La Participación Público Privada como una nueva herramienta para el desarrollo de infraestructura en Argentina

AuthorEnrique V. Veramendi,Santiago Carregal,María Lorena Schiariti
Published date30 June 2016
Date30 June 2016
Law FirmMarval O'Farrell Mairal

El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ha enviado recientemente al Congreso un proyecto de ley para la aprobación de un nuevo régimen de Participación Público Privada (PPP). Ello, con el fin de brindar una nueva herramienta jurídica para paliar el déficit de infraestructura del país y generar mayor participación de bancos y organismos multilaterales de crédito en la financiación de la obra pública.

Se espera que el Congreso trate esta iniciativa en las próximas semanas y, de aprobarse, se podrá aplicar a un conjunto de proyectos de infraestructura en diferentes regiones del país.

1. La PPP y su importancia estratégica en el escenario actual del país

La falta de inversión en infraestructura en la Argentina es tan grande, y tan masiva es la necesidad de capital, tecnología, gestión y recursos para satisfacer ese déficit, que ni el sector público ni el sector privado pueden, por sí solos, dar una respuesta adecuada. Así, son necesarias nuevas formas de asociación entre ambos sectores para potenciar lo mejor de cada uno de ellos y materializar la inversión en infraestructura que mejorará la calidad de vida de los argentinos.

La PPP, nacida en el Reino Unido a principios de los ‘70 (Private Public Partnerships) y luego expandida por el resto del Europa, América del Norte y Latinoamérica, con Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y México, entre sus exponentes más destacados, representan una nueva forma de vinculación entre el sector privado y el sector público. Bajo este modelo, parte de los servicios u obras tradicionalmente de responsabilidad del sector público son ejecutados por el sector privado mediante un contrato en el que están claramente delineados los objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio u obra en cuestión, y las obligaciones y riesgos asumidos por cada parte.

En el concepto clásico de PPP, el sector privado suministra un servicio directamente al sector público mediante un contrato de diseño, construcción, operación y mantenimiento de, por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas, de un centro hospitalario o de un centro de distribución de cargas. La posibilidad de unificar y alinear los intereses de quien diseña, construye y opera la obra logra eficiencias cuantificables que han sido demostradas en las jurisdicciones donde se utiliza asiduamente las PPP. La mayor ventaja para el sector público es que las obras son financiadas por el sector privado. Esta infraestructura la paga el Estado en el tiempo mediante el canon periódico por el servicio provisto por el privado. Esto permite diferir en el tiempo el impacto presupuestario del precio de la obra y favorece la solidaridad intergeneracional en su financiación.

Las PPP constituyen una alternativa a los sistemas clásicos de contratación de obra pública, donde generalmente el Estado diseña, financia, paga y opera y el privado solo construye. El régimen impulsado por el PEN implica un cambio de paradigma en la contratación pública, al excluirse o limitarse significativamente las prerrogativas de derecho...

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