Resistencia política y constitución en Cuba: consideraciones acerca de la historia y vigencia de una cuestión jurídica escasamente estudiada

• Author: C. Luis Alberto Pérez Llody
• Position: Profesor Auxiliar de Historia del Derecho Vicedecano de la Facultad de Derecho, Universidad de Oriente
• Pages: 113-158

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Resistencia política y Constitución

en Cuba: consideraciones acerca

de la historia y vigencia de una

cuestión jurídica escasamente

explorada

Recibido el 5 de mayo de 2016

Aprobado el 15 de octubre de 2016

Dr.C. Luis Alberto PÉREZ LLODY

Profesor Auxiliar de Historia del Derecho

Vicedecano de la Facultad de Derecho, Universidad de Oriente

Los tiranos se ganan los peores tormentos como castigo.

Santo Tomás DE AQUINO

RESUMEN

La resistencia política constituye un fenómeno central en la

caracterización de la nación cubana. Sus diversas implicaciones

están presentes de forma casi ininterrumpida en sus decursos

históricos hasta nuestros días. Sin embargo, ha sido escasa la

atención teórica que desde las ciencias de la política y el

Derecho ha merecido en nuestro contexto.

Este estudio pretende ofrecer una contribución al actual debate

de ideas en torno al nuevo escenario constitucional que en

Cuba ha sido anunciado, mediante una sistematización de los

elementos que permiten conceptualizar y proponer al derecho

de resistencia como un derecho fundamental, lo cual ha sido

posible a partir de la valoración de sus contenidos presentes en

nuestra historia constitucional, hasta hoy.

PALABRAS CLAVES

Constitución, resistencia política, derecho de resistencia.

Dr.C. Luis Alberto PÉREZ LLODY

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ABSTRACT

The political resistance constitutes a central phenomenon in

the characterization of the Cuban Nation. Their diverse

implications are present in an almost uninterrupted way in their

historical courses until our days. However, it has been scarce

the theoretical attention that from the Politics's sciences and

the Law has deserved in our context.

This study seeks to offer a contribution to the current debate of

ideas around the constitutional new scenario that has been

announced in Cuba, by means of a systematizing of the

elements that allow to conceptualize and to propose to the

resistance right like a fundamental right, that which has been

possible starting from the valuation of its present contents in

our constitutional history, until today.

KEY WORDS

Constitution, political resistance, resistance right.

SUMARIO:

1. Prolegómenos. 2. La integración conceptual del

derecho de resistencia en el pensamiento liberal positivo.

3. La legitimidad de las guerras por la independencia

nacional. El argumento de la violencia revolucionaria de

CÉSPEDES a MARTÍ. 4. El derecho de resistencia en la

Constitución de 1940. 5. La resistencia política en las

reformas constitucionales de 1992 y 2002. Un debate

inacabado rumbo al nuevo escenario constitucional

cubano. 6. Conclusiones.

1. Prolegómenos

Desde el surgimiento mismo de la limitación de las libertades

de algunos sujetos históricos por otros que ejercen su dominio

sobre el resto de la comunidad social, la resistencia a la

opresión se ha manifestado de diversas maneras; ambas,

opresión y resistencia, están presentes biunívoca y

antagónicamente desde el surgimiento de las primeras

civilizaciones y proformas del Estado-nación. En la evolución

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de tal escenario, el estudio del derecho de resistencia ha

establecido un desafío para la política y el Derecho, ciencias

para las que constituye un interés esencial. Tal apreciación,

estimulada por el papel que le ha correspondido en la

evolución de la humanidad como fenómeno central desde la

génesis estatal,1 permite enunciar la necesaria revalorización

de su conocimiento. Esto pasa por reconocer que debido a la

complejidad de sus aristas vistas desde distintas pautas

teóricas, no existe un tratamiento unívoco que haga posible la

ponderación definitiva de su utilidad en la configuración

jurídica del Estado.

Hasta hoy, ninguna de las conquistas aparentemente

insuperables que en nombre de la democracia universalizó el

liberalismo desde el siglo XIX, mantienen al mundo a salvo de

la constante amenaza de la quiebra política a que están

sometidos los pueblos. De esta manera, su acción se halla

condicionada por un conflicto sociopolítico como signo de

crisis insuperable, que de acuerdo a nuestro juicio ha servido

para identificar en la idea del precedente negativo el factor

1Las primeras referencias históricas a la resistencia política se hallan en la

formación estatal de la India, en sus Leyes de Manú. Varios pasajes de

este texto evidencian una condena explícita al ejercicio tiránico del poder.

Vid. Manava Drama Shastra- Leyes de Manú, versión castellana V. GARCÍA

CALDERÓN, Casa Editorial Garnier Hermanos, París, 1924, Libro Séptimo:

Conducta que deben observar los reyes y la clase militar, Versículos 46;

111, pp. 94-98. Estos criterios son tenidos en cuenta en China por las

ideas morales y religiosas derivadas del “Confucianismo”, un sistema de

reglas de buen gobierno, rectitud, razón y justicia aplicadas al ejercicio de

la política. Vid. CONFUCIO y MENCIO, Los libros canónicos chinos. La religión

y la filosofía más antigua y la moral y la política más perfectas de la

humanidad, 2da ed., trad., not. preliminares y notas de Juan B. BERGUA,

Col. Tesoro Literario, Clásicos Bergua, Imprenta Teresa de Jesús, Madrid,

1969, Libro Primero Clásico: T a-Hio o Gran Ciencia, IX, 4, p. 226; MENCIO,

X, 9, p. 229; MENCIO, II, 8, p. 396. Entre los hebreos se evidencia un

consenso con centro en una alianza solemne de obediencia a cambio de la

protección divina. Vid. SÁNCHEZ VIAMONTE, Carlos, Las instituciones

políticas en la Historia Universal, Editorial Bibliográfica Argentina, S.R.L.,

Buenos Aires, 1958, pp. 47 y ss.; LINARES QUINTANA, Segundo V., Tratado

de la Ciencia del Derecho Constitucional argentino y comparado, Parte

Especial, tomo VI, Editorial Alfa, Buenos Aires, 1956, pp. 272-273; VILLORO

TORANZO, Miguel, Del Derecho hebreo al Derecho soviético. Ensayos de

Filosofía de Historia del Derecho, Fondo para la Difusión del Derecho,

Escuela Libre del Derecho, México, D.F., 1989, pp. 47-50.

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excepcionalmente justificante, y comprende el uso de la

violencia en proporcionado grado y forma. Al propio tiempo, el

soporte de su expresión es resultado de la vulneración de los

principios de la racionalidad y del equilibrio político-

constitucional establecido entre el Estado y sus ciudadanos, y,

en consecuencia, es determinante en el espacio de sus

relaciones. Es, desde esta perspectiva, la resistencia política

una actitud de cuestionamiento de las formas en que se ejerce

el poder político y se realiza el Derecho.

En el hilo conductor de este proceso, la noción de la

ciudadanía, progresiva desde los aportes de las sociedades

antiguas, con la polis griega y más concretamente gracias a la

tradición positiva romana por medio de la res publica, se va a

convertir en uno de los núcleos políticos que desde la Edad

Media garantizarán la aparición de una doctrina evolucionada

sobre la noción clásica “derecho de resistencia a la opresión”.

Al significar este un tronco común del que se deriva la

cualidad de ultima ratio que comparte en su ejercicio con otras

formas de resistencia política, uno de los problemas centrales

ha consistido en determinar su fisonomía histórica como

derecho fundamental en el sentido que le ha otorgado –en

orden dominante挑 el pensamiento liberal positivo. Esto, que

aporta un contenido polémico y más contemporáneo a su

evaluación, obliga a asumir el debate en torno a este carácter,

antes de que sea posible interesarnos sobre su recepción en

la historia constitucional de Cuba.

Más allá de esta valoración, la juridificación del derecho de

resistencia en tanto ejercicio activo y político al cuidado de la

legitimidad misma de la dominación y el poder, ha debido ser

sometida a discusión; dado que su completitud conceptual

emerge con especial sincronía de los impactos de las

revoluciones, y ambas manifestaciones (derecho de

resistencia y revolución) podrían estar aún lejos de

absolutizarse como conductas desarticuladas. Ello ha

permitido fijar una posición crítica y ajustada a un objeto

científico en constante marcha.

En tal razón se hizo universal su atención desde los orígenes

de la vida en sociedad, la práctica del crimen maiestatis y el

tiranicidio, hasta que al fin los electores reconocidos

RESISTENCIA POLÍTICA Y CONSTITUCIÓN EN CUBA: CONSIDERACIONES ACERCA DE LA HISTORIA…

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estuvieron en condiciones de deponer al emperador tirano de

forma legítima, idea en la que interviene con principal

importancia la asunción del Estado constitucional de Derecho.

Sin embargo, un sinnúmero de otras conductas consideradas

contrarias al normal desenvolvimiento de los poderes

públicos, coexisten hasta nuestros días. Con este punto de

vista, el delito político se agrega al interés polisémico de este

tema, ya que el mismo se implica con las circunstancias que

generan la resistencia política en cualquiera de sus formas;

aunque es preciso excluirlo en oportunidad del breve espacio

reservado a estas páginas.

Alcanzar, por tanto, un tratamiento uniforme del derecho de

resistencia como institución jurídica desde una lógica

interpretativa y sistémica en los marcos de la perspectiva

liberal, significa un obligado ejercicio teórico en cuyo resultado

es posible evidenciar sus limitaciones. Esto implica una tarea

en cuya resolución actúan razones que incumben a diferentes

disciplinas, campos ideológicos, filosóficos, socioculturales y

contextuales que en buena medida han condicionado sus

contenidos. Este estudio, por ende, debió superar un conjunto

de dificultades de carácter histórico, político y onto-

fenoménicos que de forma puntual obligó a la periodización de

sus ciclos más sobresalientes. Por ello, se precisa reconocer

el fenómeno jurídico como objeto de la historia.

En Cuba, su valoración denota caracteres especiales. Por

cincuenta y cinco años, la existencia de la nación ha estado

signada por la revolución triunfante de enero de 1959. En ese

lapso de tiempo, válido para la promoción de incontables

indagaciones acerca de su impronta en todos los ámbitos del

conocimiento, no se ha producido, sin embargo, una

sistematización lo suficientemente ordenada que desde la

ciencia del Derecho explique la cuestión revolucionaria en su

relación con la cualidad de la resistencia política.2 Tal

diagnóstico llama la atención porque su consecuencia más

2Casi constantemente, la ideologización excesiva del tema de la revolución

en Cuba ha propiciado la preterición de la cuestión jurídica en los estudios

históricos sobre sus contenidos legitimantes. En relación con la bibliografía

cubana que sirve de soporte a tal planteamiento, véanse las obras

generales y materiales específicos dedicados al tema que son referidos en

el acápite correspondiente de esta investigación.

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visible ha sido una carencia notable de estudios que aborden

el justiprecio jurídico del periodo que sirvió de antesala al año

1959 y, más concretamente, la insuficiente atención teórica

prestada al derecho de resistencia tras la pauta que marcó el

destacado profesor Ramón INFIESTA con su obra El derecho

de resistencia a la opresión en la Constitución cubana.3 No

obstante, sobre esta, es preciso advertir que no se propuso

rebasar los presupuestos valorativos con que fue reconocido

este derecho en nuestra Constitución de 1940. Este panorama

se agudiza en lo adelante al soslayarse, en la mayoría de los

estudios histórico-jurídicos más contemporáneos sobre este

texto constitucional, el carácter de fundamentalidad otorgado.4

3Justamente en 1959 sale a la luz esta monografía, que concreta el más

valioso intento de sistematizar el derecho de resistencia en su devenir

hasta esa fecha, y su influencia para Cuba. No se conoce, con

posterioridad, un propósito similar. Vid. INFIESTA, Ramón, El derecho de

resistencia a la opresión en la Constitución cubana, Serie Cursos

Monográficos, vol. II, Academia Interamericana de Derecho Comparado e

Internacional, La Habana, 1959.

4Es preciso reconocer que en el ámbito de los estudios histórico-jurídicos

sobre la Constitución de 1940, la atención al derecho de resistencia ha

permanecido preterida en muchos casos, cuando en realidad son

ponderados el resto de los derechos que con idéntica jerarquía se orientan

a las cuestiones sociales, económicas y culturales. Como demostración de

tal tendencia, contemporáneamente, pueden verse: SUÁREZ DÍAZ, Ana

(coord.), Retrospección crítica de la Asamblea Constituyente de 1940,

Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2011, passim; TORRADO, Fabio

Raimundo, Los derechos humanos en el sistema político cubano, Col.

Política, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2003, pp. 138-140;

CARRERAS COLLADO, Julio Ángel, Historia del Estado y el Derecho en Cuba,

Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1982, pp. 481-482; FERNÁNDEZ

BULTÉ, Julio, Historia del Estado y el Derecho en Cuba, Editorial Félix

Varela, La Habana, 2005, p. 280; ACOSTA ÁLVAREZ, Homero, “La

Constitución de 1940 en la Historia Constitucional cubana”, en MATILLA

CORREA, Andry (coord.), El Derecho como saber cultural. Homenaje al

Dr. Delio CARRERAS CUEVAS, Editorial UH-Editorial de Ciencias Sociales, La

Habana, 2011, p. 320. Otra es la conducta, sin embargo, que siguen los

siguientes autores: CASASÚS, Juan J.E., La Constitución a la luz de la

doctrina magistral y de la jurisprudencia, Editorial Cultural, S.A., La

Habana, 1946, pp. 216-226; INFIESTA, Ramón, Derecho Constitucional,

Imprenta P. Fernández y Cía., La Habana, 1950, pp. 281-288; del mismo

autor, ya precitado, El derecho de resistencia a la opresión en la

Constitución cubana, pp. 353-367. También: OLBA BENITO, Miguel Ángel,

Los derechos individuales y el régimen de facto, Editorial Lex, La Habana,

1955, pp. 83 y ss.; CUTIÉ MUSTELIER, Danelia y Josefina MÉNDEZ LÓPEZ,

“Sistema de garantías de los Derechos Humanos en Cuba a través de sus

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Una demostración muy clara de tal situación es que no

contamos hoy con una obra que sintetice todo el atractivo

científico que su implicación transdiciplinaria puede expresar;

conociendo, además, que en estos temas se halla un

contenido base de legitimidad de la revolución misma.

