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El seguro de crédito a la exportación en un sistema de mercado general

Del estudio hasta aquí realizado se deduce que la intervención del Estado como garante en la cobertura de los riesgos derivados del comercio exterior solamente resulta compatible con el ordenamiento jurídico comunitario cuando tales riesgos deriven de operaciones comerciales entre las empresas de la Comunidad y terceros Estados. Este hecho obliga a analizar la figura del seguro público de crédito a la exportación en el marco de las disposiciones del Tratado CE relativas a la política comercial común, en particular, dentro del ámbito de aplicación de su artículo 133 (antiguo artículo 113). Precisamente sobre la base de este precepto se ha promulgado la Directiva 98/29/CE de 7 de mayo de 1998 relativa a las operaciones de seguro de crédito a la exportación garantizadas a medio y largo plazo, en cuyo Anexo se contienen los principios uniformes que deben ser respetados por los organismos aseguradores públicos o con apoyo público que realizan esta actividad por cuenta o con la garantía del Estado.

Si bien estos principios uniformes se refieren directamente al contrato de seguro, su estudio -con independencia de que la cuestión sea abordada al analizar la relación contractual- debe llevarse a cabo en esta Primera Parte, por cuanto con la formulación de dichos principios lo que el legislador comunitario pretende es la regulación de las condiciones en las que debe ejercerse esta modalidad aseguradora por parte de los organismos aseguradores que actúan dentro del territorio comunitario por cuenta o con el apoyo de un Estado miembro. Con ello el legislador trata de evitar el falseamiento de la competencia entre las empresas exportadoras de la Comunidad que en cada Estado miembro se benefician de un diferente sistema público de seguro de crédito a la exportación; diferencias que se refieren particularmente a los niveles de cobertura y a la cuantía de las primas. En otras palabras, lo que se pretende con el establecimiento de tales principios uniformes es ordenar el Mercado interior comunitario de seguro público de crédito a la exportación.

Desde este punto de vista, el ámbito de aplicación espacial de las disposiciones de Derecho material comunitario que se contienen en el Anexo de la Directiva 98/29/CE puede ser explicado utilizando el mismo método de Derecho internacional privado que el seguido para identificar las situaciones privadas internacionales que quedan sujetas a las disposiciones del Tratado CE sobre derecho de la competencia, esto es, el de las normas materiales imperativas de Derecho Internacional Privado. Así, en la estructura de dichas disposiciones puede identificarse, junto a un punto de conexión de carácter personal, otro con predominio del elemento territorial aunque, en este caso, el vínculo se concreta en la puesta en acción sobre el mercado , obligando a los organismos aseguradores a respetar los principios uniformes que en dicho Anexo se contienen.

Por otra parte, la referencia al contenido material del Anexo de la Directiva 98/29/CE permite explicar la figura del seguro de crédito a la exportación realizado por cuenta o con el apoyo del Estado como una medida de cooperación al desarrollo, una interpretación que está en la base de la calificación de la actividad de que se trata como una actividad de interés general, lo que a su vez justifica la intervención del Estado en este ámbito del sector asegurador más allá de su tradicional injerencia como garante de los intereses de los asegurados.

Finalmente, en el presente Capítulo se abordan las consecuencias de la internacionalización de la economía sobre la figura del seguro público de crédito a la exportación. Este hecho, que supone la apertura de las economías nacionales hacia un sistema de mercado mundial globalizado y del que se deriva una interdependencia económica entre los diversos Estados, implica la necesidad de una cooperación internacional a la hora de establecer mecanismos de regulación y equilibrio de la economía mundial que afectarán al régimen de la cont...

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