La agenda ambiental 2011. El rol del Estado

Published date10 March 2011
Date10 March 2011
AuthorFrancisco A. Macías
Law FirmMarval O'Farrell Mairal

El inicio del calendario anual suele traer esperanzas renovadas, como si los grandes cambios no pudieran sucederse sino con el inicio del nuevo calendario gregoriano.

La protección del medio ambiente se ha convertido en los últimos años en un término compuesto demodé; pareciera que la agenda de las políticas públicas, en todos sus estamentos, no sobreviviría al clamor popular si se omitiera dar participación –al menos desde la oralidad- a la protección de los intereses difusos.

El punto de inflexión en materia de protección de intereses difusos ha sido, sin dudas, la addenda constitucional de 1994. El reconocimiento a nivel constitucional de los derechos del ambiente, y de los individuos que habiten esta Nación para vivir en un medio sano, equilibrado y que permita el desarrollo humano, trajo aparejada la necesidad de que sea el propio Estado quien deba asumir el rol de actor principal, aún cuando –como en toda obra- la misma no podría funcionar si los demás actores no cumplieran también con su parte del guión.

Han pasado ya mas de 15 años desde la aparición de las primeras leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental, incluida la Ley General del Ambiente, y todavía se discute cómo la primera de ellas, la Ley de Residuos Industriales, se complementa con la Ley de Residuos Peligrosos como consecuencia del veto presidencial a su artículo 60.

El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) tiene pronóstico reservado permanente. Los constantes desencuentros entre las políticas que pretenden desarrollar las provincias individualmente y los objetivos de la Nación hicieron que este organismo público multi-parte se redujera a una buena intención de la Ley General del Ambiente. La controversia suscitada en torno a la implementación vigente del seguro ambiental entre el COFEMA y la Nación es sólo un ejemplo de esta historia de desencuentros.

Esperar así que en el marco actual exista una política pública en materia ambiental coherente y ordenada entre la Nación y las provincias es, cuanto menos, una expresión de deseo.

Auguramos sin embargo que el cambio de nombres en el principal organismo nacional en la materia traiga aparejado también un cambio en la forma de crear las políticas integradoras necesarias para que el mandato constitucional se cumpla, puesto que tampoco es que todo lo hecho hasta aquí haya sido en vano o esté mal, sino que es sin dudas mejorable.

Los tres poderes del Estado han de asumir el rol que a cada uno le compete; ninguno está exento de...

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