En tal orden valdría la pena reconocer, por un lado, que el

tema sugerido, en su dimensión cognitiva, goza de una

actualidad perenne en los estudios sobre el Derecho y la

comunidad política; por otro, se visualiza a través de un lastre

de desconocimiento y descalificación cuando en realidad su

vigencia queda resuelta por las implicaciones que en la Cuba

de hoy, o de mañana, tienen, o tendrán, las más

sobresalientes claves que aquí se indagan, como ultima ratio

en la defensa de la nación. Así, en el ecuador de las

reflexiones sobre nuestro presente y futuro se halla la idea de

la historia y el Derecho, inexcusablemente; y de ello emana

una perspectiva científica a nuestro juicio esencial para el total

entendimiento no solo ya de nuestra historia política, sino

también de las conductas de sus actores más influyentes.

2. La integración conceptual del derecho de resistencia

en el pensamiento liberal positivo

En los finales del siglo XVIII, el derecho de resistencia alcanza

al calor del Estado liberal en formación su expresión positiva,

con una notable incidencia de las revoluciones que con

distintos puntos de origen, confluyen en el orden de su

juridificación. Al quedar determinado de esta manera, la

evolución histórica de la noción derecho de resistencia a la

opresión, que ha venido produciéndose desde la Antigüedad,

permite comprender que es el derecho de resistencia (a

secas) su derivación en el plano normativo. Reconocer esto

último es de suma importancia, ya que de aquel tronco

conceptual se desprende la revolución como forma

trascendente de resistencia política.

_________________________

constituciones”, en MATILLA CORREA, Andry (coord.), Estudios sobre Historia

del Derecho en Cuba, Col. Derecho, Editorial de Ciencias Sociales, La

Habana, 2009, p. 227; VILLABELLA ARMENGOL, Carlos Manuel, Historia

Constitucional y Poder Político en Cuba, Editorial Ácana, Camagüey, 2009,

p. 71.

Dr.C. Luis Alberto PÉREZ LLODY

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Esta, que constituye una etapa progresiva de los derechos, es

además un resorte esencial en el proceso de legitimación del

Estado moderno, de afincamiento del individualismo triunfante

sobre el colonialismo y el antiguo régimen; una coyuntura que

hizo posible la integración de los contenidos totalizantes de la

revolución y una inédita proyección material de la

Constitución.

Con causas y objetivos diferentes, fueron varios los elementos

que unieron a estos procesos: la eliminación de gobernantes

arbitrarios, la sustitución de regímenes tiránicos por otros

justos, la canalización jurídico-racional de la idea de la libertad

y el individualismo por medio del reconocimiento de derechos,

la afirmación de la ley, los ámbitos de control y la limitación

del poder en la génesis configuracional del Estado

constitucional, y la articulación-participación del pueblo, al

menos formalmente, en la constitución de las nuevas

estructuras estatales. En todo ello se produjo una

recuperación de la tradición republicana que tuvo por centro el

reemplazo de la majestad del soberano por la del orden

jurídico y, al propio tiempo, fue capaz de promover el

posicionamiento clásico del derecho de resistencia a la

opresión, al menos circunstancialmente. Tras esta

experiencia, la conducta que marcará el liberalismo

decimonónico, que en buena medida es una reacción a la

Revolución Francesa, será la de sostener ignorada cualquier

opción de reconocimiento constitucional a la resistencia

política.

De esta forma, dilucidar un esquema de sistematización lleva

a relacionar un primer grupo de criterios de acuerdo al entorno

moderno, ubicado desde el nexo histórico inmediatamente

anterior a la Revolución Francesa hasta la primera mitad del

siglo XX. Aquí se ha visto armonizada la base del derecho de

resistencia constitucional con los rasgos que se fueron

orientando desde su formulación clásica, teniendo en cuenta

la pertenencia a contextos históricos que hacen semejantes

sus vías y formas de justificación.

El segundo grupo se halla delimitado por un trazado periódico

que comienza donde aquel termina, y alcanza los

planteamientos contemporáneos donde pervive con carácter

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dominante la perspectiva liberal positiva. Solo combinando

estos contenidos 挑diversos, complejos, pero razonables挑

podría satisfacerse el interés cognoscitivo que nuestro

objetivo presupone. Por tanto, el intento de alcanzar un

concepto unívoco de derecho de resistencia pasa por

reconocer estas cualidades, presentes en orden plural en la

doctrina histórica europea y americana.

Para ello, en el orden metodológico ha sido conveniente el

establecimiento de dimensiones. Esto hizo posible la

descomposición en partes o extensiones, la precisión

terminológica ajustada a este estudio y la representación de

su integración funcional. Los contenidos que en atención a

este criterio describen históricamente el derecho de

resistencia, son los siguientes:

a) La resistencia, sensu stricto, en su forma más primaria,

como “derecho natural”, innato al ser.

Semánticamente suelen emplearse como términos para

referirse a la idea que supone la resistencia, v. gr., la violencia

con que las personas pueden llegar a oponerse a un invasor o

a una dictadura.5 Entender el fenómeno de la dictadura, de

acuerdo con este contexto, conduce a una consecuencia de la

crisis institucional del Estado, una ruptura –tal como la

concibe BURDEAU– entre la idea del Derecho y el poder,6 que

es adecuado identificar con un estado de opresión política y

no con la dictadura institucional de la república romana.

La resistencia es, por tanto, en sí misma, una cualidad

subjetiva, contestataria, no arbitraria, una actitud capaz de

operar bajo circunstancias adversas que describen

situaciones de injusticia social y opresión económica donde la

represión política o tiranía actúa como el elemento más

visible, detonante del estado de descontento popular como

5En tal sentido, el Diccionario de la Lengua Española, en su acepción más

adecuada a nuestro fin, define el término resistencia (del lat. resistenta)

como: “Conjunto de las personas que, clandestinamente de ordinario, se

oponen con violencia a los invasores de un territorio o a una dictadura”.

Vid. Diccionario de la Lengua Española, op. cit., vol. IX, p. 1328.

6Cfr. BURDEAU, Georges, Traité de Science Politique, 10ma ed., tomo I,

Col. Libraire Générale de Droit et de Jurisprudence, R. Pichon et R.

Durand-Auzias, Paris, 1968, pp. 501-508.

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primera instancia valorativa del precedente negativo. Tal

fenómeno se manifiesta independientemente de la voluntad

del legislador.

Como cabe reconocer entonces, partir de un tratamiento

axiológico de los derechos convoca al camino de entenderlos

como un fenómeno derivado del consenso progresivo de la

sociedad democrática, que es a su vez un producto del

Estado de Derecho y de sus garantías políticas.

Entendido de esta forma, el iusnaturalismo se constituye como

el primer componente lógico de la resistencia. En ello

interviene un criterio valorativo de tipo metafísico, que

respecto a la naturaleza humana la describe como una

manifestación de su propia realidad y donde intervienen

además, en atención al criterio de su libertad, elementos

motivacionales de tipo psicocultural.7 Así, el individuo

exterioriza una reacción consciente que al mismo tiempo

estima como una facultad ejecutiva en virtud de defender su

propia personalidad, coherente con un entorno institucional

circunstancialmente agredido y, por tanto, afectado.

b) Como “forma ética de exteriorización de la conducta”.

La dimensión subjetiva de los derechos coloca en el centro de

atención al individuo en sus relaciones particulares y sobre

todo, cuando se involucra con el poder político, porque actúa

controlándolo. Hay en sus contenidos una acción que se

manifiesta cuando el bien libertad se encuentra amenazado

en condiciones de opresión política, lo que es equivalente a

colocar en riesgo un presupuesto esencial de la vida moral. Lo

anterior implica una vocación eminentemente crítica de la

ética que se conecta socialmente con los principios de la

validez jurídica y se orientan a combatir toda forma de

7Según el criterio de Ted Robert GURR, para comprender el origen y la

naturaleza de la violencia política es necesario atender al criterio

psicosocial que la anima, de acuerdo con la estructura mental del individuo

capaz de llevarla a cabo, o a los grupos. Ello ayuda a explicar la manifiesta

concentración de los focos históricos más relevantes acorde con la actitud

resistente en la política, lo cual en algunos casos ciertamente llega a

conformar una cosmovisión en forma de tradición cultural. Cfr. GURR, Ted

Robert, El porqué de las rebeliones, Col. Historia Actual, trad. Ramón

FRAUSTO, Editores Asociados, S.A., México, D.F., 1974, pp. 120 y ss.

RESISTENCIA POLÍTICA Y CONSTITUCIÓN EN CUBA: CONSIDERACIONES ACERCA DE LA HISTORIA…

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injusticia mediante la inclusión de la moral en el Derecho. La

forma en que es concebida la resistencia en el espacio de lo

público en cuanto a límite de su propia actuación, deviene en

prueba de eticidad en el actuar político.

Tal reconocimiento conforma el elemento primario axiológico y

de Derecho natural en la composición funcional del derecho

de resistencia. Hay en ello una postura diametralmente

opuesta a la cosmovisión kelseniana, esto es, el atributo

moral, resultado moderno y novedoso con un esquema de lo

cognoscible, con una forma de pensar, concebir y creer en el

Derecho como ciencia, y con lo cual la política se continuará

involucrando con protagónica intervención.

c) Como “derecho fundamental”.

Del reconocimiento del presupuesto constitucional dependerá

su existencia. En la configuración del Estado moderno, es

esta una característica esencial que tiene su génesis en los

procesos revolucionarios de fines del siglo XVIII.

La solución de juridificar la resistencia política, que en el siglo XX

concluye, determina la respuesta a la pregunta “para qué se

resiste”. Aquí se va a producir la escisión entre la denominación

“derecho de resistencia” (resistir para conservar) de la otra

forma de resistencia política que interesa a este estudio, que es

la “revolución” (resistir para trascender). Con esto se ocasiona

también la quiebra definitiva de la noción clásica “derecho de

resistencia a la opresión” como fenómeno latente en la

capacidad de los pueblos de destronar reyes tiranos desde su

más antigua concepción. Este derecho, que fue moral e

intelectual primero, terminó siendo desnaturalizado con su

juridificación, y desde entonces, derecho de resistencia y

revolución constituyen dos conductas autoexcluibles, idea esta

que se completará en las próximas páginas.

Interesante es que todo esto cristalizó en la Constitución

cubana de 1940 antes que en ninguna otra parte. Su contexto,

por sí mismo, habla de la presión democrática de la cual el

derecho de resistencia fue un resultado muy concreto. En

1949, la Ley Fundamental de la República Federal de

Alemania reafirma este sentido en medio de la construcción

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del Estado democrático de Derecho. Esto significa que en la

progresión del “derecho de resistencia a la opresión”, en este

momento ocurre una bifurcación, un alto de carácter

normativo cuando por primera vez se asigna el carácter de

fundamentalidad a la resistencia política. En la evolución de

esta institución se produce un punto de ruptura que en lo

adelante, deslindará de forma definitiva su función de otras

formas de resistencia, como no había sido posible hasta este

momento comprender en su cabal magnitud.

El derecho de resistencia visto en este contexto del siglo XX

constituye una limitación positivada a la opción del

enfrentamiento al poder arbitrario que hasta la configuración

del pactum societatis se había manifestado asociada a la

opción latente de la revolución. Ello es un resultado de la

dominación del pensamiento liberal que alcanzó a enmarcar

los límites del fenómeno de la resistencia política en la norma

y, por lo tanto, restringirlo a como se conoce en la

contemporaneidad; aunque, como vale la pena apuntar, no es

el normativismo un producto liberal. Llama la atención que

esto ocurre en medio de un escenario que apuesta por el

rescate de valores anteriores, cuando el fin de las guerras y

del fascismo actuaron como soportes condicionantes de un

hecho de extraordinaria importancia: el reconocimiento del

recurso de la resistencia en su formulación clásica en la

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

De acuerdo con el criterio de PÉREZ ROYO, los derechos

fundamentales son los derechos naturales constitucionalizados

sobre la base del principio de la soberanía popular, su eficacia

directa, y de manera especial garantizados, protegidos e

indisponibles para el legislador,8 en lo que también juega un

papel decisivo, a juicio de Martha PRIETO, el nivel de

8Este autor, que ignora el acontecimiento cubano de 1940, considera que el

criterio fundamental aplicado a los derechos de esta índole queda zanjado

en Alemania (1949) por medio de las siguientes garantías: 1. Eficacia

directa; 2. Vinculación de los poderes públicos; 3. Indisponibilidad para el

legislador; 4. Contenido esencial y 5. Control judicial. Coincidente con este

esquema general se manifiesta el criterio de ASENSI SABATER, José,

Constitucionalismo y Derecho Constitucional –materiales para una

introducción–, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, España, 1996, p. 107.

Vid. PÉREZ ROYO, Javier, op. cit., p. 256.

