En Costa Rica, los empleadores del sector privado y público pueden obligar a sus trabajadores a aplicarse la vacuna contra el COVID-19

• Author: Alejandro Godínez Tobón
• Published date: 30 September 2021
• Law Firm: Bufete Godínez & Asociados

De conformidad con el criterio del 28 de septiembre de 2021 de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, hecho público por el Ministerio de Salud, los empleadores del sector privado y público pueden obligar a sus trabajadores a aplicarse la vacuna contra el COVID-19. En ausencia del texto completo del decreto ejecutivo que saldrá publicado en La Gaceta y ante la expectativa que se ha derivado de este cambio normativo, se realizan algunos comentarios preliminares sobre la incidencia de esta decisión en el sector privado.

1. Antecedentes

Los artículos 1 y 2 de la Ley General de Salud disponen que una de las funciones esenciales del Estado es velar por la salud pública, recayendo particularmente esta responsabilidad en el Ministerio de Salud.

Dicha normativa, en su artículo 150 hace especial énfasis en la obligatoriedad de las vacunas:

“Son obligatorias la vacunación y revacunación contra las enfermedades transmisibles que el Ministerio determine”

Lo anterior encuentra respaldo en lo dispuesto por el numeral 46 del Código Civil, el cual establece:

“Toda persona puede negarse a ser sometida a un examen o tratamiento médico o quirúrgico, con excepción de los casos de vacunación obligatoria o de otras medidas relativas a la salud pública, la seguridad laboral y de los casos previstos en el artículo 98 del Código de Familia”.

Por su parte el artículo 3 de la Ley Nacional de Vacunación consagra:

“De conformidad con la presente Ley, son obligatorias las vacunaciones contra las enfermedades cuando lo estime necesario la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que se crea en esta Ley, en coordinación con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social”.

Cabe mencionar que el contenido del citado artículo 3 de la Ley Nacional de Vacunación fue sometido a conocimiento de la Sala Constitucional Mediante consulta legislativa facultativa de constitucionalidad, resuelta mediante resolución 11648-2000 de las 10:14 horas del 22 de diciembre de 2000, en la cual se determinó que la normativa en cuestión no vulnera el derecho de autonomía de la voluntad, y a la vez garantiza el resguardo a la Salud Pública.

“Teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas transcritas, así como la exposición de motivos del proyecto que se consulta, no considera esta Sala que lleven razón los consultantes, al decir que al establecerse la obligatoriedad de las vacunas sea lesivo del derecho de autonomía de la voluntad. La salud como medio y como fin para la realización personal y social del hombre constituye un derecho humano y social cuyo reconocimiento está fuera de discusión. Es uno de los derechos del hombre que emana de su dignidad como ser humano. De este derecho surge tanto para el individuo y la comunidad organizada, como para el propio estado, una responsabilidad respecto a la salud. En instrumentos internacionales y en declaraciones constitucionales de derechos sociales se incluye el derecho a la salud, a cuyo reconocimiento debe aunarse la imposición del deber de cuidar la salud propia y la ajena”.

De conformidad con lo anterior, es importante establecer que el criterio legal más relevante para determinar la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 para ciertos sectores de la población es el de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología del Ministerio de Salud. A esta misma conclusión llegó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social quien por medio del dictamen DAJ-AER-OFP-742-2021 determinó:

“El...