La Corte se pronunció sobre la entrada en vigencia de la Ley de Emergencia Económica

• Author: Javier E. Patrón
• Published date: 18 May 2005
• Date: 18 May 2005
• Law Firm: Marval O'Farrell Mairal

1. Introducción

En el caso en cuestión(1), el 7 de enero de 2002 el demandado despidió al actor y le abonó las indemnizaciones correspondientes al despido conforme la ley vigente en dicho momento, es decir, sin duplicarlas.

Así las cosas, el actor inició la demanda reclamando el pago de la duplicación de las indemnizaciones que le correspondían por el despido conforme lo previsto en el artículo 16 de la Ley Nº 25.561 y el Decreto Nº 50/02.

Por su parte, el demandado negó adeudar ese concepto, solicitando se declare la invalidez constitucional del Decreto Nº 50/02. En defensa de su postura, alegó que, al tiempo de operar el despido del actor -7 de enero de 2002-, la duplicación de las indemnizaciones no estaba vigente, puesto que el Decreto Nº 50/2002 fue promulgado con posterioridad al despido -8 de enero de 2002-.

2. La Ley Nº 25.561 y el Decreto Nº 50/02

Para poder entender el fondo de la cuestión, es necesario remontarnos un poco en el tiempo y analizar la Ley Nº 25.561 y el Decreto Nº 50/02.

La Ley Nº 25.561 fue sancionada el 6 de enero de 2002 y publicada en el Boletín Oficial el 7 de enero de 2002, sin prever expresamente la fecha de su entrada en vigencia. En ese estado, se tornaba operativa la directriz del artículo 2 del Código Civil que establece la obligatoriedad de las leyes a partir de los ocho días siguientes al de su publicación.

Posteriormente, el Ejecutivo dictó el Decreto Nº 50/2002 (Boletín Oficial del 9 de enero de 2002), por el que se estableció el día 6 de enero de 2002 como fecha de entrada en vigencia de la ley, es decir, un día antes de su publicación. Esta norma del Poder Ejecutivo fue tachada de inconstitucional por cuanto, al disponer la aplicación retroactiva de la Ley Nº 25.561, afectaría derechos adquiridos en los términos del artículo 17 de la Constitución Nacional.

Este Decreto fue declarado inconstitucional por la mayoría de las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Entre los argumentos esgrimidos se destacó que el Decreto Nº 50/02, al establecer la retroactividad de la normativa, atentaba contra el principio de seguridad jurídica y afectaba derechos adquiridos.

Sin embargo, otras salas de la Cámara Nacional del Trabajo declararon su constitucionalidad destacando que la conducta de despedir atentaba contra el principio de buena fe en virtud de que la extensión de la doble indemnización fue publicada en medios protocolares y periodísticos, y eso impedía el desconocimiento de la norma.

3. El caso Valente

La...