RESISTENCIA POLÍTICA Y CONSTITUCIÓN EN CUBA: CONSIDERACIONES ACERCA DE LA HISTORIA…

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desarrollo y reconocimiento que en relación con las

aspiraciones y reclamos, cada sociedad haga de sus

derechos, y las garantías provistas para su defensa.9 En el

ámbito de los derechos humanos, sin embargo, esta

nomenclatura adquiere una multiplicidad de perspectivas.10

Lo que parece importante subrayar aquí es que de acuerdo

con el carácter otorgado por la perspectiva liberal positiva, el

acto de la resistencia política, en su dimensión formal y en

primera instancia, tiene que quedar obligatoriamente ligado a

la Constitución por una relación de dependencia sin la cual no

habría fundamento de validez, y mucho menos integración al

principio de supremacía constitucional. Ello provee un

contenido de carácter prescriptivo y garantista que justifica la

conducta resistente mediante el rango de la máxima norma.

No puede entenderse, y es la cuestión de mayor interés, como

una idea extrajurídica. Al mismo tiempo ocurre que la

orientación de su eficacia es de tipo vertical, si son tomados

como puntos de referencia el poder político público del Estado

y el derecho del ciudadano, en este caso autorizado a realizar

una acción positiva, material. La manifestación de esto último

equivale al reconocimiento de una herramienta que es reserva

de libertad y del resto de las aspiraciones humanas en la

comunidad política; esto es, un reforzamiento del resto de los

derechos. Delimitarlo entonces como una institución

privilegiada y preeminente en el marco de los derechos

subjetivos, superior en su significación dentro de la estimativa

constitucional por su orientación devenida en mecanismo de

defensa, equivale a confirmar, en segunda instancia, su

fundamentalidad. El marco histórico en que se desarrollan

estos criterios, apegados a la perspectiva liberal, determinan

9PRIETO VALDÉS, Martha, “La defensa de los derechos: una necesidad en

cualquier momento”, en ÁLVAREZ-TABÍO ALBO, Ana María y Andry MATILLA

CORREA (coord.), El Derecho Público en Cuba a comienzos del siglo XXI.

Homenaje al Doctor Fernando ÁLVAREZ TABÍO, Editorial UH, La Habana,

2011, pp. 212-213.

10Un tratamiento teórico a la distinción entre derechos humanos y derechos

fundamentales puede verse en: CUTIÉ MUSTELIER, Danelia, “El sistema de

garantía de los Derechos Humanos en Cuba”, tesis en opción al grado

científico de Doctor en Ciencias Jurídicas, inédita, tutor Dr. Humberto

PALACIOS, Facultad de Derecho, Universidad de Oriente, Santiago de

Cuba, 1999, pp. 28 y ss.

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la razón por la cual el presente estudio acoge su

caracterización y dimensionamiento. Sin embargo, es

oportuno dejar constancia que no se corresponde con el juicio

que para esta investigación parece más adecuado.

Como es apreciable, su soporte, además de subjetivo

(elemento primario), es estrictamente legal (elemento

indispensable) en orden jerarquizado, vinculante y material.

Ello es posible plantearlo porque el hombre convertido en

ciudadano asume la capacidad otorgada por la comunidad

política, en cuyo espacio se transfigura el derecho natural en

norma y adquiere esta última una posición ponderada,

necesaria. Por una parte, tal composición relaciona mediante

la tutela, necesidades, bienes, intereses y principios valorados

como superiores, de máximo rango y, por otra, precisa de

garantías a través de mecanismos externos, que es una

cualidad derivada del reconocimiento de derechos de esta

índole; esto es, el conjunto de compromisos y obligaciones

que institucional, procesal o socialmente, el Estado y la

comunidad respectivamente asumen en su sustento, control,

restricción en su reforma, defensa y reparación en caso de

quebranto. Esta última cuestión refuerza su criterio material y

fundamental, prevalente en la evaluación de sus contenidos

de eficacia directa, vinculante y pública, y se identifica como

elemento secundario de garantía. Históricamente, sin

embargo, los criterios axiológicos y positivos sobre los

derechos han sido contrastadamente abordados en la doctrina

jurídica, cuando en realidad, puede arribarse a una postura

conciliadora.

De esta manera, se propició un nuevo ciclo de discusión

teórica. Las nuevas cualidades del Estado inaugurado en la

modernidad debido a sus mecanismos de sustento,

integralidad y continuidad constitucional, impiden en

apariencia que sean propicias condiciones de opresión

política; reconocido además el progresivo avance en materia

de derechos políticos hacia sociedades más conscientes y

participativas. Después de la Revolución Francesa, la

burguesía pretendió imponer la idea de que la democracia era

un producto creado en su contexto, lo cual, obviamente, es

falso. Esto surge en el ánimo de despojarla de su sentido

original, y colocarla a merced de sus intereses, lo cual es

RESISTENCIA POLÍTICA Y CONSTITUCIÓN EN CUBA: CONSIDERACIONES ACERCA DE LA HISTORIA…

127

fundamental para entender el nuevo papel otorgado a la

resistencia, marginada desde luego ante el empuje de todo el

sistema de representación, sufragio universal y control de la

constitucionalidad que paulatinamente se superponen en

forma de paradigma para anular su utilidad, como en sentido

general también funcionó para limitar la expansión y

materialización de los derechos al margen del control político.

Tal interpretación promueve la idea de que es posible

prescindir del derecho de resistencia. El anterior fue el criterio

predominante durante la apertura y desarrollo del siglo XX, en

especial sobrevenida la consolidación del Estado liberal

positivo. Sin embargo, como advierte VITALE, más allá de

todas las garantías que ofrecen sustento y protección al

sistema constitucional contemporáneo, el peligro de su

violación no deja de evidenciar el riesgo latente de una

fractura institucional profunda. Sobre este criterio reconoce,

en primer lugar, la legitimidad moral del uso del derecho de

resistencia y, más esencialmente, el significado de que, con

su reconocimiento, se estaría añadiendo un mecanismo

adicional de protección a la Constitución, validez y

continuidad, frente a cualquier intento de subvertirla.

d) Como “expresión excepcional y proporcional”

correspondiente a situaciones “extremas”.

Los contextos de esta envergadura implican un grave peligro

para la supervivencia del orden constitucional del Estado, lo

que, como se ha dicho, equivale a la primera instancia

valorativa del precedente negativo.

Ahora bien, es preciso anunciar que visto así, no se alcanza

aún su completitud. Para que ello ocurra, el ejercicio del

derecho de resistencia ha de tener como supuesto necesario

la completa configuración del precedente negativo, que se

produce con la utilización y agotamiento de las formas de

resistencias institucional, sociopolítica y legal, que constituye

su segunda y última instancia valorativa y permite, en este

momento y gracias al carácter progresivo de su conformación,

asignar una naturaleza estática, esto es, completa, conceptual, a

este fenómeno. A los efectos de la investigación, estos

criterios, descompuestos, deben ser entendidos de la manera

que a continuación se expone.

Dr.C. Luis Alberto PÉREZ LLODY

128

挑 Opresión política implica un ejercicio del poder contrario al

bien común, y donde perviven como sustratos la opresión

económica y social; constituyendo la tiranía una

manifestación extrema que actúa como detonante del

descontento social.

挑 Resistencia institucional se identifica en la base de

articulación del poder público, cuya razón obliga a sus

funcionarios (designados y elegidos) a su defensa y

salvaguarda en virtud de sus cargos y responsabilidades

administrativas.

挑 Resistencia sociopolítica es la oposición manifiesta a

través de conductas cívicas en cuya externalización se

evidencia la no violencia (protesta pública, denuncia,

desobediencia y mediación) promovidas, legítima- y

esencialmente, por el ámbito social de la ciudadanía y el

sistema político (órganos, grupos, partidos políticos).

挑 Resistencia legal es la oposición que se manifiesta en los

planos jurídicos formales, lo cual remite a comprender las

opciones estrictamente legales (vía judicial) habilitadas y

utilizadas con el fin de promover la anulación de la

situación de opresión y/o tiranía, y consecuentemente

restaurar el orden constitucional transgredido.

Derivado de esto, la consecución del derecho de resistencia

puede ser representada así: Situación reconocida por el

orden jurídico-Precedente negativo identificado en forma

de causa-Acción de resistencia proporcional como

derecho ejercitado (conducta autorizada)-Resultado

jurídico válido.

Como es posible comprender, en esta lógica se halla una

relación de índole causal cuyo contenido es además limitado.

En ello, es conveniente asumir un enunciado condicional en

virtud del cual la resistencia política adquiere una dimensión

de excepción, provocando una ruptura cuando no resulta

disponible ningún otro medio social, político y legalmente

concebido para la defensa y salvaguarda del ordenamiento

jurídico. En ese tracto, debido a que sus formas estipulan el

ejercicio de la violencia (que exonera en este caso la

RESISTENCIA POLÍTICA Y CONSTITUCIÓN EN CUBA: CONSIDERACIONES ACERCA DE LA HISTORIA…

129

responsabilidad penal), su uso debe ser entendido como

recurso de ultima ratio.

Así, el derecho de resistencia debe manifestarse

proporcionalmente a la situación que provoca su ejercicio

(relación entre el daño social que provoca el acto de opresión

y el resultado de la actividad de resistencia), y al mismo

tiempo, observar que no sean vulnerados otros derechos, lo

cual presupone no solo un importante elemento de su

cualidad argumental, justificante y de legitimación, sino

también de sus límites. De acuerdo con este criterio, el

derecho de resistencia, que en sí mismo es también una vía

de defensa del resto de los derechos reconocidos con idéntica

categoría, no podría inobservarlos o irrespetarlos. La atención

teórica y práctica al concepto de proporcionalidad involucra al

conjunto de garantías y a los esquemas con que estas se

reflejan entre los operadores del Derecho encargados de su

interpretación. De manera que, tanto la situación del

precedente negativo como la necesidad de los medios

utilizados indicados al fin, deberán ser sometidos de conjunto

al examen de la proporcionalidad en virtud de determinar su

validez.

Por último, como esta representación activa de resistencia

entraña la violencia (contemplado incluso el uso de las

armas), se excluyen de su ámbito otras formas pasivas que en

ocasiones se identifican confusamente análogas como la

objeción de conciencia y la desobediencia civil, auspiciadas

individual- o colectivamente.

e) Como “forma de control del poder político, desde sí

mismo”.

El poder público que detenta el Estado lo convierte en una

persona jurídica especial de acuerdo a la estimativa del

Derecho. Su configuración orgánica representa una voluntad

cuyo origen se halla en la doctrina sobre los derechos

públicos, y es asimismo responsable ético de la conciencia

popular, siendo lo jurídico la forma que en esencia valida su

exteriorización. De acuerdo con estos principios el Estado

constitucional concibió incluir entre sus formas de generación

político-jurídicas al derecho de resistencia como límite a esa

voluntad, y delimitado a su vez por los resortes de su

legalidad y proporcionalidad.

Dr.C. Luis Alberto PÉREZ LLODY

130

En su totalidad, como reconoce LOEWENSTEIN, este tipo de

garantías son el “núcleo inviolable del sistema político de la

democracia constitucional”, entendiendo además que “estas

libertades fundamentales encarnan la dignidad del hombre”,11

lo cual es un presupuesto del desarrollo y determinación del

control iuspolítico. En ello, la oportunidad de la resistencia

política cobra especial sentido práctico, pero a su vez es

limitada al hacerse depender del reconocimiento, lo cual

describe su dimensión objetiva y positivo-formal cuando en

realidad se produce un compromiso institucional de proteger

la vigencia plena del Derecho.

De acuerdo con la idea del precedente negativo, la resistencia

política adquiere la capacidad de erigirse como un mecanismo

de control del poder –desde sí mismo por medio del

reconocimiento positivo– si en ello entendemos una cualidad

inmanente del límite. Por su propia naturaleza, su tendencia

está dirigida a la sanción o revocación, en este caso del poder

político ejercido inadecuadamente, lo cual complementa la

composición funcional del derecho de resistencia mediante el

elemento secundario de control. En ese sentido, si bien es

cierto, como considera PÉREZ ROYO, que el poder del Estado

asume el monopolio de la coacción física legítima,12 el diseño

del derecho de resistencia permite contener cualquier variación

anómala en esta naturaleza; esto es, su extralimitación y crisis.

La idea parte de la respuesta a posibles manifestaciones

institucionales o legales injustas, equivalente a “la razonabilidad

de la justicia” según la consideración de RAWLS.13

f) Como “forma de salvaguarda y defensa del orden

constitucional”.

Este criterio resume y cierra el ciclo multiforme de la esencia

jurídica del derecho de resistencia, lo cual al mismo tiempo

refuerza su formulación jerárquica en el ámbito de los

derechos fundamentales. El uso adecuado de sus formas

deberá siempre estar dirigido a la defensa de la integridad

del orden constitucional, si ello es entendido como

11LOEWENSTEIN, Karl, Teoría de la Constitución, 2da ed., Biblioteca de

Ciencia Política, trad. y est. Alfredo GALLEGO ANABITARTE, Editorial Ariel,

Barcelona, 1976, Cap. XI, p. 390.

12PÉREZ ROYO, Javier, op. cit., p. 67.

13Cfr. RAWLS, John, Teoría de la justicia, op. cit., pp. 391 y ss.

