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La tutela de los consumidores en el mercado global: evolución del marco normativo

I. Fundamentos de la protección de los consumidores en la sociedad de la información

1. Introducción

1. La llamada sociedad de la información hace posible la difusión de información de manera instantánea a escala global, como consecuencia de la interconexión de las redes electrónicas de comunicación. La expansión de la tecnología de comunicación global dota a los consumidores con acceso a las redes digitales de posibilidades sin precedentes para obtener información sobre los productos o servicios que pretenden adquirir así como para comparar las ofertas y contenidos de múltiples comerciantes situados en muy diferentes lugares del mundo. Este elemento refuerza la posición de los consumidores, o al menos de algunos de ellos, al incrementar extraordinariamente sus fuentes de información para elegir entre los comerciantes o bienes competidores 1.

Pero también el entorno de la sociedad de la información va unido a la aparición de peculiares ries-gos para los consumidores, en primer lugar en la medida en que la tecnología posibilita que a través de la Red los comerciantes puedan comercializar sus bienes sin que los (potenciales) clientes tengan a su disposición elementos que son fuente clave de confianza y que sí están presentes en el comercio tradicional, pues se hallan vinculados a la contratación entre presentes en el marco de un establecimiento mercantil conocido en el que se encuentran disponibles los bienes objeto del contrato, como ha sido tradicional en la contratación de consumo 2.

2. Objetivo básico, por lo tanto, de la normativa reguladora de la contratación electrónica, al menos en el seno de la UE, es establecer en relación con esos aspectos un marco jurídico que asegure a los consumidores en el entorno digital una posición equivalente a la que es típica de la contratación de consumo en el marco físico tradicional. Ese marco normativo no sólo es clave para hacer posible una tutela adecuada de los consumidores, sino que también puede resultar determinante para el desarrollo del comercio electrónico, tradicionalmente lastrado por la incertidumbre asociada a la contratación en el entorno virtual.

Ilustrativas de esta realidad son las normas que imponen a los comerciantes obligaciones relativas a la puesta a disposición de cierta información 3 con carácter general (como el art. 10 de la Ley 34/2002 sobre servicios de la sociedad de la información -LSSI- o el art. 5 de la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electrónico) y en la fase previa o posterior a la celebración del contrato 4 [entre otras, arts. 27 y 28 LSSI, arts. 60 y 97 LGDCU (Texto refundido de la LGDCU y otras leyes complementarias aprobado mediante RD Legislativo 1/2007); y arts. 7 a 9 Ley 22/2007 sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, que incorporan los arts. 3 a 5 Directiva 2002/65/CE], así como las que atribuyen imperativamente al consumidor un derecho de desistimiento en los contratos celebrados a distancia, entre los que ocupan un lugar muy destacado los contratos electrónicos 5 (arts. 68 a 79 y 101 y 102 LGDCU y art. 10 Ley 22/2007, entre otros).

3. También otros sectores del ordenamiento resultan básicos para completar la protección de los consumidores en el ámbito de la sociedad de la información. El régimen jurídico de la publicidad tiene importantes implicaciones para los intereses de los consumidores, cuya protección por los poderes públicos impone el artículo 51 Const., con especial referencia a su salud y seguridad, que constituyen con frecuencia el fundamento de restricciones a la publicidad de ciertos productos o servicios. Pese a existir una normativa estatal específica de protección de los consumidores, contenida ahora básicamente en el texto refundido LGDCU -cuyo art. 8.d) configura como un derecho básico de los consumidores «la información correcta sobre los diferentes productos o servicios» constituye un derecho básico de los consumidores-, el conjunto de las normas sobre publicidad y competencia desleal constituyen también instrumento de protección de los consumidores.

Frente a la concepción tradicional del Derecho de la competencia desleal, basado en la tutela de los intereses individuales de los comerciantes y dedicado a resolver los conflictos entre los competidores, la Ley de Competencia Desleal, como destaca su Preámbulo, responde a una orientación institucional, por l...

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