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La respuesta institucional al fenómeno de la inmigración en Canarias

La defensa del desarrollo sostenible.

Para mantener la necesaria sostenibilidad del desarrollo económico y demográfico de Canarias, se han tomado medidas de ordenación territorial que regulan el uso del suelo y del crecimiento económico, y medidas sobre inmigración a pesar del estrechísimo, por no decir nulo margen competencial de Canarias. Dice el artículo 149 de la Constitución Española:

"El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.

3.ª Relaciones internacionales.

4.ª Defensa y Fuerzas Armadas, etc.".

Unas y otras se enmarcan en el principio básico de observancia de las políticas de la Unión Europea sobre la cohesión económica y social. Y ha sido voluntad del Gobierno de Canarias que las dificultades señaladas, no deben ocultar o desvanecer el hecho inmigratorio, que se han de proteger los derechos de los extranjeros, la necesidad de su inclusión social, la cobertura de los servicios públicos a todos, la convivencia multicultural, que los inmigrantes deben ser reconocidos como individuos con derechos a la ciudadanía y a participar del desarrollo económico, ...

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