RESISTENCIA POLÍTICA Y CONSTITUCIÓN EN CUBA: CONSIDERACIONES ACERCA DE LA HISTORIA…

131

medio destinado a prevenir-impedir-restaurar la violación de la

Constitución y, en consecuencia, a propiciar la anulación de la

circunstancia opresiva contraria a sus principios básicos. Esto

es, enfrentarse legalmente a la opresión que entraña una

norma o acto inconstitucional cuando interesan a los derechos

fundamentales y, por tanto, afecten a la comunidad política;

siempre en última instancia y cuando el resto de los medios

de defensa constitucional hayan resultado ineficaces. Tal

interpretación es esencialmente garantista en forma de rasgo

especial de su construcción positiva, confirma el principio de

ultima ratio y conserva toda la utilidad que el Estado de

Derecho otorga a los ciudadanos para su propia custodia;

criterio en el que manifiestan acuerdo autores como SCHMITT y

DWORKIN.14 Pero aún es interesante que dentro de esta lógica,

otros como LUCAS VERDÚ y UGARTEMENDÍA incorporen la

cualidad del deber15 como una transfiguración dual que al

mismo tiempo es entendida como forma de garantía

constitucional que en cualquiera de sus manifestaciones será

siempre de orden no jurisdiccional y extrema; asumiendo

entonces un compromiso solidario y vinculante entre los

miembros de la comunidad política en forma de complemento

de su poder positivo. De acuerdo con estos elementos, el

reconocimiento constitucional de la resistencia política

conforma una funcionalidad múltiple descripta como derecho-

deber-garantía. En ningún caso, por tanto, el derecho de

resistencia podrá hacerse equivaler a un ideal de derribar el

orden político y edificar en su lugar uno nuevo.

En este punto, tampoco la doctrina europea ofrece un

tratamiento uniforme. Gastón JÉZE y Heinrich HERRFAHRDT, al

equivaler conceptualmente los elementos de la resistencia y la

revolución, terminan por rechazar el uso de cualquier tipo de

violencia como forma de salvaguarda del sistema

14Vid. SCHMITT, Carl, La defen sa de la Constitución. Estudio acerca de las

diversas especies y posibilidades de salvaguardia de la Constitución, trad.

Manuel SÁNCHEZ SARTO, Editorial Tecnos, Madrid, 1983, pp. 55-56;

DWORKIN, Ronald, op. cit., pp. 276 y ss.

15Vid. LUCAS VERDÚ, Pablo y Pablo Lucas MURILLO DE LA CUEVA, Manual de

Derecho Político, 3ra ed., vol. I, Editorial Tecnos, S.A., Madrid, 2000,

pp. 78-79; UGARTEMENDÍA ECEIZABARRENA, Juan Ignacio, El derecho de

resistencia y su constitucionalización, op. cit., pp. 237-238.

Dr.C. Luis Alberto PÉREZ LLODY

132

constitucional y político del Estado,16 mientras Carl J.

FRIEDRICH hace análogas las figuras del derecho de

resistencia y el derecho a la revolución.17 Tales asunciones,

sin embargo, evidencian un criterio conceptual equívoco, a la

luz de la perspectiva liberal.

Con esta visión, la resistencia es una cualidad innata al ser,

una forma de juicio valorativo con expresión múltiple, y es, a

su vez, una manifestación de libertad individual. Su

socialización la convierte en un fenómeno trascendente al

espacio particular, ocurriendo un proceso de transfiguración

política que necesita ser tutelado jurídicamente por el orden

estatal, ya sea observándolo, aceptándolo o condenándolo,

pero en cualquier caso reconocido. La evolución histórica de

la sociedad política permite asumirlo como un derecho, deber

y garantía del orden constitucional que no podrá expresarse

per se, sino en virtud del precedente negativo que valida las

condiciones de la excepcionalidad justificante. La historia es

consecuente en señalar en la injusticia la base causal de la

resistencia como fenómeno humano propio, reflejado en el

ámbito sociopolítico no pocas veces en la evolución de las

sociedades.

El liberalismo decimonónico que, como antes se dijo, defendió

a ultranza el robustecimiento del poder, legó al siguiente siglo

la funcionalidad de la resistencia política orientada a la

defensa constitucional, como resorte de estabilidad y en

nombre aparentemente de la democracia. En todo ello incidió

de manera notable la experiencia histórica francesa conectada

con la superación del absolutismo y las bases de la

Ilustración, así como el rechazo al deber de obediencia de la

ley de acuerdo con el fundamento de la razón de Estado por

una parte, y la consagración de la teoría de la soberanía

colectiva (popular y de la nación), por otra.

16Vid. JÈZE, Gastón, “Les libertés individuelles”, Annuaire de L´institut

International de Droit public, PUF, Paris, 1929, p. 178; HERRFAHRDT,

Heinrich, Revolución y c iencia del Derecho, trad. Antonio POLO, Editorial

Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932, pp. 14; 89 y ss.

17Vid. FRIEDRICH, Carl J., op. cit., pp. 268-269.

RESISTENCIA POLÍTICA Y CONSTITUCIÓN EN CUBA: CONSIDERACIONES ACERCA DE LA HISTORIA…

133

Acorde, entonces, con los elementos dimensionados, se

entiende el derecho de resistencia como un derecho

fundamental que, partiendo del precedente negativo y del

plano de la subjetividad, se convierte en un medio extremo de

garantía constitucional orientado a la defensa del sistema

político ante situaciones graves de violación de sus principios

básicos. El mismo puede adquirir diversas formas de

manifestación, proporcionalmente indicadas en usos violentos,

actuando como eximente de la responsabilidad penal por

resistir a la opresión. Sus signos, absolutos e indispensables

–tal como ocurre con el resto de los derechos de esta índole–

serán su personalismo, su universalidad, su irrenunciabilidad,

su imprescriptibilidad, su inviolabilidad y su orientación

inalienable pero, de forma muy singular, su excepcionalidad.

No puede haber confusión entre concepto teórico y regulación

normativa. Ambas ideas han de manifestarse conjuntamente

en el plano del reconocimiento, y han de estar dirigidas, como

principio, a la conservación y salvaguarda del orden jurídico y

político consagrado en la Constitución, cuestión esta en la

que, como se ha dicho, ha desempeñado un papel dominante

la interpretación de la perspectiva liberal positiva.

Entendido de esta forma, el derecho de resistencia deviene en

mecanismo de defensa constitucional, y en la estructuración

de sus componentes, se ha debido tomar una posición

integradora, sistémica, no excluible, mediante la imbricación

del elemento legal indispensable con los elementos

axiológicos y de Derecho natural (primario), y de garantía y

control (secundarios). Como consecuencia, la sistematización

de sus más sobresalientes presupuestos iuspolíticos e

históricos ha permitido distinguirla como una institución

autónoma de carácter jurídico evolucionada hasta la

modernidad como una manifestación de resistencia política

cuyo tronco es la noción clásica del derecho de resistencia a

la opresión; que al mismo tiempo es posible distinguir de otras

figuras afines como la desobediencia civil y la objeción de

conciencia. Esta perspectiva hasta aquí, satisface el interés

de esta primera parte del estudio y marca una pauta para el

desarrollo y resolución de las problemáticas que siguen.

Dr.C. Luis Alberto PÉREZ LLODY

134

3. La legitimidad de las guerras por la independencia

nacional. El argumento de la violencia revolucionaria

de CÉSPEDES a MARTÍ

En el estudio de las praxis de la resistencia, hasta aquí, ha

sido identificada una relación entre la política, la guerra y el

Derecho, que se manifiesta de forma coherente en las

circunstancias históricas de la insurrección en Cuba. Por la

significación que esta adquiere en el sustento de legitimidad

de las principales formas de resistencia política desenvueltas

en el período que sirve de base a la investigación, partiremos

del presupuesto de asignar a la violencia revolucionaria el

carácter cardinal en las valoraciones sobre la resistencia

insular en el siglo XIX. Alcanzar tal determinación ha sido

posible gracias a la utilización de sus categorías generales, de

cuyo resultado se extrajeron sus manifestaciones y

fundamentos. Para la más adecuada comprensión de este

fenómeno, además, es preciso advertir que en lo

metodológico ha sido emprendido el estudio de importantes

acontecimientos, fuentes documentales y del pensamiento

político a partir de lo cual se constata el valor jurídico expreso

que esta cuestión adquiere no sólo en el discurso político, sino

también en el plano estrictamente normativo.

En estas condiciones, y a fuerza de establecer la génesis del

precedente negativo, a partir del cual se diversifican las

primeras expresiones de resistencia, cabe reconocer que más

que la evolución de la sociedad aborigen, la Isla es alterada

de manera abrupta y opresiva por la conquista y colonización

española. Como resultado, se producen grupos y liderazgos

aborígenes y foráneos dispuestos a contrarrestarla, que en su

manifestación más general constituye la primaria

configuración del discurso histórico de legitimidad sobre la

resistencia política en Cuba.

En su proceso subsecuente, la administración colonial alcanza

atisbos críticos debido a las crecientes contradicciones con el

patriciado criollo, que en la primera mitad del siglo XIX llega a

colocar en riesgo el control político absoluto de la metrópoli.

Es significativo, en este contexto, determinar los rasgos que

en lo general, pudieran caracterizar la opresión política como

primera instancia valorativa del precedente negativo:

RESISTENCIA POLÍTICA Y CONSTITUCIÓN EN CUBA: CONSIDERACIONES ACERCA DE LA HISTORIA…

135

centralización política que desde la Metrópoli rechazaba la

participación de los cubanos en el gobierno y la

administración; absorción progresiva de la autonomía

municipal y sostenida subordinación al gobierno centralizado;

monopolio comercial y política de estancos que en su

conjunto, provocan la crisis de la economía insular;

desestimulación productiva, limitada inserción en el comercio

internacional y un rígido y abusivo sistema de tributos y

aduanas que extorsiona los caudales productivos de los

criollos; hegemónico papel de la Iglesia Católica en la

justificación ideológica del sistema colonial y en la

configuración de una sociedad estratificada y excluyente; y un

régimen jurídico autocrático y represivo de toda manifestación

de libertad política, civil y religiosa. Para completar esta idea

sobre la situación de opresión es preciso, por último, destacar

el secuestro, tráfico y sometimiento a un despiadado régimen

de esclavitud de grandes masas de africanos, base del

sistema de plantación azucarera que beneficiaba a criollos

empoderados y a peninsulares.

La respuesta más radical que se produce como resultado de

tal circunstancia es la concreción del 10 de octubre de 1868.

Es un hecho que de acuerdo con las condiciones de la isla de

Cuba, la resistencia política no tendría otra alternativa de

manifestación que mediante su forma trascendente, en contra

del sistema colonial.18 Por un lado, el reconocimiento de que

“Cuba aspira a ser una nación grande y civilizada”19 desde

esta propia fecha es ya notable por sí mismo; por otro, la

evidencia de que tal demanda halla su fuente en el ejemplo de

18Vid. “Acta de El Rosario, Acuerdo de Levantamiento”, octubre 6 de 1868,

en PORTUONDO DEL PRADO, Fernando y Hortensia PICHARDO VIÑALS,

(comp.), Carlos Manuel de CÉSPEDES. Escritos, tomo I, Col. Centenario,

Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1974, pp. 106-108; “Manifiesto

de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba, dirigida a sus compatriotas

y a todas las naciones, Manzanillo, 10 de octubre de 1868, el General en

Jefe, Carlos Manuel de CÉSPEDES”, en AA.VV., Pensamiento

revolucionario cubano, tomo 1, Ediciones Políticas, Editorial de Ciencias

Sociales, La Habana, 1971, p. 16.

19“Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba, dirigida a sus

compatriotas y a todas las naciones, Manzanillo, 10 de octubre de 1868, el

General en Jefe, Carlos Manuel de CÉSPEDES”, op. cit., p. 17.

Dr.C. Luis Alberto PÉREZ LLODY

136

la resistencia política “de las más grandes naciones”,20 sin

desdeño de la experiencia haitiana. De esta forma, la

resolución a favor del derecho moral de la revolución permite

concretar una guerra animada desde la cultura jurídica de su

liderazgo político y militar,21 así como en la convergencia de

aspiraciones representadas en grupos sociales, intelectuales y

políticos distintos.

Derivado de esto, el simbólico anuncio del “primer día de la

libertad y la independencia de Cuba”22 constituye una cualidad

inseparable de los contenidos de la resistencia política

trascendente; esto es, que la cuestión de la independencia no

pudo marginar el objetivo de la libertad de todos los hombres.

Tal idea, favorable a los cubanos como primer eslabón del

constructo de la justicia y la ética en la guerra, se completa

con la urgencia con que, en el orden legal, quedan listas las

disposiciones que lo sustentan.23 Ello representa la condición

20Ibidem, p. 16. (Como resulta claro comprender, la referencia hace alusió n

a Estados Unidos y a Francia). De esto, también puede verse: ZAMBRANA,

Antonio, op. cit., pp. 3-4.

21En este sentido, es sobresaliente el reconocimiento explícito del derecho

de resistir a la opresión que hiciera AGRAMONTE en su disertación del 22

de febrero de 1862, en la Universidad de La Habana, con el propósito de

su titulación como abogado. La misma pieza oratoria sirve en su carácter

como fundamento de legitimidad de la violencia revolucionaria que años

más tarde se iniciará en Cuba, y de la cual se convertirá en líder. Vid.

JIMÉNEZ PASTRANA, Juan (comp.), Ignacio AGRAMONTE. Documentos, Col.

Centenario, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1974, pp. 57-64.

