En el fallo “Westrock Shared Services LLC c/ West Pharmaceutical Services INC s/ apelación de resolución administrativa”[1], la Sala III de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal analizó si resultaba admisible el rechazo in limine del recurso directo de apelación contra la resolución dictada por la Dirección Nacional de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) ante la omisión del apelante de contestar el traslado de la oposición en sede administrativa. Asimismo, el Tribunal examinó si correspondía abrir la causa a prueba en la instancia judicial.
En primer lugar, con respecto al rechazo in limine, la Sala señaló que no hay dudas acerca de la admisibilidad del recurso directo, con fundamento en el artículo 17 de la Ley 22.362 y el Anexo I de la Resolución INPI N°183/18, art. 10. Aún más, expresó que una decisión que rechazara la posibilidad de acceder a la justicia por medio del recurso directo violaría los mandatos constitucionales establecidos en los artículos 14 y 18 de la Constitución Nacional vinculados directamente con el derecho de petición.
A nuestro juicio, la problemática fundamental no giraba en torno a la admisibilidad del recurso directo, en razón de que la norma es clara en cuanto a la habilitación para solicitar la revisión de las resoluciones administrativas...
