadamente en torno al 78%), seguidos por el TLCAN (alrededor de un 13%), y el Tratado sobre la Carta de la Energía (sobre un 6%)1052. De este modo, las disposiciones sobre arreglo de las diferencias en el contenido de un APPRI, constituyen un elemento sustancial de la protección de las inversiones que se realicen en su marco, y la jurisprudencia arbitral da fe de ello1053. Por ello, cabe insistir en la importancia de las normas que sobre la solución de diferencias derivadas de las inversiones aparecen contenidas en los APPRIs; hecho que no descansa solamente en las relativas o posibles ventajas que se ofrecen al inversor, como mecanismo resolutivo de diferencias una vez iniciada la controversia, sino que también actúa como elemento preventivo y disuasor de la adopción de medidas perjudiciales para el inversor extranjero y, además, facilita las negociaciones entre partes1054. En este sentido, cabe constatar que prácticamente

todos los APPRIs suscritos por Cuba contienen disposiciones similares para la solución de disputas surgidas entre uno de los Estados contratantes y los inversores de la otra parte contratante. Esta misma característica es común en todos los APPRIs suscritos por España actualmente vigentes; especialmente, en ambos países, los suscritos en la década de los 90.

[178] Arbitraje de inversiones y desarrollo sostenible. La gran mayo-ría de las reclamaciones arbitrales originan responsabilidades potenciales para los Estados anfitriones de inversiones. Los montos reclamados como daños por los inversores no son siempre necesariamente indicativos de lo que se les concederá en el caso de que un Estado sea declarado culpable de la violación de un tratado, pero los perjuicios financieros otorgados en demandas exitosas a inversores extranjeros, en el marco de un tratado bilateral de inversión, han llegado a alcanzar el orden de cientos de millones de dólares; algo particularmente notorio en el ámbito de asuntos que afectan al desarrollo sostenible, debido a los costes requeridos por las inversiones aquí involucradas (por ejemplo, en materia de explotación de recursos naturales)1055. De ahí que, en ocasiones, las sociedades que demandan contra los Gobiernos, alegando que se ha tratado a sus inversiones en otro Estado de manera contraria a los compromisos del tratado, intentan con ello, estratégicamente, eludir la actuación de la jurisdicción estatal (particularmente, la del Estado anfitrión), en beneficio de la arbitral. Incluso, en un pequeño número de casos, son empresarios individuales, en lugar de sociedades, quienes presentan demandas contra los Gobiernos receptores, invocando la alegación internacional más tradicional de maltrato a los extranjeros, con alegaciones de privación ilegítima de libertad, acoso, violencia física e incluso torturas1056. Este tipo de demanda, más propia de las acciones sobre

derechos humanos, es presentada así a arbitraje en virtud de un tratado económico. Todo ello se encuentra en la base del considerable incremento que han experimentado los arbitrajes de inversiones en los últimos años, especialmente en el marco del CIADI. En verdad, ocasionalmente, las disputas se originan por conductas realmente atroces, por parte de funcionarios gubernamentales o estatales, incluyendo la destrucción de la propiedad o los activos del inversor; pero, en muchos otros casos, las acciones procesales se deben a una estrategia del inversor para bloquear o cuestionar los intentos de los Estados receptores de imponer reglamentos que afectan a las inversiones extranjeras, sig...

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