Además de Carlos Manuel de CÉSPEDES, otros juristas forman parte del

desarrollo y transmisión del pensamiento nacionalista, independentista y,

en sentido general, político cubano, al calor de las guerras de

independencia. Encuéntrese como ejemplos, entre otros, los de Francisco

Vicente AGUILERA; Salvador CISNEROS BETANCOURT; Antonio ZAMBRANA;

Tomás ESTRADA PALMA; Pedro Felipe “Perucho” FIGUEREDO Y CISNEROS;

Francisco de FRÍAS, conde de Pozos Dulces; José Silverio JORRÍN; Rafael

María DE LABRA; Adolfo MÁRQUEZ STERLING; José Manuel MESTRE;

Domingo DEL MONTE; José MORALES LEMUS; Juan RIUS RIVERA; Manuel

SANGUILY y Pedro SANTACILIA.

22“Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba, dirigida a sus

compatriotas y a todas las naciones, Manzanillo, 10 de octubre de 1868, el

General en Jefe, Carlos Manuel de CÉSPEDES”, op. cit., pp. 15-17.

23La primera de estas se ubica en el “Decreto del Ayuntamiento Libre de

Bayamo, firmado por Carlos Manuel de CÉSPEDES, Capitán General del

Ejército Libertador de Cuba y Encargado de su Gobierno Provisional”, de 27

de diciembre de 1868, que declaraba libre a los esclavos bajo indemnización

RESISTENCIA POLÍTICA Y CONSTITUCIÓN EN CUBA: CONSIDERACIONES ACERCA DE LA HISTORIA…

137

más destacada y universal del naciente insurreccionalismo:

superar la arbitrariedad, el colonialismo y la esclavitud. Esta

evidencia, asimismo, apuntala los alcances programáticos,

organizativos, ideológicos y de liderazgo correspondientes al

encauzamiento de la violencia; elementos todos favorables al

plano de la legitimidad de un conflicto que trasciende al

Derecho Internacional Público.24

_________________________

opcional que, desde su condición de libertos, serían utilizados transitoriamente

en servicio de la insurrección (condicionante de los artículos 1 y 2). Ambos

elementos, sin embargo, matizan ambiguamente el espíritu liberal y radical

que la revolución encarna en la idea de que “Cuba libre es incompatible con

Cuba esclavista”, lo cual retrasa una solución definitiva y rápida al problema

de la esclavitud, maniobra que al tiempo que propició atraer a la insurgencia a

la masa de terratenientes reformistas no abolicionistas, se propuso preparar a

los futuros ciudadanos en el pleno goce de sus derechos. Vid. PORTUONDO DEL

PRADO, Fernando y Hortensia PICHARDO VIÑALS (comp.), op. cit., pp. 144-145.

Casi dos meses después se produce el “Decreto de la Asamblea de

Representantes del Centro sobre la abolición de la esclavitud”, de fecha 26 de

febrero de 1869, cuyo propósito se orienta a su supresión gradual bajo

indemnización (artículos 1ro y 2do), pero con un enfoque más radical y de

donde se interpretan contradicciones tácticas pero no ideológicas, y las claras

diferencias que en su composición étnica las dos regiones insurgentes

mostraban entre sí. Vid. AA.VV., Pensamiento revolucionario cubano, tomo 1,

op. cit., p. 21. Un tercer momento se halla en la Constitución de Guáimaro, por

medio de su artículo 24, que declaraba que “todos los habitantes de la

República son enteramente libres” [“Constitución Política que regirá lo que

dure la guerra de independencia. Pueblo libre de Guáimaro, 10 de abril de

1869”, en AA.VV., Pensamiento revolucionario cubano, tomo 1, op. cit., p. 19].

Compelida por la disposición constitucional, la Cámara de Representantes

dictó el “Reglamento de Libertos” de 8 de septiembre de 1869, con el fin de

organizar los servicios que estos debían prestar en la guerra por la

independencia [vid. ZAMBRANA, Antonio, op. cit., pp. 52-56]. Y, por último, en la

declaración de la “Abolición completa de la esclavitud por el Gobierno de la

República en Armas”, mediante la cual se completaba la idea de la total

redención de los antiguos esclavos sujetos aún a servicios forzosos en bien

de la república. Vid. “P. y L., Camagüey, diciembre 25 de 1870, Carlos Manuel

de CÉSPEDES”, en AA.VV., Pensamiento revolucionario cubano, tomo 1, op.

cit., p. 23.

24Esto es resultado de reconocer el enfrentamiento de dos ejércitos

organizados, con mandos respectivos y control administrativo sobre

determinadas jurisdicciones del territorio y la población, que ejecutan

operaciones militares continuas que trascienden los límites geográficos de

la isla de Cuba y son de interés para las normas internacionales en esa

materia. Es destacable, además, que el Ejército Libertador haya recibido

Dr.C. Luis Alberto PÉREZ LLODY

138

Todo esto ocurre en un contexto en que la opresión política

encarna formas exponenciales de violencia desde lo

institucional (primer nivel). Es decir, su expresión más

tangible, desde patrones retrógrados de orden colonial y, por

tanto, desde sus relaciones de poder, se orienta al retroceso

social, al sufrimiento a gran escala y a generar conflictos de

diversa magnitud que terminan por imponer la lógica de que la

violencia será respondida con violencia.25 La diferencia de sus

manifestaciones estriba en que el interés de la guerra

civilizada –pese a su inviabilidad–, “la santa guerra (…) a

fuerza de sangre y de virtud”,26 respetuosa de la ley, y a la que

se acude “con el entusiasmo en el corazón y la risa en los

labios”,27 orientada desde lo justo a la regularización y al

reconocimiento (segundo nivel), fue respondida en forma de

represalia con la guerra a muerte decretada por España28

(tercer nivel) y replicada después por el mando cubano29

(cuarto nivel); en lo cual se evidencia en solo uno de ellos

(segundo) grado suficiente de eticidad y rasgo revolucionario.

Esto último demuestra un lastre en los niveles de legitimidad

_________________________

el reconocimiento de la beligerancia por varias repúblicas latino-

americanas.

25Vid. CÉSPEDES, Carlos Manuel de, “Mensaje al Presidente de los Estados

Unidos exponiendo las razones por las cuales debe acordar al Gobierno

Revolucionario los derechos de beligerancia y reconocer la independencia

de Cuba” (Cuartel General, 1ro de marzo de 1869), en PORTUONDO DEL

PRADO, Fernando y Hortensia PICHARDO VIÑALS (comp.), op. cit., tomo 2,

pp. 29-30; en la misma compilación: “Al Excelentísimo Señor Teniente

General Don Domingo DULCE” (La Revolución, New York, 28 de abril de

1869), pp. 31-32.

26CÉSPEDES, Carlos Manuel de, “Al Pueblo de Cuba, ¡Hermanos!”,

Camagüey, 7 de febrero de 1870, en PORTUONDO DEL PRADO, Fernando y

Hortensia PICHARDO VIÑALS (comp.), op. cit., tomo 1, p. 203.

27Ibidem, p. 204.

28Sobre las consecuencias de la guerra a muerte y la respuesta del mando

de la insurrección en Cuba, puede verse: CÉSPEDES, Carlos Manuel de, “Al

Comandante General español del Departamento Oriental anunciando

represalias si continúan con las ejecuciones de patriotas”, Cuartel General

del Ejército Libertador, diciembre 20 de 1868, en PORTUONDO DEL PRADO,

Fernando y Hortensia PICHARDO VIÑALS (comp.), op. cit., tomo 1, pp. 140-141.

29Vid. “Manifiesto sobre el D ecreto de Guerra a Muerte”, La Larga, febrero

18 de 1869, y “Decreto de Guerra a Muerte” (mismo lugar y fecha), en

PORTUONDO DEL PRADO, Fernando y Hortensia PICHARDO VIÑALS (comp.),

op. cit., tomo 1, pp. 152-155.

RESISTENCIA POLÍTICA Y CONSTITUCIÓN EN CUBA: CONSIDERACIONES ACERCA DE LA HISTORIA…

139

de la guerra que se impulsa desde Cuba, y aunque no es un

signo que la invalide, llega a enaltecerse constitucionalmente

en Guáimaro en forma contraria a los enunciados

humanitarios entonces vigentes.30

Tal escenario implica una valoración adicional en el plano de

la justificación política; esto es, por un lado, la asunción de la

violencia revolucionaria como una respuesta necesaria,

intencional e instrumental; por otro, la articulación de un

discurso estratégica- e ideológicamente orientado al

reforzamiento de su carácter humanista. Ambos criterios se

hallan representados en las guerras por la independencia y la

manera idónea de comprobarlo es por medio de tres

instancias de la estructura argumental de las constituciones

mambisas: 1. Legitimidad ética; 2. Proporcionalidad y límite-

ordenación de sus formas; y 3. La intencionalidad de

subversión-transgresión del orden establecido. En todo esto,

es preciso también advertir la no positivación del derecho de

resistencia en materia de defensa constitucional, nudo

principal del discurso de legitimidad de las experiencias

norteamericana y francesa de finales del siglo anterior, cuyos

esquemas sirvieron de base a nuestro constitucionalismo,

moderno e insurgente. Tal razón podría ubicarse en los

requerimientos de otras prioridades de la insurrección.

En este propósito, y en el de unificar la idea controversial de la

guerra predefinida en grupos y regiones, la Asamblea de

Guáimaro representó una actitud que revaloriza el pensamiento

patriótico; constituyó simiente del Derecho Constitucional

cubano;31 su concreción civilista, democrática y republicana

alcanzó a resguardar el carácter de la violencia revolucionaria

30El artículo 14 de la Constitución de Guáimaro autorizó el uso de

represalias contra el enemigo [vid. “Constitución Política que regirá lo que

dure la guerra de independencia. Pueblo libre de Guáimaro, 10 de abril de

1869”, op. cit., p. 19]; el Derecho de Guerra, sin embargo, lo prohibía. Vid.

HEFFTER, A.G., Derecho Internacional Público de Europa, Librería de

Victoriano Suárez, Madrid, 1875, pp. 237-239.

31MATILLA CORREA, Andry y Carlos Manuel VILLABELLA ARMENGOL (comp.),

Guáimaro: alborada en la historia constitucional cubana, Ediciones

Universidad de Camagüey, 2009, “Proemio”, p. 11.

Dr.C. Luis Alberto PÉREZ LLODY

140

equilibrada y responsable;32 estableció una insurgencia que

asumió como patrimonio de todos los cubanos su derecho a

acudir a las armas, y su deber de prestar servicio a la patria

como soldado.33 Esta última conducta fue seguida por el orden

constitucional subsecuente.34

32La víspera de la Asamblea de Guáimaro, un documento del cual Ignacio

AGRAMONTE se convierte en firmante, fija la postura opuesta a la

representada por CÉSPEDES y los orientales a su mando subordinados,

elocuente en el propósito de construir un poder civil, democrático y de

orden republicano entre las filas insurgentes. Vid. “Comunicación del

Comité Revolucionario del Camagüey a la Junta Revolucionaria de La

Habana, P. y L., 7 de febrero de 1869, en MONAL RODRÍGUEZ, Isabel y

Olivia MIRANDA FRANCISCO, op. cit., pp. 15-16. La actitud de CÉSPEDES de

dotar a la insurrección de los mismos resortes institucionales que se

pretendían derribar (capitán general, capitanes de partido, comandantes

militares) no sólo representa una postura abiertamente contraria sino que

lastra su base de legitimidad como representante de los intereses de la

región oriental, asimilada en su postura, a juicio de ZAMBRANA, como “una

dictadura militar” [ZAMBRANA, Antonio, op. cit., p. 21]. Sobre este tema

también puede verse: HERNÁNDEZ CORUJO, Enrique, “Militarismo y civilismo

en las Constituciones de Cuba en Armas”, en Revista Cubana de

Derecho, Año XXI (Nueva Serie), No. IV (84), octubre-diciembre de 1947,

pp. 307-328.

33Desde el inicio de la guerra este propósito quedó fundado, en ocasión del

“Decreto estableciendo el servicio militar obligatorio” para los varones

entre 18 y 40 años de edad [vid. PORTUONDO DEL PRADO, Fernando y

Hortensia PICHARDO VIÑALS (comp.), op. cit., tomo 1, pp. 120-121].

Después quedó ratificado en la Constitución de Guáimaro: Art. 25: “Todos

los ciudadanos de la República se consideran soldados del Ejército

Libertador” [“Constitución Política que regirá lo que dure la guerra de

independencia”, en AA.VV., Pensamiento revolucionario cubano, tomo 1,

op. cit., p. 19], y por último en la “Ley de Organización Militar”, Cámara de

Representantes, 22 de julio de 1869, que extendió el rango etario a

50 años para la prestación del servicio militar [vid. ZAMBRANA, Antonio, op.

cit., pp. 68-77].

34En la Constitución de Jimaguayú (16 de septiembre de 1895) esta idea

cobra validez a través del artículo 19: “Todos los cubanos están obligados

a servir a la Revolución con su persona o intereses, según sus aptitudes”

[“Constitución del Gobierno Provisional de Cuba”, en PICHARDO, Hortensia,

Documentos para la Historia de Cuba, tomo I, op. cit., p. 499]. Mientras, la

Constitución de La Yaya (29 de octubre de 1897) declara en su artículo

tercero: “Todos los cubanos están obligados a servir a la patria con sus

personas y bienes, de acuerdo con las Leyes y según sus aptitudes. El

servicio militar es obligatorio e irredimible”. [“Constitución de la República

de Cuba en Armas”, en PICHARDO VIÑALS, Hortensia, Documentos para la

Historia de Cuba, tomo I, op. cit., p. 501].

