Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo: fundaciones y asociaciones civiles

• Author: Javier Etcheverry Boneo,Claudia Paluszkiewicz
• Published date: 31 March 2017
• Law Firm: Marval O'Farrell Mairal

El 21 de febrero de 2017 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General N° 2/2017 (“Resolución 2/2017”) de la Inspección General de Justicia (“IGJ”), la cual modifica los artículos 516 y 517 de la Resolución General IGJ N° 7/2015 (“Resolución 7/2015”) respecto a los regímenes de información aplicables a fundaciones y asociaciones civiles.

La IGJ es un sujeto obligado a informar a la Unidad de Información Financiera (“UIF”) en los términos del artículo 20, inciso 15 de la Ley N° 25.246, y Resolución UIF N° 29/2011, llevando a conocimiento de la UIF las conductas o actividades de personas humanas o jurídicas a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación que pudiera configurar un hecho u operación sospechosa de lavado de activos o financiación del terrorismo.

En tal sentido, la Resolución 7/2015 ha incorporado normas sobre “debida diligencia del cliente” en relación con las entidades sujetas a fiscalización de la IGJ y trámites realizados ante dicho organismo, a saber: declaración jurada anual en relación con el cumplimiento de la normativa sobre prevención de lavado de activos; declaración jurada sobre licitud y origen de fondos; individualización de beneficiarios finales; verificación de listas de terroristas en relación con miembros de órganos de administración; y declaración sobre condición de Persona Expuesta Políticamente.

En particular, la Resolución 2/2017 dispone las siguientes modificaciones al régimen vigente aplicable a fundaciones y...