RESISTENCIA POLÍTICA Y CONSTITUCIÓN EN CUBA: CONSIDERACIONES ACERCA DE LA HISTORIA…

141

En su conjunto, estas ideas coadyuvan a la jerarquización de

la violencia revolucionaria como único sentido reconocido a la

cuestión de la resistencia política. Sin embargo, no siempre el

término “revolución” recibió enunciado explícito,35 aunque sí

fijó la intencionalidad legitimante, soberana, ordenadora,

suprema y normativa de la única vía posible para alcanzar el

atributo más sobresaliente de la guerra: la aspiración de la

independencia y la abolición de la esclavitud.

Desde la complejidad de su escenario, el constitucionalismo

mambí que irrumpe en la Asamblea de Guáimaro autolimita

en lo temporal los usos de la violencia revolucionaria,36 lo cual

es una manifestación del principio de ordenación de esta fase

de la revolución que queda confirmado en Baraguá, diez años

después, pese al Zanjón, y en los textos constitucionales

posteriores.37 Desde la legalidad como su expresión más

tangible, son adecuados en todos los casos los sustentos de

ultima ratio, proporcionalidad, de orden y de intencional

subversión-transgresión (atípica) mediante el hecho mismo de

declarar fundada la república, ajena y opuesta al estatus

colonial español; todo esto en los marcos programáticos para

35Pese a no encontrarse registrado en el “Manifiesto” del 10 de octubre, en

la papelería de CÉSPEDES adquiere un uso recurrente, si no constante, en

sus textos escritos entre el propio año 1868 y 1873. Vid. PORTUONDO DEL

PRADO, Fernando y Hortensia PICHARDO VIÑALS (comp.), op. cit., tomo 1,

passim. Si bien al inicio no hubo formal reconocimiento del término

revolución, motivado por otros atascos fundamentales que debieron

quedar dirimidos con lógica prioridad, a partir de Baraguá este se convirtió

en un elemento de permanente asiento y de primera importancia jurídica

(En la Constitución de Baraguá, art. 1; en la Constitución de Jimaguayú,

Preámbulo, art. 2, art. 3 apdos. 1 y 5, y art. 19-21; en la Constitución de

La Yaya, Preámbulo, art. 2 apdo. 3 y art. 22 apdo. 1).

36En la Constitución de Guáimaro, el formal reconocimiento de que la vigencia

de la Constitución política “regirá lo que dure la Guerra de Independencia”

así lo demuestra. Vid. “Constitución Política que regirá lo que dure la guerra

de independencia. Pueblo libre de Guáimaro, 10 de abril de 1869”, en

AA.VV., Pensamiento revolucionario cubano, tomo 1, op. cit., p. 19.

37De manera explícita, la vigencia de la Constitución de Jimaguayú estaría

limitada a dos años si antes no terminaba la guerra de la cual se convierte

en principal sustento jurídico (art. 24). En La Yaya, esta cuestión no se

tiene en cuenta con tal rigor, al declarar que su vigencia estaría extendida

hasta que una nueva Constitución la derogara (art. 48), cosa que

formalmente no ocurrió.

Dr.C. Luis Alberto PÉREZ LLODY

142

la insurgencia,38 resultando que el Estado no surge ex post,

sino como proceso sui generis conjuntivo de la fase de

violencia revolucionaria.

En Cuba, el 10 de octubre de 1868 se inicia la fase de

violencia revolucionaria que corresponde a la vía excepcional,

intencional e instrumental de la revolución en su fase

intermedia; que es trascendente en tanto se propone, con la

independencia y la abolición de la esclavitud, la fundación de

una república para los cubanos. Siendo así, la justificación de

la violencia revolucionaria, desde la Constitución de Guáimaro

como parámetro ordenador y normativo, queda establecida

desde la legalidad, sentido en lo adelante profundizado por

medio del carácter de la Guerra Necesaria de José MARTÍ,

organizador y rector de la última guerra de independencia. Su

argumento sobre la violencia revolucionaria no solo es troncal

para la comprensión de las circunstancias que le tocó vivir,

sino que, sobre todo, trasciende a la categoría de legitimidad

de la revolución en Cuba en todos sus contextos posteriores,

a partir de los contenidos de su noción sobre la guerra.

4. El derecho de resistencia en la Constitución de 1940

Las primeras dos décadas republicanas permitieron a Cuba

encarar los retos de la modernización. Con ello también, la

conformación de una base desde la cual impulsar los

desarrollos de la economía, la cultura y las capacidades

intelectuales ciudadanas. Tal pronóstico, sin embargo, se vio

cercenado por la instrumentación de un Estado oligárquico;

situación que provocó una gradual revalorización de la

reflexión política. Este tránsito fue consecuencia de una

compleja combinación de factores: el estallido de las tensiones

acumuladas por el crecimiento deforme de la economía, el

modelo republicano implementado sobre una maltrecha

soberanía nacional, la constante tensión de las relaciones con

los Estados Unidos como saldo de la Enmienda Platt y el

38La “República de Cuba en Armas”, que se ha ido consolidando en la

estructura constitucional, es un Estado en y para la guerra. Hállese esta

opción de razonamiento en la propia nomenclatura que asumen las dos

últimas constituciones mambisas, cualitat ivamente superiores a sus

antecesoras: “Constitución del Gobierno Provisional de Cuba” (Jimaguayú) y

“Constitución de la República de Cuba en Armas” (La Yaya).

RESISTENCIA POLÍTICA Y CONSTITUCIÓN EN CUBA: CONSIDERACIONES ACERCA DE LA HISTORIA…

143

desfavorecido entramado social, son resultados del doble

monopolio de la estructura neocolonial cimentada con el

auspicio de la burguesía nacional, el estrecho esquema de

participación política, la corrupción y el fraude electoral. Como

resultado, se produjo el reemplazo del precedente negativo de

la dominación colonial ya superada, por otro de sometimiento

neocolonial.

Producto de la emergencia de un nuevo sentido de lo nacional

y lo social en el concierto de las relaciones políticas, la

Constitución de 1940 va a condensar un trascendente

resultado jurídico en la historia de la república en Cuba,

gracias, sobre todo, a la labor de los partidos que nacen

siendo portadores de la nueva articulación política producida

como saldo de la década anterior. Además del nacionalismo

exponencial, va a significar una apertura sin precedentes, al

menos en lo formal, del consenso en torno al sistema

democrático burgués y a la salvaguarda de las conquistas

sociales de los años treinta.

En los contenidos que entonces determinan la nueva

institucionalidad del Estado se halla, con novedosa relevancia,

el carácter fundamental reconocido al derecho de resistencia;

el 16 de abril de 1940 fue propuesto por iniciativa de Joaquín

MARTÍNEZ SÁENZ en el seno de la Convención Constituyente.

En su redacción definitiva, el artículo 40, en su segundo

párrafo, fijó sus términos:

 Las disposiciones legales, gubernativas o de cualquier

otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que

esta Constitución garantiza, serán nulas si los

disminuyen, restringen o adulteren.

 Es legítima la resistencia adecuada para la protección de

los derechos individuales garantizados anteriormente.

 La acción para perseguir las infracciones de este Título

es pública, sin caución ni formalidad de ninguna

especie y por simple denuncia.

Dr.C. Luis Alberto PÉREZ LLODY

144

 La enumeración de los derechos garantizados de este

Título, no excluye los demás que esta Constitución

establezca, ni otros de naturaleza análoga o que se

deriven del principio de la soberanía del pueblo y de la

forma republicana de gobierno.39

No se tienen evidencias de que tal propósito se hubiera

manifestado con anterioridad en el seno de la Comisión

Coordinadora que elaboró el borrador de la Constitución;40

tampoco estuvo contenido en el voto particular en la misma

fecha producido,41 razón por la cual fue instrumentado por

medio de enmienda. La singularidad de su propuesta queda

descrita en los siguientes criterios: 1. Es introducido en el

debate constituyente para ser añadido en el último párrafo del

artículo 39, referente a la inviolabilidad del domicilio,42

correspondiente al Título Cuarto “Derechos Fundamentales”.

Sin embargo, fue aprobado para que la Comisión de Estilo lo

ordenara como artículo aparte; 2. Se otorga la cualidad

legítima defensa a la resistencia política como mecanismo de

39“Constitución de la República de Cuba, Convención Constituyente de

1940”, en PICHARDO, Hortensia, Documentos para la Historia de Cuba,

tomo IV, Segunda Parte, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1980,

p. 338.

40Vid. “Dictamen de la Comisión Coordinadora contentivo del proyecto de

Constitución de la República de Cuba”, sesión vigésima, extraordinaria, 16

de abril de 1940 (pp. 18-54), en Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente, vol. I, No. 20.

41Vid. “Voto particular de Francisco ALOMÁ Y ÁLVAREZ DE LA CAMPA contentivo

de proyecto de Constitución de la República de Cuba”, sesión vigésima,

extraordinaria, 16 de abril de 1940 (pp. 54-76), en Diario de Sesiones de

la Convención Constituyente, op. cit.

42“Artículo 39. El domicilio es inviolable y, en consecuencia, nadie podrá

entrar de noche en el ajeno sin el consentimiento de su morador, a no ser

para socorrer a víctimas de delito o desastre, ni de día, sino en los casos y

en la forma determinados por la Ley. / En caso de suspensión de esta

garantía, será requisito indispensable para penetrar en el domicilio de una

persona que lo haga la propia autoridad competente, mediante orden o

resolución escrita, de la que se dejará copia auténtica al morador, a sus

familiares o al vecino más próximo, según proceda. Cuando la autoridad

delegue en alguno de sus agentes se procederá del mismo modo”.

[“Dictamen de la Comisión Coordinadora contentivo del proyecto de

Constitución de la República de Cuba”, op. cit., pp. 22-23].

Definitivamente, correspondió esta redacción al artículo 34 de la

Constitución. Vid. “Constitución de la República de Cuba, Convención

Constituyente de 1940”, op. cit., p. 337.

RESISTENCIA POLÍTICA Y CONSTITUCIÓN EN CUBA: CONSIDERACIONES ACERCA DE LA HISTORIA…

145

garantía y protección de los derechos individuales;43 y 3. La

intencionalidad de su reconocimiento obedece a la histórica

ineficacia de la declaración de derechos en la historia constitucional

de Cuba.44

Es exiguo el número de páginas reservadas en el Diario de la

Convención Constituyente a este punto, lo cual evidencia que

su debate fue limitado. No hay elementos suficientes ni

criterios registrados que prueben el uso de un soporte teórico

en relación al tema, que permitan avalar un sustento jurídico

más allá de las razones expuestas en la propuesta inicial. De

esto se tiene que el análisis del precepto no puede

circunscribirse a lo ocurrido; su significación no se debe a que

haya sido más o menos debatido, como es el caso, sino por

su constitucionalización en sí. Su definitiva aprobación merece

las siguientes consideraciones:

挑 Su estructuración es coherente con la creciente

internacionalización de los derechos, es moderna, sigue el

criterio de fundamentalidad de la primera mitad del siglo XX,

y por vez primera lo otorga al derecho de resistencia como

signo más destacado. Su reflejo más cercano se halla en

la Constitución de Bonn de 1949, siendo casi nulo en el

sistema interamericano de su contexto, donde se

manifiesta una ponderación histórica de los principios que

enuncian el deber de obediencia ante la ley y,

consecuentemente, una falta de consenso en torno al

reconocimiento de la resistencia política como fenómeno

jurídico-legal.45 Ello permite identificar el caso cubano, por

43“Es legítima la resistencia adecuada para la protección de estos derechos”

[“Artículo 39. Enmienda adicional al último párrafo, presentada por

Joaquín MARTÍNEZ SÁENZ”, en Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente, op. cit., p. 24].

44Vid. “Artículo 39. Enmienda adicional al último párrafo, presentada por

Joaquín MARTÍNEZ SÁENZ” (Debate), en Diario de Sesiones de la

Convención Constituyente, op. cit., p. 25.

45En el sistema interamericano no se reconoce la opción de resistencia

política según el estado del pensamiento jurídico hasta la primera mitad

del siglo XX. Vid. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre, art. XXXIII, aprobada en la Novena Conferencia Internacional

Americana, Bogotá, Colombia, 1948, [en línea], disponible en:

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp [consulta:

3 de enero de 2013]. Sobre este particular puede consultarse también

Dr.C. Luis Alberto PÉREZ LLODY

146

un lado, como un fenómeno notoriamente aislado y

avanzado que responde a la presión democrática y al

criterio de dotar al orden jurídico de la estabilidad

constitucional que faltó en el periodo precedente; y, por

otro lado, encauza el esfuerzo por internacionalizar el

derecho de resistencia.46

_________________________

Anuario Jurídico Interamericano, 1952-1954, Unión Panamericana,

Washington, D.C., 1955, Quinta Sección. En este escenario, unas pocas

constituciones en la región lo conciben. El Congreso Constituyente de

Querétaro (1916-1917) sancionó unánimemente la propuesta del Primer

Jefe del Ejército Constitucionalista, favorable al reconocimiento implícito

del derecho de resistencia mediante la formulación del artículo 136 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere la

inviolabilidad de la Constitución y su defensa en los siguientes términos:

“Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna

rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier

trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que

ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se

restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su

virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado

en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren coo perado

a ésta”. [Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada

en el DOF el 5 de febrero de 1917, Art. 136, Cámara de Diputados del

Honorable Congreso de la Nación, Secretaría General, Dirección General

de Servicios de Documentación, Información y Análisis, p. 107, [en línea],

disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf [consulta:

19 de noviembre de 2013]. También se ubica en la Constitución de El

Salvador (1950), a través de su artículo 50 relacionado con el 175: “el

derecho de insurrección, que esta Constitución reconoce, no producirá en

ningún caso la abrogación de las leyes; queda limitado en sus efectos a

separar, en cuanto sea necesario, a los funcionarios mientras se substituyen

en la forma legal”; y en similar patrón, aunque restringido al objeto de

proteger la figura del Presidente de la República, la anterior Constitución

de Guatemala, en la segunda parte del artículo 2: “… el principio de

alternabilidad en el ejercicio del cargo de presidente de la república

es imprescindible para el sistema político nacional, y el pueblo podr á recurrir

a la rebelión cuando se osare conculcar dicho principio”. [Apud. LINARES

QUINTANA, Segundo V., Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional

argentino y comparado, Parte Especial, tomo VI, op. cit., p. 342].

46Bajo los auspicios de la delegación de Cuba a la Novena Conferencia

Internacional Americana, presidida por su delegado Guy PÉREZ CISNEROS,

se propuso someter a estudio el reconocimiento del derecho de

resistencia en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre bajo la siguiente forma: “se reconoce el derecho de resistencia

ante actos ostensibles de opresión o tiranía”. Ello aconteció por medio de

la Resolución XXXVII que, al terminar en un empate en su votación, no

RESISTENCIA POLÍTICA Y CONSTITUCIÓN EN CUBA: CONSIDERACIONES ACERCA DE LA HISTORIA…

147

挑 Como derecho fundamental, su marco teórico se deriva de

la teoría del contrato y entroniza el pacto constitucional,

evolucionado en su contexto por medio de la

jerarquización de la acción cívica en la protección de los

derechos individuales, que al mismo tiempo constituye un

límite al ejercicio del poder político.47

挑 Su asunción se corresponde con la experiencia de las

declaraciones de derechos francesas del siglo XVIII, siendo

asumida su constitucionalización en el marco de la

soberanía popular (artículo 2). Según queda redactado el

primer párrafo del artículo 40, la opresión es significado de

normas o actos inconstitucionales que vulneren los

derechos fundamentales,48 lo cual evidencia de forma

implícita y en primera instancia su contenido esencial, de

aplicación directa e indisponible para el legislador.

挑 En su rol positivado, la resistencia política constituye una

concreción garantista, por una parte, y, por otra, asume la

capacidad de anular la responsabilidad penal por actos de

resistencia a la autoridad. Llama la atención, en la primera

cuestión, que se asume un juicio aparentemente restrictivo

_________________________

permitió que se aprobara la adición. Tal resultado fue una demostración

de la falta de consenso en torno al reconocimiento de la resistencia

política como fenómeno jurídico-legal, lo que en definitiva fue reflejado en

el informe final como “una idea no aconsejable para la región”. Vid.

Conferencias Internacionales Americanas (Segundo Suplemento 1945-

1954), Biblioteca digital Daniel COSÍO VILLEGAS, p. 215, [en línea],

disponible en: http://biblio2.colmex.mx/coinam/coinam_2_suplemento_

1945_1954/base2.htm [consulta: 3 de enero de 2013].

47Al hacer equivalentes los contenidos de la insurrección al derecho de

resistencia, considera CASASÚS que es innecesaria l a formalización de este

último en la Constitución, ya que parte de un hecho de fuerza que debe ser

ejercitado por canales externos a la ley; sin embargo, le asigna la cualidad

de defensa de la nación. Vid. CASASÚS, Juan J.E., La Constitución a la luz

de la doctrina magistral y de la jurisprudencia, op. cit., p. 217.

48Tres años después, el pleno del Tribunal Supremo fijó la postura en

relación a este tema, y estimó necesario en la apreciación de la infracción

del artículo 40 constitucional, contextuar el derecho o la garantía individual

lesionada, o su derivación en los principios de la soberanía del pueblo y la

forma republicana de gobierno. Vid. Sentencia No. 90 de 15 de diciembre

de 1943, p. 233, apud. CASASÚS, Juan J.E., La Constitución a la luz de la

doctrina magistral y de la jurisprudencia, op. cit., p. 225.

Dr.C. Luis Alberto PÉREZ LLODY

148

en el orden de direccionar su ámbito solo a la defensa de

los derechos individuales relacionados entre los artículos

del 20 al 39, en detrimento de otros. Sin embargo, la

estructura que en materia de derechos adoptó la

Constitución, y de manera particular de acuerdo al último

párrafo del artículo 40, permite equiparar en jerarquía,

ejercicio y tutela al resto de los derechos dispersos en el

texto y no enumerados en el Título IV.49

挑 En lo estrictamente técnico, se advierten dos problemas en

la redacción del artículo 40. El primero de ellos como

consecuencia de la mera lectura; pareciera desnaturalizarse

la intención del constituyente cuando se avistan las

diferencias entre los dos primeros párrafos y los dos

últimos; ocurre que el reconocimiento de derechos

fundamentales se confunde con sus garantías. Ello podría

ser resultado del restringido espacio en la discusión de la

Convención o si, por el contrario, obedeció a la intención

de proveer una esencia múltiple de derecho-deber-

garantía, debió consignarse taxativamente. El segundo

tiene que ver con el uso de “legítima”; pareciera más

adecuado –como apuntó INFIESTA– emplear el término

“legal”, aunque tampoco lo fuera en rigor tratándose de

una norma que, como es el caso, ostenta máxima

jerarquía en el ordenamiento jurídico.

挑 Son ajustados al propósito del constituyente el uso del

término “adecuada” (parámetro indicado no a la limitación

del derecho, sino al presupuesto de proporcionalidad que

distingue su ejercicio, y que en este caso cobra sentido por

medio de la alusión a la legítima defensa conforme a la

normativa penal), también el de “protección” (referido a su

objeto último: la anulación del acto o norma de opresión, y

la reivindicación o restauración del orden o derecho

vulnerados).

挑 Implícitamente, a la activación del derecho de resistencia

le antecede un ciclo compuesto por el control judicial de la

constitucionalidad; esto es, la opción de la resistencia

legal, y se refiere a la acción cívica ejercitable ante los

49Cfr. CUTIÉ MUSTELIER, Danelia y Josefina MÉNDEZ LÓPEZ, op. cit., p. 225.

RESISTENCIA POLÍTICA Y CONSTITUCIÓN EN CUBA: CONSIDERACIONES ACERCA DE LA HISTORIA…

149

órganos cuyo objeto es tutelar la armonía de las leyes y la

protección universal de los derechos fundamentales.50 Tal

cuestión es sustancial porque asegura su eficacia jurídica,

proyectada sobre el ámbito de los poderes públicos y los

derechos mismos, reforzando el criterio de fundamentalidad

por medio de las vías procesales (judicial y administrativa)

de control anteriores a la externalización de sus

manifestaciones.

Visto de conjunto, el derecho de resistencia como

acontecimiento constitucional en 1940 no solo es notable por

concretar un salto en la intencionalidad de salvaguardar el

equilibrio del poder en Cuba, sino por representar una

cualidad vanguardista en Occidente en la primera mitad del

siglo XX. Al mismo tiempo, propició un liderazgo en la región

50El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales es el órgano que la

Constitución de 1940 instituye con tal fin (arts. 182 y 194). No fue hasta el

31 de mayo de 1949, sin embargo, que fue oficialmente creado por medio

de la Ley No. 7 [Gaceta Oficial de la República de Cuba, ed. Ordinaria,

tomo XI, 7 de junio de 1949, pp. 11947-11962]. Mientras tanto, el control

de la constitucionalidad fue efectuado por el Pleno del Tribunal Supremo

(Disposición Transitoria al Título Decimocuarto/Sección Segunda). Vid.

LAZCANO Y MASÓN, Andrés María, Ley del Tribunal de Garantías

Constitucionales y Sociales, Ed. Librería Selecta, La Habana, 1949. Sobre

este particular también pueden verse: FERRARA, Orestes, Las ideas

jurídico-sociales en las constituciones cubanas (Individualismo-

Estadismo), Talleres Gráficos “Marsiega”, Madrid, 1945, passim;

GARCERÁN DE VALL Y SOUZA, Julio, El proceso de inconstitucionalidad,

Editorial Librería Martí, La Habana, 1947, passim; ZAMORA, Juan

Clemente, “La defensa de la Constitución en la legislación cubana”, en

Revista Mexicana de Derecho Público, tomo I, vol. II, octubre-diciembre de

1946, pp. 115-151; MAZA, Emilio, En defensa de la acción pública, Jesús

Montero Editor, La Habana, 1950; MENÉNDEZ, Emilio, “El Poder Judicial y la

Constitución”, en Comparative Juridical Review, U.S.A., 1959, pp. 37-89;

GARCÍA BALAÚNDE, Domingo, “El Tribunal de Garantías C onstitucionales y

Sociales de Cuba (1940-1952)”, en Boletín Mexicano de Derecho

Comparado, Nueva Serie, Año XXXVII, No. 109, enero-abril de 2004, pp.

283-312; PRIETO VALDÉS, Martha, “El sistema de defensa constitucional

cubano”, en Revista Cubana de Derecho, UNJC, No. 26, julio-diciembre

de 2005, pp. 25-55; MATILLA CORREA, Andry (comp.), Estudios cubanos

sobre control de constitucionalidad (1901-2008), Editorial PORRÚA, S.A. de

C.V., México, D.F., 2009, pp. 3 y ss.; RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Yumil, “La

defensa de la Constitución por los tribunales en Cuba. El Tribunal de

Garantías Constitucionales y Sociales”, en RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Yumil

(coord.), op. cit., pp. 96-116.

Dr.C. Luis Alberto PÉREZ LLODY

150

que estableció una pauta para su desarrollo y reconocimiento,

favorable al desenvolvimiento de nuestro modelo de república.

Su juridificación respondió a condicionamientos de orden

político: diez años que precedieron de convulsión política que

a toda costa se pretendió evitar en el futuro; un contexto

latinoamericano y caribeño marcado por acontecimientos de

similares manifestaciones; y el creciente desarrollo del

fascismo en Europa. En lo jurídico, sin embargo, no es posible

demostrar el manejo de un soporte teórico por parte de los

delegados a la Convención Constituyente que permita

demostrar la tesis de que sus contenidos, aun ajustándose a

premisas doctrinales precedentes, hayan sido un resultado

premeditado. De cualquier forma, este habría sido también

una consecuencia del ciclo revolucionario, capaz de confirmar

la tradición civilista y democrática del pueblo cubano, cuyo

elemento simbólico más trascendente es la práctica

constitucional.

Después de las circunstancias de 1940, la conculcación del

derecho de resistencia ocurrido en oportunidad de los

Estatutos Constitucionales de 4 de abril de 1952 dio paso a su

restitución en 1954, y más tarde mantenido como parte

integral de la Ley Fundamental de 7 de febrero de 1959.

5. La resistencia política en las reformas constitucionales

de 1992 y 2002. Un debate inacabado rumbo al nuevo

escenario constitucional cubano

Corresponde por último examinar qué ha ocurrido, hasta hoy,

con el tratamiento jurídico ofrecido a la resistencia política en

el contexto posterior a nuestra Constitución socialista de 1976.

Si bien su propio Preámbulo evidencia que nuestra Ley

Suprema constituye legítimo resultado de una tradición de

resistencia extendida desde el enfrentamiento de los

aborígenes al poder colonial español de conquista, más tarde

seguida por los mambises del siglo XIX con el ideario martiano

como brújula, y las ideas político-sociales de MARX, ENGELS y

LENIN consagradas por la Revolución triunfante del Moncada y

el Granma encabezada por Fidel CASTRO, no existe

originalmente, en su articulado, ninguna referencia reguladora

en torno a la cuestión de la resistencia política.

RESISTENCIA POLÍTICA Y CONSTITUCIÓN EN CUBA: CONSIDERACIONES ACERCA DE LA HISTORIA…

151

Las nuevas condiciones impuestas al país la víspera de los

noventa del pasado siglo tras el derrumbe del campo

socialista europeo y la URSS, y la conjugación de serias

consecuencias derivadas de errores en la construcción

socialista con el recrudecimiento del bloqueo estadounidense,

propiciaron un contexto de agudas contradicciones entre los

logros sociales alcanzados y las formas en que hasta

entonces se habría construido el consenso político alrededor

del proyecto revolucionario. El reto estableció con claridad a la

dirección de la Revolución el reencauzamiento del sistema

institucional, la actualización económica, el urgente

apuntalamiento de los canales democráticos de participación y

la introducción de nuevas fórmulas para la defensa de su

ordenamiento jurídico. La Constitución, central en ese nuevo

escenario, debió ser reformada en función de superar su

agotamiento mediante un proceso orientado a su re-

legitimación, por un lado, jerarquizando la profundidad de las

transformaciones de la sociedad cubana que habían sido fruto

de su Revolución; y, por otro, recolocando al Derecho en la

esfera pública como un asunto de todos.

Desde su convocatoria, el IV Congreso del Partido Comunista

de Cuba, celebrado en el mes de marzo de 1990, fue

canalizador de tal ánimo. Tras un grupo importante de

recomendaciones, en circunstancias de especial sensibilidad

para la propia supervivencia del proyecto revolucionario, el 12

de julio de 1992 fue aprobada por medio del criterio de la

Asamblea Nacional del Poder Popular en su XI Período

Ordinario de Sesiones de la III Legislatura, la Ley de Reforma

Constitucional, de la cual se derivó la más profunda

modificación de la letra aprobada en 1976 hasta hoy: en total

fueron suprimidos 16 artículos, se modificaron 64 y

aparecieron otros 13. En Cuba se iniciaba también 挑y es un

proceso aún inacabado挑 una redefinición del socialismo

mediante nuevos soportes de participación que identificó una

simbiosis entre la continuidad y la renovación,51 y con ello

51Cfr. AA.VV., Temas de Derecho Constitucional Cubano, Editorial Félix

VARELA, La Habana, 2006, passim; AZCUY, Hugo, Análisis de la

Constitución cubana y otros ensayos, Ruth Casa Editorial-Instituto Cubano

de Investigación Cultural Juan Marinello, La Habana, 2010, pp. 245 y ss.;

MÉNDEZ LÓPEZ, Josefina y Danelia CUTIÉ MUSTELIER, “La Constitución

Dr.C. Luis Alberto PÉREZ LLODY

152

quedó establecido un cambio sustantivo en el modelo de

transición cubano.52

En estos análisis, la influencia ejercida por la postura que

históricamente sustenta el diferendo con Estados Unidos

desempeña un papel principal: en la década de los noventa

del pasado siglo mediante una política que endureció el

enfrentamiento, conjugada con el extremo estado de debilidad

de nuestra economía nacional, y en la actualidad mediante un

replanteamiento táctico de los propósitos imperialistas en el

complejo escenario que implica la reanudación de relaciones

diplomáticas. En nuestra perspectiva, ambos contextos

quedan unidos en el tiempo por medio de una reflexión que

adquiere hoy plena vigencia y que tiene que ver, ante todo,

con la defensa de la independencia alcanzada.

Fue este, entonces, un asunto de prioridad en la agenda

constitucional, y su instrumentación tuvo lugar, en 1992, por

medio del segundo párrafo del artículo 3:

Todos los ciudadanos tienen el derecho de combatir por

todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no

fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente

derribar el orden político, social y económico establecido

por esta Constitución.

Como es posible advertir de su lectura, la referencia a

“cualquiera” también mira al interior del país. En este sentido,

hay otras dos conexiones en el propio texto constitucional en

las que es preciso detenerse para obtener ideas de conjunto:

la primera es el tercer párrafo del propio artículo 3, introducido

mediante la reforma constitucional que en 2002 tuvo en

cuenta la participación de la esfera pública mediante el cuerpo

electoral, en una especie de convocatoria plebiscitaria en la

que jugaron un papel protagónico las organizaciones sociales:

_________________________

cubana de 1976: entre la estabilidad y el cambio”, en ÁLVAREZ-TABÍO ALBO,

Ana María y Andry MATILLA CORREA (coord.), op. cit., pp. 157-168.

52VALDÉS PAZ, Juan, El espacio y el límite. Estudios sobre el sistema político

cubano, Ruth Casa Editorial-Instituto Cubano de Investigación Cultural

Juan Marinello, La Habana, 2009, p. 139.

RESISTENCIA POLÍTICA Y CONSTITUCIÓN EN CUBA: CONSIDERACIONES ACERCA DE LA HISTORIA…

153

El Socialismo y el sistema político y social revolucionario

establecido en esta Constitución, probado por años de

heroica resistencia frente a las agresiones de todo tipo y la

guerra económica de los gobiernos de la potencia más

poderosa que ha existido y habiendo demostrado su

capacidad de transformar el país y crear una sociedad

enteramente nueva y justa, es irrevocable, y Cuba no

volverá jamás al capitalismo.

De esta manera, nuestra Constitución no dispone la

posibilidad de modificar, por ninguna vía, el sistema político

refrendado en ella, lo cual la dota de un cinturón de rigidez

mediante una cláusula de intangibilidad que ratifica el artículo 137

referido al procedimiento de reforma.

Y, por último, el artículo 65, que en su primer párrafo nos dice:

“La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el

deber supremo de cada cubano”. Llama la atención, en este

caso, que integra el Capítulo VII “Derechos, Deberes y

Garantías Fundamentales”, y que su sentido manifiesta, como

lo llamó TORRADO,53 un “corolario” del artículo 3, cuestión esta

que es, en estricta técnica, innecesaria.

Ahora bien, si entendemos que la defensa de la patria se

ejecuta a través de un acto eminentemente de resistencia,

dotado de la cualidad derecho-deber (el ciudadano preparado

para resistir y enfrentar una agresión), esta por necesidad

llevaría la cuestión política como contenido medular, capaz de

alcanzar el uso de las armas como recurso de ultima ratio.

Valdría la pena, entonces, reflexionar en torno a la

complementariedad que presuponen entre sí los preceptos

constitucionales antes expuestos que, en rigor, merecerían

una visión conjuntiva, y no como, aparentemente desligados,

nuestra Constitución expone. Como resultado, podría quedar

integrado un valioso mecanismo de tutela de todos los

derechos a través de una suerte de garantía social muy

beneficiosa para el ejercicio democrático.

53TORRADO, Fabio Raimundo, op. cit., p. 225.

Dr.C. Luis Alberto PÉREZ LLODY

154

La Ley No. 75 de 1994 de la Defensa Nacional ofrece las pistas

necesarias en torno al momento de activación del derecho de

resistencia como una consecuencia de la declaración de las

situaciones excepcionales, específicamente el estado de guerra

o la guerra, prevista en su artículo 9, inciso a). Del mismo

modo, es comprensible que en atención al orden interior, sea el

estado de emergencia, regulado en el artículo 20 y siguientes

de la propia Ley, el que dote de legalidad a los modos de la

resistencia en salvaguarda de la estabilidad institucional del

Estado; en correspondencia con lo que, en esta materia, la

reforma constitucional también había previsto mediante la

introducción del Capítulo VIII “Estado de Emergencia”.

En todo esto, no se convoca a la esfera pública por medio del

ejercicio ciudadano a controlar la actividad del Estado

mediante formas de resistencia política: no fue el propósito de

las reformas de 1992 y 2002; tampoco las prácticas se han

encargado de demostrar lo contrario en estos años. Hoy,

nuestra Constitución define el criterio de que en su condición,

el Estado socialista encarna el deber de proveer el bien en su

gestión, por tanto, no es posible concebir la resistencia política

en su contra, ni siquiera invocando el ánimo de controlar su

ejercicio del poder.

Este análisis advierte una singularidad de nuestro desarrollo

en materia constitucional. Para comprenderlo en su total

magnitud es preciso tomar en consideración que su propio

sustento ha obedecido a una voluntad política la cual ha sido

refrendada a nivel popular mediante mecanismos que durante

años han definido los consensos necesarios y la unidad en

torno a la Revolución.

Es en ese mismo hilo interpretativo que el diseño sui generis

que el derecho de resistencia exhibe en nuestro texto

constitucional desempeña un papel de garante, al ofrecer la

opción de resistir por todos los medios contra quien atente en

detrimento de un orden social, político y económico que no ha

dejado de estar expuesto a las más diversas agresiones

externas, y el cual hacia el futuro deberá encarar el reto de su

sostenibilidad bajo la dirección de actores políticos distintos a

los que han integrado la generación histórica del proceso

revolucionario.

RESISTENCIA POLÍTICA Y CONSTITUCIÓN EN CUBA: CONSIDERACIONES ACERCA DE LA HISTORIA…

155

6. Conclusiones

La historia de Cuba en su trazado histórico hasta la sexta

década del siglo XX, muestra una línea casi ininterrumpida de

manifestaciones de resistencia política contra la opresión. Tal

condición es trascendental en la formación de la nación y en

la progresión de nuestro pensamiento político y jurídico,

donde la violencia es una cuestión que generalmente se

orienta, de manera justificada, responsable y proporcional, a

la revolución como fin. La guerra de independencia iniciada en

contra del poder colonial español, el 10 de octubre de 1868,

así lo demuestra; y sus continuidades durante el siglo XIX,

superiores en el orden cualitativo, engendran por medio del

constitucionalismo mambí, la forma más genuina de

institucionalización y legitimidad de la violencia revolucionaria.

De esta manera, el levantamiento armado en defensa de la

patria forma parte de la tradición republicana sembrada por

los mambises en la Constitución de Guáimaro y

universalizada por el pensamiento que va desde CÉSPEDES

hasta MARTÍ. Es este un punto que valida, en una línea casi

ininterrumpida, el interés y la importancia que la resistencia ha

tenido en nuestros procesos históricos de conformación

nacional y ciudadana; a la vez que representa un

indispensable parámetro de legitimidad.

La Constitución cubana de 1940 instituyó en el mundo

occidental el reconocimiento del carácter fundamental al

derecho de resistencia, sin que ello significara la

homogeneización y expansión de su tratamiento positivo. La

lógica de su concepción fue congruente, en este contexto y

pese a su accidentalidad, con la creciente internacionalización

de los derechos, anticipándose también a la conformación del

Estado democrático de Derecho. A su vez, jerarquizó su

sentido de validez ligado al principio de supremacía

constitucional, consagrando en su funcionalidad los

contenidos de la perspectiva liberal en el orden material,

objetivo y restringido de salvaguardar el orden estatal, y

estableciendo el principio de proporcionalidad en su ejercicio.

El asunto de la resistencia, médula del contexto en el cual hoy

nos desenvolvemos, plagado de desafíos políticos de gran

Dr.C. Luis Alberto PÉREZ LLODY

156

magnitud, como lo fue en las anteriores circunstancias, ha

venido perviviendo en el imaginario de una “nación resistente”

al margen de la atención especializada de nuestros

estudiosos de la política y el Derecho. Es notoria la ausencia

de estudios teóricos sobre un tema que entraña el constante

debate sobre los derechos, los deberes y las garantías

constitucionales.

No hay en Cuba una definición clara del derecho de

resistencia tal como evidencia la teoría liberal dominante;

tampoco a partir del contenido clásico que estableció el

derecho de resistencia a la opresión evolucionado hasta los

albores de las revoluciones norteamericana y francesa de

fines del siglo XVIII. Su expresión constitucional es sui generis

y responde a nuestra propia realidad. Si bien en su intención,

tal como quedó estipulado en su introducción en la reforma

constitucional de 1992, responde esencialmente a una forma

de protección y defensa del orden constitucional ante

agresiones externas, resulta preciso reconocer que la

actualidad del país ha impuesto una dinámica que en materia

legal y práctica en no pocas oportunidades ha contradicho el

espíritu de nuestro supremo texto. En este escenario, sería

aconsejable una revisión a fondo de los argumentos históricos

y presentes que revaliden la capacidad de resistencia política

del ciudadano en defensa de la nación, con un criterio más

amplio. Existen probadas razones históricas que permiten

plantear la pertinencia de reconocer la resistencia política

como un derecho fundamental en el nuevo escenario

constitucional cubano. Tal idea es congruente con la visión de

país enunciada por el VII Congreso del Partido, celebrado en

La Habana entre los días 16 y 19 de abril de 2016.

En esta concepción, varios serían los saldos favorables:

挑 Coadyuvaría a superar la actual carencia del control

concreto de las bases sobre la actuación estatal.

挑 Se continuaría superando la debilidad de las formas en el

ejercicio directo del poder, mediante el control del

desempeño de la Administración Pública, siendo este

mismo control el que permitiría reforzar la posición del

ciudadano frente al aparato administrativo.

RESISTENCIA POLÍTICA Y CONSTITUCIÓN EN CUBA: CONSIDERACIONES ACERCA DE LA HISTORIA…

157

挑 Armonizaría el sentido legal otorgado al enfrentamiento

de la creciente injerencia exterior mediante el

replanteamiento táctico del proyecto histórico de

recolonización para Cuba, lo mismo que contra las

formas de subversión política desde adentro.

挑 El reconocimiento de un nuevo derecho fundamental que

precisa de un mayor garantismo público.

挑 El reforzamiento de la base institucional del ejercicio de

los derechos mediante la habilitación de un mecanismo

de control constitucional.

挑 Se enmarcaría en un proceso constituyente de alcance

nacional, camino a la relegitimación de la Revolución en

su nueva etapa de desarrollo.

Así, en el ecuador de las reflexiones ideológicas sobre nuestro

presente y futuro se halla la idea de la historia y el Derecho,

inexcusablemente; y de ello emana una perspectiva científica

a nuestro juicio esencial para el total entendimiento no solo ya

de nuestra historia política, sino también de las conductas de

sus actores más influyentes. El contexto en que vivimos las

jóvenes generaciones de cubanos, nacidas bajo el bloqueo

imperialista, precisa que nos armemos de un arsenal lo

suficientemente poderoso en lo que a ideas corresponde, si

aspiramos a seguir defendiendo la soberanía que nos ofreció

la Revolución de enero. Tal es el reto, y su envergadura pasa

por el imaginario de un país ya no bloqueado 挑lo cual es ya

una posibilidad real挑 pero en peligro de ser tomado por asalto

por la maquinaria del mercado, aliado estratégico de las ideas

con que hoy se lleva a cabo la guerra cultural, que oprime y

somete con las armas del olvido y la tergiversación. Cabe

preguntarse si a ese escenario asistiríamos con lo mejor que

la Revolución nos ha legado, que es su historia; o si, por el

contrario, se impondría el desarme ideológico que presupone

la ignorancia, la inercia, la traición. Estamos convocados,

entonces, a portar un pasaporte de legitimidad para entrar y

salir victoriosos de ese duro escenario. En ello, la resistencia

política precisa de ser dotada de un reforzamiento en su visión

constitucional como catalizador del perfeccionamiento de los

Dr.C. Luis Alberto PÉREZ LLODY

158

mecanismos de participación ciudadana, como vehículo de

socialización del poder, y como forma de control de la

actividad estatal; ideas todas compatibles con nuestras

esencias como nación e inspiradas en la sostenibilidad del

socialismo desde un espectro cada vez más eficaz, por

participativo y soberano.